Paraguay: el oficialismo frena la renuncia de Peña en el Congreso

Paraguay atraviesa una de sus mayores crisis políticas de los últimos años. El Partido Colorado, formación del presidente Santiago Peña, ha frustrado la votación parlamentaria que debía decidir sobre su renuncia a la Presidencia. Los legisladores oficialistas abandonaron el Congreso el jueves 5 de noviembre al comprobar que no reunían los apoyos necesarios para aceptar la dimisión, dejando la sesión sin el quórum exigido para continuar.

La maniobra mantiene a Santiago Peña en la Presidencia y permite que siga adelante el juicio político abierto contra él por el escándalo financiero de Ueno Bank. La Cámara de Diputados aprobó su acusación con 78 votos favorables y el Senado ya ha iniciado el procedimiento. El mandatario está convocado este viernes 6 de noviembre para presentar su defensa ante la Cámara Alta, que tendrá la última palabra sobre una posible destitución.

El episodio ha puesto de manifiesto una profunda fractura política. La oposición y parte de los dirigentes del propio Partido Colorado consideran que la salida de Peña no debe resolverse mediante una simple renuncia, sino a través de un procedimiento constitucional que determine su responsabilidad política.

La diferencia es considerable. Aceptar la dimisión y destituir al presidente no producen las mismas consecuencias jurídicas, especialmente por el estatuto de senador vitalicio que la Constitución paraguaya reconoce a los expresidentes elegidos democráticamente, salvo que hayan sido declarados culpables en un juicio político.

El oficialismo abandona el Congreso y deja sin resolver la renuncia

La sesión conjunta de diputados y senadores se celebró el jueves en Asunción con un único objetivo: decidir si el Parlamento aceptaba la renuncia presentada por Santiago Peña. La Constitución paraguaya establece que corresponde al Congreso aceptar o rechazar la dimisión del presidente de la República.

Tras varias horas de debate, los parlamentarios comenzaron a votar nominalmente. Sin embargo, el resultado provisional no favorecía a quienes pretendían cerrar la crisis mediante la aceptación de la renuncia.

Según el recuento difundido por la prensa paraguaya, 42 parlamentarios habían votado contra la dimisión y 41 a favor cuando los representantes oficialistas comenzaron a abandonar el hemiciclo.

La retirada dejó la sesión sin el quórum necesario para continuar. El presidente del Congreso, Basilio Núñez, tuvo que dar por terminada la reunión sin una resolución definitiva.

El resultado es una situación poco habitual: Peña ha presentado su renuncia, pero sigue siendo presidente porque el Parlamento no ha completado el procedimiento constitucional para aceptarla.

La maniobra tampoco ha conseguido detener el juicio político. Al contrario, la Cámara Alta ha retomado el proceso que podría terminar con su destitución.

Por qué la oposición rechaza que Santiago Peña dimita

El enfrentamiento no gira únicamente alrededor de la continuidad del mandatario. También afecta a las consecuencias legales de su salida del poder.

Una parte importante de la oposición, respaldada por dirigentes disidentes del Partido Colorado, sostiene que aceptar la dimisión permitiría a Peña abandonar la Presidencia sin que el Parlamento se pronunciara sobre su responsabilidad política en el escándalo bancario.

La diferencia entre renunciar y ser destituido

El artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente pueden convertirse en senadores vitalicios, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.

Esta condición les permite intervenir en las sesiones parlamentarias con voz, pero sin voto. También conlleva prerrogativas e inmunidades cuyo alcance resulta especialmente relevante cuando existen investigaciones judiciales.

No supone, en cualquier caso, una inmunidad penal absoluta ni impide por sí misma que se investiguen posibles delitos.

La destitución mediante juicio político tendría consecuencias diferentes. Si el Senado declara culpable a Peña, perdería el derecho a esa condición de senador vitalicio.

Por eso, quienes defienden continuar el procedimiento consideran insuficiente una renuncia voluntaria. Pretenden que exista una decisión expresa sobre su responsabilidad política, independientemente de las investigaciones que puedan desarrollar los tribunales ordinarios.

Ueno Bank, el escándalo financiero que ha provocado la crisis

El origen inmediato de la crisis política está en Ueno Bank, una entidad financiera paraguaya de rápido crecimiento cuya situación ha desencadenado una intervención del Banco Central del Paraguay.

El banco, especializado en servicios digitales, llegó a contar con aproximadamente tres millones de clientes en un país de unos 6,1 millones de habitantes.

Su expansión también estuvo vinculada a la gestión de importantes recursos públicos. La entidad administraba alrededor de 850 millones de dólares procedentes de instituciones estatales, incluidos fondos relacionados con el sistema público de pensiones.

La intervención se produjo después de que las autoridades regulatorias detectaran incumplimientos de los requisitos mínimos de solvencia. La entidad también estaba bajo escrutinio por presuntas operaciones crediticias excesivas con empresas vinculadas a su accionista de control, el Grupo Vázquez.

La crisis dejó temporalmente a numerosos clientes sin acceso a sus cuentas, incluidos pensionistas y ahorradores. Las autoridades comenzaron a trabajar para trasladar cuentas a otras entidades y proteger los depósitos.

