Nueve profesores se encierran en Educación de Madrid y exigen diálogo

Nueve miembros del comité de huelga de la enseñanza pública madrileña se han encerrado este jueves, 5 de noviembre, en un edificio de la Consejería de Educación para exigir una negociación con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La protesta, iniciada poco antes de las diez de la mañana, supone un nuevo episodio de un conflicto laboral que comenzó el 14 de octubre y que entra en su cuarta semana sin un acuerdo entre las partes.

Los profesores han accedido a la sede de la Dirección General de Recursos Humanos al grito de «negociación», decididos a permanecer allí hasta conseguir una reunión con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. La Policía Nacional ha intervenido para controlar el acceso al edificio e identificar a varios participantes, mientras decenas de docentes se concentraban en el exterior para respaldar la iniciativa.

La movilización llega después de varias semanas de concentraciones, manifestaciones y protestas en distintos puntos de Madrid. El profesorado reclama menos horas lectivas, aulas con menos alumnos, mejoras salariales y mayores recursos para la educación pública. Sin embargo, el desencuentro más inmediato no gira únicamente en torno a esas reivindicaciones, sino a la negativa del Ejecutivo autonómico a reconocer al comité de huelga como interlocutor para negociar sus demandas.

El conflicto tampoco afecta exclusivamente a colegios e institutos. Las educadoras infantiles mantienen su propia huelga indefinida desde hace casi siete meses y las seis universidades públicas madrileñas han convocado paros los días 4 y 5 de noviembre para denunciar sus problemas de financiación. Distintas etapas del sistema educativo coinciden así en las calles, aunque sus reivindicaciones y convocatorias no sean exactamente las mismas.

Nueve profesores entran en la Consejería y reclaman una reunión

La protesta ha comenzado poco antes de las diez de la mañana, cuando nueve integrantes del comité de huelga han entrado en las instalaciones de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, situadas en el número 30 de la calle Santa Hortensia de Madrid.

Entre ellos se encuentra Alberto Sánchez, miembro del sindicato STEM, que ha expresado la intención de mantener la protesta hasta que se abra una vía de diálogo.

«Aquí vamos a seguir hasta que nos sienten a negociar», ha declarado el representante sindical.

Los participantes han intentado acceder a los despachos de la administración educativa, pero se han encontrado con la oposición del personal de seguridad. Según los representantes del comité, el director general ha rechazado reunirse con ellos.

La Policía Nacional ha acudido al edificio y ha identificado a varios miembros del comité. También ha despejado el acceso a las instalaciones, sin incidentes en esa intervención. Los docentes han preparado un escrito formal para solicitar una reunión con la Dirección General de Recursos Humanos.

En el exterior, numerosos compañeros han respaldado la protesta con consignas dirigidas a la consejera. El encierro busca obtener una respuesta concreta de la administración después de semanas de movilizaciones que, hasta el momento, no han conseguido desbloquear el conflicto.

Qué reclaman los profesores en huelga de Madrid

La huelga indefinida comenzó el pasado 14 de octubre y afecta a la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid. Sus convocantes consideran que las condiciones laborales del profesorado y los recursos disponibles en los centros necesitan una mejora sustancial.

Una de las principales reivindicaciones es reducir el horario lectivo semanal de 19 a 17 periodos en Secundaria y Formación Profesional, y de 25 a 22 en Infantil y Primaria. Los docentes sostienen que esa reducción permitiría dedicar más tiempo a preparar las clases, atender individualmente al alumnado y desempeñar tareas de coordinación.

También exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, con el argumento de recuperar poder adquisitivo y reducir las diferencias retributivas respecto a otras comunidades autónomas.

Las demandas se extienden a la organización de los centros educativos. El profesorado reclama disminuir el número de estudiantes por aula, reforzar los equipos de orientación, mejorar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y reducir las tareas administrativas que recaen sobre los docentes.

En materia de infraestructuras, piden instalaciones mejor acondicionadas, sistemas de climatización adecuados, retirada de amianto y el abandono de la construcción de colegios por fases.

Los sindicatos y colectivos convocantes consideran que estas medidas tienen una consecuencia directa sobre la calidad de la enseñanza, porque afectan tanto a las condiciones de trabajo de los profesores como a la atención que reciben los estudiantes.

Por qué el Gobierno de Ayuso se niega a negociar con el comité

El principal bloqueo se encuentra en el reconocimiento de los interlocutores. La Consejería de Educación sostiene que la negociación laboral debe desarrollarse a través de la mesa sectorial, en la que están representadas las organizaciones sindicales correspondientes.

