China aprueba una ley para proteger la Antártida y regular el turismo

China ha aprobado este viernes, 6 de noviembre de 2026, una nueva ley para regular sus actividades en la Antártida, reforzar la protección del medioambiente y establecer controles más estrictos sobre las expediciones científicas, el turismo y el transporte marítimo. La legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y supone un paso importante en la organización de la creciente presencia china en el continente austral.

La norma, aprobada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, establece un sistema de autorizaciones, evaluaciones de impacto ambiental y responsabilidades legales para quienes desarrollen actividades antárticas bajo jurisdicción china. Su objetivo es prevenir daños a los ecosistemas, mejorar la seguridad de las operaciones y garantizar que la investigación científica se ajuste a las obligaciones internacionales de protección ambiental.

La decisión llega en un momento de creciente interés internacional por las regiones polares. China ha ampliado sus capacidades científicas y logísticas en la Antártida, donde dispone de cinco estaciones de investigación, mientras el turismo y las actividades marítimas plantean nuevos desafíos para la conservación de uno de los territorios más vulnerables del planeta.

La legislación también tiene una dimensión estratégica. Pekín busca consolidar su participación en la investigación y en los organismos internacionales que deciden cómo se administra la Antártida. Pero conviene distinguir ambas cuestiones: aprobar una ley para controlar las actividades nacionales no significa adquirir soberanía sobre un territorio sometido a un régimen jurídico internacional.

Permisos para expediciones, turismo y transporte marítimo

Uno de los principales cambios es la regulación de las autorizaciones administrativas necesarias para desarrollar determinadas actividades en la Antártida.

La nueva ley establece requisitos para las expediciones científicas, las operaciones turísticas y la navegación. Quienes soliciten los permisos correspondientes deberán presentar documentación sobre las actividades previstas y sus posibles consecuencias ambientales.

Entre los documentos exigidos figuran los planes de actividad, las evaluaciones de impacto ambiental y las medidas previstas para responder a emergencias. La regulación contempla también requisitos relacionados con las garantías económicas y los seguros.

No se trata únicamente de controlar quién viaja al continente. Las autoridades chinas pretenden disponer de información sobre las operaciones, evaluar sus riesgos y exigir responsabilidades cuando se incumplan las condiciones establecidas.

La legislación se organiza en siete capítulos y 59 artículos, dedicados, entre otras materias, a las autorizaciones, la conservación ambiental, las inspecciones, los mecanismos de supervisión y las sanciones.

Proteger la fauna, los mares y las zonas sensibles

La protección ambiental constituye otro de los pilares de la nueva legislación. Las actividades chinas deberán desarrollarse evitando o reduciendo sus efectos negativos sobre los ecosistemas antárticos.

Las obligaciones incluyen proteger los animales y las plantas autóctonas, gestionar correctamente los residuos y prevenir la contaminación marina. También se contemplan medidas relacionadas con las áreas especialmente protegidas y la conservación de lugares históricos.

Estas precauciones tienen una importancia particular en la Antártida. Sus ecosistemas presentan condiciones extremas y una capacidad de recuperación limitada frente a determinadas alteraciones humanas.

La llegada de visitantes, los movimientos de embarcaciones, las instalaciones científicas y la gestión de materiales pueden generar impactos ambientales que van más allá de la presencia temporal de personas.

La ley también refuerza la supervisión de las actividades y prevé consecuencias legales para quienes incumplan las obligaciones ambientales.

El turismo antártico, sometido a mayores controles

El crecimiento del turismo polar ha sido uno de los asuntos relevantes durante la elaboración de la norma.

La regulación establece obligaciones para los operadores turísticos y los visitantes, especialmente en materia de seguridad y respeto al entorno natural. Las empresas deberán adoptar medidas preventivas y proporcionar los medios adecuados para desarrollar sus actividades.

Los turistas que visiten instalaciones científicas chinas estarán sujetos a normas específicas y no podrán interferir en las investigaciones que se desarrollen en ellas.

