Polonia: 28 jueces boicotean una asamblea del Supremo en plena crisis

La crisis judicial en Polonia ha alcanzado este martes, 3 de noviembre de 2026, un nuevo punto de tensión. Un grupo de 28 magistrados del Tribunal Supremo ha boicoteado una asamblea extraordinaria convocada para abordar el conflicto institucional del país. La reunión no consiguió el cuórum necesario para aprobar una resolución. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional ha celebrado su propia asamblea, con ocho jueces y bajo una dirección cuya legitimidad cuestiona el sector contrario.

El enfrentamiento enfrenta al Gobierno liberal y proeuropeo del primer ministro Donald Tusk con el presidente conservador Karol Nawrocki, próximo al partido opositor Ley y Justicia (PiS). Ambos defienden interpretaciones incompatibles sobre quién puede dirigir el Constitucional, qué magistrados están legalmente habilitados para ejercer y cómo debe restablecerse la independencia judicial.

La situación se ha complicado desde el pasado viernes, cuando una magistrada del Constitucional ordenó suspender temporalmente a su presidente y vicepresidente. La intervención policial, las protestas ante el tribunal y la entrada de Nawrocki en el edificio, durante la que se produjeron forcejeos, han convertido una disputa jurídica de años en una confrontación institucional abierta.

No se trata únicamente de una pelea por determinados nombramientos. Dos de las principales instituciones judiciales polacas están profundamente divididas, y sus magistrados discrepan incluso sobre las reglas que deben aplicar para adoptar decisiones válidas.

El boicot de 28 jueces deja al Tribunal Supremo sin acuerdo

El primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, había convocado una asamblea general extraordinaria para examinar las amenazas al orden constitucional derivadas de los acontecimientos registrados en el Tribunal Constitucional.

Su intención era que el Supremo fijara una posición institucional sobre la crisis. Sin embargo, 28 de sus 125 magistrados anunciaron que no participarían en la reunión al considerar que su convocatoria carecía de legitimidad.

Entre los firmantes figuraban 15 jueces de la Sala Penal y otros 13 pertenecientes a distintas salas del alto tribunal. Los magistrados cuestionaron tanto la legitimidad del nombramiento de Kapiński como la participación de jueces designados mediante un sistema de selección que consideran contrario a las garantías constitucionales.

La protesta no fue meramente simbólica. Solo acudieron 55 magistrados, una cifra insuficiente para alcanzar el cuórum exigido y aprobar una resolución de la Asamblea General.

Los asistentes respaldaron una posición previamente adoptada por el órgano de gobierno interno del Supremo, pero ese apoyo no sustituyó el acuerdo formal que se pretendía conseguir.

Los jueces que promovieron el boicot también criticaron la participación de Kapiński en los acontecimientos del fin de semana. El presidente del Supremo había acudido a la sede del Constitucional durante la madrugada del sábado acompañado por el presidente de la República.

Para los magistrados disidentes, las relaciones entre la dirección judicial y el poder político deben mantenerse dentro de los límites establecidos por la legislación.

El resultado evidencia una fractura que va más allá de las simpatías partidistas: una parte del Tribunal Supremo no reconoce la legitimidad de determinadas actuaciones de su propia dirección.

El Constitucional toma decisiones pese a la división entre sus jueces

La situación resulta todavía más delicada en el Tribunal Constitucional, encargado de determinar si las leyes y otras disposiciones respetan la Constitución polaca.

La magistrada Anna Korwin-Piotrowska asumió el pasado viernes la dirección provisional del organismo tras ordenar la suspensión durante un mes de su presidente, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente, Bartłomiej Sochański.

La medida se fundamentó en una interpretación de las normas judiciales que permite apartar temporalmente de sus funciones a determinados magistrados. Sin embargo, su aplicación a la dirección del Constitucional ha provocado importantes objeciones jurídicas.

