Huelga general del 11N: quién está a favor y quién en contra del paro

La huelga general del 11 de noviembre de 2026 ha dividido a la política, los sindicatos y el mundo empresarial, mientras suma un respaldo destacado entre artistas, escritores y profesionales de la cultura. Más de 800 adhesiones culturales, entre ellas las de Rodrigo Sorogoyen, Carlos Bardem, Alana S. Portero y Nacho Vegas, apoyan una movilización que reclama viviendas asequibles, mejores salarios y medidas contra la precariedad.

En el otro extremo están Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Antonio Garamendi, que han cuestionado la convocatoria por sus motivaciones y por celebrarse a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha situado abiertamente a favor, mientras otros sindicatos, como CSIF y USO, han anunciado que no secundarán el paro.

La protesta está convocada para el miércoles 11 de noviembre, durante 24 horas, por CCOO, UGT, CGT, CNT y otras organizaciones sindicales, junto al movimiento de inquilinas. La vivienda es el principal motivo de la movilización, aunque las reivindicaciones incluyen también la recuperación del poder adquisitivo, la mejora de los convenios colectivos y la reducción de la precariedad laboral.

Sorogoyen, Bardem y más de 800 adhesiones del mundo cultural

El manifiesto «El 11N, la cultura también para», difundido este viernes 6 de noviembre, reúne a profesionales, empresas y organizaciones culturales que consideran que el encarecimiento de la vivienda está poniendo en peligro tanto sus condiciones de vida como la continuidad de numerosos proyectos artísticos.

Entre los nombres más conocidos figuran los cineastas Rodrigo Sorogoyen y Laura Hojman, el actor y escritor Carlos Bardem, el músico Nacho Vegas, la cantante Rocío Saiz y el filósofo Paul B. Preciado.

También han firmado las escritoras Alana S. Portero, Marta Sanz, Elvira Navarro, Sara Barquinero, Andrea Abreu, Edurne Portela, Elena Medel, Gabriela Wiener, Mónica Ojeda, Beatriz Serrano, Sabina Urraca y Maruja Torres, entre otras.

A la adhesión se suman el escritor David Uclés, la comunicadora Inés Hernand, los periodistas Javier Gallego, Irantzu Varela y Nerea Pérez de las Heras, y la viñetista Flavita Banana.

El apoyo no se limita a figuras conocidas. La iniciativa cuenta con más de 70 editoriales, más de 100 librerías y más de 70 espacios y organizaciones culturales, además de centenares de trabajadores del sector.

Los firmantes denuncian que numerosos creadores deben compaginar varios empleos para subsistir y que el incremento de los alquileres amenaza la supervivencia de librerías, salas independientes, galerías y otros espacios culturales.

El manifiesto exige contratos de alquiler estables, límites a las rentas en zonas tensionadas y el fin de los desahucios. También reclama medidas contra la discriminación racista en el acceso a la vivienda, protección para los locales culturales y una fiscalidad adaptada a los ingresos irregulares de artistas y autónomos.

«Sin casa, sin locales y con el espacio público convertido en un escaparate, no quedan lugares donde viva la cultura», advierten los firmantes.

La reivindicación va más allá de las dificultades para pagar un alquiler. Según los promotores, la expulsión de residentes y pequeños negocios por el encarecimiento inmobiliario está transformando los barrios y reduciendo los espacios donde se desarrolla buena parte de la actividad cultural.

Yolanda Díaz apoya la huelga y pide una movilización masiva

Entre los dirigentes políticos que han defendido expresamente el paro destaca Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Este viernes, durante unas jornadas organizadas por UGT, Díaz ha animado a los trabajadores y comités de empresa a secundar la convocatoria y convertirla en una «marea de esperanza» para reclamar salarios dignos, derechos laborales y viviendas asequibles.

La ministra ha defendido también el carácter político de las huelgas generales, rechazando que ese componente invalide las reivindicaciones de los trabajadores.

