La Policía desaloja la acampada de Sol: 334 personas y dos detenidos

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desalojado durante la madrugada de este martes, 3 de noviembre de 2026, la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre. La intervención, iniciada alrededor de las tres de la mañana, se ha saldado con 334 personas desalojadas y dos detenidos por desobediencia y resistencia a la autoridad, según el balance de la Delegación del Gobierno en Madrid.

El operativo ha movilizado a 400 agentes policiales, con la colaboración de bomberos y servicios sociales. La Delegación del Gobierno sostiene que la actuación se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia. Sin embargo, los integrantes de la Acampada 26S denuncian que los antidisturbios utilizaron gas pimienta y que varias personas resultaron heridas. Son dos versiones enfrentadas sobre una intervención que pone fin a más de cinco semanas de ocupación de uno de los espacios más emblemáticos de Madrid.

Tras el desalojo, los servicios de limpieza del Ayuntamiento han comenzado a retirar las tiendas de campaña, lonas y otros elementos que permanecían en la plaza. El Consistorio ha informado de que las pertenencias retiradas serán trasladadas a depósitos municipales, donde podrán reclamarlas sus propietarios.

La operación llega después de varios días de incertidumbre sobre la continuidad de la protesta. La mayoría de las organizaciones que impulsaron la movilización por el derecho a la vivienda ya había anunciado su retirada de Sol, aunque otros participantes, entre ellos personas sin hogar, mantenían su intención de permanecer en el lugar.

Un desalojo de madrugada con 400 policías desplegados

El dispositivo policial comenzó poco antes de las tres de la madrugada, cuando los agentes accedieron a la Puerta del Sol para proceder al levantamiento de la acampada. El despliegue estuvo integrado por 220 efectivos de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, de acuerdo con los datos facilitados por la Delegación del Gobierno.

Los agentes establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la plaza mientras se desarrollaban las labores de desalojo y retirada de las instalaciones. Los equipos municipales comenzaron posteriormente las tareas de limpieza y recuperación del espacio público.

En el momento de la intervención todavía permanecían en Sol más de 300 personas. Una parte importante de quienes continuaban pernoctando allí eran personas sin hogar, una circunstancia que había adquirido especial relevancia después de la salida progresiva de los colectivos organizadores.

La presencia de bomberos y servicios sociales formó parte del dispositivo coordinado por las autoridades. La Delegación del Gobierno ha defendido la intervención policial y ha insistido en que se realizó aplicando criterios de proporcionalidad.

Las dos detenciones constituyen el principal balance policial de incidentes comunicado oficialmente. Ambos arrestos están relacionados con presuntos delitos de desobediencia y resistencia, sin que la detención implique por sí misma una declaración de culpabilidad.

Por qué la Delegación del Gobierno ha ordenado desalojar Sol

La Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por Pilar Trinidad, ha justificado la decisión como una medida de último recurso después de semanas de contactos con los representantes de la acampada.

Según su explicación, la protesta había experimentado una transformación sustancial desde su inicio. La retirada de las principales organizaciones, la desaparición de buena parte de su estructura reivindicativa y la permanencia de personas ajenas a las comisiones originales habían modificado las circunstancias que inicialmente amparaban la concentración.

La institución también hace referencia a diversos incidentes y hechos presuntamente delictivos registrados dentro de la acampada o en sus inmediaciones. La Jefatura Superior de Policía había trasladado información sobre situaciones que, según la Delegación, podían comprometer la seguridad de los propios participantes, los transeúntes y los agentes.

El Gobierno sostiene que durante las primeras semanas había protegido el ejercicio del derecho fundamental de reunión. Posteriormente, consideró que el cambio de circunstancias y los riesgos detectados justificaban poner fin a la ocupación continuada de la plaza.

La distinción es importante: el derecho de reunión tiene protección constitucional, pero las autoridades pueden establecer limitaciones legalmente justificadas. La proporcionalidad de una intervención concreta depende de sus circunstancias y de las garantías aplicadas.

Dos requerimientos antes de la intervención policial

El desalojo no se produjo sin avisos previos. El 26 de octubre, el entonces delegado del Gobierno, Francisco Martín, remitió una comunicación a los responsables de la acampada en la que planteaba que había transcurrido un tiempo suficiente para trasladar sus reivindicaciones a la sociedad.

El 29 de octubre se envió un segundo requerimiento que instaba a desmantelar las instalaciones cuanto antes.

Un día después, representantes de la organización comunicaron la disolución de sus comisiones y el final de la etapa reivindicativa desarrollada en la Puerta del Sol. Pese a ello, un grupo de participantes decidió permanecer en la plaza.

