El Sáhara Occidental se queda sin misión de paz de la ONU tras 35 años

La ONU ha comenzado a desmantelar su misión de paz en el Sáhara Occidental después de 35 años de presencia en el territorio. La Minurso, desplegada en 1991 para organizar un referéndum de autodeterminación y supervisar el alto el fuego, ha dejado de operar tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad. Su retirada abre una etapa de incertidumbre en un conflicto que permanece sin resolver desde la salida de España en 1975.

El futuro inmediato pasa por la retirada de unos 340 efectivos, el cierre de las instalaciones internacionales y la continuidad de las negociaciones políticas sin una misión de observación sobre el terreno. Naciones Unidas mantendrá su mediación y la Asamblea General debatirá el bloqueo el próximo 10 de noviembre de 2026, aunque esa reunión no podrá reactivar por sí sola la operación. El principal temor es que la ausencia de observadores internacionales facilite una escalada militar entre Marruecos y el Frente Polisario.

El desmantelamiento comenzó el 1 de noviembre, después de que expirase el mandato de la misión la noche anterior. António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, ha pedido moderación a las partes y ha advertido del peligro de que aumenten las hostilidades.

La desaparición de la Minurso tampoco significa que el conflicto haya terminado ni que se haya resuelto la soberanía del territorio. El Sáhara Occidental continúa figurando en la lista de territorios pendientes de descolonización de la ONU, mientras Marruecos defiende su integración mediante un régimen de autonomía y el independentismo saharaui reclama ejercer su derecho a la autodeterminación.

Estados Unidos y Rusia bloquean la continuidad de la Minurso

El desenlace se produjo el 30 de octubre, durante una sesión del Consejo de Seguridad en la que las dos principales propuestas para prolongar la misión acabaron rechazadas.

Estados Unidos presentó una resolución que pretendía renovar la operación hasta octubre de 2027, pero introduciendo cambios importantes. La Minurso pasaría a denominarse Misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, eliminando del nombre la referencia al referéndum, y la autonomía bajo soberanía marroquí adquiriría un papel central en las negociaciones.

La iniciativa consiguió 11 votos favorables, tres abstenciones y un voto contrario. Ese último fue el de Rusia, que utilizó su derecho de veto para impedir la aprobación.

Moscú respondió con una propuesta alternativa para prorrogar la Minurso durante otro año sin modificar sus funciones. Estados Unidos votó en contra, pero el proyecto tampoco alcanzó los nueve apoyos necesarios: obtuvo únicamente tres votos favorables y once abstenciones.

El resultado fue un bloqueo diplomático que dejó sin mandato a una de las misiones de paz más antiguas de Naciones Unidas.

Las diferencias reflejan dos enfoques políticos. Washington considera que la autonomía propuesta por Rabat ofrece una vía para desbloquear un conflicto enquistado durante medio siglo. Rusia sostiene que cualquier solución debe mantener abierto el principio de autodeterminación y evitar que el resultado de las negociaciones quede decidido de antemano.

La ONU retira 340 efectivos y cierra 13 instalaciones

El fin del mandato tiene consecuencias inmediatas sobre el terreno. Naciones Unidas ha anunciado un proceso de liquidación que incluye la repatriación de aproximadamente 160 observadores militares y la retirada de unos 180 trabajadores civiles y personal asociado.

También contempla el cierre y traspaso de 13 instalaciones, la retirada de los sistemas de comunicaciones y apoyo logístico, la gestión de los archivos y el traslado o disposición del material de Naciones Unidas.

La organización no ha establecido una fecha definitiva para completar el desmantelamiento. Un equipo reducido permanecerá temporalmente para supervisar las operaciones y garantizar una retirada ordenada.

La importancia de la Minurso iba más allá del referéndum que nunca llegó a celebrarse. Durante décadas desempeñó labores de observación militar, documentación de incidentes y apoyo al desminado, actividades especialmente relevantes en un territorio dividido por una extensa barrera defensiva.

Sin esos observadores, la capacidad de Naciones Unidas para verificar directamente determinados acontecimientos militares se verá reducida.

El problema resulta especialmente delicado desde noviembre de 2020, cuando el Frente Polisario dio por terminado su compromiso con el alto el fuego de 1991 y se reanudaron las hostilidades de baja intensidad.

Marruecos ha manifestado su compromiso con el alto el fuego, mientras el Polisario ha advertido de las consecuencias que podrían tener nuevas operaciones marroquíes. La retirada de la misión no implica automáticamente una guerra abierta, pero elimina un mecanismo internacional de vigilancia en un escenario donde las partes mantienen posiciones enfrentadas.

La Asamblea General abordará el conflicto el 10 de noviembre

La siguiente fecha importante será el martes 10 de noviembre de 2026. La Asamblea General de Naciones Unidas celebrará una sesión para examinar los vetos ejercidos en el Consejo de Seguridad y permitir que los Estados miembros expongan sus posiciones.