Su posición es especialmente significativa porque forma parte del Gobierno al que también se dirigen algunas de las exigencias de la protesta. Díaz ha relacionado la movilización social con el clima previo a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, se ha pronunciado igualmente sobre la controversia. El 3 de noviembre defendió el derecho constitucional de huelga frente a las peticiones de desconvocatoria formuladas por el PP, aunque su declaración no equivalía a un llamamiento expreso a participar.

Unai Sordo y Pepe Álvarez mantienen la convocatoria

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, defienden que la crisis de acceso a la vivienda está directamente relacionada con las condiciones de trabajo.

Su argumento es que una subida salarial pierde buena parte de su eficacia cuando el coste del alquiler absorbe una proporción creciente de los ingresos familiares.

Los sindicatos reclaman mejoras retributivas, avances en la negociación colectiva y medidas públicas capaces de contener los precios de la vivienda.

También han reconocido que esta huelga tiene características poco habituales. Más allá del seguimiento en los centros de trabajo, conceden especial importancia a la participación en las manifestaciones convocadas para esa jornada.

Feijóo y Abascal piden que se desconvoque el 11N

El rechazo más destacado dentro de la oposición procede de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y Santiago Abascal, líder de Vox.

Feijóo pidió el pasado 3 de noviembre a las organizaciones sindicales que reconsiderasen la convocatoria después del accidente ferroviario de Urda, en Toledo.

El dirigente popular afirmó que no cuestiona el derecho constitucional de huelga, pero sí su oportunidad. Consideró que mantenerla tras la tragedia constituiría un «grave error».

También criticó que se celebre a pocas semanas de las elecciones generales y sostuvo que la movilización está dirigida contra la oposición, una interpretación que los sindicatos convocantes rechazan.

El líder del PP ha insistido en que las centrales sindicales deberían reconsiderar su decisión. Este viernes, el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, ha reforzado esa posición al calificar el paro de «huelga política» y cuestionar que se utilice esta herramienta de presión a las puertas de unas elecciones.

Santiago Abascal ha sido todavía más contundente. En una entrevista televisiva del 3 de noviembre afirmó que la convocatoria carece de sentido porque, a su juicio, pretende actuar contra los partidos que no gobiernan.

El presidente de Vox reclamó a CCOO y UGT que la desconvocasen por «vergüenza» y acusó a ambas organizaciones de responder a intereses ideológicos en lugar de representar las necesidades de los trabajadores.

Abascal también advirtió de que su partido tomaría nota de la actuación sindical ante un eventual cambio político.

Las críticas de PP y Vox coinciden en señalar el calendario electoral y en cuestionar las motivaciones de la protesta. Los convocantes, por su parte, mantienen que la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo justifican la movilización con independencia de la proximidad de las urnas.

Antonio Garamendi y la patronal rechazan la convocatoria

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, representa otra de las principales voces contrarias a la huelga general.

El 19 de octubre anunció su intención de impugnarla judicialmente al considerar que se habían incorporado reivindicaciones laborales para justificar una protesta cuyo verdadero objetivo, según su interpretación, era político y electoral.

Sin embargo, el 22 de octubre la CEOE rectificó y anunció que no presentaría un recurso antes de la celebración de la huelga.

La patronal no ha cambiado su valoración crítica. Sostiene que las empresas soportarán las consecuencias económicas de una protesta centrada en la vivienda, un problema cuya solución considera responsabilidad fundamental de las administraciones públicas.

CEOE y Cepyme habían calificado previamente la convocatoria de «inadmisible» por trasladar a la actividad empresarial el coste de reivindicaciones relacionadas con decisiones legislativas y presupuestarias.

Desde ambas organizaciones se defiende también el derecho de quienes quieran trabajar y el mantenimiento de los servicios mínimos correspondientes.

La renuncia a impugnar el paro antes de su celebración no supone, por tanto, que la patronal lo respalde. La organización ha dejado abierta la posibilidad de adoptar medidas posteriores en función de cómo se desarrolle la jornada.

