Vivas acusa a Marruecos de planear la «invasión» de Ceuta en julio

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha acusado este martes a Marruecos de haber «diseñado, preparado y ejecutado» la entrada masiva de personas que desbordó la frontera de la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. Según sus estimaciones, unas 100.000 personas fueron utilizadas para llevar a cabo lo que considera una operación deliberada contra la integridad territorial española. Vivas también ha denunciado la «descarada sumisión» del Gobierno de Pedro Sánchez ante Rabat.

Las acusaciones llegan tres meses después de una crisis fronteriza que continúa teniendo consecuencias para Ceuta y que investiga la Audiencia Nacional. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha documentado que las autoridades marroquíes conocían con antelación la movilización, aunque no está judicialmente acreditado que Marruecos organizara la operación. Tampoco existe una cifra definitiva de entradas aceptada por todas las administraciones: el Gobierno español contabilizó 72.000 personas, mientras que las autoridades ceutíes elevan la estimación a unas 100.000.

Vivas ha comparecido en el Palacio de la Asamblea para hacer balance de una situación que considera lejos de estar resuelta. Su diagnóstico es especialmente duro: Ceuta sigue soportando una presión extraordinaria sobre la seguridad, los servicios públicos y la convivencia, mientras las medidas adoptadas por el Ejecutivo central no han permitido, a su juicio, recuperar la normalidad.

El presidente ceutí ha ido más allá de cuestionar la gestión de la emergencia. Atribuye a Marruecos una estrategia política con objetivos concretos y sostiene que el Gobierno español disponía de advertencias suficientes para actuar antes de que se produjera la entrada masiva.

Vivas acusa a Marruecos de organizar una operación contra Ceuta

El dirigente popular sostiene que los acontecimientos de finales de julio no fueron una crisis migratoria convencional, sino una actuación planificada para desestabilizar Ceuta, una ciudad española y europea. En su interpretación, Marruecos habría aprovechado la movilización de decenas de miles de personas para llevar a la ciudad a una situación crítica.

Vivas atribuye a esa presunta estrategia tres objetivos: desbordar la capacidad de respuesta de las autoridades españolas, desgastar la resistencia de la población ceutí y reactivar las aspiraciones anexionistas de Rabat sobre Ceuta y Melilla.

El presidente de la ciudad considera que la magnitud de los acontecimientos, la concentración de personas en un periodo tan breve y el comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes impiden explicar lo ocurrido como una simple acumulación espontánea de intentos de entrada irregular.

La acusación tiene una dimensión diplomática evidente. Marruecos es un socio estratégico de España en materia de seguridad, inmigración y cooperación económica. Precisamente por esa relación, Vivas considera especialmente grave la actuación que atribuye al país vecino.

También ha cuestionado la posición del Gobierno español. A su entender, Moncloa ha mostrado más empeño en evitar un enfrentamiento diplomático con Rabat que en exigir responsabilidades por lo sucedido en la frontera.

El presidente de Ceuta acusa a Sánchez de ignorar las alertas

El segundo gran destinatario de las críticas es Pedro Sánchez. Vivas sostiene que la crisis pudo evitarse o, al menos, reducir considerablemente su alcance si el Gobierno central hubiese utilizado con antelación los recursos de seguridad disponibles.

Durante los días previos al 30 de julio ya se había registrado un incremento de las entradas irregulares. El Gobierno de Ceuta solicitó medidas extraordinarias, entre ellas el refuerzo de las fuerzas policiales, la intervención del Ejército, la declaración de una situación de emergencia y el establecimiento de un mando único.

Según Vivas, aquellas peticiones no recibieron la respuesta que exigía la gravedad de los acontecimientos. El presidente ceutí también reprocha al Ejecutivo que las decisiones posteriores llegaran demasiado tarde y que, tres meses después, todavía no exista un calendario claro para normalizar completamente la situación.

Las llamadas a Moncloa y las versiones enfrentadas

Una de las controversias más significativas afecta a los contactos previos entre las administraciones.