Las relaciones empresariales de Peña bajo investigación

El presidente paraguayo ha sido cuestionado por sus anteriores vínculos empresariales con el Grupo Vázquez.

Peña ha reconocido que fue accionista de ese grupo empresarial, aunque sostiene que vendió su participación en marzo de 2025. Ueno Bank, por su parte, asegura que el mandatario nunca fue accionista ni inversor directo de la entidad financiera.

Los parlamentarios que impulsan el juicio político plantean posibles conflictos de intereses, irregularidades relacionadas con fondos de pensiones y deficiencias en la supervisión institucional.

La Fiscalía también investiga la actuación del mandatario en relación con la crisis bancaria. Paralelamente, se han dictado órdenes de detención contra ocho ejecutivos vinculados a Ueno.

Estas actuaciones no equivalen a una declaración de culpabilidad. Peña rechaza haber cometido irregularidades y sostiene que las cuestiones relacionadas con la entidad deben esclarecerse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

La crisis ha alcanzado igualmente al Banco Central. Su presidente, Carlos Carvallo, que anteriormente había dirigido Ueno, dimitió después de la intervención de la entidad.

Las autoridades financieras insisten en que los problemas están concentrados en Ueno Bank y no representan necesariamente una crisis generalizada del sistema bancario paraguayo.

El Senado inicia el juicio político contra Santiago Peña

La Cámara de Diputados aprobó el jueves la acusación contra el mandatario con 78 votos favorables, dando paso a una fase decisiva del procedimiento constitucional.

El artículo 225 establece que corresponde a la Cámara Baja formular la acusación y al Senado juzgar a los altos cargos sometidos a juicio político.

La Cámara Alta cuenta con 45 miembros. Para declarar culpable al presidente y destituirlo se necesita una mayoría de dos tercios del total, es decir, 30 votos.

El juicio político no es un proceso penal ordinario. Su finalidad constitucional es determinar si existen motivos para separar al mandatario de su cargo por mal desempeño de sus funciones o por delitos. Cuando aparecen indicios de responsabilidad penal, los antecedentes pueden trasladarse a la justicia ordinaria.

Peña comparecerá para defenderse este viernes 6 de noviembre

El Senado inició el procedimiento el jueves por la noche, con la constitución del tribunal y la presentación formal de la acusación.

La siguiente sesión está prevista para este viernes 6 de noviembre, a las 10.00 horas de Paraguay, cuando el presidente o sus representantes legales podrán presentar sus argumentos de defensa.

Peña ha confirmado su intención de ejercer ese derecho y defender su actuación con argumentos y pruebas, respetando las garantías constitucionales.

Basilio Núñez ha señalado que el procedimiento debe ajustarse a las normas parlamentarias y garantizar el derecho de defensa del acusado.

El reglamento contempla cinco sesiones extraordinarias para desarrollar las distintas fases del juicio, incluida la presentación de pruebas, los alegatos y la votación final.

Por el momento, no se ha producido ninguna destitución. El presidente continúa ejerciendo sus funciones mientras avanza el procedimiento.

Pedro Alliana, el vicepresidente que podría asumir el poder

La crisis también ha colocado en el centro de la atención política al vicepresidente Pedro Alliana, quien asumiría la Presidencia si se produce la salida definitiva de Santiago Peña.

Alliana, también perteneciente al Partido Colorado, es el sucesor constitucional del jefe del Estado. Su llegada al poder no exigiría unas nuevas elecciones presidenciales inmediatas, sino la aplicación del mecanismo de sustitución previsto en la Constitución.

El vicepresidente tampoco ha quedado al margen de las controversias parlamentarias. La Cámara de Diputados examinó una iniciativa para someterlo a juicio político, pero la propuesta no alcanzó la mayoría constitucional necesaria y fue archivada.

Esta circunstancia deja a Alliana como principal figura de continuidad institucional en caso de que el Senado acuerde destituir al actual presidente.

Una votación decisiva para el futuro político de Paraguay

La renuncia presentada por Santiago Peña no ha cerrado la crisis. La retirada de los legisladores oficialistas ha impedido resolverla por esa vía y ha trasladado el desenlace al juicio político del Senado.

La tensión ha trascendido el Congreso. Las protestas de ciudadanos y ahorradores afectados por Ueno Bank han provocado movilizaciones en Asunción, con incidentes entre manifestantes y fuerzas policiales en las inmediaciones de edificios públicos.

El desafío del sistema político paraguayo es doble: resolver la continuidad de la Presidencia conforme a la Constitución y esclarecer las responsabilidades derivadas de una crisis bancaria que afecta a millones de personas.

El futuro inmediato de Peña depende del Senado, pero la cuestión de fondo va más allá de un cambio de presidente. La recuperación de los depósitos, la supervisión financiera y las investigaciones judiciales seguirán pendientes independientemente de quién ocupe el Palacio de López.

Paraguay tiene, por tanto, dos procesos diferentes que resolver: uno político, sobre la permanencia del presidente, y otro financiero y judicial, sobre el destino del dinero y las responsabilidades por la caída de Ueno Bank.