PP, Vox y la izquierda dejan sin sueldo a la alcaldesa de Chapinería

La alcaldesa de Chapinería (Madrid), Lucía Moya, lleva más de un año sin percibir el sueldo municipal de 2.512 euros mensuales que tenía asignado desde 2023. Una mayoría formada por el Partido Popular, Vox y Mejorar Chapinería, una agrupación de izquierdas vinculada a militantes de Podemos, Izquierda Unida y Anticapitalistas, aprobó retirarle la retribución en septiembre de 2025. La decisión se aplica desde octubre de aquel año y la regidora ha recurrido ante la Justicia para intentar revertirla.

El caso ha vuelto a cobrar actualidad este 5 de noviembre de 2026 por la situación judicial de la alcaldesa, que continúa al frente de un municipio madrileño de unos 2.700 habitantes. Lo llamativo no es únicamente que una alcaldesa ejerza sin salario fijo, sino la alianza entre fuerzas de izquierda y derecha para aprobar una medida que nació de las discrepancias sobre la gestión municipal, la transparencia y una subida salarial que había provocado un enfrentamiento dentro del antiguo Gobierno de coalición.

La controversia se remonta al mandato iniciado tras las elecciones municipales de 2023, cuando Moya, representante de Independientes por Chapinería (IC), consiguió mantenerse en la alcaldía mediante un acuerdo con el PSOE y Mejorar Chapinería. Aquella mayoría, que inicialmente permitió establecer una remuneración para la regidora, terminó deshaciéndose entre acusaciones cruzadas y desacuerdos sobre el funcionamiento del Ayuntamiento.

La retirada salarial no ha supuesto la destitución de Moya. La alcaldesa conserva el cargo, aunque ha perdido la asignación vinculada a su dedicación exclusiva. El conflicto plantea una cuestión de fondo para los pequeños ayuntamientos: hasta dónde llega la capacidad del pleno municipal para modificar las condiciones económicas de quien dirige el Gobierno local.

PP, Vox y Mejorar Chapinería: una mayoría contra el sueldo de la alcaldesa

La iniciativa para retirar la remuneración partió de Xabier Pedroso, único representante de Mejorar Chapinería en el Ayuntamiento y antiguo concejal de Transparencia y Participación Ciudadana.

Su propuesta obtuvo el respaldo de los cuatro concejales del Partido Popular y de la representante de Vox. Con esos apoyos, la oposición reunió seis votos de los once que componían la corporación municipal, suficientes para aprobar la eliminación de la asignación salarial.

La coincidencia resulta especialmente significativa por las diferencias ideológicas entre las formaciones. Mejorar Chapinería había contribuido en 2023 a impedir que PP y Vox alcanzaran el Gobierno municipal. Dos años después, sus votos resultaban decisivos para que prosperara una iniciativa respaldada por ambos partidos.

El portavoz popular, José Luis Martín, ha justificado el apoyo de su grupo por su desacuerdo con la gestión de la alcaldesa. A su juicio, una retribución por dedicación exclusiva debe corresponderse con un desempeño adecuado de las responsabilidades municipales.

Mejorar Chapinería también defendió que los vecinos pudieran pronunciarse mediante una consulta popular sobre la continuidad del sueldo. La iniciativa no prosperó y la agrupación terminó impulsando la moción que fue aprobada en septiembre de 2025.

La ruptura del Gobierno municipal que desencadenó el conflicto

Para entender cómo se llegó a esta situación hay que retroceder a las elecciones de mayo de 2023.

La corporación quedó dividida entre Independientes por Chapinería, con cuatro concejales; el PP, también con cuatro; y tres formaciones con un representante cada una: PSOE, Mejorar Chapinería y Vox.

Lucía Moya consiguió la alcaldía gracias a los apoyos socialistas y de Mejorar Chapinería, reuniendo los seis votos necesarios para gobernar con mayoría absoluta. Se formó así un ejecutivo integrado por tres fuerzas políticas que, pese a sus diferencias, compartían la voluntad de mantener una alternativa al PP y Vox.

Uno de los acuerdos iniciales fue establecer una retribución para la alcaldesa, que hasta entonces había ejercido el cargo sin salario municipal. La asignación quedó fijada en 2.512 euros mensuales, asociada a un régimen de dedicación exclusiva.

La convivencia política acabó deteriorándose. Mejorar Chapinería comenzó a cuestionar distintos aspectos de la gestión, especialmente el acceso a información económica, la publicación de documentación municipal y determinados gastos.

El enfrentamiento se hizo irreversible el 27 de mayo de 2025, cuando Moya destituyó a Pedroso como responsable de Transparencia y Participación Ciudadana. La alcaldesa argumentó una pérdida de confianza política, mientras que el concejal cesado interpretó la decisión como una consecuencia de sus críticas.

Desde entonces, Independientes por Chapinería y PSOE continuaron gobernando en minoría. La antigua alianza quedó rota, aunque Pedroso descartó entonces facilitar una moción de censura que permitiera gobernar a PP y Vox.

La subida salarial del 3 % que agravó las discrepancias

Uno de los episodios más controvertidos había ocurrido meses antes del cese de Pedroso.

Según denunciaron representantes de la oposición, la alcaldesa había aplicado en 2024 un incremento salarial del 3 %, tomando como referencia la mejora salarial aprobada para empleados públicos.

El problema señalado por sus críticos era que esa subida no había sido autorizada expresamente por el pleno municipal, órgano competente para determinar las retribuciones de los cargos electos.

El PP promovió entonces una iniciativa para reclamar la devolución del incremento, que también recibió el respaldo de Mejorar Chapinería y Vox. La propuesta salió adelante y la alcaldesa tuvo que reintegrar las cantidades correspondientes.

