Los Ángeles aprueba cerrar 600 pozos de petróleo y vetar otros nuevos

Los Ángeles ha dado un paso decisivo para poner fin a la extracción de petróleo y gas dentro de la ciudad. El Ayuntamiento aprobó este miércoles 28 de octubre una ordenanza que prohíbe abrir nuevos pozos y establece un plazo máximo de 20 años para retirar progresivamente las explotaciones existentes. La medida afecta a unos 600 pozos activos y 1.200 inactivos y supone un cambio histórico para una ciudad cuya expansión estuvo estrechamente vinculada a la industria petrolera.

La decisión salió adelante por unanimidad, con 13 votos a favor y ninguno en contra, aunque dos concejales estuvieron ausentes. Todavía necesita la firma de la alcaldesa, Karen Bass, cuyo equipo ha manifestado su intención de aprobarla. Una vez completado ese trámite, Los Ángeles se convertirá en la mayor ciudad de Estados Unidos que establece la eliminación gradual de sus explotaciones petroleras.

La prohibición no significa que las instalaciones vayan a detenerse inmediatamente. Las compañías podrán mantener determinadas operaciones durante el periodo de transición de 20 años, pero no abrir nuevos pozos ni ampliar su capacidad de extracción. El objetivo es que una actividad presente desde hace más de un siglo desaparezca progresivamente del territorio municipal.

Detrás de esta decisión hay más de una década de movilizaciones vecinales, estudios sobre los riesgos sanitarios de vivir cerca de instalaciones petroleras y una prolongada disputa judicial con las compañías del sector. Para numerosos residentes de barrios como Wilmington y el sur de Los Ángeles, el problema no ha sido únicamente ambiental: los pozos forman parte de su entorno cotidiano, en ocasiones a escasa distancia de viviendas, colegios y parques.

Cómo será el cierre de los pozos petroleros de Los Ángeles

La nueva ordenanza modifica las normas urbanísticas para declarar las actividades de extracción de petróleo y gas como usos no conformes con la planificación de la ciudad. En términos prácticos, significa que las explotaciones existentes podrán continuar funcionando de manera limitada durante un periodo transitorio, pero dejarán de estar admitidas como actividad permanente.

El Ayuntamiento establece un horizonte máximo de 20 años para el cese de las operaciones. Ese plazo pretende permitir que las empresas recuperen parte de sus inversiones antes de abandonar los pozos, aunque los estudios económicos sobre las instalaciones podrían justificar cierres anteriores en determinados casos.

El alcance de la medida es considerable. Los aproximadamente 600 pozos que siguen produciendo deberán abandonar progresivamente la actividad, mientras que otros 1.200 que permanecen inactivos tampoco podrán utilizarse para reanudar la extracción.

La normativa contempla excepciones para trabajos de mantenimiento ordinario y actuaciones necesarias por motivos de seguridad o protección ambiental. Sin embargo, no permite profundizar, volver a perforar o ampliar las explotaciones existentes para incrementar la producción.

Los pozos inactivos también quedan afectados

Uno de los aspectos importantes de la ordenanza es que no se limita a las instalaciones que actualmente extraen crudo.

Los pozos inactivos plantean un problema distinto. Aunque hayan dejado de producir, pueden conservar infraestructuras subterráneas que requieren vigilancia, mantenimiento y, llegado el momento, un sellado adecuado para evitar posibles fugas.

La prohibición impide que las compañías utilicen la suspensión temporal de la actividad como una oportunidad para recuperar posteriormente esas explotaciones. El objetivo municipal es avanzar hacia su abandono definitivo y la recuperación de los terrenos, respetando las obligaciones de seguridad correspondientes.

Conviene distinguir, además, entre la ciudad y el condado de Los Ángeles. La ordenanza aprobada afecta al territorio administrado por el Ayuntamiento, no automáticamente a todas las localidades del condado. Otras jurisdicciones, como Long Beach, mantienen sus propias competencias, mientras que el gobierno del condado trabaja en restricciones para las áreas no incorporadas a ningún municipio.

La contaminación y los riesgos para la salud, en el centro del debate

La extracción de petróleo en Los Ángeles tiene una particularidad que ayuda a entender la controversia: parte de las instalaciones se encuentra integrada en zonas densamente pobladas.

A diferencia de los grandes campos petroleros situados en regiones poco habitadas, algunos pozos angelinos funcionan junto a viviendas, centros educativos, instalaciones sanitarias y espacios públicos. La actividad se concentra especialmente en áreas del sur y el oeste de la ciudad, así como en sectores próximos al puerto.

Cientos de miles de residentes del condado viven cerca de instalaciones petroleras, una proximidad que lleva años preocupando a organizaciones sanitarias y grupos vecinales.

Distintas investigaciones científicas han encontrado asociaciones entre la cercanía a explotaciones de petróleo y determinados problemas de salud. Entre los riesgos estudiados figuran la exposición a contaminantes atmosféricos, las alteraciones respiratorias, determinados efectos cardiovasculares y los resultados adversos durante el embarazo.

La actividad petrolera puede liberar sustancias como el benceno y otros compuestos orgánicos volátiles, además de generar emisiones relacionadas con los equipos industriales y el transporte. La exposición depende de numerosos factores, entre ellos la distancia, el tipo de instalación y las condiciones ambientales.

Esto no significa que todas las enfermedades registradas en esos barrios puedan atribuirse directamente a los pozos. La asociación epidemiológica no demuestra por sí sola la causa de cada caso individual, pero los estudios ofrecen motivos suficientes para investigar y reducir las exposiciones potencialmente peligrosas.

