La Audiencia Nacional tuvo casi dos meses preso al hombre equivocado

Un ciudadano francés pasó casi dos meses en prisión provisional en España después de que la Audiencia Nacional lo confundiera con un delincuente buscado por las autoridades austriacas. El verdadero sospechoso había utilizado fraudulentamente su identidad, y el afectado terminó encarcelado pese a presentar documentos que acreditaban quién era. Solo una revisión posterior del caso permitió corregir la equivocación.

El hombre, de nacionalidad franco-argelina, fue detenido en agosto de 2026 mientras disfrutaba de sus vacaciones en un camping de Gandía, en Valencia. La Policía comprobó sus datos y encontró una alerta internacional relacionada con un presunto estafador. El problema era que el nombre que figuraba en la búsqueda pertenecía a la víctima de una suplantación de identidad, no al delincuente. El 6 de octubre recuperó la libertad, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional exigiera nuevas comprobaciones.

La historia, conocida este 6 de noviembre, revela una sucesión de decisiones judiciales que mantuvieron privado de libertad a un hombre que llevaba años denunciando precisamente el delito que acabaría conduciéndolo a prisión. Su abogado prepara una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado por los perjuicios sufridos.

Unas vacaciones en Gandía que acabaron en prisión

El protagonista del caso es Raouf D., nacido en París en 1982 y con doble nacionalidad francesa y argelina. Durante sus vacaciones de agosto se encontraba alojado en un camping de Gandía cuando unos agentes le solicitaron la documentación.

La identificación activó una alerta relacionada con Kamel K., un ciudadano marroquí nacido en 1985 y reclamado por Austria por presuntos delitos de estafa. Entre los hechos investigados figuraba la utilización de tarjetas bancarias ajenas para efectuar compras. El sospechoso se enfrentaba a penas de hasta cinco años de cárcel.

Kamel había utilizado diferentes identidades falsas. Una de ellas coincidía con la de Raouf, cuya documentación había sido suplantada años atrás. Así, una búsqueda policial internacional dirigida contra un presunto delincuente terminó afectando a la persona cuyos datos personales había utilizado.

Tras su detención, Raouf compareció judicialmente por videoconferencia. Explicó que se estaba produciendo una confusión y que su documentación francesa era auténtica. Sin embargo, el procedimiento continuó y se acordó su ingreso en prisión provisional, mientras se tramitaba la reclamación de las autoridades austriacas.

La situación resultaba especialmente grave porque no se trataba de una simple coincidencia de nombres. El verdadero sospechoso había incorporado deliberadamente la identidad de otra persona a sus actividades, lo que complicaba su identificación mediante los registros policiales.

La denuncia de 2017 que no logró evitar el encarcelamiento

La defensa del detenido, ejercida por el abogado Vicente Seglar, intentó demostrar desde el principio que su cliente no era el hombre reclamado.

Entre los documentos aportados figuraba una prueba especialmente significativa: una denuncia presentada en París en 2017 por usurpación de identidad. Es decir, Raouf había dejado constancia oficial del problema aproximadamente nueve años antes de su detención en España.

No fue la única documentación. Su defensa también presentó su partida de nacimiento, el libro de familia, el documento de identidad de su hijo, su contrato laboral, información sobre su trayectoria profesional y el contrato de alquiler de su vivienda en París.

Todos esos elementos pretendían acreditar que el detenido tenía una identidad perfectamente documentada y una vida estable en Francia, distinta de la del individuo al que buscaban las autoridades europeas.

Pese a ello, los primeros recursos no consiguieron modificar su situación. El juez mantuvo la medida cautelar y el afectado continuó encarcelado.

La defensa consideraba que la situación había adquirido un carácter absurdo: un hombre que había denunciado ser víctima de una suplantación estaba preso por los delitos atribuidos a quien utilizaba sus datos.

