Los cargadores de 50 kW de las grandes rutas aceptarán tarjeta en 2027

El 82 % de los puntos de recarga públicos en España no permite pagar directamente con tarjeta bancaria, una limitación que sigue complicando los desplazamientos en coche eléctrico. La situación comenzará a cambiar para parte de la infraestructura el 1 de enero de 2027, cuando la Unión Europea exigirá que los cargadores de 50 kilovatios (kW) o más situados en determinadas rutas estratégicas admitan pagos con tarjeta, incluidos los instalados antes de que entrara en vigor la normativa comunitaria.

La obligación afecta a las estaciones ubicadas a lo largo de la red transeuropea de transporte (RTE-T) y a los puntos situados en zonas de estacionamiento seguras y protegidas. Los operadores deberán ofrecer lectores de tarjetas o dispositivos de pago sin contacto compatibles con ellas. No será necesario registrarse en una aplicación ni contratar previamente los servicios de la empresa para realizar una recarga puntual. Eso sí, la medida no se extenderá automáticamente a todos los cargadores españoles, porque la regulación establece diferencias según la potencia, la ubicación y la fecha de instalación.

La situación actual resulta llamativa. Mientras que llenar el depósito de un coche de gasolina apenas requiere acercar una tarjeta al terminal de pago, recargar un eléctrico puede exigir descargar una aplicación, crear una cuenta y vincular un medio de pago, además de seguir las instrucciones particulares del operador. Todo ello para comprar electricidad.

Según los datos difundidos el 24 de octubre, alrededor de cuatro de cada cinco puntos públicos todavía carecen de la posibilidad de pagar directamente con una tarjeta bancaria convencional. El problema no consiste únicamente en la falta de terminales físicos. La coexistencia de numerosos sistemas de identificación y cobro dificulta el uso de una infraestructura que debería resultar accesible para cualquier conductor, con independencia de la compañía que gestione cada estación.

Qué cargadores deberán aceptar tarjetas a partir de 2027

El Reglamento europeo 2023/1804, conocido como AFIR, establece las condiciones que deberán cumplir los operadores de infraestructuras de recarga públicas. Su objetivo es facilitar los desplazamientos en vehículos eléctricos y evitar que el conductor dependa de una aplicación distinta cada vez que necesita cargar la batería.

La fecha decisiva es el 1 de enero de 2027. Desde ese día, los puntos de recarga de acceso público con una potencia igual o superior a 50 kW deberán admitir el pago mediante tarjeta bancaria o tecnología sin contacto cuando estén situados en la red transeuropea de carreteras o en zonas de estacionamiento seguras y protegidas.

La diferencia respecto a las obligaciones anteriores está en las instalaciones antiguas. La nueva exigencia también alcanzará a los cargadores puestos en servicio antes del 13 de abril de 2024, que hasta ahora disponían de un tratamiento distinto.

Los operadores tendrán que adaptar sus equipos cuando sea necesario. No significa que cada conector deba incorporar su propio lector: la legislación permite que un mismo terminal de pago atienda varios puntos de recarga dentro de una estación.

La red transeuropea de transporte comprende los grandes corredores que conectan los principales territorios, ciudades y centros logísticos de la Unión Europea. Por eso, la medida tiene especial importancia para quienes utilizan el coche eléctrico en viajes largos y necesitan recargar durante el trayecto.

Los cargadores de menos de 50 kW tendrán otras condiciones

La normativa distingue entre las estaciones de mayor potencia y los cargadores más lentos, frecuentes en aparcamientos públicos, centros comerciales y entornos urbanos.

En los puntos de menos de 50 kW instalados desde el 13 de abril de 2024, los operadores pueden ofrecer procedimientos de pago seguros mediante internet, como un código QR que permita completar la operación desde el teléfono móvil.

En estos casos no resulta obligatorio instalar un datáfono físico. El usuario puede necesitar un móvil con conexión a internet, pero debe disponer de una alternativa para efectuar una recarga puntual sin contratar previamente un servicio.

Los cargadores antiguos de menor potencia tampoco quedan sometidos automáticamente a la obligación de incorporar lectores de tarjetas bancarias en enero de 2027.

Conviene distinguir dos situaciones: pagar directamente con tarjeta en un terminal y utilizar una tarjeta bancaria dentro de una aplicación. Aunque ambas permiten abonar la electricidad, no ofrecen la misma facilidad de acceso. Precisamente esa diferencia explica buena parte de las quejas de los conductores.

Europa ya exige pagos accesibles en los cargadores nuevos desde 2024

La obligación europea no comienza de cero en 2027. Desde el 13 de abril de 2024, las estaciones públicas de nueva instalación deben ofrecer medios de pago electrónicos de uso generalizado, con requisitos distintos según su potencia.

Para los cargadores de 50 kW o más, la norma exige lectores de tarjetas o dispositivos sin contacto compatibles con tarjetas de pago. Para los de menor potencia, admite también soluciones digitales seguras.

La legislación española ya contemplaba el principio de recarga puntual. El Real Decreto 184/2022 regula la prestación de este servicio y permite que los usuarios puedan acceder a él sin tener necesariamente un contrato previo con el operador.

Sin embargo, esa disposición española no imponía por sí sola un lector de tarjetas bancarias en cada estación. Admitía diferentes modalidades de cobro, físicas o electrónicas.

El reglamento comunitario introduce obligaciones técnicas más concretas. Así, no todos los cargadores que carecen de datáfono incumplen la ley, aunque esa ausencia pueda resultar poco práctica para sus usuarios.

Las aplicaciones de los operadores tampoco desaparecerán. Continuarán siendo una opción para consultar estaciones, gestionar sesiones de recarga o acceder a tarifas contractuales. Lo que busca la regulación es que no sean la única vía de acceso allí donde debe ofrecerse el pago directo.

