Ueno Bank: las pensiones de Paraguay y la gala que premió a Cerimedo

El colapso de Ueno Bank en Paraguay ha destapado una crisis financiera y política que alcanza al presidente Santiago Peña y pone bajo examen el destino de cientos de millones de dólares procedentes del sistema público de pensiones. La entidad, intervenida por el Banco Central el 3 de noviembre de 2026, mantenía unos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) y figuró entre los principales patrocinadores de una gala celebrada en Mar-a-Lago, Estados Unidos, donde fue premiado el consultor político argentino Fernando Cerimedo.

El escándalo reúne tres asuntos especialmente delicados: la exposición del dinero destinado a las jubilaciones, los antiguos vínculos empresariales de Santiago Peña con el banco y la financiación de encuentros políticos internacionales. El patrocinio de la gala está documentado, pero no se ha acreditado una transferencia directa de fondos del IPS para pagar el evento o sus premios. Esa diferencia resulta fundamental para entender qué se conoce realmente del caso y qué responsabilidades siguen bajo investigación.

Ueno Bank: cientos de millones de las pensiones bajo intervención

La crisis comenzó oficialmente el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la apertura de un procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión se adoptó después de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido, tras una revisión de sus estados financieros.

La medida paralizó las operaciones de una entidad que contaba con cerca de 2,9 millones de clientes. Miles de ciudadanos se encontraron con dificultades para acceder a sus ahorros, utilizar sus tarjetas o realizar pagos electrónicos. El problema adquirió rápidamente una dimensión nacional y desencadenó manifestaciones en Asunción.

La intervención también reveló la importante exposición de las instituciones públicas a la entidad financiera. Ueno Bank había recibido más de 800 millones de dólares procedentes de organismos estatales, entre ellos el Instituto de Previsión Social, encargado de administrar las jubilaciones y otras prestaciones.

El IPS confirmó que mantenía aproximadamente 355 millones de dólares invertidos en Ueno Bank, equivalentes a cerca del 9 % de su cartera financiera. Los recursos estaban distribuidos entre certificados de depósito y otros instrumentos bancarios.

La institución explicó que sus últimas colocaciones en Ueno se habían realizado en 2025 y que durante 2026 no se habían autorizado nuevas inversiones.

El principal problema no consiste únicamente en la cantidad de dinero comprometida. También hay dudas sobre las decisiones que permitieron concentrar tantos recursos públicos en una entidad privada cuyos problemas de solvencia terminaron obligando al regulador a intervenir.

La investigación deberá determinar si se respetaron los límites de inversión, si existieron conflictos de intereses y qué responsabilidades corresponden a los administradores del banco y a los funcionarios encargados de supervisarlo.

La gala de Mar-a-Lago que patrocinó Ueno Bank

Uno de los episodios que ha despertado mayor interés internacional ocurrió meses antes de la intervención bancaria.

El 10 de febrero de 2026, el club Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump y situado en Palm Beach, Florida, acogió la Hispanic Prosperity Gala, un encuentro organizado por Latino Wall Street para reconocer a personalidades del ámbito empresarial, político y social vinculadas al movimiento conservador estadounidense.

Entre los patrocinadores principales apareció Ueno Bank.

La entidad paraguaya figuraba en la categoría Diamond Sponsor, el nivel más destacado de financiación comercial del acontecimiento, junto a otras cinco marcas.

La participación del banco no es una información surgida después de su desplome financiero. Ya había sido publicada en febrero, cuando su presencia entre los grandes patrocinadores despertó interrogantes en Paraguay por la cantidad de fondos públicos que administraba.

La organización había anunciado una aportación de 100.000 dólares para esa categoría de patrocinio. Sin embargo, la inclusión de Ueno Bank en ese nivel no permite establecer por sí sola el importe definitivo que desembolsó.

En la gala recibió un reconocimiento Fernando Cerimedo, consultor político argentino relacionado con campañas electorales conservadoras en distintos países de América Latina.