Diez centímetros de diferencia que acabaron desmontando el error

El caso experimentó un giro cuando la defensa consiguió que las autoridades austriacas remitieran información adicional sobre el verdadero sospechoso.

Los nuevos datos revelaron una discrepancia difícil de ignorar: Raouf era diez centímetros más alto que Kamel. Las fotografías también mostraban diferencias físicas evidentes entre ambos.

La identificación del presunto estafador contaba, además, con elementos biométricos, entre ellos información genética. La defensa utilizó estas diferencias para insistir en que el hombre encarcelado no podía ser la persona buscada.

Finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional atendió el recurso de apelación y ordenó comprobar urgentemente las identidades mediante fotografías y pruebas de ADN.

El auto judicial, fechado el 29 de septiembre de 2026, abrió el camino a la rectificación. El 6 de octubre, Raouf quedó en libertad. Había pasado cerca de dos meses privado de ella por una confusión que las diferencias físicas y las comprobaciones de identidad permitieron esclarecer.

El problema de las alertas internacionales de detención

La actuación policial tuvo su origen en una notificación roja de Interpol vinculada a una orden europea de detención emitida por Austria.

Conviene distinguir ambos instrumentos. Una notificación roja de Interpol es una solicitud de cooperación internacional para localizar a una persona buscada y, cuando corresponda, detenerla provisionalmente. No constituye por sí misma una orden internacional de detención: cada país aplica su legislación.

La orden europea de detención y entrega, por su parte, es un mecanismo judicial que permite solicitar la detención y entrega de personas entre Estados miembros de la Unión Europea.

La identidad debe verificarse antes de ejecutar la entrega

Estos procedimientos necesitan agilidad para impedir que los delincuentes eludan la justicia cruzando fronteras. Pero también requieren comprobar que la persona detenida es realmente aquella contra la que se dirige la reclamación.

En este caso, el uso fraudulento de una identidad auténtica provocó que los datos del sospechoso y los de la víctima acabaran relacionados dentro de una búsqueda internacional.

La documentación presentada por la defensa, las diferencias físicas y los antecedentes de la suplantación proporcionaban elementos para revisar esa identificación. La prisión se mantuvo hasta que una instancia judicial superior exigió verificaciones adicionales.

Una reclamación al Estado por la prisión injusta

La puesta en libertad no supone el final de las consecuencias para Raouf. Su abogado, Vicente Seglar, ha anunciado su intención de presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por el encarcelamiento.

La legislación española contempla la posibilidad de reclamar indemnizaciones por daños derivados del funcionamiento de la Administración de Justicia. Los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial regulan estos supuestos, aunque su aplicación depende de las circunstancias y de los requisitos legales correspondientes.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 que modificó el alcance del artículo 294, el régimen indemnizatorio de la prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento libre dejó de estar limitado a determinados motivos de absolución. No obstante, esa regulación no significa que cualquier puesta en libertad genere automáticamente una compensación económica.

En el caso de Raouf será necesario determinar la vía jurídica aplicable, acreditar los perjuicios y establecer, si procede, la cuantía de la indemnización.

Recuperó la libertad, pero perdió semanas de su vida

Tras salir de prisión, Raouf regresó a París y consiguió reincorporarse a su empleo. Su ausencia laboral había comenzado a tener consecuencias cuando terminaron sus vacaciones y él seguía encarcelado en España.

El episodio deja una cuestión de fondo sobre el funcionamiento de las garantías judiciales: la identidad de una persona no puede darse por acreditada únicamente porque sus datos aparezcan en una alerta policial.

El sistema terminó rectificando, pero lo hizo después de una prolongada privación de libertad y de varios intentos infructuosos de la defensa para conseguir una revisión.

Raouf recuperó su vida en Francia. Ahora pretende que se reconozcan los daños sufridos. Su caso demuestra que una suplantación de identidad puede tener consecuencias mucho más graves que el uso fraudulento de un documento: incluso puede acabar llevando a prisión a la propia víctima.