Palma desaloja la acampada por la vivienda en Plaza España sin aval

El Ayuntamiento de Palma ha desmantelado la acampada de protesta por el derecho a la vivienda instalada en la plaza de España desde el pasado 28 de septiembre. La intervención, iniciada la noche del miércoles 4 de noviembre y completada durante la madrugada del jueves 5, ha supuesto la retirada de las tiendas de campaña y otros materiales utilizados por los manifestantes, sin contar con la autorización de la Delegación del Gobierno en Baleares.

El operativo, ejecutado por la Policía Local y los servicios municipales, pone fin a más de cinco semanas de ocupación continuada de uno de los espacios más céntricos de Palma. La decisión del alcalde, Jaime Martínez Llabrés (PP), ha provocado un enfrentamiento institucional con la Delegación del Gobierno, que considera que la protesta seguía amparada por el derecho de reunión. El PSOE municipal también ha cuestionado la legalidad de la actuación.

La acampada formaba parte de las movilizaciones surgidas en España tras el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo caso desencadenó protestas en distintas ciudades. Los participantes reclamaban medidas contra la crisis de la vivienda, las dificultades para acceder al alquiler y los desahucios.

La Policía Local desmantela la acampada de Plaza España

La intervención comenzó alrededor de las 20.00 horas del miércoles 4 de noviembre, cuando una veintena de agentes de la Policía Local acordonaron la zona ocupada por los manifestantes. Dos camiones de la empresa municipal Emaya acudieron para retirar tiendas, muebles y otros objetos instalados durante las semanas anteriores.

El dispositivo se prolongó durante varias horas. Los agentes identificaron a varios participantes mientras los trabajadores municipales retiraban el material y procedían a la limpieza del espacio público.

La actuación transcurrió inicialmente sin incidentes violentos, aunque la tensión aumentó cuando algunos manifestantes protestaron contra la intervención policial y exigieron conocer la orden que autorizaba el desalojo.

También se produjeron enfrentamientos verbales entre simpatizantes de la acampada y personas que respaldaban la decisión municipal. La Policía tuvo que intervenir para evitar que las discusiones derivaran en enfrentamientos físicos.

Los servicios sociales municipales acudieron al lugar para atender posibles necesidades asistenciales. Durante el operativo se prestó atención a una mujer de edad avanzada, a la que se ofreció alojamiento.

Uno de los portavoces de la protesta, Lluc Cifre, denunció que la intervención se había realizado de manera inesperada y criticó las dificultades iniciales para recuperar los objetos personales. Posteriormente, algunos participantes pudieron acceder al perímetro policial para recoger sus pertenencias.

El Ayuntamiento justifica el desalojo por las ordenanzas municipales

El gobierno municipal sostiene que la permanencia de las tiendas de campaña había dejado de ajustarse a las condiciones de la concentración comunicada inicialmente.

Según el Ayuntamiento, los organizadores no habían previsto una ocupación permanente de la plaza ni la instalación continuada de estructuras para pernoctar. El consistorio considera que la protesta había superado tanto los plazos como las condiciones originales.

Para justificar la actuación, el equipo de Martínez se ampara en la Ordenanza Cívica y la normativa de ocupación de la vía pública, que regulan el uso de los espacios municipales.

El Ayuntamiento también afirma que llevaba semanas reclamando a la Delegación del Gobierno que adoptara medidas para poner fin a la ocupación.

La corporación argumenta que, ante la ausencia de una intervención estatal, decidió actuar dentro de las competencias municipales que considera propias para recuperar el uso ordinario de la plaza.

Nueve personas identificadas antes del desalojo

El conflicto se había intensificado durante los días anteriores. El martes 3 de noviembre, la Policía Local identificó a nueve personas que permanecían en la zona.

El Ayuntamiento aseguró que la mayoría de las tiendas estaban vacías y planteó que algunas de las personas identificadas podrían no estar relacionadas directamente con la movilización original.

Los organizadores rechazaron esta interpretación y defendieron que la presencia en la plaza seguía respondiendo a una protesta colectiva por el acceso a la vivienda.

