California tumba el impuesto del 5 % al patrimonio de multimillonarios

California ha rechazado la Proposición 40, una iniciativa que pretendía imponer un impuesto extraordinario del 5 % sobre el patrimonio de los multimillonarios para financiar principalmente la sanidad pública. Según la proyección difundida por Associated Press (AP) este 9 de noviembre, los votantes han frenado una medida que habría convertido al estado en el primero de Estados Unidos en aplicar un gravamen de estas características sobre las grandes fortunas.

Con el escrutinio todavía abierto, alrededor del 53 % de los electores ha votado en contra, frente al 47 % que respaldaba la propuesta. El resultado supone una victoria para los empresarios y grandes inversores tecnológicos que financiaron una intensa campaña contra el impuesto, mientras deja sin aprobar una nueva fuente de ingresos destinada a compensar los recortes federales en asistencia sanitaria.

La votación, celebrada el 3 de noviembre durante las elecciones legislativas estadounidenses, enfrentó a sindicatos, dirigentes demócratas y algunas de las mayores fortunas de Silicon Valley. La disputa trascendió la política fiscal: puso sobre la mesa hasta dónde puede llegar un estado para gravar la riqueza acumulada y qué consecuencias económicas podría tener hacerlo.

La derrota resulta especialmente significativa en California, tradicional bastión demócrata y sede de algunas de las compañías tecnológicas más valiosas del mundo. Aunque la propuesta contó con el respaldo de sectores progresistas, también encontró resistencia dentro del propio Partido Demócrata, incluido el gobernador Gavin Newsom.

Qué establecía el impuesto del 5 % a los multimillonarios

La Proposición 40 planteaba un impuesto único sobre el patrimonio neto de las personas cuya fortuna superase los 1.000 millones de dólares. A diferencia de los tributos habituales sobre la renta, no se calculaba a partir de los ingresos anuales, sino del valor acumulado de determinados bienes y activos, descontando las deudas.

El gravamen habría afectado a quienes residieran en California el 1 de enero de 2026. La obligación tributaria estaba prevista para 2027, aunque los contribuyentes podrían distribuir el pago durante cinco años, asumiendo un coste adicional por el aplazamiento.

Entre los activos sujetos al impuesto figuraban participaciones empresariales, acciones, inversiones financieras, obras de arte y determinados derechos de propiedad intelectual. En cambio, los inmuebles y la mayoría de las cuentas de jubilación quedaban excluidos.

La distinción era importante. Un empresario podía tener una fortuna de miles de millones de dólares en acciones sin disponer necesariamente de esa cantidad en efectivo. Precisamente esa diferencia entre patrimonio y liquidez fue uno de los principales argumentos utilizados por los detractores de la iniciativa.

Se calculaba que el impuesto afectaría aproximadamente a 200 grandes fortunas residentes en California. Sus defensores consideraban que concentrar la carga tributaria en un grupo tan reducido permitiría obtener recursos públicos importantes sin elevar los impuestos al conjunto de la población.

Hasta 100.000 millones de dólares para financiar servicios públicos

La propuesta reservaba el 90 % de la recaudación a la atención sanitaria. El porcentaje restante se destinaría a programas educativos, asistencia alimentaria y gastos relacionados con la administración del impuesto.

Los impulsores de la iniciativa, encabezados por el sindicato sanitario SEIU-United Healthcare Workers West, estimaban que el gravamen podría generar alrededor de 100.000 millones de dólares durante cinco años.

No obstante, esa cifra era una previsión de los promotores, no una recaudación garantizada. El análisis fiscal oficial de California estimaba ingresos de decenas de miles de millones de dólares, pero advertía de la dificultad de calcularlos con precisión debido a las fluctuaciones bursátiles y las posibles decisiones de los contribuyentes.

El objetivo político era responder a las reducciones de financiación federal aprobadas bajo la Administración de Donald Trump, especialmente las que afectan a Medicaid, el programa público de cobertura sanitaria para personas con ingresos limitados.

Sus partidarios sostenían que el dinero permitiría amortiguar el impacto de esos recortes sobre hospitales, centros de salud y pacientes vulnerables.

Los críticos cuestionaban, sin embargo, la sostenibilidad de la fórmula. Un impuesto extraordinario puede proporcionar una inyección considerable de recursos, pero no garantiza ingresos permanentes para cubrir necesidades sanitarias recurrentes.

Los multimillonarios gastaron cientos de millones para frenar el impuesto

La campaña contra la Proposición 40 movilizó cantidades extraordinarias de dinero. Según los datos recopilados por CalMatters, los grandes donantes contrarios al gravamen aportaron aproximadamente 378,4 millones de dólares, mientras que los partidarios de la iniciativa reunieron unos 33,5 millones.