Święczkowski y otros seis jueces rechazan la legitimidad de esa suspensión y consideran que Korwin-Piotrowska carece de autoridad para dirigir el tribunal.

Pese a esa oposición, ocho magistrados participaron este martes en la Asamblea General del Constitucional, convocada por Korwin-Piotrowska.

Durante la sesión aprobaron el proyecto presupuestario de la institución para 2027 y realizaron el sorteo de los magistrados que deberán intervenir en los procedimientos disciplinarios relacionados con Święczkowski y Sochański.

Las decisiones permiten avanzar en la reorganización interna del tribunal, pero su validez continúa siendo objeto de controversia.

La disputa por el cuórum: ocho jueces frente a quince plazas

El Constitucional polaco cuenta con 15 puestos de magistrado y sus normas establecen, con carácter general, que la Asamblea General necesita la presencia de dos tercios de sus miembros para adoptar acuerdos.

Aplicado a sus 15 plazas, ese requisito supondría un mínimo de diez jueces.

Sin embargo, los ocho magistrados reunidos este martes consideraron que tres de sus compañeros no estaban habilitados para participar: los dos suspendidos y otro cuyo nombramiento consideran irregular.

Según esa interpretación, únicamente debían computarse doce jueces, por lo que ocho asistentes bastaban para alcanzar los dos tercios exigidos.

El sector contrario rechaza ese cálculo. También han expresado dudas sobre su legalidad distintos expertos jurídicos polacos.

La diferencia tiene consecuencias importantes. Si se considera válida la interpretación de los ocho magistrados, los acuerdos adoptados pueden producir efectos jurídicos. Si prevalece la tesis contraria, esas decisiones podrían ser impugnadas por falta de cuórum.

La discusión sobre quién puede votar se ha convertido, así, en una discusión sobre quién tiene autoridad para decidir las reglas.

Donald Tusk y Karol Nawrocki elevan el enfrentamiento político

El conflicto judicial ha intensificado las diferencias entre el primer ministro Donald Tusk y el presidente Karol Nawrocki, representantes de dos proyectos políticos enfrentados.

Tusk sostiene que su Ejecutivo intenta recuperar la independencia de unas instituciones deterioradas durante los ocho años de gobierno de Ley y Justicia, entre 2015 y 2023.

El primer ministro defiende el derecho de los magistrados elegidos legalmente por el Parlamento a desempeñar sus funciones y acusa al presidente de intervenir indebidamente en el funcionamiento del Constitucional.

Nawrocki mantiene la posición opuesta. Considera que las actuaciones promovidas por el sector próximo al Gobierno constituyen una toma ilegal del control del tribunal y responsabiliza directamente a Tusk de la crisis.

El presidente también cuestiona la suspensión de Święczkowski y Sochański, así como el despliegue policial que ha impedido su entrada en determinadas ocasiones a la sede judicial.

Las acusaciones de golpe de Estado formuladas desde sectores de la oposición forman parte de este enfrentamiento político. No constituyen, por sí mismas, una constatación jurídica de que se haya producido uno.

La tensión llegó este martes al Consejo de Seguridad Nacional, donde ambos dirigentes coincidieron en una reunión inicialmente destinada a tratar asuntos como la presencia militar permanente de Estados Unidos en territorio polaco.

Nawrocki anunció que no abordaría determinadas cuestiones de seguridad por falta de confianza en algunos participantes.

Por su parte, Tusk vinculó la inestabilidad política con los intentos de Rusia de favorecer la división interna de Polonia y denunció la presencia de posiciones prorrusas en el debate político. Se trata de acusaciones del primer ministro, no de hechos demostrados respecto a los magistrados implicados.

El origen de la crisis judicial de Polonia se remonta a 2015

Para entender el conflicto actual hay que retroceder más de una década.

En 2015, la mayoría parlamentaria saliente, encabezada por Plataforma Cívica, eligió a cinco magistrados del Constitucional. Posteriormente se determinó que había anticipado indebidamente la designación de dos de ellos.

