Milei ofrece Argentina a los centros de datos de IA sin regulación

El presidente argentino, Javier Milei, quiere convertir Argentina en un refugio mundial para la inteligencia artificial, sin imponer nuevas regulaciones específicas a su desarrollo y con incentivos fiscales para atraer a las grandes empresas tecnológicas. Su apuesta tiene un destino prioritario: la Patagonia, donde la disponibilidad de terrenos, el clima frío y los recursos energéticos ofrecen condiciones favorables para instalar enormes centros de datos.

La propuesta llega cuando Estados Unidos y Europa debaten cómo limitar los riesgos de la inteligencia artificial y el creciente consumo de recursos de sus infraestructuras. Milei pretende recorrer el camino contrario. En octubre, durante una intervención ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington, dejó clara su posición: «Nosotros no vamos a regular la Inteligencia Artificial. Nosotros la vamos a dejar libre».

El Gobierno argentino busca transformar esa declaración política en inversiones multimillonarias. Ha mantenido contactos con representantes de OpenAI, Amazon, Google y Oracle, además de empresarios como Peter Thiel y compañías especializadas en centros de datos. Sin embargo, buena parte de los proyectos anunciados siguen pendientes de contratos, permisos o financiación. La ambición es considerable. La distancia entre los anuncios y las obras, también.

La Patagonia, el gran atractivo para las empresas de inteligencia artificial

La región patagónica reúne varias características que interesan a la industria tecnológica. Sus extensiones de terreno permiten desarrollar instalaciones de gran tamaño, mientras que las bajas temperaturas pueden reducir parte de la energía necesaria para refrigerar los servidores.

También dispone de importantes recursos eólicos y de acceso a gas natural procedente de Vaca Muerta, uno de los principales yacimientos de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Los centros de datos son las instalaciones que almacenan información y proporcionan la capacidad de cálculo necesaria para entrenar y utilizar modelos avanzados de inteligencia artificial. Su expansión exige enormes cantidades de electricidad, sistemas de refrigeración y conexiones de telecomunicaciones de alta capacidad.

Para Argentina, esa demanda representa una oportunidad económica. Las empresas energéticas podrían encontrar nuevos compradores para su producción, mientras que las administraciones provinciales esperan captar inversiones y empleo especializado.

La compañía argentina Pampa Energía, por ejemplo, ha planteado suministrar electricidad generada con gas a un futuro complejo tecnológico próximo a Vaca Muerta. El proyecto todavía necesita desarrolladores interesados.

No basta, por tanto, con disponer de energía barata o terrenos. La conectividad, la estabilidad del suministro eléctrico y la seguridad jurídica son igualmente importantes para las empresas que deben comprometer miles de millones durante décadas.

Un megaproyecto de 3.300 millones de dólares en Chubut

Uno de los planes más ambiciosos es Atlas GigaHub, promovido por la compañía de capital polaco Green Capital en la provincia de Chubut.

La iniciativa contempla una inversión anunciada de unos 3.300 millones de dólares y una infraestructura que, si se desarrollan todas sus fases, podría alcanzar los 3.000 megavatios de capacidad informática.

La empresa ha alcanzado acuerdos sobre aproximadamente 130.000 hectáreas de explotaciones ganaderas próximas a Trelew, destinadas principalmente al despliegue de infraestructuras energéticas.

La propuesta combina parques eólicos, instalaciones solares y generación eléctrica con gas. Sus promotores sostienen que el complejo podría producir la energía que necesita y evitar una presión adicional sobre la red eléctrica nacional.

Las dimensiones proyectadas son extraordinarias. Si el complejo funcionase continuamente a su máxima demanda prevista, consumiría en un año unas 2,7 veces la electricidad utilizada por toda la ciudad de Buenos Aires durante 2025.

Pero hay una diferencia fundamental entre el proyecto y su ejecución.

Las obras todavía no han comenzado

Green Capital no prevé iniciar la construcción antes de aproximadamente 2028. Tampoco ha confirmado un cliente tecnológico que vaya a contratar la capacidad de procesamiento de sus instalaciones.

Los estudios ambientales continúan y todavía faltan autorizaciones. Entre los datos pendientes figura una estimación pública suficientemente detallada del agua que necesitaría el complejo y de la proporción definitiva de electricidad procedente de combustibles fósiles.

La incertidumbre ha generado preocupación en Trelew, donde vecinos agrupados bajo la consigna «Trelew Libre de Data Centers» reclaman información sobre los efectos ambientales y el consumo de recursos.

La región conoce bien los problemas relacionados con la disponibilidad de agua. Para sus habitantes, la posibilidad de recibir inversiones tecnológicas debe valorarse junto con las consecuencias que podrían tener sobre el territorio.

OpenAI y los 25.000 millones que siguen pendientes

La iniciativa de Chubut no es la única que ha despertado expectativas.

En octubre de 2025, el Gobierno argentino anunció un acuerdo de intención entre OpenAI y la empresa local Sur Energy para explorar el desarrollo de Stargate Argentina, un centro de datos de hasta 500 megavatios.

El anuncio contemplaba una inversión potencial de hasta 25.000 millones de dólares y situaba al país como posible sede del primer proyecto Stargate de Latinoamérica.