Aquel episodio terminó de deteriorar las relaciones entre Moya y sus antiguos socios. Conviene distinguir, en cualquier caso, entre el cuestionamiento político de una subida retributiva y la existencia de responsabilidades judiciales, que no pueden darse por acreditadas únicamente por una votación municipal.

Las críticas por la transparencia y el control del gasto público

La moción presentada en septiembre de 2025 no se limitaba a cuestionar la cuantía del salario. También planteaba dudas sobre los mecanismos para acreditar la dedicación de la alcaldesa a sus responsabilidades.

El texto sostenía que el Ayuntamiento carecía de un registro horario que permitiera comprobar esa dedicación y de una agenda pública de Alcaldía suficientemente accesible para conocer sus actividades institucionales.

Estas afirmaciones formaban parte de los argumentos de quienes promovieron la retirada del sueldo. La ausencia de esos instrumentos, por sí sola, no demuestra que la alcaldesa incumpliera sus obligaciones.

Las discrepancias sobre la transparencia venían de antes. Mejorar Chapinería había cuestionado la actualización de la información económica del Ayuntamiento, los procedimientos de contratación y la documentación disponible para los concejales.

En 2025 también se hicieron públicas observaciones del secretario-interventor municipal sobre determinadas deficiencias administrativas, entre ellas la reiteración de contratos menores y aspectos de la fiscalización del gasto.

La alcaldesa rechazó entonces que el Ayuntamiento actuara fuera de la legalidad y atribuyó parte de los problemas administrativos a las limitaciones presupuestarias y de personal de un municipio pequeño. También defendió que el equipo de gobierno había tratado de mejorar la información disponible con los medios existentes.

No todas las críticas constituyen irregularidades acreditadas, ni todos los problemas de gestión implican responsabilidades personales de la alcaldesa. Esa distinción resulta especialmente importante en un conflicto que ha terminado ante los tribunales.

Lucía Moya lleva la retirada de su sueldo ante la Justicia

La novedad judicial conocida el 5 de noviembre de 2026 es que Lucía Moya ha recurrido la decisión municipal por la vía contencioso-administrativa.

El procedimiento se tramita en la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid número 1. No consta una resolución judicial definitiva que haya anulado la retirada salarial o confirmado su validez.

La propia regidora ha preferido no profundizar públicamente en la controversia mientras permanece judicializada. Su posición es esperar a que exista un pronunciamiento de los tribunales.

El litigio deberá determinar si el acuerdo municipal impugnado se ajustó a las exigencias legales aplicables. No se trata de una causa penal ni de una destitución política: lo que se discute es la legalidad de una decisión adoptada por la mayoría del pleno sobre la retribución de la alcaldesa.

Qué dice la ley sobre el sueldo de los alcaldes

La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que los miembros de las corporaciones municipales pueden recibir una remuneración cuando desempeñan sus funciones con dedicación exclusiva o parcial, dentro de los límites y condiciones previstos legalmente.

La cuantía no la determina unilateralmente el alcalde. Corresponde al pleno municipal aprobar el régimen de dedicaciones y las retribuciones correspondientes, con las obligaciones de publicidad y los límites establecidos por la normativa.

Para municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes, como Chapinería, el límite anual recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados posteriormente, se sitúa en 46.464,02 euros. Se trata de un máximo, no de una remuneración obligatoria ni de una cantidad que todos los alcaldes tengan derecho a percibir.

La ley también distingue entre salarios por dedicación y compensaciones por asistencia efectiva a determinados órganos municipales. Estas últimas solo pueden percibirlas los representantes que no desempeñen sus cargos bajo un régimen de dedicación exclusiva o parcial, en las condiciones aprobadas por el pleno.

Por eso, perder el salario fijo no equivale necesariamente a quedar excluido de cualquier posible compensación municipal. Tampoco significa que el cargo desaparezca o que sus responsabilidades queden suspendidas.

La discusión jurídica en Chapinería no gira, por tanto, alrededor de si los alcaldes deben cobrar siempre, sino de las circunstancias legales en las que una corporación puede modificar o retirar una remuneración previamente aprobada.

Chapinería mantiene abierta una crisis política y judicial

El caso de Lucía Moya refleja una situación poco habitual: una alcaldesa independiente que conserva la responsabilidad de dirigir el Ayuntamiento, pero que ha visto retirada su remuneración por una mayoría formada por partidos que normalmente mantienen posiciones enfrentadas.

La decisión, adoptada en septiembre de 2025 y aplicada desde el mes siguiente, lleva más de un año condicionando la relación entre el Gobierno municipal y la oposición.

Quienes defendieron la medida sostienen que responde al descontento con la gestión y a las exigencias de transparencia y control del dinero público. La alcaldesa, por su parte, ha optado por impugnar judicialmente la retirada del sueldo.

Hay también una cuestión institucional que trasciende a Chapinería. La retribución de los cargos municipales permite que personas sin recursos económicos propios puedan dedicarse a la política local, pero exige controles y decisiones transparentes sobre el dinero que reciben.

El Ayuntamiento continúa funcionando con un Gobierno en minoría y una oposición capaz de construir mayorías alternativas en asuntos concretos. La retirada de los 2.512 euros mensuales no ha cambiado quién ocupa la alcaldía, pero sí ha dejado al descubierto la profundidad de la ruptura política.

La próxima decisión relevante corresponderá a la Justicia. El futuro de la asignación salarial de Lucía Moya dependerá de la resolución del recurso, mientras la crisis municipal sigue sin una solución política que reúna a los antiguos socios de gobierno.