Esa diferencia entre los organizadores que optaron por marcharse y las personas que querían continuar acampadas terminó convirtiéndose en uno de los elementos centrales de la intervención.

Los acampados denuncian golpes y gas pimienta durante el desalojo

La versión oficial del operativo contrasta con las denuncias difundidas por los integrantes de la Acampada 26S.

A través de sus redes sociales, el movimiento ha acusado a las unidades antidisturbios de llevar a cabo una intervención violenta, en la que, según su relato, se produjeron golpes y se utilizó gas pimienta contra algunos participantes.

Los representantes de la protesta aseguran que varias personas resultaron heridas y han solicitado testimonios y grabaciones para documentar lo ocurrido. También han difundido vídeos en los que aparecen agentes acompañando a personas fuera del recinto de la acampada.

Por su parte, la Delegación del Gobierno niega que se produjeran episodios de violencia durante el desalojo y sostiene que la operación pudo completarse sin alteraciones violentas del orden público.

Las denuncias de lesiones y uso de gas pimienta deben distinguirse del balance oficial: la información disponible no permite establecer de forma independiente el número de posibles heridos ni las circunstancias exactas de todos los enfrentamientos denunciados.

La controversia sobre la actuación policial añade un nuevo episodio a una protesta que durante semanas había generado discrepancias entre las administraciones madrileñas sobre cómo gestionar la permanencia de los manifestantes en la plaza.

De una protesta por la vivienda a una acampada dividida

La acampada comenzó el 26 de septiembre de 2026 como respuesta a la crisis de acceso a la vivienda en España. Uno de los principales detonantes fue el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba aproximadamente siete décadas viviendo de alquiler en su domicilio y que falleció pocos días después de abandonar la vivienda.

Su caso impulsó una movilización que pronto fue más allá de una situación individual. Los participantes reclamaban soluciones frente al encarecimiento de los alquileres, los desahucios y las dificultades de amplios sectores de la población para acceder a una vivienda.

Durante las primeras semanas, la Puerta del Sol se convirtió en el centro de una protesta que reunió a miles de participantes y dio lugar a distintas comisiones de organización.

La permanencia de las tiendas también abrió un conflicto político entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y la Delegación del Gobierno. Tanto el Gobierno municipal como el autonómico habían reclamado medidas para recuperar el uso habitual del espacio público.

La Comunidad de Madrid llegó a solicitar judicialmente el desalojo, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las medidas cautelares solicitadas sin resolver entonces el fondo del recurso. La controversia continuó durante las semanas siguientes, con nuevas exigencias de actuación dirigidas a la Delegación del Gobierno.

Entretanto, la protesta comenzó a mostrar signos de desgaste y división interna. Las comisiones organizadoras defendían trasladar la movilización a otros espacios, mientras algunos participantes querían mantener el campamento.

La presencia de personas sin hogar añadió otra dimensión al conflicto. Para una parte de los ocupantes, Sol había dejado de ser únicamente un espacio de reivindicación política para convertirse también en un lugar donde pasar la noche.

La decisión de las comisiones de retirarse no suponía, por tanto, que todas las personas instaladas allí hubieran aceptado abandonar la plaza.

La protesta abandona Sol, pero prepara nuevas movilizaciones

El desalojo del 3 de noviembre marca el final de la Acampada 26S como asentamiento permanente en la Puerta del Sol, pero no necesariamente el final del movimiento que surgió a su alrededor.

La mayoría de las comisiones había anunciado durante el fin de semana su intención de trasladar la actividad a los barrios de Madrid y reorganizar sus esfuerzos bajo la denominación de Movimiento 26S.

Entre sus próximos objetivos figura la preparación de la huelga general convocada para el 11 de noviembre, una cita que los organizadores consideran fundamental para mantener la presión social sobre las instituciones.

La retirada de las tiendas permite recuperar progresivamente el uso habitual de la Puerta del Sol, aunque también plantea interrogantes sobre la situación de las personas sin hogar que permanecían en el campamento y sobre las alternativas disponibles para quienes no cuentan con un alojamiento estable.

Después de más de cinco semanas de protestas, el balance inmediato es claro: 334 personas desalojadas, dos detenidos y una acampada desmantelada. Las reivindicaciones que llevaron a centenares de ciudadanos a instalarse en el centro de Madrid, especialmente las relacionadas con el acceso a la vivienda, siguen formando parte del debate político y social.

La Puerta del Sol recupera su espacio. El problema de la vivienda que originó la movilización continúa sin una solución definitiva.