Las comisiones restan rentabilidad a los planes de pensiones privados

Los planes de pensiones privados en España vuelven a estar bajo escrutinio por sus comisiones, su rentabilidad a largo plazo y su capacidad para proteger los ahorros frente a la inflación. Un estudio publicado por el Banco de España en marzo de 2026 aporta un dato especialmente relevante: los fondos individuales, en promedio, no consiguen generar una rentabilidad adicional positiva ajustada al riesgo una vez descontados los gastos de gestión.

Eso no significa que todos los planes pierdan dinero. Las últimas estadísticas de Inverco muestran que el conjunto de estos productos obtuvo una rentabilidad interanual del 7,7 % al cierre de septiembre de 2026. Sin embargo, el rendimiento medio anual se reduce al 2,6 % cuando se analiza un periodo de 26 años. La diferencia resulta importante para quienes llevan décadas ahorrando con la intención de complementar su futura jubilación.

El debate ha recuperado protagonismo este 9 de noviembre a raíz de una publicación del blog La Ciencia y sus Demonios, que cuestiona la conveniencia de confiar el ahorro para la jubilación a productos financieros privados y denuncia el peso de las comisiones bancarias. Su planteamiento recupera una discusión recurrente en España: hasta qué punto estos instrumentos constituyen una alternativa eficaz al sistema público de pensiones.

La respuesta exige distinguir entre tres conceptos que suelen mezclarse: ganar dinero, superar la inflación y obtener una rentabilidad adecuada al riesgo asumido. Un plan puede ofrecer resultados positivos y, aun así, dejar al ahorrador con menos capacidad de compra. También puede registrar beneficios importantes después de años de volatilidad. Todo depende de las inversiones, los costes y el momento en que se necesite recuperar el capital.

El Banco de España señala el problema de las comisiones

La investigación del Banco de España, elaborada por el economista Ricardo Barahona y publicada el 5 de marzo de 2026, analiza el comportamiento financiero de los fondos de pensiones individuales españoles.

Sus conclusiones introducen un matiz fundamental: los gestores muestran, de media, cierta capacidad para generar rendimientos ajustados al riesgo antes de descontar las comisiones. El problema aparece cuando se incorporan los gastos que soportan los partícipes.

En los fondos mixtos y de renta variable analizados, la rentabilidad ajustada al riesgo después de comisiones se sitúa alrededor del -1 % anual. Esta cifra no representa la rentabilidad total obtenida por el inversor, sino el resultado adicional respecto al riesgo de mercado asumido.

Dicho de forma sencilla, los fondos pueden ganar dinero porque suben los activos en los que invierten, pero no necesariamente ofrecen una ventaja suficiente que justifique pagar por una gestión profesional.

El estudio también encuentra evidencias de que los ahorradores españoles trasladan su dinero hacia fondos con mejores resultados. Es decir, existe cierta disciplina inversora. Lo que no aparece es una relación estadísticamente sólida entre cobrar comisiones más elevadas y gestionar mejor el patrimonio.

Y ahí está una de las grandes contradicciones del negocio: pagar más por un producto financiero no garantiza obtener mejores resultados.

Cuánto han ganado realmente los planes de pensiones en 2026

Las últimas cifras publicadas por Inverco, correspondientes al cierre del tercer trimestre de 2026, muestran que el patrimonio acumulado en los planes de pensiones españoles alcanzó los 144.492 millones de euros.

La cantidad supone un incremento de 6.503 millones respecto a diciembre de 2025, equivalente al 4,7 %. El sector continúa gestionando un volumen considerable de ahorro, pese a los cambios fiscales y a las dificultades para captar nuevas aportaciones netas.

La evolución de las rentabilidades, sin embargo, varía notablemente según el periodo considerado.

En septiembre de 2026, la rentabilidad media del conjunto de planes alcanzaba el 7,7 % durante los doce meses anteriores. A diez años, el rendimiento anualizado era del 4,3 %, mientras que a quince años llegaba al 5 %.

La perspectiva cambia cuando se amplía el horizonte hasta los 26 años: la rentabilidad media anual cae al 2,6 %.

Estas cifras reflejan resultados históricos positivos, pero no describen por sí solas cuánto poder adquisitivo ha ganado cada ahorrador. Tampoco permiten afirmar que todos los planes hayan obtenido el mismo rendimiento. Los productos que invierten principalmente en Bolsa presentan comportamientos muy distintos de aquellos concentrados en deuda pública o privada.

La inflación puede convertir una ganancia en una pérdida

Para valorar correctamente un plan de pensiones hay que diferenciar entre rentabilidad nominal y rentabilidad real.