La diferencia ilustra la desigual capacidad financiera de ambos bloques, aunque por sí sola no permite determinar cuánto influyó el gasto electoral en el resultado.

Entre los principales opositores destacó Sergey Brin, cofundador de Google, que aportó 102 millones de dólares a Building a Better California, una organización dedicada a combatir la propuesta y respaldar iniciativas alternativas.

El argumento central de la oposición era económico: gravar directamente grandes patrimonios podía incentivar la salida de empresarios e inversores, perjudicar la creación de empleo y reducir la recaudación futura del estado.

El análisis de las autoridades californianas reconocía ese riesgo, aunque estimaba que la eventual pérdida recurrente de ingresos por el impuesto sobre la renta probablemente sería inferior a 1.000 millones de dólares anuales.

La controversia alcanzó también a otros referentes de Silicon Valley. Mark Zuckerberg, fundador de Meta, figuró entre los empresarios cuya posible marcha de California apareció vinculada al debate fiscal.

Para los defensores del impuesto, la campaña evidenciaba la enorme influencia política de las grandes fortunas. Sus detractores respondían que proteger la competitividad económica de California también beneficia a quienes dependen de los servicios públicos financiados mediante impuestos.

Gavin Newsom y Bernie Sanders, enfrentados por la propuesta

La votación dejó al descubierto una división importante entre los demócratas estadounidenses.

El gobernador de California, Gavin Newsom, se opuso al impuesto al considerar que podía provocar la marcha de contribuyentes especialmente relevantes para las finanzas estatales. Su posición contrastó con la del senador Bernie Sanders y el congresista Ro Khanna, que defendieron la iniciativa como una forma de redistribuir la carga fiscal.

El Partido Demócrata de California respaldó la Proposición 40, pero otras organizaciones próximas al espacio progresista, incluidas asociaciones sanitarias y educativas, manifestaron su rechazo.

No se trataba simplemente de elegir entre subir impuestos o mantenerlos. Parte del desacuerdo giraba en torno a la eficacia de un gravamen excepcional para financiar obligaciones públicas que se prolongan durante años.

También había una disputa sobre el propio modelo económico de California: cómo aumentar la contribución fiscal de las mayores fortunas sin debilitar una economía que obtiene una parte importante de sus ingresos tributarios de las rentas más elevadas.

Los datos electorales reflejan diferencias entre grupos de votantes. El sondeo AP Voter Poll indica que la mayoría de los menores de 30 años apoyó la Proposición 40, mientras que cerca de seis de cada diez electores con ingresos anuales de al menos 100.000 dólares se mostraron contrarios.

Las proposiciones 41 y 42 también buscaban bloquear el gravamen

La Proposición 40 no era la única medida relacionada con la tributación patrimonial sometida al voto de los californianos.

Las proposiciones 41 y 42 planteaban restricciones que podían impedir la aplicación del impuesto incluso en el supuesto de que hubiera obtenido una mayoría favorable.

La primera incorporaba controles y limitaciones sobre determinados impuestos especiales y su relación con las reglas presupuestarias estatales. La segunda pretendía prohibir nuevos impuestos sobre la propiedad de activos personales, incluidos los financieros, así como ciertas modalidades de tributación retroactiva.

Esta última tenía especial importancia porque podía restringir la capacidad de California para aprobar gravámenes similares en el futuro.

Según los resultados provisionales conocidos el 9 de noviembre, la Proposición 42 mantenía una ligera ventaja, con aproximadamente el 51,6 % de los votos favorables. Su desenlace definitivo podía condicionar futuros intentos de establecer un impuesto sobre el patrimonio.

La sanidad de California sigue buscando financiación

El rechazo de la Proposición 40 elimina, por ahora, la posibilidad de establecer este impuesto extraordinario del 5 % sobre los multimillonarios californianos. No resuelve, sin embargo, el problema presupuestario que motivó su presentación.

Los recortes federales mantienen la presión sobre la financiación sanitaria del estado, mientras continúa el debate sobre quién debe asumir el coste de compensarlos.

El sindicato promotor de la iniciativa ya ha expresado su intención de volver a plantear un impuesto a las grandes fortunas en 2028 si las autoridades californianas no encuentran otra solución para financiar los servicios sanitarios.

El resultado deja una contradicción política difícil de ignorar: en uno de los estados más ricos y progresistas de Estados Unidos, los electores han rechazado gravar de forma extraordinaria a sus mayores fortunas para sostener servicios públicos.

California ha decidido que este impuesto no es la respuesta. La necesidad de financiar su sistema sanitario, en cambio, permanece intacta.