El Gobierno retira el 12 % del aceite de oliva para sostener precios

El Gobierno de España ha ordenado retirar temporalmente del mercado el 12 % de la producción de aceite de oliva durante la campaña 2026/2027. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de noviembre, obligará a las almazaras a mantener almacenadas unas 188.000 toneladas de aceite hasta el 30 de septiembre de 2027. El objetivo es evitar que una cosecha especialmente abundante provoque un desplome de los precios que reciben los productores.

La decisión tiene consecuencias potenciales para toda la cadena alimentaria. Al reducir la cantidad de aceite disponible para su comercialización, el Ejecutivo pretende sostener las cotizaciones en origen. Sin embargo, la retirada no garantiza precios más bajos para los consumidores. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de que limitar artificialmente la oferta podría encarecer el producto y perjudicar a los compradores.

Conviene aclarar algo desde el principio: no se van a retirar botellas de los supermercados ni a destruir aceite. La obligación afecta a las almazaras, que deberán mantener unas existencias mínimas mientras dure la campaña. El producto seguirá siendo aprovechable y podrá volver al circuito comercial cuando termine el periodo de almacenamiento obligatorio.

La intervención llega después de varios años marcados por fuertes oscilaciones de precios, sequías y cosechas irregulares. España, principal productor mundial de aceite de oliva, se encuentra ante una situación bastante distinta: una previsión de producción elevada que amenaza con presionar las cotizaciones a la baja. La paradoja es evidente. Después de sufrir por la escasez, el sector teme las consecuencias económicas de tener demasiado aceite.

Por qué España retira el 12 % del aceite de oliva

La explicación está en las previsiones de cosecha. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación calcula que España producirá 1.602.596 toneladas de aceite de oliva durante la campaña 2026/2027, un 23 % más que en la anterior.

Si se cumplen estas estimaciones, será la cuarta mayor cosecha de la serie histórica. Las temperaturas suaves y las abundantes precipitaciones de la primavera favorecieron la floración de los olivos y el desarrollo de las aceitunas, especialmente en las principales zonas productoras.

A esta producción hay que sumar las reservas disponibles al comenzar la campaña. España arrancó el nuevo ejercicio con 357.040 toneladas almacenadas, un 23,3 % más que un año antes.

La combinación de una cosecha abundante y unas existencias iniciales elevadas ha activado el mecanismo de regulación del mercado previsto en la normativa española.

La Orden APA/1145/2026 establece que puede imponerse una retirada cuando la suma de las existencias iniciales y la producción prevista alcance al menos el 120 % del promedio equivalente de las seis campañas anteriores.

Ese umbral se ha alcanzado y el Ministerio ha fijado la retirada en el 12 % de la producción. La normativa permite establecer porcentajes de hasta el 20 % de la producción estimada, aunque esa cifra máxima no se aplica en esta ocasión.

El mecanismo tiene amparo en la regulación europea de los mercados agrarios y pretende suavizar las fluctuaciones de precios que pueden comprometer la rentabilidad de las explotaciones.

Cómo funciona la retirada obligatoria del aceite de oliva

La medida afecta a las almazaras españolas, que deberán conservar almacenado el 12 % de su producción acumulada desde noviembre de 2026.

El aceite producido durante octubre queda excluido del cálculo, porque la obligación comienza con la producción declarada correspondiente a noviembre.

El funcionamiento es acumulativo. Si una almazara produce 100 toneladas en noviembre, deberá mantener 12 toneladas retiradas del mercado. Si al finalizar diciembre ha producido 300 toneladas entre ambos meses, tendrá que conservar al menos 36 toneladas.

No se trata, por tanto, de reservar siempre la misma cantidad. Las existencias obligatorias aumentarán conforme avance la producción.

Las almazaras podrán elegir qué categorías de aceite destinan al almacenamiento. La norma no exige reservar una proporción determinada de virgen extra, virgen o lampante. Tampoco establece una excepción general para el aceite ecológico.

El producto podrá permanecer en depósitos propios o en instalaciones de terceros, siempre que se garantice su identificación y el cumplimiento de las obligaciones administrativas.

El aceite almacenado podrá sustituirse, pero no venderse libremente

Hay un detalle importante. Las almazaras no tendrán que precintar los depósitos ni conservar exactamente el mismo aceite durante toda la campaña.

Podrán sustituir unas partidas por otras, incluso utilizar existencias de campañas anteriores para cumplir la obligación, siempre que mantengan en todo momento la cantidad mínima exigida.

Lo que permanece restringido es el volumen de aceite disponible para la venta, no necesariamente unas toneladas concretas identificadas desde el primer día.

Las empresas deberán acreditar sus existencias mediante las declaraciones mensuales del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO). Las comunidades autónomas realizarán los controles correspondientes y los incumplimientos podrán dar lugar a sanciones.

Otro aspecto relevante es que la Administración no pagará una compensación económica por el almacenamiento obligatorio. Las almazaras tendrán que asumir los costes asociados a mantener esas reservas.

