Juzgan en Madrid a una empleada por desviar 860.000 euros judiciales

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo martes 3 de noviembre a una administrativa de una procuraduría acusada de desviar 860.440 euros procedentes de mandamientos de pago judiciales hacia cuentas bancarias de su titularidad, de su marido y de su hijo menor de edad. La Fiscalía solicita para ella ocho años de prisión.

El Ministerio Público sostiene que la trabajadora aprovechó las funciones que desempeñaba dentro de la procuraduría para sustituir las cuentas de los destinatarios legales por otras vinculadas a su familia. Los hechos habrían ocurrido entre mayo de 2018 y julio de 2020, según la acusación. La procesada deberá responder en juicio y mantiene, como cualquier acusado, su derecho a la presunción de inocencia.

La Fiscalía pide ocho años de prisión

El juicio está señalado para las 10.00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía atribuye a la acusada un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa y reclama, además de la pena de cárcel, indemnizaciones que se aproximan a los 900.000 euros.

La administrativa trabajaba en la procuraduría desde junio de 2017. Al principio realizaba tareas administrativas, pero en mayo de 2018 pasó a encargarse de gestionar en una sucursal bancaria los pagos derivados de mandamientos ordenados por juzgados de la Comunidad de Madrid. Ese cambio de funciones ocupa un lugar central en la acusación.

Un mandamiento de pago judicial permite hacer llegar determinadas cantidades depositadas o consignadas en un procedimiento a quien legalmente debe recibirlas. La Fiscalía sostiene que fue precisamente en ese punto del proceso donde se produjo la presunta manipulación.

Cómo se habría producido el desvío del dinero

Según la versión de la Fiscalía, cuando la acusada presentaba los mandamientos de pago introducía como destino números de cuenta propios o pertenecientes a su marido y a su hijo, en lugar de las cuentas de los beneficiarios correspondientes. El Ministerio Público cifra en 860.440 euros el dinero transferido mediante este procedimiento durante algo más de dos años.

No se trataría, por tanto, de una sola operación. La acusación habla de numerosas transferencias no consentidas, una circunstancia relevante para la calificación de los hechos como delito continuado.

El tribunal deberá determinar si durante el juicio queda probado que la acusada modificó deliberadamente los datos bancarios de los mandamientos y si lo hizo con la finalidad de obtener un beneficio económico ilícito. Hasta entonces, el relato de los hechos pertenece a la acusación provisional de la Fiscalía y no a una sentencia firme.

Otros 37.764 euros abonados por la procuraduría

El escrito fiscal incorpora además un segundo bloque de operaciones. La empleada habría conseguido que la propia procuraduría para la que trabajaba ingresara de forma fraudulenta en sus cuentas otros 37.764 euros, de acuerdo con la acusación formulada en la causa.

Esta cantidad se suma al núcleo principal del procedimiento, los 860.440 euros vinculados a pagos judiciales. La Fiscalía reclama por los hechos indemnizaciones por un importe global cercano a 900.000 euros.

El marido figura como partícipe a título lucrativo

La Fiscalía también dirige una reclamación económica contra el marido de la acusada. No le atribuye la misma autoría penal que a su esposa, sino que lo considera partícipe a título lucrativo, una figura aplicable cuando una persona se habría beneficiado económicamente de los efectos de un delito sin ser necesariamente responsable de su comisión.

El Ministerio Público considera que deberá responder de 400.000 euros de la indemnización reclamada, al sostener que parte del dinero terminó en cuentas bancarias de las que era titular.

Esa distinción importa. Beneficiarse patrimonialmente y participar directamente en la ejecución del supuesto fraude son cuestiones jurídicas diferentes, y será el tribunal el que determine las responsabilidades que correspondan tras escuchar a las partes y examinar las pruebas.

Una acusación basada en el control de los pagos

El caso pone el foco en una función administrativa especialmente sensible: la gestión de dinero perteneciente a terceros. Según la acusación, la empleada tenía acceso tanto a los mandamientos judiciales como al procedimiento práctico para ejecutar los pagos, una combinación que habría permitido alterar el destino final de las cantidades sin que llegaran a sus beneficiarios legales.

La Fiscalía sostiene que la acusada actuó con conocimiento del engaño y de la apariencia de legalidad que proporcionaban los propios documentos. Esa supuesta manipulación explica que el procedimiento no se limite a una acusación de estafa y contemple también la falsedad en documento mercantil.

Será en el juicio donde deberán concretarse los documentos afectados, las operaciones bancarias y el resto de pruebas sobre las que se apoya la acusación. La petición fiscal de ocho años de cárcel es, de momento, una solicitud provisional y no anticipa la decisión de la Audiencia Provincial.

La Audiencia deberá decidir sobre un supuesto fraude millonario

La vista llevará ante la Audiencia Provincial de Madrid un supuesto fraude construido, según la Fiscalía, no mediante una gran transferencia aislada, sino aprovechando durante años la gestión ordinaria de pagos procedentes de órganos judiciales.

El tribunal deberá determinar si queda acreditado el desvío de los 860.440 euros y los pagos adicionales atribuidos a la procuraduría, así como la responsabilidad penal y económica de las personas implicadas. La Fiscalía llega al juicio con una petición clara: ocho años de prisión para la administrativa y una indemnización cercana a los 900.000 euros.