El pasado 30 de septiembre, Vivas declaró como testigo ante la magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, encargada de investigar la entrada masiva. El dirigente ceutí afirmó que entre el 27 y el 29 de julio intentó contactar en diez ocasiones con la Presidencia del Gobierno y que solo tres de esos intentos obtuvieron respuesta, a través del gabinete de Sánchez.

Moncloa rechazó esa versión. Según la Presidencia del Gobierno, únicamente consta una solicitud para hablar con Sánchez, realizada el 30 de julio, y la conversación se produjo ese mismo día.

La discrepancia afecta a una cuestión central: qué información tenía cada administración antes de la crisis, cuándo la recibió y qué decisiones adoptó.

El Gobierno central ha defendido que las advertencias disponibles no permitían anticipar una entrada de semejante magnitud. Vivas, por el contrario, considera que los indicios existentes justificaban una respuesta preventiva mucho más contundente.

Qué ha descubierto el CNI sobre la actuación de Marruecos

Los informes de inteligencia incorporados a la investigación han aportado elementos relevantes sobre el comportamiento de las autoridades marroquíes.

Un documento del Centro Nacional de Inteligencia, remitido a la Audiencia Nacional y conocido en octubre, concluye que Marruecos estaba informado de las convocatorias que circulaban por redes sociales y aplicaciones de mensajería para promover una entrada masiva en Ceuta.

El CNI señala que los servicios de seguridad marroquíes conocían la dimensión potencial del movimiento y los días en que podía producirse. De hecho, la inteligencia española remitió el 29 de julio un aviso urgente a dos organismos de inteligencia de Marruecos, la DGED y la DGST.

Aquella comunicación incluía información sobre las convocatorias difundidas en Facebook y WhatsApp, así como la previsión de que la movilización comenzara a las ocho de la tarde del 30 de julio.

El informe también recoge que las autoridades marroquíes no desplegaron una respuesta preventiva eficaz ante la acumulación de personas que pretendían acceder a territorio español. Entre las circunstancias señaladas figura la prioridad otorgada a la seguridad de las celebraciones de la Fiesta del Trono.

Conocer una movilización y no impedirla es un hecho distinto de haber ordenado y organizado su ejecución. Esa diferencia resulta esencial para determinar las responsabilidades.

La investigación policial ha avanzado en paralelo. A finales de octubre trascendió que los investigadores habían señalado en vídeos y fotografías a 24 personas consideradas posibles dinamizadoras de la entrada masiva desde territorio marroquí. Las imágenes examinadas muestran comportamientos que los agentes consideran compatibles con labores de orientación de los grupos que se dirigían hacia la frontera, así como actuaciones pasivas de efectivos uniformados.

Estos indicios refuerzan la necesidad de esclarecer lo ocurrido, pero todavía no equivalen a una resolución judicial sobre la existencia de un plan ordenado por Rabat. La causa continúa abierta.

¿Entraron 72.000, 80.000 o 100.000 personas en Ceuta?

La diferencia entre las cifras oficiales y las estimaciones del Gobierno ceutí es otro de los puntos que sigue generando controversia.

El Ministerio del Interior fijó inicialmente en 72.000 personas la magnitud de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Posteriormente también se difundieron estimaciones policiales que situaban el volumen entre 75.000 y 85.000 personas.

Vivas y su Ejecutivo mantienen una estimación próxima a 100.000 entradas, basada en sus propios cálculos sobre el alcance de la movilización.

No se trata de cifras equivalentes ni puede darse por demostrado el número más elevado únicamente porque aparezca en una declaración política. La magnitud de la entrada, la falta de identificación individual de todas las personas y los regresos producidos durante las primeras horas dificultan establecer un balance definitivo.

El Gobierno de España sostiene que más del 90 % de quienes cruzaron inicialmente regresaron a Marruecos durante los primeros días. En su comparecencia parlamentaria de septiembre, Sánchez situó en unos 63.000 los retornos registrados durante las primeras 72 horas.

El principal desacuerdo se mantiene respecto a las personas que todavía permanecen en territorio ceutí.

