Bruselas respalda al Parlamento polaco para renovar el Constitucional

La Comisión Europea ha respaldado la competencia del Parlamento de Polonia para nombrar nuevos jueces del Tribunal Constitucional, en plena crisis institucional entre el Gobierno de Donald Tusk y el presidente Karol Nawrocki. Bruselas ha precisado que la designación de ocho nuevos miembros entra dentro de las atribuciones constitucionales del Sejm, la cámara baja polaca. No es, por tanto, una facultad directa del Gobierno, un matiz importante en un conflicto donde cada palabra acaba convertida en munición política.

El Ejecutivo comunitario, al mismo tiempo, ha evitado entregar un cheque en blanco a ninguna de las partes. Su posición es que las autoridades polacas deben garantizar que el Constitucional funcione conforme a la Constitución de Polonia y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El pronunciamiento llega después de una noche de máxima tensión frente a la sede del tribunal en Varsovia y añade una dimensión europea a una disputa que lleva más de una década abierta.

Bruselas reconoce la competencia constitucional del Sejm

La declaración europea afecta al núcleo jurídico de la disputa. Según la Comisión, corresponde al Sejm elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, una competencia que no puede quedar anulada simplemente porque exista un enfrentamiento entre la mayoría parlamentaria y la Presidencia de la República.

Ese respaldo tiene límites claros. Bruselas no ha validado todas las actuaciones del Gobierno de Tusk ni ha resuelto por su cuenta la batalla sobre quién puede ejercer actualmente como juez. Lo que sí ha hecho es reconocer expresamente la potestad parlamentaria para realizar los nombramientos y recordar que cualquier solución debe respetar tanto el orden constitucional polaco como las obligaciones derivadas del derecho europeo.

El conflicto se ha complicado porque el presidente Karol Nawrocki, próximo al conservador Ley y Justicia, se ha negado a facilitar la incorporación de parte de los candidatos elegidos por la actual mayoría parlamentaria. Este año rechazó tomar juramento a tres de los seis jueces designados por el Parlamento, mientras el entonces presidente del Constitucional, Bogdan Święczkowski, tampoco permitió que magistrados elegidos por la mayoría actual ocuparan sus puestos.

Estrasburgo ya había intervenido en mayo

La posición de Bruselas no aparece en un vacío jurídico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos adoptó el 5 de mayo de 2026 medidas provisionales en favor de cuatro jueces que habían sido elegidos por el Sejm el 13 de marzo.

Estrasburgo pidió al Estado polaco que sus autoridades competentes se abstuvieran de impedir que esos magistrados asumieran y ejercieran sus funciones mientras el tribunal europeo estudiaba el caso. Los cuatro habían sido elegidos junto a otras dos personas para mandatos de nueve años, pero no pudieron incorporarse con normalidad después de que Nawrocki no atendiera sus peticiones para prestar juramento ante él.

Acabaron prestando juramento en abril en el Parlamento, ante representantes institucionales y con documentación notarial remitida posteriormente al presidente. Ahí reside uno de los agujeros negros jurídicos de la crisis: el bando presidencial sostiene que el juramento debe celebrarse ante el jefe del Estado, mientras los jueces y la mayoría parlamentaria consideran que el presidente no puede utilizar esa formalidad para bloquear indefinidamente una elección realizada por el Sejm.

La suspensión del presidente del Constitucional dispara la crisis

La tensión acumulada estalló el viernes 30 de octubre. El Tribunal Constitucional anunció que Anna Korwin-Piotrowska, la jueza con mayor antigüedad, había suspendido al presidente del órgano, Bogdan Święczkowski, y había asumido el mando de la institución.

Święczkowski, antiguo viceministro de Justicia durante una etapa de gobierno de Ley y Justicia, había rechazado la incorporación de jueces elegidos por la actual mayoría. La decisión de apartarlo provocó inmediatamente protestas frente al edificio y la movilización de dirigentes conservadores.

Nawrocki llegó incluso a interrumpir un viaje oficial a Senegal y regresar a Varsovia. Esa misma noche acudió al Constitucional mientras la Policía protegía las instalaciones y cientos de manifestantes se concentraban en los alrededores. El presidente denunció una «toma forzosa» de un órgano constitucional, mientras desde el Gobierno se presentaba la operación como un intento de restaurar el funcionamiento legal de una institución paralizada.

