Montero carga contra fondos tras venderles 70 sedes públicas andaluzas

María Jesús Montero ha convertido a los grandes fondos de inversión en uno de los protagonistas de su discurso sobre la crisis de la vivienda, pero la hemeroteca devuelve una imagen bastante menos cómoda. Cuando dirigía la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, el Gobierno autonómico vendió 70 inmuebles públicos por 300 millones de euros a Inversiones Holmes, filial de la gestora estadounidense W. P. Carey, y permaneció en ellos como inquilino durante dos décadas.

La operación se cerró en diciembre de 2014 y tenía una lógica muy concreta: obtener liquidez en plena etapa de restricciones presupuestarias. Doce años después, Montero sostiene que los poderes públicos deben plantar cara a la especulación inmobiliaria y critica que la rentabilidad de los grandes tenedores y fondos de inversión pueda situarse por encima del acceso a una vivienda. El contraste político existe y es difícil de disimular, aunque conviene distinguir entre una venta de sedes administrativas para financiar a la Junta y la actuación de fondos especializados en vivienda residencial.

La operación de 2014: vender los edificios y seguir dentro

El mecanismo empleado por la Junta se conoce en el mercado como sale and lease back: una administración o empresa vende un inmueble y, al mismo tiempo, firma un contrato para continuar utilizándolo como arrendataria. Sobre el papel, permite conseguir dinero inmediatamente sin abandonar las oficinas.

La Consejería de Hacienda publicó en junio de 2014 la orden para la enajenación y arrendamiento simultáneo de 70 inmuebles repartidos por las ocho provincias andaluzas. Montero figuraba entonces al frente del departamento. El precio mínimo inicialmente previsto era de 325,5 millones, aunque la adjudicación definitiva se cerró por unos 300 millones.

El comprador fue W. P. Carey a través de Inversiones Holmes. No era una operación pequeña, precisamente: entre los activos figuraban delegaciones territoriales, oficinas administrativas y otras dependencias públicas. Aquella transacción fue una de las operaciones inmobiliarias de mayor volumen realizadas en Andalucía en aquellos años.

La explicación oficial del Ejecutivo andaluz fue que necesitaba movilizar patrimonio para obtener financiación y proteger los servicios públicos en un contexto marcado por los objetivos de déficit. Dicho de forma menos administrativa: había edificios, faltaba caja y la Junta decidió convertir ladrillo en liquidez.

Una factura que siguió corriendo después de la venta

El problema estaba en la segunda mitad de la operación. Andalucía vendía sus inmuebles, sí, pero necesitaba seguir ocupándolos. De ahí el alquiler durante 20 años.

Las estimaciones posteriores de la Junta situaron el compromiso económico acumulado del arrendamiento en varios cientos de millones de euros hasta 2034. El actual Ejecutivo andaluz sostiene que la comunidad recibió unos 300 millones por la venta y quedó obligada a afrontar alrededor de 700 millones durante la vida prevista de los contratos.

Esa comparación exige una cautela: los importes corresponden a momentos distintos, incorporan años de uso de los edificios y no equivalen simplemente a perder 400 millones. Pero ayudan a comprender por qué la operación acabó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en una de esas decisiones presupuestarias que cambian de aspecto según desde qué década se miren.

En 2014 significaba liquidez inmediata. En los años siguientes, significó pagar alquiler por edificios que habían pertenecido a la propia Administración.

La Junta acabó recomprando las 70 sedes

El Gobierno de Juan Manuel Moreno decidió desmontar aquella arquitectura financiera. En 2023, la Junta recuperó los inmuebles mediante una operación de recompra y puso fin anticipadamente al arrendamiento.

La Administración autonómica ha cifrado en torno a 100 millones de euros el ahorro futuro asociado a esa decisión y en unos 22 millones el ahorro anual inicialmente estimado en alquileres. Cálculos posteriores de la propia Junta han elevado el ahorro anual asociado a la recuperación y reorganización de sedes.

La discusión política estaba servida. El PP encontró un argumento sencillo: reprochar a Montero que critique actualmente a los fondos de inversión cuando su departamento había recurrido a capital institucional para obtener financiación.

La réplica posible también es evidente. Aquella venta no fue una entrega de viviendas sociales ni una operación concebida para subir alquileres residenciales; fue una decisión patrimonial y presupuestaria sobre sedes administrativas. Confundir ambos planos proporciona un buen eslogan, pero explica bastante peor lo sucedido.

Montero endurece su discurso contra los fondos

La controversia reaparece en un momento especialmente sensible. La vivienda se ha colocado en el centro del debate político y Montero ha defendido públicamente la intervención de los poderes públicos cuando la especulación impide a las familias mantenerse en sus barrios o a los jóvenes emanciparse.

