29N: los jóvenes piden votar a los 16 y el 40 % de vivienda pública

El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha reclamado que se permita votar desde los 16 años y que se reserve el 40 % de la vivienda pública a las personas jóvenes. Son dos de las principales propuestas que la organización plantea ante las elecciones generales del 29 de noviembre, en un documento que también exige cambios en el empleo, la educación, la salud mental y la protección social.

La iniciativa, presentada esta semana bajo el título Condiciones para vivir en condiciones: Prioridades para mejorar la vida de las personas jóvenes en España, pretende trasladar a los partidos políticos una serie de compromisos concretos. No se trata de medidas aprobadas ni de cambios que vayan a aplicarse automáticamente después de las elecciones, sino de reivindicaciones del movimiento asociativo juvenil para la próxima legislatura.

La vivienda ocupa un lugar especialmente destacado. Según los datos del Observatorio de Emancipación de 2025 recogidos por el Consejo, alquilar una vivienda en solitario supondría destinar el 98,7 % del salario de una persona joven. Ese mismo año, únicamente el 14,5 % de los jóvenes estaba emancipado. Dos cifras que ayudan a comprender por qué el acceso a una casa propia o de alquiler se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de esta generación.

El documento va bastante más allá de solicitar ayudas económicas. Propone intervenir en las condiciones del mercado del alquiler, ampliar la vivienda protegida, reducir la precariedad laboral y facilitar la participación de los jóvenes en las decisiones públicas. El planteamiento de fondo es que la dificultad para independizarse no constituye únicamente un problema económico: también condiciona la autonomía personal y las posibilidades de construir un proyecto de vida.

Una reserva del 40 % de vivienda pública para jóvenes

La propuesta más destacada en materia residencial consiste en garantizar que cuatro de cada diez viviendas públicas estén destinadas a personas jóvenes. El Consejo pretende que esta reserva facilite el acceso a una vivienda asequible a quienes encuentran mayores dificultades para abandonar el hogar familiar.

La organización también reclama ampliar el parque público de vivienda social y asequible hasta alcanzar la media europea. Actualmente, la disponibilidad de viviendas públicas es uno de los factores que limita las alternativas de alquiler para quienes tienen ingresos reducidos o contratos laborales inestables.

Otra de sus exigencias es que las viviendas protegidas mantengan indefinidamente su protección. Esta medida impediría que los inmuebles construidos o promovidos bajo determinados regímenes públicos terminaran incorporándose al mercado libre una vez transcurrido un plazo.

El Consejo considera necesario abordar simultáneamente la oferta de vivienda y el esfuerzo económico que deben realizar los inquilinos. Para ello, propone regular los alquileres en las zonas de mercado tensionado con el objetivo de que su coste no supere el 30 % de los ingresos de las personas jóvenes.

Los pisos compartidos también necesitan protección

El documento reclama adaptar la Ley de Arrendamientos Urbanos a la realidad de los alquileres por habitaciones y de los pisos compartidos, fórmulas utilizadas por numerosos estudiantes y trabajadores que no pueden asumir individualmente el coste de una vivienda.

La regulación específica de estas modalidades permitiría abordar cuestiones como los derechos de los inquilinos, la duración de los contratos y las condiciones de acceso al alojamiento.

Las propuestas no implican que se haya establecido una nueva reserva de vivienda ni un límite general del alquiler del 30 %. Son cambios normativos pendientes que necesitarían desarrollarse y aprobarse por las administraciones competentes.

Votar desde los 16 años: qué cambiaría y qué dice la ley

La segunda gran reivindicación del Consejo afecta directamente a la participación democrática. La organización defiende rebajar la edad de voto de los 18 a los 16 años, con el propósito de incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años al proceso electoral.

Actualmente, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General reconoce el derecho de sufragio a los españoles mayores de edad que cumplen los requisitos legales. La Constitución establece, en su artículo 12, que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años.

Por tanto, los jóvenes de 16 y 17 años no pueden votar en las elecciones generales del 29 de noviembre con la legislación vigente. La propuesta del CJE requeriría una modificación del marco electoral y el correspondiente debate parlamentario sobre su encaje jurídico.

La reclamación se relaciona con una preocupación más amplia por la representación política de las nuevas generaciones. Según los datos recogidos por la organización, el 93 % de las personas de entre 18 y 24 años considera necesario desarrollar nuevas formas de participación política.

El Consejo no plantea únicamente ampliar el censo electoral. También solicita mecanismos estables para que los jóvenes intervengan en el diseño y evaluación de las políticas públicas, así como procedimientos que permitan medir el impacto de las decisiones gubernamentales sobre esta población.

La discusión sobre el voto a los 16 años incluye cuestiones relacionadas con la madurez política, la formación cívica y la ampliación de la participación democrática. En cualquier caso, la reivindicación no supone que el derecho esté reconocido ni anticipa una modificación de las reglas electorales.

