El choque en el CGPJ complica cubrir 15 plazas del Tribunal Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta una nueva crisis interna que amenaza con prolongar la falta de magistrados en el Tribunal Supremo. La disputa entre los sectores conservador y progresista, agravada por el reciente reparto de las comisiones del organismo, ha complicado las negociaciones para cubrir 15 plazas vacantes en el alto tribunal.

El enfrentamiento se intensificó el pasado 28 de octubre, cuando la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y el vocal Carlos Hugo Preciado, elegido a iniciativa de Sumar, respaldaron una propuesta de distribución de responsabilidades apoyada por el bloque conservador. El resultado mantiene a este sector con mayoría en siete de las once comisiones del Consejo y ha deteriorado las relaciones entre quienes deben pactar los próximos nombramientos judiciales.

La situación tiene consecuencias que van más allá de una disputa institucional. El Tribunal Supremo necesita completar su plantilla para afrontar la carga de trabajo de sus distintas salas, especialmente la de lo Penal, mientras sus futuros magistrados siguen pendientes de una negociación sin perspectivas inmediatas de acuerdo.

El problema es conocido, pero el último episodio incorpora una dificultad adicional: la mayoría que ha permitido reorganizar el CGPJ no basta para nombrar magistrados del Supremo. Para conseguirlo, los vocales enfrentados tendrán que volver a entenderse.

Un reparto de poder que rompe el equilibrio del CGPJ

La renovación de las comisiones del Consejo, aprobada el miércoles 28 de octubre, debía servir para actualizar la organización interna del órgano de gobierno de los jueces. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que estas comisiones deben renovarse anualmente, con la excepción de aquellas cuya composición tiene una duración específica.

El acuerdo llegó después de un primer intento fallido el 14 de octubre. La propuesta presentada por Carlos Hugo Preciado obtuvo 12 votos, gracias al respaldo de los diez vocales del sector conservador y de la presidenta Perelló.

Los conservadores retiraron su propia candidatura y apoyaron la alternativa de Preciado, que terminó imponiéndose a la defendida por el grupo progresista.

La nueva distribución deja siete comisiones con mayoría conservadora y cuatro con mayoría progresista. Estas últimas son las de Igualdad, Escuela Judicial, Innovación Tecnológica y Transformación Digital y Asuntos Institucionales.

Aunque el sector progresista consigue controlar una comisión más que el año anterior, considera que el reparto incumple los compromisos de equilibrio y alternancia establecidos tras la renovación del Consejo en 2024.

Sus nueve integrantes han denunciado que la distribución rompe el modelo de cogobernanza pactado al comienzo del mandato. Sostienen que su presencia en los órganos de decisión no refleja adecuadamente el peso que tienen dentro del Pleno.

No es una discusión exclusivamente ideológica. También afecta al reparto de presidencias, responsabilidades y capacidad de intervención en las decisiones internas.

La Comisión Permanente sigue bajo mayoría conservadora

Uno de los principales focos de conflicto es la Comisión Permanente, el órgano que gestiona buena parte de la actividad ordinaria del CGPJ y adopta decisiones relevantes sobre el funcionamiento de la carrera judicial.

Su composición seguirá siendo de cuatro vocales conservadores y tres progresistas, además de Isabel Perelló, que preside la comisión y dispone de voto de calidad en caso de empate.

Los representantes conservadores serán José Antonio Montero, José Carlos Orga, José María Páez y José Luis Costa. Por el sector progresista participarán Argelia Queralt, Lucía Avilés e Inés Herreros.

El vocal José María Fernández Seijo, uno de los principales interlocutores del grupo progresista en las negociaciones internas, vuelve a quedar fuera de la Comisión Permanente por tercer año consecutivo.

La distribución adquiere importancia porque esta comisión interviene en asuntos como los expedientes disciplinarios, la organización judicial y determinadas decisiones administrativas.

El acuerdo también presenta avances en representación femenina. Por primera vez, cuatro de los ocho integrantes de la Comisión Permanente son mujeres, incluida su presidenta. La presencia de mujeres en las presidencias de las comisiones renovadas también ha aumentado.

Preciado ha defendido precisamente esa mayor paridad como uno de los argumentos de su propuesta.

Sin embargo, el sector progresista considera que el equilibrio entre hombres y mujeres no resuelve la desigualdad entre sensibilidades que denuncia dentro del Consejo.

Por qué el bloqueo amenaza a los 15 nombramientos del Supremo

La diferencia entre aprobar la composición de las comisiones y elegir nuevos magistrados es fundamental para entender la crisis.

La reorganización interna puede salir adelante con una mayoría ordinaria. En cambio, los nombramientos discrecionales para el Tribunal Supremo necesitan una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros presentes en el Pleno.

Con sus 21 integrantes participando en la votación, eso supone alcanzar 13 votos favorables.