También participó en la organización el periodista y empresario español Javier Negre, responsable del grupo EDA y vinculado a La Derecha Diario.

Entre los asistentes estuvo Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. El presidente argentino, Javier Milei, distinguido durante el encuentro, intervino mediante un mensaje grabado.

El patrocinio no demuestra que se utilizaran fondos de jubilaciones

La coincidencia entre las inversiones del IPS y la financiación de la gala ha alimentado acusaciones sobre un supuesto empleo del dinero de las pensiones para sufragar actividades políticas.

Pero existe una distinción económica y jurídica importante.

Los fondos depositados por el IPS en una entidad bancaria forman parte de sus obligaciones financieras con el organismo público. El banco, por su parte, realiza operaciones comerciales y puede contratar patrocinios con cargo a sus recursos.

Para demostrar que hubo un desvío irregular de las pensiones destinado a financiar la gala sería necesario acreditar operaciones concretas, la procedencia de los pagos y una eventual vulneración de las normas aplicables.

La participación de Ueno Bank como patrocinador está acreditada. Lo que no está demostrado públicamente es que los fondos del IPS fueran desviados deliberadamente para financiar ese encuentro o el premio concedido a Cerimedo.

Tampoco consta, con la documentación disponible, que las autoridades hayan determinado una responsabilidad penal por ese patrocinio específico.

Eso no elimina las dudas sobre la gestión de los recursos públicos, pero impide presentar una sospecha como una conclusión judicial.

Santiago Peña y sus antiguos vínculos empresariales con el banco

La relación entre Ueno Bank y el presidente paraguayo es uno de los elementos centrales de la crisis.

Santiago Peña mantuvo una participación accionarial del 1,58 % en el grupo empresarial vinculado al banco hasta marzo de 2025, cuando se desprendió de sus acciones. La entidad estaba relacionada con el grupo empresarial de la familia Vázquez.

El banco experimentó una expansión considerable durante el mandato presidencial iniciado en agosto de 2023. En ese periodo aumentó su captación de fondos públicos y se convirtió en uno de los principales receptores de depósitos e inversiones de organismos estatales.

La información publicada en Paraguay señala que el volumen de recursos públicos colocados en Ueno aumentó en unos 451 millones de dólares durante un periodo de doce meses.

La coincidencia temporal entre ese crecimiento y los vínculos empresariales anteriores de Peña ha dado lugar a denuncias políticas sobre posibles conflictos de intereses.

La existencia de una participación accionarial anterior, sin embargo, no demuestra por sí misma una intervención ilegal del presidente en las decisiones financieras del IPS.

Ese es precisamente uno de los aspectos que deberán esclarecer los procedimientos abiertos.

El Banco Central también ha quedado bajo escrutinio por su actuación supervisora. Las investigaciones examinan la información financiera del banco, determinadas operaciones con empresas relacionadas y las decisiones adoptadas antes de que se hiciera pública su insuficiencia de solvencia.

Peña anuncia su dimisión y afronta un juicio político

La crisis bancaria terminó convirtiéndose en una amenaza directa para la continuidad del Gobierno.

El jueves 5 de noviembre, Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de protestas ciudadanas y una creciente presión parlamentaria.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, impulsar un juicio político contra el mandatario.

Sin embargo, la renuncia no llegó a hacerse efectiva. La tramitación parlamentaria de la dimisión no prosperó y se mantuvo el procedimiento dirigido a determinar si correspondía destituir al presidente.

La situación dejó a Peña legalmente en el cargo mientras continuaba el procedimiento parlamentario.

El viernes 6 de noviembre, el Senado rechazó, por 39 votos, la petición presidencial de disponer de otras 72 horas para preparar su defensa.

Peña había argumentado que recibió la acusación y cerca de 300 páginas de documentación con menos de doce horas de antelación, un plazo que consideraba insuficiente para garantizar sus derechos.

