La UCO pide datos a Adif por una nueva pieza secreta del caso Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este jueves, 5 de noviembre de 2026, a la sede de Adif para solicitar información relacionada con una nueva pieza separada del caso Koldo. La actuación forma parte de un operativo judicial ordenado por el magistrado Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, después de recibir un nuevo informe policial que ha provocado la apertura de diligencias bajo secreto.

La visita a la empresa pública ferroviaria coincide con una operación más amplia en la que los agentes también han registrado la vivienda del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia. La Fiscalía Anticorrupción participa en las actuaciones, cuyo alcance todavía no se ha hecho público. La investigación vuelve a situar el foco en el Ministerio de Transportes y en las contrataciones realizadas durante la etapa del antiguo dirigente socialista.

La intervención en Adif tiene una particularidad importante: los investigadores han acudido a requerir información, una diligencia que no debe confundirse con un registro de sus instalaciones. Por el momento, no se ha detallado qué documentos concretos han solicitado ni qué hechos pretende esclarecer el juez con esta nueva actuación.

La operación llega cuando una parte del caso Koldo cuenta con condenas firmes del Tribunal Supremo, mientras otras investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos públicos continúan abiertas en la Audiencia Nacional.

La UCO vuelve a Adif en una investigación bajo secreto

Los agentes se han personado en la sede de Adif para recabar información vinculada a las nuevas diligencias acordadas por el juez Moreno. La apertura de esta pieza separada se produjo después de que la Guardia Civil presentara un nuevo informe sobre la investigación.

El secreto de las actuaciones impide conocer por ahora el contenido íntegro del atestado, los contratos que podrían estar siendo examinados y las personas directamente afectadas por esta nueva línea de investigación.

Tampoco se ha confirmado si la documentación solicitada a Adif guarda relación con adjudicaciones concretas, operaciones económicas o actuaciones administrativas investigadas anteriormente.

La diferencia no es menor. Solicitar documentos a una empresa pública no implica necesariamente que sus actuales responsables estén investigados. Los agentes pueden requerir expedientes, registros administrativos u otra información para comprobar hechos relacionados con terceros.

La intervención de este jueves supone, en cualquier caso, un nuevo movimiento judicial en una causa que ha ido ampliándose desde las primeras pesquisas sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia.

La Guardia Civil también registra la vivienda de Ábalos

El operativo no se limita a Adif. La UCO ha desplegado agentes en Valencia para registrar el domicilio de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE.

La actuación se desarrolla por orden del juez Ismael Moreno y está relacionada con la nueva pieza separada abierta esta semana.

Ábalos se encuentra en prisión cumpliendo la condena impuesta por el Tribunal Supremo en la investigación sobre los contratos de mascarillas. Durante el registro de su vivienda, los agentes también han tomado declaración, con asistencia letrada, a su pareja, que se encontraba en el inmueble.

La intervención policial coincide con otras diligencias y requerimientos de información dentro de la misma operación. No obstante, el carácter secreto del procedimiento impide determinar hasta qué punto todas las actuaciones responden a unos mismos hechos.

Entre las líneas de investigación que permanecen abiertas en la Audiencia Nacional figuran las supuestas irregularidades en adjudicaciones de obra pública durante el mandato de Ábalos en Transportes.

En esa parte del procedimiento también está investigado Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE. Su situación judicial corresponde a unas diligencias distintas del proceso por mascarillas que terminó con la condena del exministro.

Por qué Adif vuelve a aparecer en el caso Koldo

La presencia de Adif en las investigaciones no es nueva. La empresa pública, responsable de la administración de las infraestructuras ferroviarias, depende del Ministerio de Transportes y figura en diferentes actuaciones judiciales relacionadas con la etapa en la que Ábalos dirigía ese departamento.

En septiembre de 2026, el juez Moreno ya había ordenado a la UCO acudir a la sede de Adif para solicitar documentación adicional sobre determinadas obras ferroviarias investigadas.

