Los partidos árabes logran 19 escaños en Israel y desafían los vetos

Las elecciones legislativas del 27 de octubre de 2026 han dejado un resultado histórico en Israel: los partidos de mayoría árabe han conseguido 19 escaños en la Knéset, casi el doble de los diez que tenían en el Parlamento saliente. Su avance ha privado al bloque de Benjamin Netanyahu de una mayoría suficiente para gobernar y ha convertido a los representantes de la minoría palestina en protagonistas de las negociaciones políticas. Sin embargo, sus posibilidades de acceder al Gobierno siguen condicionadas por el rechazo de buena parte de la oposición israelí a pactar con ellos.

El resultado también ha reabierto un debate más profundo. La representación parlamentaria de los palestinos con ciudadanía israelí no elimina las desigualdades recogidas en la legislación del Estado, ni garantiza que sus demandas de igualdad, reconocimiento nacional y derechos colectivos puedan convertirse en políticas públicas. El Parlamento puede cambiar de mayorías sin que necesariamente cambien las normas que regulan esas relaciones.

El escrutinio, completado el 30 de octubre y pendiente de su presentación formal al presidente Isaac Herzog, dibuja un escenario complicado. El bloque de Netanyahu dispone de 53 diputados, la oposición encabezada por Gadi Eisenkot suma 48 y las dos principales candidaturas árabes reúnen 19. Nadie alcanza por separado los 61 escaños necesarios para controlar una cámara de 120 miembros.

La paradoja resulta evidente: los votantes palestinos han adquirido una capacidad de influencia inédita, pero algunos de los dirigentes que necesitan sus votos se resisten a reconocer a sus representantes como posibles socios de gobierno. Y mientras se discute quién ocupará el poder, continúan vigentes leyes que las organizaciones de derechos humanos consideran discriminatorias.

Un resultado histórico para los ciudadanos palestinos de Israel

La Lista Conjunta, encabezada por Yousef Jabareen y formada por distintas corrientes de la política árabe israelí, ha obtenido 11 diputados. Ra’am, el partido islamista dirigido por Mansour Abbas, ha conseguido otros ocho. Los 19 escaños constituyen un máximo histórico para las candidaturas de mayoría árabe en el Parlamento israelí.

La movilización ha sido especialmente significativa. La participación general alcanzó aproximadamente el 77,9 %, su mayor nivel desde 1999. Entre los ciudadanos árabes israelíes, las estimaciones sitúan la asistencia a las urnas alrededor del 80 %, muy por encima de los registros de las últimas elecciones.

Los ciudadanos árabes, en su mayoría palestinos y sus descendientes, representan aproximadamente una quinta parte de la población israelí. Tienen derecho a votar y presentarse a las elecciones, una condición que los distingue de los palestinos residentes en Cisjordania ocupada y Gaza, que no participan en los comicios legislativos de Israel.

No todos interpretan del mismo modo la utilidad de ese derecho. Una parte de la población palestina ha defendido históricamente el boicot electoral por considerar que participar en las instituciones israelíes contribuye a legitimar un sistema que no reconoce plenamente sus aspiraciones nacionales. Otros han apostado por intervenir desde dentro, convencidos de que renunciar al Parlamento significa perder una de las pocas herramientas de presión disponibles.

La elevada participación de 2026 refleja, entre otros factores, el rechazo a las políticas del Gobierno de Netanyahu y de sus aliados ultranacionalistas, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich. También responde a preocupaciones mucho más inmediatas: la delincuencia en las localidades árabes, la actuación policial, la desigualdad presupuestaria y las dificultades para acceder a vivienda, empleo y servicios públicos.

Votar contra un Gobierno no significa necesariamente confiar en todas las instituciones del Estado. Para una parte del electorado palestino, las urnas han sido una forma de contener determinadas políticas antes que una muestra de satisfacción con el sistema político.

Los 19 diputados pueden decidir el Gobierno, pero afrontan vetos

La distribución de escaños permite imaginar una mayoría alternativa a Netanyahu. Los 48 diputados del bloque encabezado por Eisenkot, sumados a los 19 representantes de las candidaturas árabes, alcanzarían 67 votos. Seis por encima de la mayoría absoluta.

Sobre el papel, las cuentas salen. En la práctica, no tanto.

Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, ha descartado incorporar a Ra’am a un Ejecutivo dirigido por él en las condiciones actuales. Otros dirigentes de su bloque, entre ellos Naftali Bennett y Avigdor Lieberman, también han rechazado alianzas gubernamentales con los partidos árabes.

Las posiciones de estas formaciones tampoco son idénticas. Mansour Abbas se ha mostrado dispuesto a participar en una coalición, mientras que la Lista Conjunta rechaza entrar en un Gobierno que mantenga la ocupación de Cisjordania, aunque contempla respaldar desde fuera determinadas iniciativas para sustituir a Netanyahu.

Este 2 de noviembre, Jabareen ha defendido la posibilidad de colaborar con la oposición para cambiar el rumbo político. Entre sus objetivos figuran modificar las prioridades presupuestarias, combatir la discriminación y recuperar una perspectiva negociadora para el conflicto palestino-israelí.

La discusión se ha complicado por las acusaciones de irregularidades electorales lanzadas desde el Likud. Las autoridades investigan casos concretos y posibles interferencias, pero la Comisión Electoral Central ha señalado que esas pesquisas no comprometen la validez general de los resultados. No se ha acreditado un fraude capaz de alterar el reparto de escaños.

El precedente de Ra’am demuestra que las alianzas son posibles

La exclusión política de los partidos árabes no constituye una prohibición legal absoluta. En 2021, Ra’am participó en la coalición que permitió formar el Gobierno de Naftali Bennett y Yair Lapid, una experiencia inédita hasta entonces para una formación árabe.

Aquel precedente demostró que la cooperación institucional era posible, aunque también evidenció sus dificultades. La participación en una coalición no garantizó la resolución de los problemas estructurales de la minoría palestina ni eliminó las discrepancias sobre la ocupación y la identidad nacional del Estado.

El escenario actual vuelve a plantear esa contradicción. Los partidos árabes pueden resultar imprescindibles para una mayoría parlamentaria y, simultáneamente, encontrar obstáculos políticos para integrarse en ella. El problema no es únicamente cuántos diputados obtienen, sino qué capacidad real tienen para condicionar las decisiones.

Las leyes que limitan la igualdad más allá de las urnas

El debate sobre la representación palestina resulta inseparable del marco jurídico israelí. Una de sus disposiciones más controvertidas es la Ley Fundamental del Estado-nación del pueblo judío, aprobada por la Knéset en julio de 2018.

La norma establece que Israel es el Estado-nación del pueblo judío y que el ejercicio del derecho a la autodeterminación nacional dentro del Estado corresponde exclusivamente a ese pueblo. También reconoce el desarrollo de los asentamientos judíos como un valor nacional y sitúa el hebreo como lengua del Estado, mientras concede al árabe un estatus especial.

La ley no suprime el derecho individual de los ciudadanos árabes a votar, presentarse a elecciones o acudir a los tribunales. Sin embargo, sus críticos sostienen que consagra una diferencia fundamental entre los derechos nacionales colectivos reconocidos a los judíos y los de la población palestina.

El Tribunal Supremo israelí rechazó en 2021, por diez votos contra uno, los recursos contra la norma. La mayoría de los jueces consideró que debía interpretarse conjuntamente con otras leyes fundamentales y con los principios democráticos y de igualdad del ordenamiento israelí. El magistrado George Karra discrepó de esa decisión.

La controversia no terminó allí. Las organizaciones defensoras de los derechos de la minoría árabe siguen denunciando que la norma carece de una garantía expresa de igualdad para todos los ciudadanos y que puede respaldar políticas discriminatorias.

Hay otros ejemplos concretos. En marzo de 2026, la Knéset prorrogó hasta el 14 de marzo de 2027 la legislación que restringe la reunificación familiar de ciudadanos o residentes israelíes con cónyuges palestinos de Cisjordania y Gaza, aunque contempla determinadas excepciones.

Las autoridades justifican estas restricciones por motivos de seguridad, relacionados con los ataques perpetrados durante la segunda intifada. Sus detractores denuncian que perjudican de forma desproporcionada a las familias palestinas, incluidas aquellas en las que uno de sus miembros posee ciudadanía israelí.

Una mayoría parlamentaria distinta podría reformar estas disposiciones. Pero conseguir diputados, por sí solo, no las modifica. Harían falta acuerdos políticos, iniciativas legislativas y suficientes votos para aprobarlas.