CSIF, USO y Fetico tampoco secundarán la huelga

Las diferencias no se limitan a los partidos y los empresarios. No existe unanimidad sindical sobre la conveniencia de convocar una huelga general el 11 de noviembre.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, anunció que su organización no participará porque considera que la movilización responde a motivaciones políticas relacionadas con la proximidad de las elecciones.

Borra ha defendido la independencia de su sindicato y su preferencia por trasladar reivindicaciones laborales directamente a los interlocutores políticos e institucionales.

USO tampoco se sumará. En un comunicado del 5 de noviembre, la organización reconoció que comparte las preocupaciones sobre vivienda, precariedad y pérdida de poder adquisitivo, pero consideró inadecuado convocar una huelga general en pleno contexto electoral.

El sindicato argumenta, además, que con el Parlamento disuelto y el Gobierno en funciones resulta difícil identificar un interlocutor institucional capaz de atender las exigencias planteadas.

Fetico, con presencia en sectores como el comercio, también se ha desmarcado de la convocatoria por sus motivaciones políticas.

Estas posiciones reflejan una diferencia importante: no secundar el 11N no significa necesariamente negar la existencia de la crisis de vivienda. Entre las organizaciones que rechazan participar hay discrepancias sobre el momento, los destinatarios de las reivindicaciones y la utilidad de la huelga.

Los teatros también afrontan la controversia del 11N

La huelga ha provocado conflictos concretos dentro del propio sector cultural.

Los sindicatos CGT y CNT denunciaron que algunos teatros y productoras estaban modificando sus calendarios para trasladar a otras fechas las funciones previstas para el 11 de noviembre, lo que, según las organizaciones sindicales, podía dificultar el ejercicio del derecho de huelga.

Uno de los casos más conocidos es el de Stage Entertainment, productora de los musicales El rey león y El alma al aire.

La compañía había trasladado inicialmente funciones del miércoles 11 al lunes 9. Tras una demanda judicial presentada por CGT, rectificó la programación y mantuvo el día de huelga como laborable para los trabajadores, permitiéndoles decidir si secundaban el paro.

También se han denunciado cambios en la programación de otros espectáculos, entre ellos Los miserables, así como conflictos relacionados con el Teatro Real.

La controversia plantea una cuestión laboral concreta: cancelar una representación de cara al público no equivale necesariamente a respetar el derecho individual de sus trabajadores a sumarse a una huelga.

La vivienda y las elecciones marcan una huelga excepcional

La movilización del 11 de noviembre será la primera gran huelga general estatal respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde 2012.

Su principal singularidad es que nace de las protestas por el acceso a la vivienda y no exclusivamente de un conflicto laboral tradicional. También llega en un contexto político excepcional, con las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre y el debate público condicionado por la tragedia ferroviaria de Urda.

Los sindicatos convocantes defienden que el derecho a una vivienda asequible está estrechamente relacionado con los salarios y las condiciones de empleo. Sus detractores cuestionan que una huelga general sea el instrumento adecuado o consideran inapropiado el calendario elegido.

El respaldo de más de 800 adhesiones culturales ha dado nueva visibilidad a la protesta, mientras el rechazo expreso de Feijóo, Abascal, Garamendi y varias organizaciones sindicales confirma que el paro también se ha convertido en motivo de confrontación política.

Hasta el 6 de noviembre no consta un manifiesto comparable de grandes figuras de la cultura expresamente contrario al 11N. Las principales voces públicas de oposición proceden de la política, las organizaciones empresariales y una parte del sindicalismo.

El miércoles 11 se comprobará el seguimiento real de la convocatoria en empresas, servicios públicos, comercios y actividades culturales. También la asistencia a las manifestaciones.

De momento, lo que resulta evidente es que el acceso a la vivienda ha pasado a ocupar el centro de una huelga general, una reivindicación que reúne a sectores muy distintos de la sociedad española, pero que no ha conseguido el consenso político ni sindical.