Aquella diligencia incluía un requerimiento relacionado con trabajos de una constructora en la red ferroviaria de Asturias. Sin embargo, no se ha confirmado que la petición de información de este 5 de noviembre se refiera a esos mismos contratos.

La Audiencia Nacional investiga posibles amaños en adjudicaciones de obra pública y la eventual existencia de contraprestaciones a cambio de favorecer a determinadas empresas.

Entre las personas investigadas en esta vertiente figura Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif. Su presencia en el procedimiento tampoco permite atribuir responsabilidades a la dirección actual de la entidad.

El objetivo de las diligencias judiciales es establecer qué decisiones administrativas se adoptaron, quiénes intervinieron y si existieron conductas delictivas. Las sospechas de irregularidades deben acreditarse en cada caso.

Las condenas que ya ha dictado el Tribunal Supremo

El caso Koldo comenzó con una investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus. Aquellas pesquisas acabaron revelando una trama de corrupción en la contratación pública que fue juzgada parcialmente por el Tribunal Supremo.

El 22 de junio de 2026, el alto tribunal condenó a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a su antiguo asesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio.

En el caso de Aldama, el tribunal suspendió la ejecución de la pena por su colaboración con la Justicia, sometida al cumplimiento de determinadas condiciones.

La sentencia consideró acreditados delitos relacionados con la organización criminal, el cohecho, la malversación y el tráfico de influencias, con diferentes responsabilidades para los condenados.

Entre los hechos probados figuraba la adjudicación del suministro de 13 millones de mascarillas a entidades dependientes de Transportes, entre ellas Adif y Puertos del Estado, mediante una empresa vinculada a Aldama.

El pasado 14 de octubre, el Supremo rechazó los incidentes de nulidad presentados por Ábalos y Koldo García, confirmando las condenas y agotando la vía judicial ordinaria, sin perjuicio de posibles recursos de amparo.

La situación procesal de aquella causa debe distinguirse de las nuevas investigaciones: las condenas por las mascarillas no prueban automáticamente las irregularidades que se examinan en las demás piezas judiciales.

El caso Koldo mantiene abiertas varias investigaciones

La causa que instruye Ismael Moreno abarca diferentes actuaciones relacionadas con la contratación pública y con movimientos económicos vinculados a personas investigadas.

Una de esas líneas se centra en las adjudicaciones de obra pública durante la etapa de Ábalos. Otra examina los reembolsos de gastos abonados en efectivo por el PSOE entre 2017 y 2024, también bajo secreto judicial.

La apertura de piezas separadas permite investigar determinados hechos de manera diferenciada dentro de un mismo procedimiento. No significa necesariamente que se haya descubierto una trama nueva ni que se hayan formulado acusaciones contra otras personas.

En este contexto, la nueva documentación solicitada a Adif puede resultar relevante para reconstruir decisiones administrativas, comprobar operaciones o contrastar datos recogidos previamente por la Guardia Civil. Su utilidad concreta dependerá del contenido de los expedientes y de lo que los investigadores consigan acreditar.

La nueva documentación determinará el alcance de la operación

La actuación de la UCO en Adif representa otro avance en una investigación judicial que, pese a las condenas dictadas por el Supremo, continúa teniendo importantes asuntos pendientes.

El nuevo informe policial, la documentación requerida a la entidad ferroviaria y el resultado de los registros determinarán los siguientes pasos del magistrado Ismael Moreno.

Por ahora, no se conoce públicamente qué contratos o actuaciones concretas motivan la nueva pieza secreta, ni se ha comunicado una relación completa de personas afectadas por las diligencias.

La operación del 5 de noviembre deja dos hechos confirmados: la Guardia Civil ha solicitado información a Adif y ha registrado la vivienda de Ábalos en Valencia dentro de una investigación que sigue abierta en la Audiencia Nacional.

Queda por determinar qué nuevos indicios han llevado al juez a ordenar estas actuaciones y si la documentación obtenida permitirá esclarecer otras posibles irregularidades en la contratación pública.