El sector conservador, incluso sumando a Preciado y Perelló, reúne los 12 apoyos que permitieron aprobar el reparto de comisiones. Necesitaría al menos uno más para sacar adelante los nombramientos con el Pleno completo.

El grupo progresista tampoco dispone de votos suficientes para imponer unilateralmente sus candidatos.

Esa exigencia legal obliga a negociar y convierte el deterioro de las relaciones internas en un problema práctico para el funcionamiento de la Justicia.

Ocho plazas pendientes en la Sala de lo Penal

Entre las 15 vacantes pendientes destacan ocho correspondientes a la Sala de lo Penal, una de las más relevantes del Tribunal Supremo.

Esta sala conoce, entre otros asuntos, de determinados procedimientos contra aforados y de recursos de casación penal, mediante los que se revisa la correcta aplicación de la ley.

La elección de sus magistrados ha sido especialmente conflictiva.

El sector progresista llevaba meses intentando alcanzar un acuerdo para cubrir una de las plazas con una magistrada de sensibilidad progresista. Su objetivo era mejorar la representación femenina y el equilibrio interno de una sala tradicionalmente dominada por magistrados de orientación conservadora.

Los vocales conservadores defendieron aplazar las negociaciones y abordar los nombramientos conjuntamente cuando se acumularan nuevas vacantes por jubilación.

Esa estrategia no ha desembocado, por ahora, en un acuerdo.

Las discrepancias también afectan a otras plazas del Supremo, entre ellas las vinculadas a la jurisdicción contencioso-administrativa, responsable de resolver determinados conflictos entre los ciudadanos y las administraciones públicas.

Las vacantes no significan que el Tribunal Supremo haya dejado de funcionar. Sus magistrados continúan resolviendo asuntos, pero la falta de efectivos incrementa la presión sobre las salas y dificulta la distribución de su carga de trabajo.

Perelló y Preciado, protagonistas de una fractura creciente

La presidenta del CGPJ se encuentra en una posición delicada.

Isabel Perelló llegó al cargo en 2024, tras un acuerdo entre los sectores del Consejo, y fue considerada una magistrada de sensibilidad progresista. Sin embargo, algunas de sus decisiones han generado discrepancias con quienes inicialmente respaldaron su candidatura.

Su apoyo al reparto de comisiones acordado con los conservadores ha profundizado esas diferencias.

Perelló ha pedido a los vocales que alcancen cuanto antes un consenso sobre los nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo, consciente de las necesidades de personal del alto tribunal.

Pero su capacidad para reconstruir los acuerdos está siendo cuestionada por representantes de ambos sectores.

Carlos Hugo Preciado, por su parte, se ha convertido en una figura decisiva para las mayorías del Consejo. Aunque fue elegido a iniciativa de Sumar, mantiene una posición independiente respecto a los otros nueve vocales identificados con el grupo progresista.

Preciado rechaza que haya existido un pacto previo con los conservadores para perjudicar al otro bloque. Defiende que su propuesta pretendía superar la falta de entendimiento y garantizar un reparto equilibrado de responsabilidades.

Los vocales progresistas sostienen lo contrario. Interpretan la operación como una ruptura de los compromisos de cooperación alcanzados en 2024.

El sector conservador, mientras tanto, argumenta que su apoyo a la propuesta de Preciado permitió evitar otra parálisis en la renovación de las comisiones.

Las versiones son incompatibles en cuestiones importantes, pero existe un punto de coincidencia: el clima interno dificulta las negociaciones sobre los nombramientos judiciales.

El Supremo sigue esperando un acuerdo sin fecha

La crisis revela una contradicción en el funcionamiento del Consejo: sus vocales pueden reunir apoyos suficientes para distribuir el poder interno, pero no necesariamente para resolver las necesidades de personal de los tribunales.

La renovación del CGPJ en 2024 puso fin a una prolongada etapa de bloqueo institucional. Sin embargo, el acuerdo que permitió sustituir a sus anteriores integrantes no ha eliminado las disputas entre sensibilidades conservadoras y progresistas.

Ahora el conflicto vuelve a afectar a una de las principales responsabilidades del organismo: elegir a los magistrados que ocuparán puestos decisivos en la cúpula judicial.

No existe, por el momento, un calendario acordado que garantice la cobertura de las 15 vacantes del Tribunal Supremo. Las posiciones siguen alejadas y las negociaciones deberán reconstruir una confianza deteriorada durante los últimos meses.

La exigencia de mayorías reforzadas pretende impedir que un único sector controle los nombramientos judiciales. Es una garantía de pluralismo, aunque también puede facilitar los bloqueos cuando desaparece la disposición a negociar.

El Tribunal Supremo continúa trabajando con sus plazas pendientes de cubrir. Y el CGPJ, encargado de resolver esa situación, afronta una dificultad que ya no depende de nuevas normas ni de reorganizar comisiones, sino de conseguir los acuerdos que exige la propia ley.