Las autoridades de Ceuta han llegado a estimar en unas 15.000 personas las que seguían en la ciudad a finales de octubre, mientras que los balances estatales han ofrecido cifras inferiores. Los distintos recuentos no utilizan necesariamente los mismos métodos ni identifican a toda la población que permanece fuera de los recursos de acogida.

Tres meses después, Ceuta sigue sin recuperar la normalidad

Más allá del enfrentamiento diplomático, Vivas ha situado las consecuencias de la crisis en el centro de su comparecencia.

El presidente autonómico asegura que el incremento de población ha alterado profundamente la actividad de una ciudad que contaba con unos 83.000 habitantes antes de los acontecimientos de julio.

Entre los indicadores que ha utilizado para describir el deterioro de la situación figura un aumento del 60 % de la delincuencia, así como incrementos importantes de las llamadas al servicio de emergencias 112 y de las incidencias registradas en el entorno portuario.

Son datos expuestos por el Ejecutivo ceutí, cuyos periodos de comparación y categorías deben tenerse en cuenta antes de interpretarlos como un balance general de criminalidad. Tampoco permiten atribuir automáticamente cada delito o incidente a las personas que llegaron durante la crisis.

Vivas insiste, no obstante, en que la presión sobre los servicios públicos, los dispositivos de acogida y las fuerzas de seguridad continúa siendo excepcional. También reclama respuestas para los menores extranjeros que permanecen en la ciudad, cuya situación exige procedimientos específicos de protección y garantías legales.

El Gobierno central defiende una valoración diferente de su actuación. El 25 de agosto aprobó la declaración de situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, con un mecanismo de coordinación dirigido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La medida, prevista inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2026, permite coordinar recursos estatales y autonómicos para afrontar la emergencia. No equivale a una declaración del estado de alarma.

El Ejecutivo aprobó también un paquete extraordinario de 309 millones de euros destinado a reforzar la seguridad, los servicios públicos, la atención humanitaria y la recuperación económica de la ciudad.

La existencia de estos recursos no ha resuelto el desacuerdo político. Para Vivas, la cuestión fundamental no es únicamente cuánto dinero se ha movilizado, sino cuándo volverá Ceuta a funcionar con normalidad y qué garantías existirán para impedir una nueva crisis fronteriza.

La investigación judicial y el futuro de la frontera de Ceuta

El presidente ceutí reclama una respuesta más firme de España y de la Unión Europea frente a Marruecos. Considera necesario revisar la dependencia del control fronterizo marroquí y ha pedido a las instituciones europeas instrumentos jurídicos que permitan reaccionar con mayor rapidez ante episodios de presión migratoria extraordinaria.

La crisis ha reabierto también el debate sobre la seguridad del espigón del Tarajal, los medios disponibles para las fuerzas policiales y la capacidad de coordinación entre Madrid, Ceuta y las autoridades comunitarias.

Pero hay una cuestión de fondo que todavía no está resuelta: determinar hasta qué punto Marruecos conoció, permitió, facilitó o planificó los acontecimientos del 30 y 31 de julio. Son responsabilidades diferentes, con consecuencias políticas y diplomáticas también distintas.

La investigación de la Audiencia Nacional deberá examinar los informes de inteligencia, las actuaciones policiales, los testimonios y las comunicaciones entre administraciones. Sus conclusiones serán determinantes para establecer qué responsabilidades pueden acreditarse.

Mientras tanto, Ceuta sigue afrontando las consecuencias de una crisis que ha puesto a prueba su capacidad de respuesta institucional.

La soberanía española de Ceuta no está en discusión jurídica por estos acontecimientos. Lo que continúa sometido a investigación es cómo pudo producirse una entrada de semejante magnitud, quién contribuyó a facilitarla y si las autoridades competentes utilizaron todos los medios razonablemente disponibles para prevenirla.

Tres meses después, las acusaciones de Vivas elevan la tensión política con Rabat y con Moncloa. La normalidad, sin embargo, sigue siendo una tarea pendiente para la ciudad.