Sin embargo, un año después, la iniciativa seguía sin un contrato definitivo, sin obras iniciadas y sin una solicitud formal de incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según la información publicada en octubre de 2026.

OpenAI ha precisado que su posible participación sería como compradora de capacidad informática, mientras que Sur Energy asumiría el desarrollo energético y de infraestructura.

Es una distinción importante: una carta de intención no equivale a una inversión ejecutada ni garantiza que la instalación vaya a construirse.

El interés internacional existe, pero Argentina todavía tiene que convertir las negociaciones en proyectos financiados y operativos. La incertidumbre económica y las elecciones presidenciales previstas para 2027 también pesan en las decisiones de inversión a largo plazo.

Menos impuestos y menos regulación: la fórmula de Milei

El Gobierno argentino no pretende competir únicamente mediante sus recursos naturales. También busca ofrecer condiciones fiscales especialmente atractivas para las grandes inversiones tecnológicas.

Milei impulsa un régimen de incentivos dirigido a proyectos de nuevas industrias que superen los 1.000 millones de dólares. Entre las ventajas previstas figura una reducción del impuesto sobre los beneficios empresariales del 25% al 15% para las inversiones acogidas al régimen.

La iniciativa ha recibido la aprobación de la Cámara de Diputados, pero todavía necesita la sanción del Senado para entrar en vigor.

El objetivo es compensar uno de los principales inconvenientes históricos de Argentina para atraer capital extranjero: la falta de estabilidad económica y los cambios frecuentes en las reglas de inversión.

La propuesta de no regular específicamente la inteligencia artificial forma parte de esa misma estrategia.

Conviene, no obstante, precisar su alcance. Argentina no es un país sin leyes aplicables a la IA. Continúa vigente la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y existen obligaciones ambientales, de seguridad y de responsabilidad que pueden afectar a las instalaciones tecnológicas. También se han establecido requisitos eléctricos específicos para los nuevos centros de datos de gran demanda.

Lo que Milei rechaza es desarrollar un marco regulador específico que imponga nuevas restricciones a la inteligencia artificial, una posición que contrasta con la legislación europea basada en diferentes niveles de riesgo.

Esa política puede atraer a empresas interesadas en reducir exigencias administrativas. Pero también genera incertidumbre sobre cuestiones como el uso de información personal, los derechos de autor, la vigilancia automatizada o la responsabilidad ante posibles daños.

Incluso dentro del Ejecutivo argentino se reconoce la necesidad de aclarar determinadas reglas para facilitar las inversiones.

La inversión tecnológica frente al coste ambiental

Los centros de datos ofrecen oportunidades económicas, pero sus beneficios locales dependen de cómo se construyan y operen.

Durante la fase de construcción pueden generar una actividad considerable. Una vez terminadas las instalaciones, sin embargo, necesitan relativamente pocos trabajadores en comparación con otras industrias que movilizan cantidades similares de capital.

También existe el riesgo de que una parte importante de la capacidad informática instalada en Argentina termine destinada a clientes internacionales, sin que las empresas, universidades o investigadores argentinos tengan garantizado el acceso.

Los incentivos planteados por el Gobierno no obligan específicamente a los operadores a reservar capacidad de cálculo para el mercado nacional.

A ello se añaden las preocupaciones ambientales. Las grandes instalaciones de inteligencia artificial consumen electricidad de forma continua y determinados sistemas de refrigeración requieren cantidades importantes de agua.

El uso de energías renovables puede reducir su huella ambiental, pero no elimina automáticamente todos los impactos. La construcción de infraestructuras, las necesidades de generación de respaldo y la disponibilidad de recursos hídricos también deben evaluarse.

En el caso de Chubut, estas cuestiones adquieren especial relevancia porque todavía falta conocer aspectos esenciales del funcionamiento previsto para Atlas GigaHub.

La promesa de producir electricidad propia resulta atractiva, aunque deberá demostrarse mediante proyectos energéticos concretos y verificables.

El desafío de convertir Argentina en una potencia de IA

La estrategia de Milei responde a una transformación económica real: la capacidad de procesamiento informático se ha convertido en un recurso estratégico, y los países capaces de proporcionar grandes cantidades de electricidad fiable tienen una oportunidad para atraer inversiones.

Argentina dispone de ventajas naturales que pueden situarla en esa competición. También tiene empresas tecnológicas, investigadores y profesionales cualificados que podrían beneficiarse del desarrollo de nuevas infraestructuras.

La cuestión es cuánto valor permanecerá en el país.

Instalar servidores para compañías extranjeras no garantiza por sí solo desarrollar una industria nacional de inteligencia artificial. Para ello hacen falta formación, investigación, acceso a capacidad informática, proveedores especializados y políticas que favorezcan la participación de empresas locales.

Milei ha elegido presentar la ausencia de nuevas restricciones como una ventaja competitiva frente a otros mercados. Pero la falta de regulación no sustituye a la seguridad jurídica, del mismo modo que los anuncios multimillonarios no equivalen a inversiones realizadas.

Por ahora, la Patagonia es uno de los territorios que aspiran a convertirse en grandes centros mundiales de infraestructura para la inteligencia artificial. Tiene recursos y proyectos sobre la mesa. Lo que todavía debe demostrar Argentina es si puede transformar esa oportunidad en una industria duradera sin comprometer los intereses de las comunidades que vivirán junto a ella.