El debate sobre el apartheid y los derechos de los palestinos

La existencia de representantes árabes en el Parlamento israelí aparece con frecuencia en las discusiones internacionales sobre el carácter democrático del Estado.

Israel celebra elecciones competitivas, dispone de partidos árabes legales y reconoce derechos políticos individuales a sus ciudadanos palestinos. Son hechos relevantes. También lo son las denuncias sobre discriminación estructural, restricciones territoriales y diferencias de trato entre comunidades.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han concluido, en investigaciones publicadas en 2022 y 2021 respectivamente, que las políticas israelíes contra los palestinos constituyen prácticas de apartheid. Sus análisis examinan distintos territorios y regímenes jurídicos, y no se limitan a la representación electoral.

Las autoridades israelíes rechazan esa caracterización. Defienden la legitimidad de sus instituciones democráticas y argumentan que determinadas restricciones obedecen a necesidades de seguridad. La controversia exige distinguir entre las conclusiones de organizaciones independientes, las posiciones gubernamentales y los pronunciamientos judiciales.

En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva sobre las políticas israelíes en los territorios palestinos ocupados. Entre sus conclusiones, consideró que las medidas de separación entre colonos israelíes y palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este vulneraban el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, relativo a la segregación racial y el apartheid.

El pronunciamiento se refería a los territorios ocupados y no constituía una sentencia penal que declarase al conjunto del Estado israelí culpable del crimen de apartheid. Esa distinción jurídica importa.

También importa distinguir la situación de los palestinos con ciudadanía israelí de la que viven quienes residen bajo ocupación militar o en Gaza. Sus derechos, condiciones de residencia y posibilidades de participación política son diferentes.

La tesis defendida por Ghada Majadli, investigadora vinculada a la red palestina de análisis político Al-Shabaka, es que esas diferencias forman parte de un sistema más amplio de dominación. Desde esa perspectiva, la presencia de diputados palestinos en la Knéset no basta para demostrar la igualdad efectiva de derechos.

Se puede debatir el alcance de esa interpretación. Lo que resulta más difícil de discutir es que el derecho al voto y la igualdad material no son conceptos equivalentes. Una democracia no se mide exclusivamente por quién puede depositar una papeleta, sino también por la protección efectiva de los derechos individuales y colectivos.

El verdadero alcance del poder palestino tras las elecciones

La nueva composición de la Knéset abre posibilidades políticas que hasta hace poco parecían remotas. Los partidos árabes podrían resultar decisivos para elegir al presidente del Parlamento, controlar comisiones e impulsar reformas o sostener un Ejecutivo minoritario mediante acuerdos concretos.

Su capacidad para hacerlo dependerá de las decisiones que adopten los demás partidos. La presentación formal de los resultados al presidente Herzog está prevista para el 4 de noviembre y la constitución de la nueva Knéset para el día 10. Después llegará el proceso de formación de Gobierno, sin una mayoría asegurada de antemano.

La discusión también afecta a las prioridades de los propios representantes palestinos. La igualdad presupuestaria entre municipios, la mejora de la educación, la seguridad en las comunidades árabes, la planificación urbanística y la protección frente a la discriminación son ámbitos en los que una mayor influencia parlamentaria podría producir resultados tangibles.

Las cuestiones nacionales tienen un alcance distinto. El reconocimiento colectivo de los palestinos, la ocupación de Cisjordania, el futuro de Gaza y el derecho a la autodeterminación no se resuelven mediante un simple cambio de coalición.

Los 19 escaños son una victoria electoral, no una transformación automática del Estado. Tampoco es correcto dar por hecho que carecerán de consecuencias. Su influencia dependerá de la capacidad de los partidos para negociar y de la disposición de las demás fuerzas a aceptar acuerdos y reformas.

El resultado de octubre ha puesto de manifiesto algo que la política israelí llevaba tiempo evitando afrontar: los ciudadanos palestinos pueden ser determinantes en las urnas y seguir encontrando barreras para ejercer ese poder en condiciones de igualdad.

La próxima prueba no será solo quién consigue formar Gobierno. Será comprobar si una representación parlamentaria histórica se traduce en cambios efectivos para quienes la han hecho posible, o si el nuevo equilibrio electoral termina conviviendo con las mismas desigualdades que los votantes llevan décadas denunciando.