España supera los 58.000 puntos de recarga, pero arrastra problemas

El debate sobre los medios de pago coincide con una expansión considerable de la infraestructura española de movilidad eléctrica.

Según el Barómetro de Electromovilidad de ANFAC, publicado el 8 de octubre de 2026, España contaba al finalizar septiembre con 58.075 puntos de recarga públicos operativos. Durante el tercer trimestre se incorporaron 1.393 nuevos puntos, un incremento del 2,5 % respecto al trimestre anterior.

La cifra muestra el crecimiento de la red, pero también sus limitaciones.

El mismo informe contabilizaba 17.965 puntos instalados que todavía no estaban operativos, equivalentes al 23,6 % de toda la infraestructura desplegada. Entre las causas figuran las averías, el mal estado de determinados equipos y las instalaciones pendientes de conexión eléctrica.

Si toda esa infraestructura estuviera funcionando, España dispondría de 76.040 puntos de recarga de acceso público.

El crecimiento tampoco es homogéneo. De los puntos operativos, 6.651 tienen una potencia de al menos 150 kW, aproximadamente el 11,4 % del total. Son instalaciones especialmente relevantes para los desplazamientos por carretera, donde el tiempo necesario para recuperar autonomía constituye una de las principales preocupaciones.

A estas dificultades se suma la fragmentación comercial. En España operan numerosas empresas de recarga, con aplicaciones, sistemas de identificación y condiciones que pueden variar considerablemente.

La interoperabilidad entre compañías ha mejorado el acceso a algunas redes, pero todavía no ha eliminado todas las barreras. Disponer de una tarjeta bancaria convencional no garantiza, por el momento, poder utilizar cualquier estación.

El precio de la recarga también deberá estar más claro

El reglamento europeo no se limita a los métodos de pago. También establece condiciones para que los usuarios conozcan cuánto les costará cargar el vehículo antes de iniciar la operación.

En los puntos públicos de 50 kW o más, el precio de una recarga puntual debe basarse en los kilovatios hora (kWh) de electricidad suministrados. El operador puede aplicar, además, una tarifa por minuto de ocupación para evitar que los vehículos permanezcan conectados innecesariamente.

La información debe mostrarse con claridad, incluyendo el precio por kWh y las posibles tarifas de ocupación. Para los puntos de menor potencia también se exige que los distintos componentes del precio sean accesibles y comprensibles.

Estas condiciones permiten comparar mejor las ofertas de diferentes operadores. No obstante, el pago con tarjeta no garantiza que la electricidad resulte más barata.

Una compañía puede mantener modalidades contractuales para sus clientes habituales y ofrecer una tarifa de recarga puntual a quienes utilizan sus instalaciones ocasionalmente, respetando las exigencias de transparencia y no discriminación de la normativa.

El cambio que persigue Bruselas consiste en separar dos cuestiones que hasta ahora aparecen demasiado mezcladas: la posibilidad de utilizar una estación y la decisión de contratar los servicios comerciales de su operador.

Cómo pagar una recarga pública mientras se adaptan las estaciones

Hasta que las obligaciones de 2027 estén plenamente implantadas, quienes utilicen un vehículo eléctrico seguirán encontrándose con diferentes procedimientos de pago.

En algunas estaciones ya es posible acercar la tarjeta bancaria a un terminal, seleccionar el punto de recarga y comenzar la sesión. Otras permiten hacerlo con el móvil mediante un sistema sin contacto.

También existen cargadores que ofrecen una página de pago accesible mediante código QR. En esos casos conviene comprobar que la dirección corresponde al operador y desconfiar de pegatinas superpuestas o páginas que soliciten información innecesaria.

Cuando la instalación solo ofrece identificación mediante una aplicación, el usuario puede necesitar descargársela, consultar las condiciones y completar el procedimiento de pago correspondiente.

Antes de iniciar un viaje largo, resulta útil comprobar la potencia, el estado operativo y los métodos de pago de los cargadores previstos en la ruta. También merece la pena revisar las posibles tarifas por ocupación, porque permanecer conectado después de finalizar la carga puede aumentar el coste.

La posibilidad de pagar sin registros previos será especialmente importante para los conductores que utilicen estaciones de diferentes compañías, para los turistas y para quienes recurran ocasionalmente a una infraestructura de recarga desconocida.

El reto de 2027: que recargar un eléctrico deje de ser complicado

La obligación europea llegará en un momento en el que España necesita mejorar tanto la disponibilidad de cargadores como la experiencia de quienes los utilizan.

Los 58.075 puntos operativos registrados por ANFAC reflejan una infraestructura en expansión. Los casi 18.000 puntos instalados fuera de servicio recuerdan, sin embargo, que aumentar las cifras sobre el papel no equivale necesariamente a ofrecer un servicio fiable.

La extensión del pago con tarjeta puede eliminar una de las barreras más visibles para los usuarios, aunque no resolverá por sí sola las averías, las diferencias territoriales o la insuficiencia de estaciones rápidas en determinados corredores.

Tampoco supondrá que el 1 de enero de 2027 todos los cargadores españoles acepten tarjetas. La obligación de adaptar las instalaciones antiguas se aplicará a los puntos de al menos 50 kW situados en los emplazamientos contemplados por la norma europea.

La transformación será progresiva y dependerá de que los operadores cumplan los requisitos correspondientes.

Al final, la cuestión es bastante sencilla. Un conductor debería poder detenerse en una estación pública, conocer el precio de la electricidad y pagar una recarga sin verse obligado a contratar un servicio que quizá no vuelva a utilizar. Europa ya ha establecido las reglas para avanzar en esa dirección. A partir de 2027, una parte importante de las estaciones de las grandes rutas tendrá que ajustarse a ellas.