La UCO detiene a Andrea de la Torre en la casa de Ábalos en Valencia

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves, 5 de noviembre, a Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, durante una operación desarrollada en el domicilio del antiguo dirigente socialista en Valencia, según ha publicado Vozpópuli. La actuación se produce en el marco de una nueva pieza secreta del caso Koldo, abierta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tras recibir otro informe policial sobre presuntas irregularidades en la contratación pública.

La intervención ha comenzado a primera hora de la mañana y ha incluido el registro de la vivienda y el interrogatorio de De la Torre. Según la información publicada, los agentes la han trasladado posteriormente a dependencias de la Guardia Civil, donde se ha acogido a su derecho a no declarar. La agencia EFE también ha confirmado el registro y el interrogatorio de la pareja del exministro, aunque su primera información no precisaba que hubiera sido detenida.

La actuación no se limita al domicilio valenciano. La Guardia Civil ha desplegado diligencias en distintas provincias españolas, con seis detenidos en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla, según el balance facilitado por fuentes próximas a la investigación. Los agentes también han acudido a dependencias de Adif para solicitar documentación relacionada con contratos públicos.

La nueva operación judicial se produce mientras José Luis Ábalos permanece en prisión, cumpliendo la condena de 24 años y tres meses impuesta por el Tribunal Supremo en la parte del caso relativa a las irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia. La investigación sobre posibles adjudicaciones fraudulentas de obra pública continúa abierta en la Audiencia Nacional.

Andrea de la Torre, trasladada a dependencias de la Guardia Civil

Andrea de la Torre se encontraba en el domicilio cuando los investigadores llegaron para ejecutar la orden judicial. El registro se desarrolló en presencia de la pareja de Ábalos, que posteriormente fue trasladada a dependencias policiales para prestar declaración, de acuerdo con la información publicada por Vozpópuli.

De la Torre ha designado como abogado a Marino Turiel, que también ejerce la defensa del exministro. Una vez asistida por su letrado, decidió acogerse a su derecho a guardar silencio, una garantía procesal que permite a cualquier persona detenida o investigada no responder a las preguntas de los agentes.

La información publicada señala que la Guardia Civil tiene previsto dejarla en libertad en las próximas horas. Sin embargo, todavía no consta una confirmación de su puesta en libertad ni se han hecho públicos los delitos concretos que podrían atribuírsele.

Tampoco ha trascendido qué relación específica establecen los investigadores entre Andrea de la Torre y los hechos examinados en esta nueva pieza. Su detención, según la información publicada, no permite dar por acreditada una participación en las presuntas irregularidades investigadas.

El juez Ismael Moreno abre una nueva pieza secreta del caso Koldo

La operación ha sido autorizada por Ismael Moreno, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, después de que la UCO entregara esta semana un nuevo informe sobre posibles irregularidades relacionadas con la contratación pública.

El instructor ha decidido abrir una pieza separada bajo secreto, una medida que permite desarrollar determinadas diligencias sin que los investigados y las demás partes tengan acceso temporal a su contenido, con las excepciones y garantías previstas legalmente.

La decisión no implica por sí misma que hayan aparecido delitos ya demostrados. Significa que el juez considera necesario investigar unos hechos que podrían tener relevancia penal y que, por el momento, requieren confidencialidad.

Los contratos de obra pública, bajo investigación

La nueva pieza está vinculada a las pesquisas sobre presuntas comisiones ilegales y adjudicaciones de obra pública durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.

Esta vertiente del procedimiento examina posibles acuerdos para favorecer a determinadas empresas mediante contratos públicos a cambio de contraprestaciones económicas. En ella figuran como investigados, entre otros, el exministro, su antiguo asesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El caso Koldo tiene varias líneas judiciales que conviene distinguir. La trama de los contratos de mascarillas ya dio lugar a una sentencia del Tribunal Supremo, mientras que las sospechas sobre adjudicaciones de infraestructuras continúan investigándose.

También existe otra pieza relacionada con los pagos en metálico del PSOE para reembolsar gastos adelantados por dirigentes y empleados. Se trata de diligencias diferentes, por lo que no cabe atribuir automáticamente a la operación de este jueves todos los hechos investigados en el procedimiento general.

Seis detenidos y actuaciones en Adif y otras provincias

El dispositivo policial se ha extendido a Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla. Fuentes próximas a la investigación han confirmado seis detenciones en el conjunto de la operación, aunque no se ha difundido una relación oficial completa de las personas arrestadas.

Entre los detenidos figura Cristian Corvillo, empresario cordobés que ejerció como chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017. Su arresto se ha producido en Córdoba y forma parte de las diligencias abiertas en esta nueva fase del caso.

Los agentes también se han personado en dependencias de Adif Alta Velocidad para recabar documentación relacionada con contratos sometidos a investigación. La intervención en esta entidad pública añade otra línea de comprobación al operativo, centrado en reconstruir posibles relaciones entre responsables, intermediarios y adjudicatarios.

Por ahora, el secreto judicial impide conocer el contenido íntegro del nuevo informe de la UCO, los contratos específicos sobre los que se han solicitado documentos y los indicios individuales que motivan cada detención.

La vivienda de Ábalos ya fue registrada en junio de 2025

La actuación de este jueves no es la primera entrada de la Guardia Civil en el domicilio valenciano del exministro.

El 10 de junio de 2025, los investigadores registraron la vivienda por orden del entonces instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el marco de las pesquisas sobre posibles irregularidades en adjudicaciones públicas.

Durante aquella intervención, los agentes recogieron documentación y distintos dispositivos electrónicos. Entre los materiales intervenidos figuraban soportes informáticos y memorias digitales que podían resultar relevantes para reconstruir las relaciones entre las personas investigadas. También se realizó una copia del contenido del teléfono móvil del exministro.

El nuevo registro se produce casi 17 meses después y responde a otras diligencias judiciales. No se ha comunicado públicamente qué objetos o documentos, en su caso, se han intervenido esta vez en la vivienda.

La situación procesal de Ábalos también es diferente. El antiguo ministro ya ha sido condenado a 24 años y tres meses de prisión por el Tribunal Supremo en la causa sobre contratos de mascarillas. Su exasesor Koldo García recibió una pena de 19 años y ocho meses, mientras que el empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio, con la ejecución de la pena privativa de libertad suspendida bajo determinadas condiciones.

La sentencia fue dictada en junio de 2026 y las condenas de Ábalos y Koldo quedaron confirmadas en octubre, cuando el Supremo rechazó sus incidentes de nulidad. La resolución afecta a unos hechos concretos y no determina la responsabilidad penal de los investigados en las nuevas diligencias.

La investigación continúa mientras se aclara la situación de Andrea

La nueva intervención de la UCO coloca otra vez el domicilio valenciano de José Luis Ábalos en el centro de las actuaciones judiciales del caso Koldo, aunque esta vez el exministro no estaba presente porque permanece encarcelado.

El elemento novedoso es la actuación policial sobre Andrea de la Torre, junto con las nuevas detenciones y las diligencias dirigidas a obtener información sobre contratos públicos. Su situación individual dependerá del resultado de las actuaciones y de las decisiones que adopte la autoridad judicial.

La investigación sigue abierta y su alcance todavía no se conoce por completo. La confirmación de la situación procesal de De la Torre, el contenido del informe policial y los posibles contratos afectados permitirán concretar la dimensión de esta nueva operación.

Entretanto, la presunción de inocencia se mantiene para todas las personas investigadas en estas diligencias. La sentencia firme dictada contra Ábalos en otra parte del caso no supone una condena anticipada por los hechos que examina la Audiencia Nacional.