La escena terminó por convertir una batalla de juristas en un enfrentamiento institucional retransmitido en directo. Y eso, en política, suele significar que el problema ya ha dejado de caber en los despachos.

Tusk promete restaurar la independencia del tribunal

Donald Tusk ha defendido que su Gobierno continuará con su intento de reconstruir la independencia judicial y el Estado de derecho, aunque ha rechazado la violencia y ha insistido en que el Ejecutivo debe limitarse a garantizar la seguridad y las condiciones necesarias para que el Constitucional funcione.

El primer ministro asegura que el tribunal debe actuar de manera independiente, también respecto a él mismo, y conforme a la Constitución. Su Gobierno llegó al poder en 2023 precisamente con la promesa de revertir las reformas judiciales impulsadas durante los años de gobierno de Ley y Justicia.

La oposición interpreta los mismos acontecimientos desde el extremo opuesto. Ley y Justicia y dirigentes vinculados a los Conservadores y Reformistas Europeos han acusado al Gobierno de intentar controlar el Constitucional y consideran que las actuaciones gubernamentales suponen una vulneración del Estado de derecho.

La Comisión Europea, por ahora, ha optado por una posición bastante más precisa: reconoce las competencias del Sejm, exige respeto a la Constitución y remite también a la jurisprudencia europea. Es un respaldo jurídico concreto, no una absolución política general del Gobierno de Tusk.

Una batalla judicial que Polonia arrastra desde 2015

El actual choque tiene raíces en 2015. La entonces mayoría formada por Plataforma Cívica y el Partido Popular Polaco eligió cinco jueces poco antes de las elecciones generales. Tras ganar Ley y Justicia, el nuevo Parlamento declaró inválidas aquellas designaciones y nombró otros cinco candidatos.

El propio Tribunal Constitucional determinó después que tres de los primeros nombramientos eran válidos y dos no. Sin embargo, el presidente Andrzej Duda ya había aceptado el juramento de los candidatos elegidos posteriormente por la nueva mayoría. Ahí empezó un laberinto constitucional que Polonia todavía no ha conseguido abandonar.

Durante los años siguientes, gobiernos de Ley y Justicia introdujeron profundas reformas del sistema judicial. Sus críticos, dentro y fuera del país, denunciaron que esas modificaciones permitían una influencia política excesiva sobre los tribunales.

La disputa alcanzó un punto decisivo en diciembre de 2025, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que el Constitucional polaco no reunía las condiciones exigidas por el derecho de la UE para ser considerado un tribunal independiente e imparcial. La sentencia señaló graves irregularidades en el nombramiento de tres jueces en diciembre de 2015 y del presidente del tribunal en 2016.

El tribunal europeo también sostuvo que Polonia había incumplido sus obligaciones al permitir que su Constitucional cuestionara principios esenciales como la primacía y la aplicación uniforme del derecho de la Unión. El problema, por tanto, nunca fue simplemente qué partido ocupaba el Gobierno. Se convirtió en una discusión sobre la propia arquitectura jurídica del Estado polaco y su relación con la UE.

El choque entre Nawrocki y Tusk seguirá abierto

La intervención de Bruselas fortalece la posición del Parlamento en un aspecto muy concreto: el Sejm tiene competencia constitucional para nombrar jueces del Tribunal Constitucional. Pero no deshace por sí sola el nudo institucional. Sigue habiendo desacuerdo sobre la forma en que los magistrados deben asumir el cargo, sobre las decisiones adoptadas por la dirección del tribunal y sobre la legitimidad de algunas de sus composiciones.

A ello se suma una convivencia política especialmente áspera. Tusk dirige una coalición proeuropea que intenta desmontar parte del sistema construido durante los gobiernos de Ley y Justicia, mientras Nawrocki, elegido presidente en 2025 y políticamente próximo a los conservadores, dispone de instrumentos suficientes para dificultar algunas de esas reformas. El resultado es un Constitucional prácticamente paralizado por el rechazo mutuo de ambos bloques a reconocer determinados nombramientos.

Bruselas ha marcado ahora una línea: la elección parlamentaria de los jueces entra dentro de las atribuciones del Sejm y las autoridades polacas deben permitir un funcionamiento del tribunal compatible con la Constitución y con el derecho europeo. Lo demás —quién controla efectivamente la institución y cómo se sale de una década de nombramientos discutidos— sigue siendo el verdadero problema. Y, a estas alturas, no es precisamente menor.