Cuando Ley y Justicia llegó al poder, impulsó nuevos nombramientos que también afectaron a plazas ya cubiertas legítimamente.

Aquellas decisiones abrieron una disputa sobre la composición del tribunal que nunca quedó completamente resuelta.

Durante los siguientes años, el Gobierno de PiS promovió reformas del sistema judicial que recibieron duras críticas de instituciones europeas por comprometer la independencia de los jueces.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en 2021 que la participación de un magistrado irregularmente designado había vulnerado el derecho a un tribunal establecido por la ley.

En diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también concluyó que el Constitucional polaco no cumplía las exigencias de independencia e imparcialidad debido a irregularidades en determinados nombramientos efectuados en 2015 y 2016.

El regreso de Tusk al Gobierno en 2023 abrió una nueva etapa. Su coalición prometió corregir esas irregularidades y recuperar la confianza en las instituciones judiciales.

El problema es que esa reconstrucción se ha encontrado con una Presidencia políticamente enfrentada al Ejecutivo.

En 2026, el Parlamento eligió ocho nuevos magistrados del Constitucional, pero Nawrocki únicamente recibió el juramento de tres. Los otros cinco, incluida Korwin-Piotrowska, recurrieron a una fórmula alternativa ante el Parlamento, cuya validez rechaza el presidente.

La negativa presidencial ha generado otro conflicto sobre el ejercicio efectivo de los cargos judiciales.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos había ordenado en mayo medidas provisionales para impedir que se obstaculizara el trabajo de cuatro magistrados elegidos por la Cámara baja.

La situación actual reúne, por tanto, dos problemas diferentes: las irregularidades heredadas de las reformas anteriores y la controversia sobre la legalidad de los procedimientos empleados para corregirlas.

El riesgo de restaurar la independencia judicial vulnerando sus garantías

La crisis polaca plantea una cuestión que va más allá de la rivalidad entre Tusk y Nawrocki: la defensa del Estado de derecho exige que también sus defensores respeten los procedimientos legales.

La Comisión Internacional de Juristas ha advertido este 3 de noviembre de que la negativa presidencial a permitir el ejercicio de los magistrados elegidos por el Parlamento vulnera los estándares internacionales de independencia judicial.

Pero el organismo también ha cuestionado la suspensión de la cúpula del Constitucional mediante un procedimiento cuya adecuación a las garantías legales está en discusión, especialmente por la intervención policial.

Su posición refleja la complejidad del conflicto. La existencia de nombramientos irregulares en el pasado no convierte automáticamente en legítima cualquier medida adoptada para corregirlos.

Tampoco puede utilizarse la defensa de la legalidad como argumento para impedir indefinidamente que los magistrados elegidos conforme al procedimiento parlamentario ejerzan sus responsabilidades.

Las consecuencias no afectan únicamente al Gobierno y a la oposición. El Constitucional debe pronunciarse sobre leyes y conflictos competenciales que inciden directamente en la vida de los ciudadanos. La incertidumbre sobre su composición y la validez de sus decisiones debilita la seguridad jurídica.

Polonia se encuentra así ante una situación particularmente difícil: el Supremo no consigue expresar una posición común y el Constitucional adopta decisiones que una parte de sus propios miembros considera ilegítimas.

La sesión de este martes no ha resuelto el enfrentamiento. Ha permitido avanzar en algunos asuntos internos, pero también ha dejado abiertas nuevas controversias sobre las atribuciones de quienes participaron.

A medida que se aproxima el siguiente ciclo electoral, la confrontación entre el Gobierno y la Presidencia amenaza con prolongarse.

La independencia judicial no consiste en sustituir la influencia de un partido por la de otro, aunque cambien las mayorías y los argumentos políticos. Consiste en garantizar que las instituciones puedan actuar conforme a la ley, con jueces independientes y reglas reconocidas.

Ese es precisamente el problema que Polonia continúa sin resolver.