Cómo puede afectar la medida al precio del aceite de oliva

La retirada está diseñada para frenar las caídas de precios en origen, pero sus consecuencias sobre el importe que pagan los consumidores son menos previsibles.

En condiciones normales, una cosecha muy abundante tiende a aumentar la oferta y puede presionar los precios a la baja. Si parte de esa producción se mantiene fuera del mercado, esa presión se reduce.

Por eso, el almacenamiento obligatorio podría contener las bajadas del aceite de oliva e incluso favorecer precios superiores a los que se registrarían sin intervención. Eso no significa que vaya a producirse una subida inmediata.

El precio que recibe una almazara tampoco es el mismo que aparece en la etiqueta de un supermercado. Entre ambos intervienen el envasado, el transporte, la distribución, los contratos comerciales, los impuestos y los márgenes de los distintos operadores.

Como referencia, el precio medio del aceite de oliva en origen se situó en 3,08 euros por kilo durante la semana del 19 al 25 de octubre de 2026. En ese periodo, el virgen extra alcanzó los 3,23 euros por kilo, frente a los 3 euros del virgen y los 2,86 euros del lampante.

Son cotizaciones a granel, no precios de venta al público. La evolución posterior dependerá también de la cosecha real, las exportaciones, la demanda y las existencias disponibles.

La CNMC ya expresó sus reservas sobre esta intervención antes de su entrada en vigor. El organismo regulador considera que una restricción de la oferta puede perjudicar la competencia y encarecer el producto.

También advirtió de posibles efectos sobre la variedad y la calidad de los aceites comercializados, especialmente si las almazaras tienen libertad para decidir qué categorías almacenan.

Competencia recomendó justificar adecuadamente la necesidad de retirar producto y evaluar sus efectos sobre los consumidores, con especial atención a los hogares de menor renta.

No es una cuestión menor. El aceite de oliva es uno de los productos habituales de la cesta de la compra española y las oscilaciones de precio afectan directamente al presupuesto familiar.

Los agricultores celebran una medida que preocupa a Competencia

Las organizaciones agrarias ven la intervención desde otra perspectiva.

ASAJA-Sevilla ha valorado positivamente la decisión porque considera que ayudará a estabilizar un mercado sometido a fuertes oscilaciones.

La organización recuerda que hace aproximadamente un año el aceite de oliva cotizaba en torno a cinco euros por kilo, mientras que en noviembre de 2026 sus precios en origen apenas superan los tres euros.

Una reducción de las cotizaciones puede beneficiar inicialmente al comprador, pero también estrecha los ingresos de los productores. Cuando los precios se aproximan o caen por debajo de los costes de producción, las explotaciones con menores rendimientos encuentran dificultades para mantener su actividad.

El problema afecta especialmente a parte del olivar tradicional, donde la mecanización es más complicada y los costes por kilogramo producido pueden ser superiores a los de explotaciones intensivas.

Para estos agricultores, una bajada brusca del precio puede comprometer la rentabilidad de toda la campaña.

El Gobierno defiende la intervención como una herramienta de estabilidad. La CNMC, por su parte, cuestiona sus posibles consecuencias sobre la competencia y los consumidores.

Ambas posiciones reflejan un conflicto económico real: proteger los ingresos agrarios sin trasladar costes excesivos a quienes compran el producto.

La retirada del 12 % pretende actuar sobre ese equilibrio, aunque su eficacia todavía está por demostrar. Una cosa es evitar el hundimiento de las cotizaciones en origen y otra conseguir que el conjunto del mercado funcione mejor.

El Gobierno revisará la retirada a partir de diciembre

La obligación de almacenamiento permanecerá vigente, en principio, hasta el 30 de septiembre de 2027, fecha en la que termina la campaña de comercialización.

No obstante, la normativa contempla una revisión a partir del 31 de diciembre de 2026. Agricultura podrá analizar las nuevas estimaciones de producción y la evolución del mercado para comprobar si sigue siendo necesario mantener el porcentaje establecido.

Si las circunstancias cambian, el Ministerio podrá reducir el porcentaje de retirada mediante una nueva resolución publicada en el BOE.

La medida no implica que vaya a desaparecer el aceite de oliva de las tiendas ni permite anticipar cuánto costará una botella durante los próximos meses. Su efecto principal consiste en limitar temporalmente la oferta para evitar un exceso de producto comercializado.

El verdadero resultado dependerá de cómo evolucione la cosecha y de la respuesta de los precios en origen y en los supermercados.

España afronta así una campaña singular: dispone de una previsión de producción excepcionalmente elevada, pero ha decidido reservar parte del aceite para proteger la estabilidad del sector.

Para los consumidores, el riesgo es que una buena cosecha no se traduzca en una bajada de precios tan acusada como cabría esperar. Para los agricultores, la expectativa es evitar otra caída de ingresos. La evolución del mercado durante los próximos meses determinará hasta qué punto la intervención consigue equilibrar ambos intereses.