La dirigente socialista ha contrapuesto los intereses de grandes tenedores, fondos de inversión y fondos buitre con el derecho de acceso a una vivienda, y sostiene que la rentabilidad económica no puede imponerse sin límites sobre este último.

Ese discurso gana potencia electoral, pero también abre la puerta a revisar decisiones anteriores. Y ahí aparece 2014.

Conviene, además, no meter todos los fondos dentro del mismo saco. “Fondo buitre” es una expresión política y periodística de bordes bastante elásticos, utilizada sobre todo para inversiones que adquieren activos o deuda depreciada buscando retornos elevados. W. P. Carey es una compañía internacional de inversión inmobiliaria y fue quien adquirió las sedes andaluzas mediante una filial. La operación está documentada; la etiqueta política es otra cuestión.

La venta de María de Molina añade otro episodio

La controversia no se limita a Andalucía. Durante la etapa de Montero al frente del Ministerio de Hacienda también se produjo la venta de la antigua sede estatal situada en el número 50 de la calle María de Molina, en Madrid.

El inmueble terminó adjudicado por 204,7 millones de euros a Barnaby Investments después de varias convocatorias. El proyecto previsto para el edificio contempla un desarrollo inmobiliario con viviendas de alta gama y residencia de estudiantes, circunstancia utilizada por los adversarios políticos de Montero para reforzar la acusación de incoherencia entre su discurso actual y determinadas operaciones patrimoniales impulsadas desde administraciones en las que ocupó responsabilidades.

Tampoco aquí basta con una caricatura. Una subasta pública de patrimonio estatal no convierte automáticamente al Ministerio en responsable de todos los usos posteriores del activo, pero sí permite discutir algo bastante más interesante: qué debe hacer el Estado con sus inmuebles valiosos cuando la vivienda asequible se ha convertido en una de las principales tensiones sociales del país.

Vender al mejor postor puede maximizar los ingresos públicos a corto plazo. Reservar determinados activos para vivienda o equipamientos limita ese ingreso, pero conserva capacidad de intervención futura. No hay magia contable: cuando se elige una cosa, normalmente se renuncia a la otra.

Una contradicción política más compleja de lo que parece

El episodio coloca a Montero ante una contradicción política reconocible, aunque no exactamente ante una contradicción jurídica. No hay nada irregular, por sí mismo, en que una Administración venda patrimonio a inversores institucionales y años después defienda una regulación más dura del mercado inmobiliario.

Las políticas cambian. Las circunstancias también.

Lo incómodo aparece cuando el discurso abandona los matices y presenta a los fondos como un bloque homogéneo situado al otro lado de una frontera moral. Ahí la hemeroteca se vuelve menos amable: durante su etapa en Hacienda, la Junta dirigida por el PSOE no solo negociaba con capital institucional, sino que cerró con él una operación inmobiliaria de enorme volumen que le permitió obtener cientos de millones de euros.

También sería incompleto cargar exclusivamente aquella decisión sobre Montero. La venta formó parte de la política del Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz, venía preparándose desde años antes y respondía a un escenario de severas restricciones financieras. El propio procedimiento para colocar los inmuebles había arrancado antes de que la operación pudiera cerrarse definitivamente en 2014.

Ese contexto no borra su responsabilidad política como consejera de Hacienda, pero evita convertir una decisión de Gobierno en una historia de una sola persona.

Cuando la hemeroteca entra en campaña

La vivienda se ha convertido en terreno electoral porque toca una fibra muy concreta: alquileres difíciles de pagar, jóvenes incapaces de emanciparse y familias expulsadas de zonas donde vivían desde hace años. En ese escenario, hablar de fondos de inversión tiene una enorme fuerza simbólica.

El problema empieza cuando el lenguaje político se vuelve demasiado cómodo. Las administraciones españolas llevan años comprando, vendiendo y alquilando patrimonio a grandes inversores, gobierne quien gobierne. También el Ejecutivo andaluz del PP ha continuado desprendiéndose de determinados activos inmobiliarios mediante subastas cuando los considera innecesarios o infrautilizados.

La historia de las 70 sedes revela precisamente esa zona gris. Montero puede defender una intervención más intensa del mercado de la vivienda y, al mismo tiempo, debe cargar con una operación de 2014 en la que su Consejería vendió patrimonio público a un gran fondo internacional.

No son exactamente la misma política. Tampoco son dos mundos sin relación.

Entre ambos queda una cuestión bastante más incómoda que cualquier eslogan: hasta qué punto las administraciones deben utilizar el patrimonio inmobiliario como una fuente inmediata de financiación cuando hacerlo reduce su capacidad de decidir sobre esos mismos activos durante las décadas siguientes.