Paraguay destituye a Santiago Peña y lo detiene por el caso Ueno Bank

Paraguay ha destituido y detenido a su presidente, Santiago Peña, en una jornada que ha desembocado en un cambio de Gobierno y una investigación penal por el colapso de Ueno Bank. El Senado aprobó este viernes 6 de noviembre de 2026 la destitución del mandatario por unanimidad y, pocas horas después, la Fiscalía ordenó su arresto por presunta lesión de confianza y otros posibles delitos relacionados con la administración de fondos públicos.

La orden establece que la detención de Peña debe realizarse en su domicilio hasta quedar a disposición del Ministerio Público. Su arresto fue comunicado por medios locales y recogido posteriormente por la prensa internacional. Mientras tanto, el hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, prestó juramento como nuevo jefe del Estado para completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028. La crisis financiera que comenzó con la intervención de un banco ha terminado, en apenas unos días, con la salida del presidente y la apertura de una nueva etapa política.

El caso tiene una dimensión especialmente delicada: cerca de tres millones de clientes se han visto afectados por el bloqueo de sus ahorros en Ueno Bank, una entidad que había experimentado un crecimiento extraordinario y mantenía importantes depósitos procedentes de instituciones públicas. Las investigaciones tratan de establecer si las decisiones del Gobierno y de los organismos supervisores favorecieron irregularmente al grupo financiero.

Santiago Peña, detenido por orden de la Fiscalía paraguaya

El Ministerio Público paraguayo emitió el viernes una orden de detención contra Santiago Peña Palacios, después de que el Senado aprobara su destitución mediante un juicio político. La investigación también alcanza a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), cuya actuación como supervisor financiero está siendo examinada.

La resolución establece que Peña debe permanecer detenido en su domicilio hasta quedar a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. La orden fue remitida a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento.

El procedimiento forma parte de la causa penal 92/2026, abierta para investigar presuntos delitos de lesión de confianza y otras conductas relacionadas con los recursos públicos depositados en Ueno Bank. La Fiscalía intenta determinar si determinadas actuaciones u omisiones de las autoridades provocaron daños patrimoniales o facilitaron operaciones contrarias a la legislación.

Conviene distinguir las consecuencias de las dos decisiones. La destitución parlamentaria supone la pérdida del cargo presidencial, mientras que la detención tiene carácter penal y provisional. No constituye una condena ni demuestra por sí misma la comisión de los delitos investigados.

El Senado destituye al presidente con 44 votos a favor

La caída de Peña se consumó después de un procedimiento parlamentario extraordinariamente rápido. Los 44 senadores presentes votaron a favor de su destitución, al considerar acreditado el mal desempeño de sus funciones en relación con la crisis bancaria.

El presidente había presentado previamente su renuncia, pero el Congreso no llegó a aceptarla. Los legisladores optaron por continuar con el juicio político, un mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución paraguaya para exigir responsabilidades a las principales autoridades del Estado.

La diferencia no era menor. La destitución, a diferencia de una salida mediante dimisión, impide a Peña acceder al escaño de senador vitalicio que la Constitución reconoce a los expresidentes elegidos democráticamente. Ese cargo lleva asociadas determinadas prerrogativas parlamentarias.

Los abogados del mandatario cuestionaron la rapidez del procedimiento y reclamaron más tiempo para preparar su defensa. El Senado rechazó la solicitud de una prórroga de 72 horas. Peña no asistió personalmente a la sesión que terminó con su mandato.

Su destitución constituye el segundo caso de un presidente paraguayo apartado del poder mediante juicio político en la historia reciente del país, después de Fernando Lugo en 2012.

Ueno Bank: el escándalo financiero que provocó la crisis

El origen inmediato de la crisis se encuentra en la intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras con mayor presencia entre los particulares paraguayos.

El Banco Central decidió el martes 3 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de la entidad después de detectar un grave deterioro de su solvencia. Según la información difundida por el supervisor, el índice había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, tras los ajustes realizados durante el proceso de regularización.

La intervención dejó temporalmente bloqueadas las operaciones de millones de clientes. El problema excedía al ahorro privado: instituciones públicas, organismos estatales y fondos de pensiones habían colocado cantidades millonarias en el banco.