Jornada de 32 horas, mejores salarios y apoyo a autónomos

El empleo constituye otro de los grandes apartados del documento. El Consejo señala que dos de cada tres jóvenes comienzan su trayectoria laboral en situaciones de precariedad que pueden prolongarse durante años.

Para mejorar estas condiciones, propone reducir la jornada laboral semanal a 32 horas, aumentar el salario mínimo interprofesional y establecer una cuota cero permanente para las personas jóvenes que trabajen por cuenta propia.

La reducción de jornada que plantea la organización es más ambiciosa que otras propuestas de reforma laboral debatidas en España. Su aplicación necesitaría concretar cuestiones como la distribución del tiempo de trabajo, la negociación colectiva y sus efectos sobre empresas y trabajadores.

La cuota cero permanente para autónomos jóvenes busca reducir los costes asociados al inicio de una actividad económica. El Consejo no se limita, por tanto, al empleo asalariado, sino que incluye a quienes intentan desarrollar un proyecto profesional por su cuenta.

En materia de protección social, reclama facilitar el acceso al ingreso mínimo vital desde los 18 años a las personas que cumplan los requisitos y revisar las barreras administrativas que dificultan su solicitud.

El planteamiento conecta directamente con la emancipación juvenil. La estabilidad de los ingresos, la duración de los contratos y las posibilidades de ahorrar condicionan tanto el acceso a una vivienda como las decisiones relacionadas con los estudios, la movilidad laboral o la formación de una familia.

Educación, salud mental e igualdad de oportunidades

Las demandas juveniles también afectan a los servicios públicos. En educación, el Consejo defiende un sistema público, gratuito y universal, acompañado de políticas específicas para combatir el abandono escolar y evitar que las circunstancias económicas o familiares limiten las oportunidades de aprendizaje.

La organización reclama igualmente reconocer las competencias adquiridas mediante la educación no formal y el voluntariado. Se trata de conocimientos y habilidades desarrollados fuera de los itinerarios académicos tradicionales que pueden resultar relevantes para la formación y el empleo.

En salud mental, solicita reforzar la atención psicológica infantojuvenil, reducir las listas de espera y mejorar los servicios de orientación de los centros educativos.

Su propuesta parte de una concepción amplia de la salud mental, relacionada también con las condiciones materiales de vida. La precariedad económica, las dificultades residenciales y las situaciones de discriminación aparecen como factores que deben tenerse en cuenta al diseñar las intervenciones públicas.

El documento incorpora, asimismo, medidas de educación en igualdad y formación afectivo-sexual. En el entorno digital, reclama una mayor responsabilidad de las plataformas frente a los discursos de odio, la desinformación, el acoso y la violencia digital.

El objetivo declarado es evitar que el origen social, las circunstancias personales o el entorno familiar determinen las oportunidades disponibles durante la juventud.

Las elecciones del 29N sitúan estas demandas ante los partidos

Las propuestas llegan en plena preparación de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre de 2026, convocadas tras la disolución anticipada de las Cortes Generales.

La campaña electoral comenzará el 13 de noviembre y concluirá el día 27. En estos comicios podrán participar 38.728.356 electores, entre ellos 1.615.127 residentes en España que tendrán por primera vez la oportunidad de votar en unas elecciones generales por haber alcanzado la mayoría de edad desde las anteriores.

El Consejo de la Juventud quiere que sus reivindicaciones formen parte del debate político previo a la votación, aunque el documento no constituye un programa electoral de un partido ni garantiza que las medidas sean asumidas por las formaciones que concurren a las urnas.

Algunas propuestas, como la reducción de la jornada laboral o la ampliación del derecho de voto, requerirían reformas legislativas. Otras, especialmente las relacionadas con la vivienda pública, la educación y la atención sanitaria, implicarían también decisiones presupuestarias y coordinación entre administraciones.

La reserva del 40 % de vivienda pública, por ejemplo, necesitaría definir las condiciones de acceso, los límites de edad, los criterios de adjudicación y su aplicación en los distintos programas residenciales. Son aspectos que el porcentaje anunciado, por sí solo, no resuelve.

La emancipación, una prioridad para la próxima legislatura

Las reivindicaciones del Consejo de la Juventud tienen un elemento común: la dificultad de acceder a una vida independiente. Vivienda, empleo, educación y protección social aparecen conectados porque las carencias en uno de estos ámbitos repercuten directamente en los demás.

La propuesta de votar desde los 16 años añade una dimensión política a esa situación. La organización reclama que quienes se ven afectados por determinadas decisiones públicas tengan también más posibilidades de participar en ellas.

La documentación presentada ante el 29N establece así una serie de objetivos concretos, desde el 40 % de vivienda pública para jóvenes hasta la jornada laboral de 32 horas. Su aplicación dependerá de las decisiones legislativas, presupuestarias y administrativas que se adopten.

De momento, las cifras de emancipación juvenil reflejan la dimensión del problema. Y el debate electoral permitirá conocer hasta qué punto los partidos incorporan estas demandas a sus compromisos para la próxima legislatura.