Delcy Rodríguez abre la vía a privatizar activos públicos de Venezuela

El Gobierno de Venezuela prepara un giro de considerable calado en el modelo económico construido durante el chavismo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha confirmado que el Ejecutivo está evaluando activos públicos considerados «no esenciales» para determinar cuáles pueden ser ofrecidos al sector privado y cuáles devueltos a sus antiguos propietarios.

Rodríguez aseguró que el proceso se encuentra «ya avanzado», aunque no identificó las empresas, instalaciones o propiedades afectadas ni detalló los criterios que utilizará el Ejecutivo para fijar su valor. El anuncio abre así la puerta a una posible privatización o restitución de bienes nacionalizados durante las últimas décadas, pero todavía no equivale a una venta generalizada de empresas públicas.

Venezuela revisará los activos públicos «no esenciales»

La medida fue anunciada durante un mensaje televisado a la nación el 29 de octubre. Rodríguez explicó que ha ordenado valorar aquellos activos en manos del Estado que no sean considerados esenciales y que puedan ser transferidos al sector privado o restituidos a quienes fueran sus propietarios antes de la intervención estatal.

La operación no parte de cero. En abril, el Gobierno creó una comisión encargada de auditar y clasificar patrimonio público, incluidos activos relacionados con sectores como la energía, la electricidad y la minería. Tras varios meses de trabajo, Rodríguez sostiene que esa revisión ha avanzado lo suficiente para comenzar a plantear el futuro de algunos de esos bienes.

Por ahora quedan fuera del discurso público los detalles más importantes: qué activos se venderán, cuánto valen y mediante qué procedimiento serán adjudicados. Tampoco se ha explicado qué condiciones permitirán devolver una propiedad a su antiguo dueño en lugar de sacarla al mercado.

Y ahí está buena parte de la cuestión. Privatizar no consiste únicamente en cambiar el nombre de la empresa que aparece en una escritura. La transparencia del proceso, la valoración de los activos y la existencia o no de competencia entre compradores determinarán si la reforma atrae inversión o simplemente redistribuye un patrimonio construido —o absorbido— por el Estado durante años.

Un giro respecto a las nacionalizaciones de Hugo Chávez

El anuncio adquiere especial relevancia por la historia económica reciente de Venezuela. Desde 2007, el Gobierno de Hugo Chávez impulsó una amplia política de nacionalizaciones y adquisiciones estatales que afectó al petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones, la siderurgia, el cemento, la banca, la alimentación, el turismo y otros sectores.

Entre aquellas operaciones estuvieron la incorporación al control público de grandes compañías eléctricas y de telecomunicaciones, así como la nacionalización de empresas siderúrgicas y cementeras. En años posteriores el Estado pasó a controlar también explotaciones agrícolas, instalaciones industriales, bancos, comercios y activos petroleros. Algunos procesos terminaron mediante acuerdos de compensación; otros desembocaron en arbitrajes internacionales que se prolongaron durante años.

Rodríguez plantea ahora recorrer parcialmente el camino contrario. No ha anunciado una reversión completa del modelo chavista ni una retirada del Estado de los sectores estratégicos, pero aceptar que determinados bienes públicos pueden regresar a manos privadas representa un cambio difícil de ignorar.

También cambia el lenguaje. La presidenta encargada defendió expresamente la propiedad privada como un derecho protegido por la Constitución venezolana, una señal dirigida tanto a los empresarios nacionales como a los inversores extranjeros que durante años observaron el país con desconfianza por las expropiaciones, los controles y la inseguridad jurídica.

La devolución a antiguos propietarios también será decisiva

El anuncio contiene, en realidad, dos procesos distintos. Uno permitiría vender u ofrecer activos públicos a inversores privados. El otro contempla devolver determinados bienes a sus antiguos propietarios.

La segunda posibilidad toca directamente una de las heridas económicas abiertas durante la etapa de las expropiaciones. Muchas compañías salieron del país, redujeron operaciones o recurrieron a tribunales y mecanismos internacionales para reclamar compensaciones. Más de una decena de litigios arbitrales vinculados a nacionalizaciones siguen sin resolverse completamente.

Devolver activos podría reducir algunas disputas y contribuir a reconstruir la confianza empresarial, aunque cada caso plantea problemas diferentes. Después de años bajo administración pública, una fábrica puede haber acumulado deudas, cambiado de maquinaria, perdido capacidad productiva o incluso haber sido integrada en otra estructura empresarial. Restituir una propiedad no siempre significa recuperar la misma empresa que fue intervenida.

