UGT y CCOO estudian impugnar los servicios mínimos del 11N en La Rioja

Los sindicatos UGT y CCOO estudian impugnar los servicios mínimos fijados por el Gobierno de La Rioja para la huelga general del miércoles 11 de noviembre de 2026. Las organizaciones consideran que las exigencias de personal son desproporcionadas y denuncian que, en determinados ámbitos de la Administración autonómica, alcanzan entre el 80 % y el 100 % de los efectivos.

La posibilidad de emprender acciones legales ha sido planteada este lunes por el secretario general de UGT en La Rioja, Jesús Izquierdo, durante una comparecencia conjunta de las organizaciones convocantes. Por ahora no se ha anunciado ningún recurso formal, aunque los sindicatos mantienen sus críticas a una resolución que, a su juicio, limita el ejercicio del derecho de huelga.

El conflicto surge tras la publicación, este 9 de noviembre, de los servicios mínimos en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). La resolución establece las dotaciones de personal que deberán mantenerse durante el paro en ámbitos como la sanidad, la educación, el transporte, la Administración pública y determinados servicios culturales.

A dos días de la huelga, la discusión ya no gira únicamente en torno a cuántos trabajadores secundarán la convocatoria. También enfrenta dos obligaciones que deben convivir: garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía y respetar el derecho constitucional a la huelga.

Los sindicatos denuncian servicios mínimos de hasta el 100 %

Jesús Izquierdo ha calificado de abusivas las dotaciones previstas por el Ejecutivo autonómico en determinados departamentos y actividades que los sindicatos no consideran esenciales. Según ha explicado, algunos servicios deberán mantener una presencia de trabajadores equivalente al 80 % o incluso al 100 % de sus efectivos.

El dirigente de UGT ha recordado que ambas centrales sindicales ya impugnaron servicios mínimos durante la huelga general de 2012. Ese precedente está sobre la mesa, aunque UGT y CCOO todavía deben decidir si recurren también la resolución del 11N.

La comparación con otras administraciones ha alimentado las críticas. Según los datos expuestos por los sindicatos, los servicios mínimos de la Administración central se sitúan en el 13 %, mientras que los correspondientes a la Administración local todavía estaban pendientes de concretarse en el momento de la comparecencia. Se trata, no obstante, de ámbitos administrativos distintos, por lo que esos porcentajes no permiten comparar directamente todas las actividades afectadas.

Las discrepancias tampoco son nuevas. El Área Pública de CCOO de La Rioja ya había denunciado el pasado 6 de noviembre que la propuesta del Gobierno regional incluía plantillas prácticamente idénticas a las de una jornada ordinaria, incluso en departamentos cuya actividad no resulta imprescindible para la comunidad.

UGT ha añadido otro argumento: si una administración necesita mantener prácticamente toda su plantilla para garantizar los servicios esenciales durante una huelga, también cabe examinar si sus efectivos habituales son suficientes.

Qué servicios mínimos establece La Rioja para el 11N

La resolución publicada en el BOR contempla diferentes niveles de cobertura en función de las actividades y de las necesidades que deben garantizarse.

En el ámbito sanitario, las urgencias y los servicios de emergencias tendrán una protección reforzada. El transporte sanitario urgente mantendrá el 100 % de su personal previsto, al igual que el centro coordinador SOS 112. Para el transporte sanitario programado se establece una cobertura del 75 %.

Los hospitales públicos conservarán dotaciones específicas destinadas a mantener la atención imprescindible, particularmente en áreas como cuidados críticos, diálisis, oncología y cirugía urgente.

En los centros educativos también se han fijado obligaciones de presencia. En Infantil se contempla un docente por cada 30 alumnos y en Primaria uno por cada 60, con un mínimo de dos profesores por edificio, además de la representación del equipo directivo correspondiente.

El transporte interurbano y las conexiones rurales deberán mantener una prestación básica, mientras que otros servicios públicos tendrán sus propias dotaciones de seguridad, atención o mantenimiento.

Bibliotecas, museos y centros deportivos, en el centro de las críticas

Uno de los principales desacuerdos afecta a los servicios culturales y recreativos.

La resolución incluye personal para instalaciones como el Museo de La Rioja, la Biblioteca de La Rioja y diversos centros deportivos. En el caso del museo, por ejemplo, se establece la presencia de un jefe de área y dos subalternos por turno. La biblioteca contará con un jefe de servicio y un subalterno por turno.

