La Audiencia avala investigar los 200.000 euros de Zapatero en Bolivia

La Audiencia Nacional ha avalado investigar el cobro de 200.000 euros por parte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por sus gestiones ante las autoridades de Bolivia en favor del grupo empresarial peruano Gloria. La justicia española examina si esa intermediación pudo constituir un presunto delito de tráfico de influencias, dentro de la investigación judicial que afecta al exdirigente socialista por el caso Plus Ultra.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Zapatero, que pretendía retirar del procedimiento un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El documento relaciona al expresidente con distintas gestiones ante responsables bolivianos para favorecer los intereses del conglomerado peruano, que mantenía importantes litigios económicos con la Administración del país.

La resolución, conocida este martes 10 de noviembre de 2026, supone un nuevo revés judicial para el antiguo presidente del Ejecutivo. Los magistrados consideran que los indicios aparecieron durante el análisis de documentación y dispositivos intervenidos legalmente en una investigación abierta con anterioridad. El tribunal rechaza, por tanto, que la Policía realizara una investigación indiscriminada sobre sus actividades privadas y profesionales.

El pronunciamiento no establece que Zapatero haya cometido un delito ni cuestiona automáticamente la legalidad de cualquier actividad de asesoramiento. Lo que permite es que los investigadores continúen examinando la naturaleza de los pagos y las actuaciones que los motivaron.

La Audiencia rechaza el recurso presentado por Zapatero

La defensa del expresidente sostenía que las pesquisas policiales sobre Bolivia excedían los límites de la investigación original. Según sus argumentos, el informe de la UDEF procedía de una indagación general sobre actividades profesionales que inicialmente no estaban relacionadas con el procedimiento.

Los abogados entendían que la Policía había aprovechado el acceso a información personal y bancaria para abrir nuevas líneas de investigación sin una autorización judicial específica. Por ese motivo, solicitaron que el documento relativo a las operaciones con el Grupo Gloria quedara excluido de la causa.

La Audiencia Nacional no comparte esa interpretación. Los magistrados explican que los nuevos indicios surgieron al examinar materiales obtenidos durante los registros practicados en mayo en la oficina del expresidente. Entre ellos figuraban documentos y dispositivos electrónicos relacionados con sus actividades empresariales.

Las conversaciones y transferencias examinadas por la UDEF

Uno de los elementos destacados por la resolución son las conversaciones encontradas en los teléfonos intervenidos a Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero y también investigada en el procedimiento.

Según la Sala, esas comunicaciones contenían información relevante sobre movimientos de dinero desde la sociedad peruana Focus Social Research hacia cuentas vinculadas al expresidente.

La Policía considera que estos datos permiten investigar si los pagos guardaban relación con posibles gestiones de influencia ante autoridades bolivianas. El informe elaborado en junio apuntaba a una actividad de intermediación relacionada con varios conflictos económicos del grupo empresarial peruano.

Para los magistrados, analizar las transferencias no constituye una búsqueda arbitraria de delitos, sino una actuación conectada con la documentación previamente intervenida.

Los 200.000 euros y el conflicto empresarial en Bolivia

El origen de los pagos se encuentra en las relaciones profesionales entre Zapatero y el conglomerado peruano Gloria, que mantiene intereses empresariales en distintos países latinoamericanos.

La compañía reconoció públicamente en julio que había abonado 200.000 euros al expresidente en 2024 por sus servicios de intermediación ante las autoridades bolivianas.

El objetivo declarado era facilitar una solución a una indemnización pendiente relacionada con la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), filial del grupo en Bolivia.

El conflicto se remonta a la expropiación de la participación que Soboce mantenía en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa). La sociedad poseía el 33 % de las acciones de esta empresa cuando se produjo la intervención estatal.

Según el conglomerado peruano, el Estado boliviano llevaba aproximadamente 16 años sin satisfacer la compensación económica correspondiente.

El conflicto empresarial también estuvo marcado por otro procedimiento judicial. Soboce fue condenada a pagar 744 millones de bolivianos, unos 94 millones de euros, por competencia desleal, una decisión que la compañía vinculó a las disputas derivadas de la expropiación.

Grupo Gloria reconoce la intermediación, pero niega irregularidades

La versión de la empresa distingue claramente entre las gestiones institucionales realizadas por Zapatero y cualquier intervención ilícita en procedimientos judiciales.

Gloria explicó ante el supervisor del mercado de valores peruano que contrató al expresidente para favorecer el diálogo con las autoridades bolivianas e intentar alcanzar un acuerdo sobre la indemnización.

La compañía sostuvo que su participación se limitó a facilitar reuniones y promover una solución negociada. También rechazó que Zapatero tuviera el encargo de interferir en procesos judiciales.

Según la información comunicada por el grupo, aquellas conversaciones no consiguieron resolver el conflicto y la indemnización continuaba pendiente.

La UDEF, sin embargo, considera necesario esclarecer si los 200.000 euros correspondían exclusivamente a servicios profesionales legítimos o si pudieron encubrir una contraprestación por el ejercicio indebido de influencias.

Esa distinción resulta fundamental. Cobrar por asesoramiento o intermediación empresarial no constituye por sí mismo un delito. La investigación debe determinar si existieron actuaciones ilegales destinadas a condicionar decisiones de las autoridades.

La conexión con el caso Plus Ultra

La decisión de la Audiencia Nacional también resulta relevante porque mantiene vinculada la investigación sobre Bolivia con el procedimiento judicial relacionado con Plus Ultra, la aerolínea que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021.

En esa causa se investiga si Zapatero pudo utilizar sus relaciones institucionales para favorecer determinados intereses empresariales y si existieron mecanismos societarios destinados a ocultar los rendimientos obtenidos.

La Fiscalía Anticorrupción se había mostrado contraria a excluir el informe sobre Bolivia. A su juicio, los pagos examinados presentan una conexión suficiente con los hechos que estaban siendo investigados.

Su planteamiento es que la posible intermediación ante el Gobierno boliviano no constituye necesariamente un episodio ajeno al procedimiento, sino que podría revelar otra manifestación de las conductas bajo sospecha.

La resolución también recuerda que los investigadores examinan un supuesto proyecto de expansión empresarial a Dubái, con operaciones previstas en Emiratos Árabes Unidos y Latinoamérica y unas expectativas de beneficios de aproximadamente tres millones de dólares durante cinco años.

Se trata de líneas de investigación diferentes, aunque relacionadas por la posible utilización de contactos institucionales y estructuras empresariales. Su inclusión en una misma causa no significa que todas las operaciones investigadas sean ilícitas.

El alcance judicial de la decisión

La resolución del 10 de noviembre consolida la posibilidad de investigar las relaciones económicas de Zapatero con el Grupo Gloria después de que el juez instructor, José Luis Calama, hubiera rechazado en julio apartar esos hechos del procedimiento.

La diferencia es que la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha respaldado esa decisión al desestimar el recurso del expresidente.

El tribunal considera que el material incorporado a la investigación tiene una procedencia judicialmente válida y que existen elementos suficientes para seguir examinando las operaciones.

Eso no equivale a acreditar un delito. La presunción de inocencia de Zapatero permanece intacta, y corresponde a los investigadores determinar qué servicios prestó realmente, qué actuaciones desarrolló ante las autoridades bolivianas y si los pagos recibidos tenían alguna finalidad ilícita.

La investigación sobre los 200.000 euros del Grupo Gloria continúa, por tanto, dentro de una causa judicial más amplia. El rechazo del recurso deja despejado el camino para seguir analizando esas operaciones, pero la eventual responsabilidad penal del expresidente sigue pendiente de determinarse.