La primera expresa cuánto ha aumentado el capital en euros. La segunda descuenta el efecto de la inflación y permite comprobar si ese dinero conserva su capacidad de compra.

Un ejemplo sencillo: si un producto obtiene una rentabilidad anual del 2 % mientras los precios aumentan un 3 %, el titular termina el ejercicio con más euros, pero con un poder adquisitivo inferior.

Esta diferencia explica parte de las críticas a los planes de pensiones comercializados en España.

Un estudio de Mercer y Esade, difundido en 2024 con datos de la década anterior, encontró que el 53 % de los planes de pensiones individuales examinados no había conseguido superar la inflación.

El porcentaje era inferior en los planes colectivos de empleo, donde el 32 % quedó por debajo del incremento de los precios.

Son resultados relevantes, aunque corresponden a un análisis histórico concreto y no deben presentarse como porcentajes actualizados a noviembre de 2026.

Tampoco significan que el 53 % de los ahorradores hubiera perdido parte del capital aportado. No superar el IPC implica perder poder de compra, una situación distinta de registrar pérdidas nominales.

Las comisiones se cobran incluso cuando el fondo pierde dinero

Uno de los aspectos menos comprendidos por los titulares de planes de pensiones es el funcionamiento de las comisiones.

Las entidades gestoras cobran por administrar el patrimonio y las depositarias por custodiar los activos. Estas cantidades se calculan generalmente sobre el patrimonio gestionado, con independencia de que las inversiones hayan obtenido beneficios o pérdidas.

La normativa española establece límites diferentes según el tipo de fondo. Las comisiones máximas de gestión son del 0,85 % anual para renta fija, del 1,30 % para renta fija mixta y del 1,50 % para el resto de categorías. La comisión de depósito tiene, con carácter general, un límite del 0,20 %.

Conviene recordar que se trata de máximos legales, no de tarifas obligatorias. Existen productos que cobran considerablemente menos.

El impacto acumulado puede ser importante. Una comisión anual del 1 % sobre un patrimonio de 50.000 euros equivale aproximadamente a 500 euros durante un año, tomando esa cantidad como referencia constante.

Si el capital aumenta, la cantidad cobrada también puede crecer. Si disminuye, la comisión sigue aplicándose sobre el patrimonio que permanezca invertido.

El efecto se prolonga durante décadas y reduce el capital disponible para generar nuevos rendimientos.

Las cifras de rentabilidad neta que publican las estadísticas sectoriales ya descuentan los gastos correspondientes, por lo que no deben restarse nuevamente al calcular el resultado del inversor.

Los planes de empleo suelen presentar una ventaja en este apartado. El estudio de Mercer y Esade recogía una comisión conjunta media de gestión y depósito del 0,36 % para los planes de empleo en 2022, frente al 1,26 % de los individuales.

La diferencia responde, entre otros factores, al volumen de patrimonio gestionado y a la capacidad de negociación de las empresas.

El incentivo fiscal también tiene condiciones

Los planes privados cuentan con ventajas fiscales durante la etapa de aportación, aunque su funcionamiento puede generar cierta confusión.

En términos generales, las aportaciones a planes individuales permiten reducir la base imponible del IRPF hasta 1.500 euros anuales, con el límite adicional del 30 % de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas.

En determinados planes de empleo existen límites superiores vinculados a contribuciones empresariales y aportaciones del trabajador que cumplan los requisitos legales.

El beneficio, sin embargo, no consiste en dejar de pagar impuestos definitivamente.

Cuando el titular recupera el dinero, las cantidades rescatadas tributan como rendimientos del trabajo, tanto si se reciben de una sola vez como si se cobran periódicamente. Por ello, el resultado fiscal depende de los ingresos y circunstancias del contribuyente en el momento del rescate.

Desde enero de 2025 también es posible recuperar las aportaciones que tengan al menos diez años de antigüedad, con sus rendimientos correspondientes y conforme a las condiciones establecidas para cada modalidad.

Esta mayor liquidez no elimina la tributación.

En la práctica, la conveniencia de un plan depende de la combinación entre ahorro fiscal inicial, rentabilidad, comisiones y tributación posterior. Ninguno de estos factores debería valorarse por separado.

El fondo de pensiones de los eurodiputados se agotará en 2026

La discusión sobre los sistemas privados cuenta con un episodio especialmente significativo en las instituciones europeas.

El Parlamento Europeo ha reconocido que los activos de su antiguo fondo voluntario de pensiones complementarias para eurodiputados se agotarán previsiblemente a finales de 2026.