La portavoz de CNT, Susana Verano, ha cuestionado que actividades como acudir a un museo o una biblioteca deban recibir el mismo tratamiento que las prestaciones verdaderamente imprescindibles.

La discusión exige distinguir entre mantener la seguridad o conservación de una instalación y garantizar su funcionamiento ordinario. No son exactamente lo mismo. Y esa diferencia resulta fundamental para determinar si unos servicios mínimos son proporcionados.

Una negociación sin acuerdo y la posibilidad de acudir a los tribunales

Los sindicatos sostienen que la Administración autonómica ha impuesto los servicios mínimos sin una negociación efectiva.

La resolución oficial recoge que el 4 de noviembre se celebró una reunión formal entre el comité de huelga y la Administración, pero no se alcanzó un acuerdo global sobre las dotaciones propuestas.

Sí hubo acuerdos parciales en determinados servicios prestados por el sector privado, entre ellos algunas actividades de limpieza, comedor y transporte. No obstante, las discrepancias principales en la Administración autonómica permanecieron sin resolver.

La Constitución española reconoce el derecho fundamental a la huelga en su artículo 28.2 y contempla la necesidad de asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Esto significa que establecer servicios mínimos es legal, pero su alcance debe estar justificado y ser proporcionado. No basta con considerar importante una actividad para exigir que funcione como si no existiera una huelga.

Una eventual impugnación tendría que examinar las obligaciones concretas impuestas y su justificación. La mera decisión de recurrirlas no supondría, por sí sola, su suspensión.

Mientras no exista una resolución que modifique o suspenda los servicios mínimos establecidos, los trabajadores designados para cumplirlos deberán respetar las obligaciones correspondientes.

La huelga del 11 de noviembre reclama vivienda y mejores salarios

La controversia por los servicios mínimos se produce en vísperas de una huelga general de 24 horas convocada para el miércoles 11 de noviembre, con participación de UGT, CCOO, CGT, CNT y otras organizaciones sindicales y sociales.

Las principales reivindicaciones se centran en el acceso a una vivienda asequible, la recuperación del poder adquisitivo, la defensa de las pensiones y el fortalecimiento de los servicios públicos.

En La Rioja, el secretario general de CCOO, Rodrigo Alfaro, ha denunciado la creciente distancia entre los salarios y el coste de la vida, especialmente por el encarecimiento de la vivienda. Los convocantes también critican el bloqueo de negociaciones colectivas en determinados sectores económicos.

La protesta contará con la participación del Sindicato de Vivienda de La Rioja y STE-Rioja, que han situado entre sus prioridades la situación del mercado residencial y la necesidad de reforzar la enseñanza pública.

Las organizaciones promueven una jornada de movilización laboral y social bajo el lema «Ni trabajar ni consumir», con el propósito de extender la protesta más allá de los centros de trabajo.

En Logroño está convocada una manifestación para las 18:00 horas, con salida desde la Glorieta del Doctor Zubía. El recorrido previsto incluye las calles Portales y Murrieta, Gran Vía y Vara de Rey, hasta finalizar en el paseo del Espolón.

También se han anunciado concentraciones a las 12:00 horas en Calahorra, en el paseo del Mercadal, y en Arnedo, en la Puerta Munillo.

La huelga sigue adelante con el conflicto legal abierto

La convocatoria del 11 de noviembre se mantiene y, de momento, los servicios mínimos publicados por el Gobierno de La Rioja continúan siendo los aplicables.

UGT y CCOO deberán determinar si las condiciones fijadas justifican presentar un recurso, una posibilidad que han vinculado a lo ocurrido durante la huelga general de 2012.

El desacuerdo plantea una cuestión que trasciende esta convocatoria: hasta dónde puede llegar una administración al garantizar servicios públicos sin vaciar de contenido el derecho de huelga.

La atención sanitaria urgente, la seguridad y otras prestaciones imprescindibles deben mantenerse. La controversia aparece cuando esa obligación se extiende a actividades cuya paralización temporal no supone necesariamente un perjuicio esencial para la ciudadanía.

Con el paro a apenas dos días de distancia, los sindicatos llegan al 11N con dos frentes abiertos: movilizar a los trabajadores por sus reivindicaciones económicas y sociales y decidir si trasladan a los tribunales su enfrentamiento con el Gobierno riojano por los servicios mínimos.