La crisis también provocó salidas en el entorno presidencial, entre ellas las del ministro del Interior, Enrique Riera; el jefe de Gabinete, Javier Giménez, y el asesor jurídico Roberto Moreno.

En paralelo, la Fiscalía abrió investigaciones penales relacionadas con el desplome de Ueno Bank. Varios antiguos responsables de la entidad afrontan actuaciones judiciales por presuntas irregularidades financieras.

La responsabilidad política y la responsabilidad penal deben distinguirse. El juicio parlamentario examina la continuidad del presidente, mientras que los procedimientos judiciales deberán establecer si se cometieron delitos y quiénes participaron en ellos.

Las jubilaciones están garantizadas, según el IPS

La preocupación más inmediata de los ciudadanos paraguayos se concentra en el dinero de sus pensiones.

El Instituto de Previsión Social ha asegurado que los pagos correspondientes a noviembre, incluido el aguinaldo, se realizarán conforme al calendario previsto.

Las autoridades explicaron que las prestaciones mensuales se financian con las cotizaciones de trabajadores y empresas, y no directamente con la liquidación de las inversiones financieras mantenidas en los bancos.

Por esa razón, la intervención de Ueno Bank no implica automáticamente la suspensión del pago de las jubilaciones.

La situación sí obliga a modificar el procedimiento de cobro de unos 32.000 jubilados y pensionistas que recibían sus prestaciones a través de la entidad intervenida.

El IPS inició gestiones para trasladar esas cuentas a otras instituciones financieras y garantizar los desembolsos previstos para el 17 de noviembre.

La institución también anunció la creación de un equipo técnico y jurídico encargado de proteger sus inversiones y reclamar los derechos que le correspondan durante la resolución bancaria.

Por otra parte, el Banco Central inició el 5 de noviembre el pago de garantías a un primer grupo de depositantes particulares.

Esta fase comprende a clientes con depósitos de hasta diez millones de guaraníes que no tengan deudas con Ueno Bank y dispongan de una cuenta habilitada en otra entidad financiera.

La protección de estos pequeños depositantes no equivale a garantizar la recuperación íntegra de todas las inversiones públicas.

El IPS deberá afrontar el procedimiento correspondiente para defender su patrimonio y determinar qué parte de los fondos podrá recuperarse.

Los fondos públicos y las responsabilidades pendientes

El caso Ueno Bank ha unido una crisis bancaria de grandes dimensiones con un conflicto político que afecta directamente a la Presidencia de Paraguay.

Hay hechos suficientemente establecidos: el banco recibió importantes inversiones públicas, fue intervenido por problemas graves de solvencia y patrocinó un encuentro político internacional en Mar-a-Lago en el que Fernando Cerimedo recibió un reconocimiento.

También está acreditada la antigua relación accionarial de Santiago Peña con el grupo empresarial vinculado a la entidad y la apertura de procedimientos políticos y judiciales tras su intervención.

Lo que continúa sin demostrarse es que el dinero destinado a las jubilaciones se desviara específicamente para financiar aquella gala.

La investigación económica tendrá que esclarecer las operaciones que deterioraron la solvencia del banco, el destino de los recursos comprometidos y las responsabilidades de quienes debían protegerlos.

El asunto afecta a una cuestión esencial de cualquier sistema de pensiones: la obligación de administrar con prudencia y transparencia el ahorro de los trabajadores.

Las jubilaciones, según las autoridades paraguayas, seguirán abonándose. La recuperación de las inversiones del IPS y el alcance de las responsabilidades institucionales, en cambio, permanecen abiertos.

Y ahí reside la verdadera dimensión del escándalo: un banco que había conseguido captar cientos de millones de dólares públicos terminó intervenido por insolvencia, mientras sus antiguos vínculos empresariales y sus patrocinios políticos internacionales pasaban a formar parte de una investigación de consecuencias todavía inciertas.