El petróleo ya había iniciado su propia apertura

El giro económico tampoco comienza con este anuncio. En enero de 2026, Venezuela aprobó una amplia reforma de la legislación petrolera que permite una participación mucho mayor de empresas privadas en la producción y comercialización de crudo.

La nueva normativa abrió la posibilidad de que compañías privadas gestionen directamente proyectos petroleros bajo determinadas condiciones, aunque el Estado conserva la propiedad sobre los yacimientos. La reforma también introdujo mecanismos de arbitraje y modificó el régimen fiscal con el objetivo declarado de recuperar inversión para una industria castigada durante años por la falta de capital, el deterioro de infraestructuras, la gestión deficiente y las sanciones estadounidenses.

Rodríguez afirmó el 29 de octubre que existen 44 contratos energéticos en negociación bajo el nuevo marco legal y que el Gobierno contabiliza 61 acuerdos petroleros firmados. También aseguró que se desarrollan negociaciones en minería, especialmente relacionadas con oro, aluminio y hierro.

La dirección económica empieza, por tanto, a ser reconocible: más participación privada, búsqueda de capital extranjero, nuevas garantías para los inversores y una menor obsesión por que el Estado tenga que ser propietario directo de cada activo relevante.

No es exactamente el vocabulario económico con el que el chavismo llegó al poder.

Delcy Rodríguez busca inversión sin romper con el chavismo

El desafío político para Rodríguez consiste precisamente en gestionar esa contradicción. La actual presidenta encargada procede del núcleo del poder construido alrededor de Nicolás Maduro, pero está adoptando medidas que modifican algunos de los pilares económicos desarrollados desde la presidencia de Chávez.

Rodríguez asumió interinamente la jefatura del Estado después de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Maduro permanece detenido en Nueva York y se ha declarado no culpable de los cargos que afronta en Estados Unidos.

Desde entonces, Caracas ha intensificado la cooperación económica con Washington y ha intentado recuperar el acceso a capital internacional, especialmente para rehabilitar su gigantesca industria petrolera. Rodríguez, sin embargo, continúa reivindicando la soberanía venezolana y ha sostenido que Maduro sigue siendo el presidente legítimo del país.

Ese equilibrio explica buena parte de su estrategia: reformas económicas profundas, pero sin presentar formalmente el proceso como una ruptura con la Revolución Bolivariana.

Faltan precios, compradores y reglas claras

La gran incógnita empieza después del anuncio. El Ejecutivo venezolano todavía debe explicar qué entiende exactamente por activo «no esencial». Una empresa eléctrica, una mina, una fábrica de alimentos o una infraestructura industrial pueden tener una relevancia muy distinta para el Estado y para los ciudadanos.

También falta conocer cómo se organizarán las operaciones. Una privatización competitiva necesita reglas sobre valoración, licitaciones, publicidad de las ofertas, prevención de conflictos de interés y control de los compradores. Sin esas garantías, el proceso puede atraer capital, sí, pero también generar nuevas dudas sobre el destino de unos activos que pertenecen al patrimonio público.

La transparencia resulta especialmente importante en Venezuela después de décadas de disputas empresariales y controles estatales. Incluso las recientes reformas energéticas han recibido críticas por la falta de información pública sobre determinados contratos y sobre las condiciones pactadas con inversores extranjeros.

La confianza no se recupera únicamente promulgando leyes favorables al capital. Hace falta que los empresarios sepan que esas normas seguirán vigentes dentro de cinco, diez o veinte años. Ese es probablemente el examen más difícil para Caracas.

Una Venezuela económica bastante distinta empieza a tomar forma

La decisión de evaluar la venta o devolución de activos estatales supone otro paso en la transformación económica que Venezuela ha acelerado durante 2026. Primero llegó una apertura mucho mayor del petróleo a empresas privadas. Después, nuevas reglas para atraer inversión minera. Ahora el Gobierno acepta abiertamente que parte del patrimonio acumulado por el Estado puede volver a manos privadas.

Todavía es demasiado pronto para hablar de una privatización masiva. No existe una relación oficial de compañías afectadas, no se conocen valoraciones y tampoco hay un calendario público de ventas o restituciones. La prudencia, aquí, no sobra.

Pero el cambio político y económico sí resulta evidente. Un Gobierno nacido del mismo movimiento que convirtió la nacionalización en una de sus principales herramientas económicas prepara ahora el movimiento inverso para determinados activos.

La verdadera dimensión de ese giro dependerá de algo bastante menos ideológico y mucho más concreto: qué se vende, a quién, por cuánto dinero y con qué garantías.