La controversia tiene también una dimensión social. Las explotaciones cercanas a viviendas se encuentran con frecuencia en comunidades de ingresos bajos y barrios con una elevada población de minorías étnicas.

El Ayuntamiento considera que esa distribución ha contribuido a perpetuar desigualdades ambientales, al concentrar determinados riesgos industriales en zonas cuyos habitantes tienen menos recursos para evitarlos.

Una prohibición que la Justicia anuló en 2024

La decisión de octubre de 2026 no es el primer intento de Los Ángeles para acabar con la extracción urbana de petróleo.

En 2022, el Ayuntamiento aprobó una ordenanza que ya planteaba impedir nuevas perforaciones y retirar las explotaciones existentes durante un periodo de 20 años. Parecía que la ciudad había encontrado una solución definitiva a un conflicto que llevaba años acumulando protestas.

Pero las petroleras acudieron a los tribunales.

Las compañías cuestionaron las competencias municipales para imponer restricciones sobre una actividad regulada por el estado de California. En septiembre de 2024, un tribunal dio la razón a las empresas en ese aspecto y dejó sin efecto la prohibición.

El Ayuntamiento tuvo que retirar la normativa. La batalla, sin embargo, continuó en el ámbito legislativo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó en 2024 la ley AB 3233, que entró en vigor el 1 de enero de 2025 y reconoció expresamente la capacidad de los gobiernos locales para prohibir o limitar las operaciones de petróleo y gas dentro de sus jurisdicciones.

Esta modificación cambió sustancialmente el escenario jurídico. Las ciudades y los condados pasaron a contar con una autorización estatal específica para establecer restricciones más exigentes cuando estuvieran justificadas por motivos sanitarios, climáticos o ambientales.

Con ese respaldo, Los Ángeles volvió a preparar su ordenanza. La nueva versión incorpora una justificación urbanística y sanitaria más detallada, además de mecanismos para regular las operaciones durante el periodo de transición.

La votación del 28 de octubre representa, por tanto, el segundo intento de la ciudad para aprobar la prohibición petrolera que ya había sido respaldada políticamente cuatro años antes.

Las petroleras anuncian otra batalla judicial

La unanimidad del Ayuntamiento no significa que el conflicto esté resuelto.

Las compañías petroleras mantienen que la prohibición perjudica sus derechos económicos y amenaza inversiones realizadas bajo autorizaciones anteriores. Sus representantes sostienen que obligarlas a abandonar las explotaciones podría constituir una privación de derechos de propiedad sin la correspondiente compensación.

La industria también advierte de posibles consecuencias para el empleo, la recaudación tributaria y el suministro energético.

La Asociación Independiente del Petróleo de California ha cuestionado la decisión y sostiene que reducir la producción local podría aumentar la dependencia de las importaciones, con posibles efectos sobre los precios de los combustibles y las emisiones asociadas al transporte.

Son argumentos de parte y no equivalen a una estimación demostrada del impacto económico de la ordenanza. El efecto final dependerá, entre otros factores, del volumen de producción que desaparezca, de los costes de sustitución y de la evolución del mercado energético.

El Ayuntamiento, por su parte, considera que la protección de la salud pública justifica una retirada progresiva de estas actividades.

La nueva legislación de California refuerza su posición, pero no impide que las empresas vuelvan a acudir a los tribunales. De hecho, representantes del sector ya han adelantado su intención de cuestionar judicialmente la norma.

Existe también una cuestión laboral. El cierre progresivo afectará a las actividades relacionadas con la extracción y el mantenimiento de pozos, aunque todavía no se ha establecido una cifra concreta de puestos de trabajo que puedan desaparecer.

Las autoridades municipales y del condado participan en iniciativas de transición laboral y económica para afrontar los cambios que supondrá el abandono de la producción petrolera.

El futuro de los terrenos petroleros de Los Ángeles

El siguiente paso administrativo corresponde a Karen Bass. La alcaldesa deberá firmar la ordenanza para completar su aprobación, mientras el Ayuntamiento prepara su aplicación y las compañías estudian posibles impugnaciones.

La medida encaja en los objetivos energéticos de Los Ángeles, que aspira a disponer de un sistema eléctrico alimentado completamente por fuentes limpias en 2035. La eliminación de los pozos urbanos forma parte de una estrategia ambiental más amplia, aunque no debe confundirse con una prohibición general del consumo de combustibles fósiles.

El principal desafío a largo plazo será garantizar que el abandono de las instalaciones se realice de forma segura.

Cerrar un pozo no consiste únicamente en detener las bombas. Es necesario sellarlo correctamente, retirar o asegurar las infraestructuras que correspondan y evaluar si los terrenos necesitan actuaciones de descontaminación antes de poder destinarse a otros usos.

La legislación californiana establece responsabilidades para los operadores en el sellado de los pozos y el desmantelamiento de las instalaciones. El Ayuntamiento también contempla medidas para facilitar la recuperación de antiguos emplazamientos industriales.

Una parte de esos espacios podría acabar destinada a parques, viviendas u otros equipamientos comunitarios, siempre que sus condiciones ambientales permitan una reutilización segura. No existe, por ahora, un proyecto concreto para transformar todos los terrenos afectados.

Los Ángeles ha aprobado así una retirada que será larga y probablemente conflictiva. La ciudad que durante décadas creció alrededor de sus yacimientos ha decidido que la extracción de petróleo deje de formar parte de su futuro urbano. Queda por comprobar cómo se ejecutará ese compromiso, cuánto tardarán realmente en cerrarse las instalaciones y qué obstáculos judiciales aparecerán durante el proceso.