La reunión se convoca mediante el procedimiento establecido por la resolución 76/262, que permite debatir en la Asamblea General los vetos de los miembros permanentes del Consejo.

Su alcance, sin embargo, es limitado. La Asamblea puede formular recomendaciones y aumentar la presión diplomática, pero no puede sustituir al Consejo de Seguridad para renovar el mandato de la Minurso.

Tampoco significa que el Sáhara Occidental desaparezca de la agenda del Consejo. El órgano puede volver a examinar el conflicto y negociar otra resolución si las circunstancias políticas lo permiten.

Naciones Unidas continuará participando en la búsqueda de una solución mediante Staffan de Mistura, enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental.

Guterres ha insistido en que el final de la operación de paz no elimina el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro. Es una distinción fundamental: desaparece una misión internacional, no las obligaciones derivadas del proceso de descolonización.

Marruecos y el Frente Polisario mantienen posiciones enfrentadas

El futuro político del territorio depende de una negociación que continúa marcada por profundas diferencias.

Marruecos defiende el plan de autonomía presentado en 2007, que contempla instituciones de autogobierno para el Sáhara Occidental, pero dentro de la soberanía marroquí. Rabat considera esta fórmula una solución viable y cuenta con el respaldo diplomático de Estados Unidos y otros países.

El Frente Polisario, apoyado por Argelia, rechaza que la autonomía sea la única salida posible. Su posición exige garantizar expresamente la autodeterminación del pueblo saharaui, incluida la opción de constituir un Estado independiente.

La resolución de 2025 no reconoció la soberanía marroquí

El Consejo de Seguridad aprobó en octubre de 2025 la resolución 2797, que introdujo un cambio relevante al situar la propuesta de autonomía marroquí como base para las negociaciones.

El documento consideraba que una autonomía genuina podía constituir una de las soluciones más viables y animaba a las partes a buscar un acuerdo político mutuamente aceptable.

Sin embargo, aquella resolución no reconoció jurídicamente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental ni suprimió el principio de autodeterminación.

La diferencia importa. Apoyar una propuesta de autonomía como punto de partida para negociar no equivale a reconocer que el territorio pertenece legalmente a Marruecos.

La propuesta estadounidense bloqueada el 30 de octubre pretendía reforzar todavía más el protagonismo del plan marroquí. Su rechazo deja vigente la resolución de 2025, pero sin una misión internacional que supervise el terreno.

Rabat ha presentado el fracaso de la renovación como una oportunidad política, mientras el Polisario y Argelia temen que favorezca una solución que no contemple sus reivindicaciones.

España y un proceso de descolonización pendiente desde 1975

El origen del conflicto está estrechamente ligado a España.

El Sáhara Occidental fue una colonia española hasta 1975. Aquel año, en el contexto de la Marcha Verde impulsada por el rey Hasán II de Marruecos, España firmó los Acuerdos de Madrid y comenzó su retirada del territorio.

La salida española culminó en febrero de 1976, sin que se hubiese celebrado una consulta de autodeterminación. Ese mismo año, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

El territorio quedó dividido entre una zona mayoritariamente controlada por Marruecos y otras áreas al este de una barrera militar de aproximadamente 2.700 kilómetros. Decenas de miles de saharauis se establecieron en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, donde varias generaciones han vivido pendientes de una solución política.

La misión de Naciones Unidas llegó en 1991, después de un acuerdo de alto el fuego que contemplaba la celebración de un referéndum para elegir entre la independencia y la integración en Marruecos.

La consulta nunca se celebró. Los desacuerdos sobre quién debía participar en la votación y la evolución de las posiciones políticas terminaron paralizando el proceso.

España modificó su posición diplomática en 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, creíble y realista para resolver el conflicto.

Esa posición, mantenida por el Ejecutivo, convive con los vínculos históricos de España con la población saharaui y con el hecho de que la ONU sigue considerando pendiente la descolonización del territorio.

Un conflicto sin observadores y con la negociación por resolver

La retirada de la Minurso deja un escenario nuevo, pero no necesariamente una solución más próxima.

Durante 35 años, Naciones Unidas mantuvo una presencia sobre el terreno que permitió observar la evolución militar, contribuir a reducir tensiones y conservar un canal internacional de seguimiento. No consiguió organizar el referéndum previsto, pero desempeñó otras funciones de estabilidad.

Su desaparición obliga a afrontar dos problemas diferentes: cómo evitar una escalada militar y cómo avanzar hacia un acuerdo político que Marruecos y el Frente Polisario puedan aceptar.

La reunión del 10 de noviembre permitirá comprobar las posiciones diplomáticas de los Estados, pero no resolverá automáticamente ninguna de esas cuestiones. Una nueva misión o una fórmula internacional de supervisión necesitaría decisiones adicionales.

Mientras tanto, el futuro del Sáhara Occidental continúa pendiente de una negociación entre posiciones difíciles de conciliar. La ONU ha comenzado a retirar a sus observadores después de 35 años. El conflicto que justificó su llegada, sin embargo, sigue abierto.