Ueno había recibido más de 800 millones de dólares en depósitos públicos, una circunstancia que ha situado bajo investigación tanto las decisiones de inversión como la actuación de las autoridades encargadas de supervisar su actividad.

Los vínculos empresariales de Santiago Peña con el banco

La investigación se centra también en las relaciones económicas que el expresidente mantuvo con el grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank.

Peña había declarado participaciones en Ueno Holding valoradas en aproximadamente 6.144 millones de guaraníes. Esas acciones fueron vendidas en 2025, antes del estallido de la crisis financiera.

Los denunciantes consideran necesario aclarar si sus anteriores intereses empresariales influyeron en determinadas decisiones gubernamentales o en el tratamiento que recibió la entidad por parte de los organismos supervisores.

Otro elemento relevante es la trayectoria de Carlos Carvallo, quien había ocupado responsabilidades en Financiera Ueno antes de ser nombrado presidente del Banco Central paraguayo.

Las denuncias sostienen que las autoridades supervisoras conocían problemas relevantes en la entidad desde abril de 2026 y que no actuaron con la rapidez necesaria. La investigación deberá determinar qué información estaba disponible, quién tomó las decisiones y si existieron responsabilidades penales.

Peña ha negado haber cometido irregularidades. Sus anteriores vínculos empresariales con Ueno, por sí solos, no acreditan ningún delito.

Millones de ahorradores afectados y directivos encarcelados

La intervención de Ueno Bank desencadenó una oleada de protestas en Paraguay. Miles de ciudadanos salieron a las calles para reclamar la devolución de sus ahorros y responsabilidades por lo sucedido.

La dimensión del problema explica buena parte de la reacción social. La entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes, muchos de los cuales utilizaban sus cuentas para recibir ingresos, pagar compras o administrar sus ahorros cotidianos.

El Banco Central comenzó a efectuar devoluciones a determinados depositantes con saldos de hasta 10 millones de guaraníes, dentro de la primera fase de aplicación de las garantías. La cobertura general del sistema de garantía de depósitos alcanza aproximadamente 228,3 millones de guaraníes por depositante, aunque la recuperación efectiva depende de las condiciones legales aplicables.

En paralelo, la investigación penal se ha extendido a la dirección del banco. Varios antiguos responsables de Ueno han ingresado en prisión preventiva, mientras que otros investigados han quedado sujetos a medidas cautelares.

La Fiscalía también ha realizado registros e incautaciones de documentación y bienes vinculados al grupo empresarial. Entre los elementos intervenidos figuran vehículos de alta gama, aeronaves y otros activos cuya relación con las operaciones investigadas deberá esclarecerse.

La crisis ha afectado especialmente a los fondos procedentes de organismos públicos, entre ellos el Instituto de Previsión Social (IPS). Determinar cuánto dinero podrá recuperarse y si existieron responsabilidades en su colocación constituye uno de los principales asuntos pendientes.

Pedro Alliana asume el poder con la investigación abierta

La destitución de Santiago Peña activó la sucesión constitucional. Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, juró el cargo de presidente de Paraguay durante la noche del viernes y asumió la responsabilidad de completar el mandato iniciado en 2023.

La llegada de Alliana a la Presidencia deja también vacante la Vicepresidencia de la República, cuya cobertura corresponde al procedimiento constitucional. El senador Antonio Barrios figura entre los nombres propuestos para ocupar el cargo.

Alliana, dirigente del Partido Colorado, recibe un Gobierno sometido a una fuerte presión política y social. Su principal desafío inmediato es gestionar las consecuencias del colapso bancario, garantizar la continuidad de las instituciones y afrontar las reclamaciones de los depositantes afectados.

La salida de Peña tampoco pone fin a las actuaciones judiciales. La Fiscalía mantiene abiertas investigaciones sobre antiguos responsables de Ueno Bank, funcionarios de organismos financieros y decisiones vinculadas con la utilización de recursos estatales.

Queda por determinar el alcance de las responsabilidades individuales y la situación procesal definitiva del expresidente. El juicio político ha resuelto quién gobierna Paraguay, pero no quién responde penalmente por la crisis de Ueno Bank. Esa cuestión dependerá de las pruebas reunidas y de las decisiones de los tribunales.