El régimen se creó en 1990 y permitía a determinados parlamentarios acceder a una prestación adicional mediante un sistema voluntario. Posteriormente se cerró a nuevas afiliaciones.

Desde 2009, su situación financiera fue deteriorándose por la interrupción de las nuevas contribuciones y la insuficiencia de los rendimientos de las inversiones, entre otros factores.

Las reformas introducidas para reducir sus obligaciones no consiguieron recuperar la solvencia a largo plazo.

Ante esta situación, la Mesa del Parlamento Europeo acordó el 15 de junio de 2026 que las pensiones correspondientes al régimen pasarán a abonarse directamente con cargo al presupuesto parlamentario a partir del 1 de enero de 2027.

La Comisión Europea ha contemplado una dotación adicional de aproximadamente 10 millones de euros para atender estos pagos.

Existe aquí una precisión importante: no se trata de la quiebra del sistema general de pensiones de los funcionarios de la Unión Europea, sino de un régimen complementario voluntario destinado a antiguos eurodiputados y otros beneficiarios.

El caso ilustra los problemas que puede provocar un fondo cuyas obligaciones futuras superan su capacidad financiera. También muestra que, cuando existen derechos protegidos y compromisos institucionales, el presupuesto público puede terminar asumiendo los pagos.

Las pensiones públicas afrontan desafíos distintos

El cuestionamiento de los planes privados suele ir acompañado de otro debate: la sostenibilidad de las pensiones públicas.

Ambos sistemas funcionan de manera diferente.

El modelo público español es fundamentalmente de reparto. Las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, junto con otros recursos públicos, contribuyen a financiar las prestaciones actuales. Los planes privados de aportación definida, por su parte, acumulan patrimonio que se invierte en los mercados financieros.

Esto significa que sus riesgos tampoco son idénticos.

El sistema público depende de variables como el empleo, los salarios, la demografía, la productividad y las decisiones presupuestarias. Los planes privados están expuestos a la evolución de los mercados, las decisiones de inversión y los costes financieros.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó el 29 de mayo de 2026 una evaluación en la que constató que la regla de gasto en pensiones se cumple formalmente, aunque advirtió de que ese resultado no garantiza la sostenibilidad a largo plazo.

Sus estimaciones sitúan el gasto bruto en pensiones en una media del 14,6 % del PIB entre 2022 y 2050. Tras descontar el impacto previsto de las medidas de ingresos, la referencia baja al 13 %, por debajo del umbral legal del 13,3 %.

El organismo insiste, no obstante, en que cumplir ese indicador no elimina las presiones futuras sobre las finanzas públicas.

Mientras tanto, la Seguridad Social abonó en octubre de 2026 cerca de 10,6 millones de pensiones contributivas a aproximadamente 9,6 millones de personas. La pensión media de jubilación alcanzó los 1.577,60 euros mensuales, un 4,5 % más que un año antes.

El sistema sigue pagando las prestaciones, pero tendrá que afrontar el envejecimiento de la población y el aumento del número de jubilados durante las próximas décadas.

Ni el anuncio de una bancarrota inevitable ni la afirmación de que la financiación futura está completamente asegurada reflejan por sí solos la complejidad del problema.

Una jubilación digna exige algo más que promesas de rentabilidad

Los datos disponibles no permiten sostener que todos los planes privados sean ruinosos. Algunos han proporcionado rentabilidades elevadas durante periodos prolongados, especialmente aquellos con mayor exposición a la renta variable. Otros apenas han conseguido compensar el aumento del coste de la vida.

Lo que sí queda acreditado es que las comisiones pueden consumir una parte importante del rendimiento y que pagar una gestión más cara no garantiza obtener mejores resultados.

La rentabilidad histórica tampoco asegura lo que ocurrirá en el futuro. Un producto que ha funcionado bien durante veinte años puede atravesar pérdidas precisamente cuando su titular necesita empezar a recuperar los ahorros.

Por eso, el debate sobre las pensiones no debería reducirse a elegir entre confianza absoluta en el Estado o confianza absoluta en los mercados financieros.

Los sistemas públicos necesitan financiación suficiente y mecanismos capaces de responder a los cambios demográficos. Los productos privados requieren costes transparentes, inversiones adecuadas y una evaluación honesta de sus riesgos.

El ahorro complementario puede resultar útil. Convertirlo en una solución universal para sustituir las pensiones públicas es otra cuestión muy distinta.

La seguridad económica durante la jubilación no depende de quién prometa una rentabilidad mayor, sino de cuánto dinero podrá recibir realmente cada persona, durante cuánto tiempo y con qué garantías. Y después de décadas de aportaciones, esa debería ser la cuenta que importara.