De hecho, el colectivo Acampada per l’Habitatge había anunciado que pretendía mantener la movilización, al menos, hasta la convocatoria de huelga por la vivienda del 11 de noviembre.

La Delegación del Gobierno cuestiona la intervención municipal

El desmantelamiento ha abierto una disputa sobre los límites de las competencias municipales y la protección constitucional de las manifestaciones.

El delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, expresó su profunda preocupación por la operación y defendió que la acampada continuaba protegida por el derecho de reunión.

Pons también cuestionó que el Ayuntamiento actuara sin una petición oficial a la Delegación del Gobierno vinculada a la intervención. La institución estatal había descartado previamente ordenar el desalojo al considerar que la concentración seguía amparada legalmente.

La posición municipal es distinta. Martínez sostiene que la protesta había cambiado de naturaleza al convertirse en una ocupación prolongada del espacio público y que las ordenanzas permiten retirar los elementos instalados.

La discrepancia tiene consecuencias importantes: una cosa es regular el uso del espacio público y otra limitar el ejercicio del derecho de reunión y manifestación. Determinar si la intervención respetó ambos ámbitos exige examinar las circunstancias del operativo y las competencias utilizadas.

El PSOE denuncia una posible vulneración de derechos

El PSOE de Palma también ha criticado la actuación y ha anunciado que pedirá explicaciones al alcalde.

Su portavoz municipal, Francesc Dalmau, considera que el desalojo podría vulnerar el derecho constitucional de reunión y exceder las atribuciones del Ayuntamiento.

La controversia no implica que exista una resolución judicial que haya declarado ilegal la intervención. Por el momento, lo que se ha producido es un enfrentamiento entre las interpretaciones del gobierno municipal, la Delegación del Gobierno y los representantes de la oposición.

El debate se centra especialmente en si la Policía Local podía retirar las tiendas amparándose en las ordenanzas municipales mientras la administración estatal mantenía que la concentración estaba protegida por el derecho de reunión.

Una protesta nacida de la crisis de la vivienda

La acampada de Palma comenzó el 28 de septiembre, después de una movilización convocada en solidaridad con las protestas surgidas en Madrid tras el caso de Maricarmen Abascal.

Los participantes trasladaron entonces sus reivindicaciones a la plaza de España, donde instalaron las primeras tiendas y organizaron una presencia continuada.

La protesta fue impulsada por colectivos vinculados a la defensa del derecho a la vivienda, entre ellos la Coordinadora d’Habitatge de les Illes Balears, y se convirtió en un punto de encuentro para denunciar los problemas de acceso a una vivienda asequible.

La movilización no se limitaba a reclamar soluciones para casos individuales de desahucio. Sus participantes exigían medidas estructurales contra la crisis habitacional, especialmente en un territorio donde el mercado inmobiliario y el alquiler representan una preocupación social destacada.

La intervención en Palma se produce apenas un día después del desalojo de otra acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid, ocurrido el 3 de noviembre.

Precisamente ese precedente fue utilizado por el alcalde de Palma para reclamar una actuación equivalente en la capital balear. Sin embargo, las decisiones administrativas adoptadas en ambas ciudades han sido diferentes, como demuestra el desacuerdo entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno.

La protesta por la vivienda continúa pese a la retirada de las tiendas

El Ayuntamiento ha conseguido retirar la infraestructura de la acampada de Plaza España, pero el conflicto que motivó su instalación continúa abierto.

Los participantes habían manifestado su intención de mantener las reivindicaciones y seguir movilizándose por el acceso a una vivienda digna. La retirada de las tiendas no supone, por sí misma, la desaparición del movimiento ni la cancelación de sus próximas convocatorias.

En el plano institucional, la intervención deja una disputa sobre las competencias policiales y el derecho de manifestación, con el Ayuntamiento defendiendo la aplicación de sus ordenanzas y la Delegación del Gobierno cuestionando la decisión.

La acampada de Palma ha terminado físicamente después de más de cinco semanas. Las reivindicaciones que llevaron a los manifestantes a instalarse en la plaza, y la controversia jurídica y política provocada por su desalojo, permanecen abiertas.