Keiko Fujimori cumple 100 días en Perú: Trump, Bukele y menos apoyo

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, cumple este jueves 5 de noviembre sus primeros 100 días en el poder con una apuesta por la mano dura contra el crimen organizado, un acercamiento político a Donald Trump y una estrategia penitenciaria inspirada en el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Sin embargo, la violencia no muestra una reducción sostenida y su popularidad ha sufrido un importante retroceso.

La mandataria, que asumió la presidencia el 28 de julio de 2026 bajo el lema «Vuelve el orden», ha visto caer su aprobación del 57 % al 40 % entre agosto y octubre, según Ipsos. Durante el mismo periodo, el rechazo a su gestión ha pasado del 25 % al 49 %. Son 17 puntos menos de respaldo y 24 más de desaprobación en apenas tres meses.

El contraste entre las promesas electorales y los resultados constituye el principal problema del nuevo Gobierno peruano. Fujimori ha reforzado la presencia militar, impulsado reformas legales y buscado aliados internacionales para combatir la delincuencia. Pero las estadísticas oficiales de defunciones todavía no reflejan un descenso continuado de los homicidios.

El balance de estos cien días también deja una transformación de la política exterior peruana, tensiones con el Poder Judicial y un debate sobre los límites de la actuación de las fuerzas de seguridad. La presidenta dispone de nuevas herramientas legislativas para acelerar sus reformas. Lo que todavía necesita son resultados concretos.

La popularidad de Keiko Fujimori cae 17 puntos en tres meses

La pérdida de apoyo ciudadano es uno de los datos más significativos del comienzo de la presidencia de Fujimori. La encuesta de Ipsos para Perú21, realizada los días 7 y 8 de octubre entre 1.212 personas, sitúa su aprobación en el 40 %, frente al 57 % registrado en agosto.

El deterioro también se aprecia entre quienes rechazan su gestión. La desaprobación ha crecido hasta el 49 %, prácticamente el doble del 25 % inicial. El estudio tiene un margen de error de 2,8 puntos porcentuales, insuficiente para explicar una variación de semejante magnitud.

La inseguridad ciudadana es uno de los problemas que más preocupan a los peruanos y fue uno de los ejes centrales de la campaña de la dirigente de Fuerza Popular. Fujimori prometió recuperar el control de las calles y combatir a las organizaciones criminales que operan mediante extorsiones, amenazas y asesinatos.

Sin embargo, los primeros meses han estado condicionados por las negociaciones parlamentarias y la preparación de nuevas medidas. La presidenta ha realizado más de veinte desplazamientos a distintas regiones del país, pero la cercanía institucional con los ciudadanos no sustituye los resultados de la política de seguridad.

El Gobierno apuesta por los militares para combatir el crimen organizado

La estrategia de Fujimori contempla ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las organizaciones criminales, tradicionalmente una responsabilidad central de la Policía Nacional.

Entre las medidas previstas figura la posibilidad de declarar a determinadas bandas como «grupos hostiles», una clasificación que permitiría facilitar la intervención militar contra ellas sin necesidad de recurrir previamente a un estado de excepción.

El Ejecutivo también estudia flexibilizar las normas sobre el uso de la fuerza para ampliar las posibilidades de actuación de policías y militares frente a presuntos delincuentes.

Estas propuestas plantean una cuestión especialmente delicada: cómo reforzar la capacidad del Estado para combatir organizaciones violentas sin debilitar las garantías legales ni los controles sobre las fuerzas de seguridad.

La consideración de una organización criminal como grupo hostil no equivale automáticamente a que todos sus integrantes puedan ser tratados como combatientes. La aplicación de nuevas normas deberá respetar los límites constitucionales y las obligaciones internacionales del país.

El Gobierno defiende su estrategia como una respuesta a la magnitud del problema. El 2 de noviembre, Fujimori respaldó públicamente los operativos del Comando Unificado Pataz, integrado por militares y policías, durante una visita a la región de La Libertad.

El Congreso concede 90 días para legislar sobre seguridad

Una de las principales dificultades de estos primeros cien días ha sido conseguir autorización parlamentaria para aprobar reformas mediante decretos legislativos.

El Gobierno solicitó inicialmente facultades durante 120 días sobre 66 materias, pero el Congreso redujo considerablemente el alcance de la propuesta.

Finalmente, la Ley 32743, promulgada el 22 de octubre, concedió al Ejecutivo 90 días de facultades legislativas sobre 27 materias: doce relacionadas con la seguridad ciudadana y quince vinculadas a la prevención y respuesta frente al fenómeno climático de El Niño.

La autorización permite aprobar normas con rango de ley en los ámbitos establecidos, sin tramitar individualmente cada disposición mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Es una herramienta importante, aunque más limitada de lo que pretendía inicialmente la presidenta. También evidencia las dificultades de gobernar sin una mayoría parlamentaria propia y la necesidad de negociar con otras fuerzas políticas.