El Gobierno regional argumenta también que durante el curso anterior se firmaron acuerdos sobre reducción de horas lectivas, ratios y burocracia, con medidas previstas hasta 2028. Aquellos compromisos fueron suscritos por CCOO, ANPE, CSIF y UGT.

Sin embargo, CCOO, CSIF y UGT han denunciado incumplimientos del acuerdo, mientras que ANPE ha mantenido una posición diferente. La existencia de compromisos anteriores no ha impedido que continúe el malestar entre los trabajadores.

La consejera Mercedes Zarzalejo ha cuestionado además el carácter de las movilizaciones, que ha calificado de políticas. Llegó a describir la convocatoria como una «huelga política revolucionaria».

Los representantes de los docentes rechazan esa interpretación y sostienen que sus reivindicaciones tienen un contenido laboral y educativo.

El comité amenaza con acudir a los tribunales

La disputa tiene también una dimensión jurídica. El 26 de octubre, el comité de huelga presentó un requerimiento formal dirigido a la consejera para reclamar una convocatoria urgente de negociación.

Los representantes de los trabajadores invocan el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, que establece el deber de negociar durante una huelga con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

El comité considera que esa obligación existe con independencia de la representación sindical en la mesa sectorial. La Consejería, por su parte, defiende los mecanismos de negociación que mantiene con los sindicatos presentes en ese órgano.

La diferencia es importante: una cosa es la negociación ordinaria de las condiciones laborales y otra la interlocución con el comité constituido para una huelga concreta.

Los convocantes han advertido de que podrían recurrir a la vía judicial si la administración continúa sin atender su solicitud. El encierro de este jueves constituye una nueva medida de presión antes de que esa posibilidad llegue a materializarse.

Las universidades públicas se suman a las protestas educativas

La movilización se produce mientras las seis universidades públicas de Madrid celebran dos jornadas de huelga, los días 4 y 5 de noviembre, convocadas para denunciar lo que sindicatos y colectivos universitarios consideran una situación de financiación insuficiente.

Las protestas afectan a la Universidad Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Alcalá y Rey Juan Carlos.

El conflicto universitario tiene sus propias características. Los convocantes denuncian dificultades económicas, deterioro de las condiciones laborales y un modelo de financiación que consideran perjudicial para las instituciones públicas.

El Gobierno autonómico ha defendido un plan de financiación plurianual de 14.800 millones de euros en cinco años, vinculado a compromisos de ajuste. Las organizaciones sindicales y estudiantiles cuestionan que ese modelo permita resolver los problemas estructurales que denuncian.

El miércoles 4 de noviembre, miles de profesores y estudiantes de diferentes etapas educativas participaron en una manifestación conjunta en Madrid. La coincidencia de las movilizaciones ha convertido el enfrentamiento con la Consejería en un conflicto que trasciende las reclamaciones de un solo colectivo profesional.

Nuevas manifestaciones mientras continúa el bloqueo

El calendario de movilizaciones mantiene la presión sobre el Ejecutivo de Ayuso.

Para este jueves, 5 de noviembre, los convocantes han programado una concentración frente a la Consejería de Educación al mediodía y una manifestación a las 17.30 horas, con salida desde Atocha y recorrido por el centro de Madrid.

El viernes 6 de noviembre está prevista una asamblea general unitaria del profesorado, mientras que el domingo 8 se ha convocado una nueva actividad reivindicativa en el paseo del Prado.

El conflicto entra así en una fase en la que la reivindicación de mejoras laborales convive con una exigencia más inmediata: que la administración acepte reunirse con los representantes de la huelga.

El Gobierno madrileño insiste en la vigencia de los acuerdos anteriores y en sus canales habituales de negociación. Los profesores, en cambio, consideran que esos mecanismos no están dando respuesta a las demandas que motivaron el paro indefinido.

La apertura de una negociación efectiva sigue siendo el principal punto de desacuerdo. Mientras no se produzca un acercamiento, los convocantes mantienen la huelga y las movilizaciones, con consecuencias para el funcionamiento de la educación pública madrileña.

La situación deja una cuestión de fondo para el Ejecutivo autonómico: disponer de acuerdos sindicales en vigor no ha sido suficiente para acabar con las protestas. Y la presencia de nueve profesores dentro de una sede administrativa refleja hasta qué punto se ha deteriorado la relación entre una parte del colectivo docente y la Consejería de Educación.