Durante la tramitación legislativa se contemplaron multas de hasta un millón de yuanes para determinadas actividades realizadas sin autorización, así como prohibiciones temporales para solicitar nuevos permisos. La ley aprobada incorpora un régimen sancionador, cuyo alcance para cada infracción queda determinado por su articulado definitivo.

China amplía su presencia científica en la Antártida

La nueva legislación coincide con una etapa de expansión de las capacidades polares de China.

El país lleva más de cuatro décadas desarrollando investigaciones antárticas en campos como la oceanografía, la geología, los ecosistemas marinos y el cambio climático.

Uno de sus avances más recientes fue la inauguración, en febrero de 2024, de la estación científica Qinling, situada en la isla Inexpressible, junto al mar de Ross. Con esta instalación, China alcanzó las cinco bases de investigación en la Antártida.

La ubicación de Qinling amplía las posibilidades de investigación en una región donde también operan instalaciones de otros países, entre ellas la estadounidense McMurdo.

En mayo de 2026, China completó su 42.ª expedición antártica, iniciada en noviembre de 2025. La campaña incluyó investigaciones ecológicas y estudios en los mares de los Cosmonautas y de Amundsen, además de una campaña oceanográfica en la bahía de Prydz.

El Gobierno chino pretende mejorar la coordinación de sus programas científicos, fortalecer las infraestructuras y aumentar la seguridad de las expediciones.

Esta expansión también ha suscitado interés estratégico internacional. El desarrollo de estaciones, sistemas de comunicaciones y capacidades logísticas puede reforzar la influencia de un país en la cooperación y la gobernanza polar, aunque su utilización debe respetar las disposiciones del Tratado Antártico.

El Tratado Antártico sigue marcando los límites

La aprobación de una ley nacional no modifica el régimen internacional que regula el continente.

China forma parte del Tratado Antártico, firmado en 1959 y vigente desde 1961, que reserva la región para fines pacíficos, garantiza la libertad de investigación científica conforme a sus disposiciones y establece un marco de cooperación entre los Estados participantes.

La protección ambiental se reforzó con el Protocolo de Madrid, firmado en 1991 y en vigor desde 1998. Este acuerdo declara la Antártida reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia.

Una de sus disposiciones más importantes prohíbe las actividades relacionadas con los recursos minerales, salvo las destinadas a la investigación científica.

La prohibición no caduca automáticamente en 2048, como se afirma ocasionalmente. A partir de ese año existe la posibilidad de solicitar una conferencia de revisión del protocolo, pero cualquier modificación de la prohibición minera debe cumplir condiciones internacionales especialmente exigentes.

La legislación china deberá aplicarse dentro de este marco, sin sustituir las obligaciones internacionales que afectan a las actividades científicas, turísticas y logísticas.

Para España, el acuerdo también tiene una importancia especial. El Protocolo de Madrid constituye uno de los pilares de la protección antártica y establece obligaciones que deben respetar tanto los programas nacionales de investigación como otras actividades autorizadas.

El desafío será hacer cumplir la protección ambiental

La nueva ley supone un avance en la regulación interna de las actividades antárticas de China, pero su eficacia dependerá de cómo se apliquen las autorizaciones, las inspecciones y las sanciones.

La distancia geográfica, las condiciones meteorológicas y la dificultad de supervisar operaciones en regiones remotas complican el control ambiental. Precisamente por eso, la prevención y la planificación resultan fundamentales.

A partir del 1 de enero de 2027, China dispondrá de un marco legal específico para ordenar sus expediciones, regular el turismo y reforzar la protección de los ecosistemas antárticos.

La medida también refleja una realidad más amplia: cada vez más países consideran las regiones polares estratégicas para la investigación científica y su presencia internacional.

El reto consiste en compatibilizar ese interés con la conservación de la Antártida, un territorio cuyo equilibrio ambiental tiene consecuencias para todo el planeta. La nueva legislación china establece obligaciones sobre el papel. Su cumplimiento determinará hasta qué punto se traducen en una protección efectiva.