Bukele y las cárceles: el modelo que Fujimori quiere adaptar a Perú

El acercamiento a Nayib Bukele representa uno de los movimientos políticos más visibles del nuevo Gobierno peruano.

Fujimori viajó a El Salvador a finales de octubre para conocer personalmente las políticas penitenciarias del presidente salvadoreño. Durante su estancia visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad convertida en símbolo internacional de la estrategia de Bukele contra las pandillas.

La presidenta peruana elogió las instalaciones y mostró especial interés por los mecanismos utilizados para impedir que los internos mantengan comunicaciones con organizaciones criminales en el exterior.

En Perú, su Gobierno ha comenzado a reforzar militarmente los accesos a algunos centros penitenciarios y a organizar registros de seguridad. Las imágenes de internos con la cabeza rapada, vestidos con uniformes blancos y sometidos a estrictos controles recuerdan a las difundidas por las autoridades salvadoreñas.

La intención es impedir que las cárceles sigan funcionando como centros de operaciones desde los que se ordenan extorsiones y otros delitos.

No obstante, Bukele advirtió a Fujimori de que trasladar sin modificaciones el sistema salvadoreño a otro país no garantiza resultados equivalentes. Los dos Estados presentan diferencias institucionales, jurídicas y criminales que obligan a adaptar cualquier estrategia.

El denominado modelo Bukele también genera controversia por las denuncias de violaciones de derechos humanos y las restricciones de garantías durante la ofensiva salvadoreña contra las pandillas.

Para Fujimori, el desafío consiste en demostrar que una política penitenciaria más estricta puede reducir la delincuencia sin reproducir los aspectos más cuestionados de esa experiencia.

Trump se convierte en un aliado prioritario de Perú

La política exterior constituye otro de los grandes cambios de estos primeros cien días.

Fujimori ha reforzado la relación con Estados Unidos y ha situado la cooperación contra el crimen organizado transnacional entre sus prioridades diplomáticas.

El 10 de septiembre anunció la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, que reúne a una quincena de gobiernos latinoamericanos para reforzar la colaboración frente a las redes criminales internacionales.

El acuerdo se concretó durante la visita a Lima del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La presidenta peruana defendió que esta cooperación permitirá compartir información con mayor rapidez y mejorar la respuesta frente a organizaciones que actúan en varios países.

El acercamiento a Washington no ha impedido, sin embargo, que su Ejecutivo trate de recomponer las relaciones diplomáticas con México, Colombia y Venezuela, deterioradas durante la crisis política peruana posterior a la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

La combinación muestra una política exterior que busca estrechar la alianza con Estados Unidos sin renunciar a recuperar interlocutores regionales con gobiernos de diferente orientación ideológica.

El legado de Alberto Fujimori vuelve al debate político

Los primeros meses de Keiko Fujimori también han reabierto una discusión histórica sobre el papel de las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno que sufrió Perú entre 1980 y 2000.

La presidenta ha reivindicado y condecorado a militares y policías que participaron en la lucha contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Al mismo tiempo, ha cuestionado las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales durante ese periodo.

Estas posiciones han provocado tensiones con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, que ha defendido la independencia y la actuación de los tribunales.

La controversia tiene una dimensión personal y política. Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y 2000 y fue condenado a 25 años de prisión por graves violaciones de derechos humanos.

La lucha contra las organizaciones terroristas y la responsabilidad penal de agentes estatales son cuestiones jurídicamente distintas. La persecución de los responsables de atentados no elimina la obligación de investigar los delitos cometidos desde las instituciones públicas.

La posición de la presidenta sobre este pasado será uno de los asuntos que marcarán su relación con el sistema judicial y con las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La seguridad decidirá el futuro político de Fujimori

El Ejecutivo también ha intentado transmitir estabilidad económica. Entre sus decisiones figura la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú, una medida interpretada como una señal de confianza para los mercados y los inversores.

En paralelo, el Gobierno afronta la prevención de los efectos del fenómeno de El Niño, la recuperación de proyectos públicos paralizados y la necesidad de mejorar los servicios del Estado.

Pero el éxito de la presidencia de Fujimori dependerá en buena medida de su capacidad para responder al problema que dominó su campaña electoral: la delincuencia.

Los primeros cien días dejan una orientación política definida, con mayor protagonismo militar, reformas penitenciarias y cooperación internacional con Estados Unidos y El Salvador. También dejan una caída considerable del respaldo ciudadano y una reducción de los homicidios que todavía no se ha consolidado.

Las facultades legislativas recién obtenidas permitirán al Ejecutivo acelerar algunas de sus principales propuestas. A partir de este momento, la presidenta tendrá menos margen para atribuir los retrasos exclusivamente a las dificultades parlamentarias.

Fujimori llegó al poder prometiendo orden. Tras cien días, su principal reto no consiste en endurecer todavía más el discurso, sino en conseguir que esa promesa se traduzca en menos violencia y mayor seguridad para los peruanos.