Colau propone un impuesto del 2% a las fortunas de más de un millón

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, ha presentado este jueves 5 de noviembre una propuesta para crear un impuesto anual del 2% sobre el patrimonio neto de quienes acumulen más de un millón de euros. El gravamen aumentaría hasta el 3% para las fortunas superiores a 50 millones. La iniciativa, denominada Tax the rich (gravar a los ricos), forma parte del programa económico de la coalición para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La medida afectaría a unas 231.000 personas, aproximadamente el 1% de quienes presentan la declaración de la renta, según los cálculos de Frente Amplio. No se aplicaría directamente a los salarios ni a las pensiones, sino a la riqueza acumulada. Colau también propone aumentar la tributación de las grandes empresas y la banca y establecer un gravamen específico sobre la acumulación de viviendas. Con este conjunto de reformas, la formación aspira a recaudar 10.000 millones de euros adicionales al año para financiar servicios públicos, vivienda, pensiones e infraestructuras.

La exalcaldesa de Barcelona ha presentado estas medidas durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid. Su propuesta sitúa la fiscalidad de las grandes fortunas en el centro de la campaña electoral y abre un debate que va más allá de los multimillonarios: el umbral de entrada está fijado en un millón de euros de patrimonio neto, una cantidad que también pueden alcanzar determinados propietarios inmobiliarios o pequeños inversores.

Cómo funcionaría el nuevo impuesto a las grandes fortunas

El planteamiento de Frente Amplio consiste en establecer un tributo específico sobre el patrimonio neto de las personas físicas, con dos tipos impositivos principales. Los contribuyentes con patrimonios superiores a un millón de euros quedarían sujetos a un gravamen anual del 2%, mientras que aquellos cuya riqueza supere los 50 millones tributarían al 3%.

La distinción entre patrimonio e ingresos resulta fundamental. El impuesto no se calcularía sobre lo que una persona gana cada año, sino sobre el valor de sus bienes y derechos, descontando las deudas y obligaciones que correspondan.

Tener una vivienda de un millón de euros no implica pagar automáticamente el 2%

Una persona puede poseer una vivienda valorada en un millón de euros sin tener necesariamente un patrimonio neto de esa cantidad. Si mantiene una hipoteca pendiente, esa deuda debe considerarse al calcular su riqueza efectiva.

Por ejemplo, una persona con bienes valorados en 1,2 millones de euros y deudas de 350.000 euros tendría, en términos generales, un patrimonio neto de 850.000 euros, inferior al umbral anunciado.

Sin embargo, todavía faltan detalles técnicos relevantes. Frente Amplio no ha precisado todas las exenciones, los criterios de valoración ni la aplicación exacta de los tipos sobre la base imponible. Por ello, no es posible calcular la cuota definitiva que pagaría cada contribuyente únicamente con los porcentajes anunciados.

La formación sí ha aclarado un elemento importante: la cantidad que corresponda pagar por el nuevo tributo se reduciría en función de lo ya abonado por el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. La intención es evitar que el nuevo gravamen se acumule íntegramente a esos impuestos.

Unas 231.000 personas pagarían el impuesto de Colau

Las estimaciones de Frente Amplio sitúan en aproximadamente 231.000 los posibles contribuyentes afectados por la nueva figura fiscal. La coalición sostiene que el 99% de la población quedaría fuera de su ámbito de aplicación.

El peso principal de la recaudación recaería sobre los patrimonios más elevados. Según los datos presentados por la formación, España cuenta con alrededor de 1.200 fortunas superiores a 50 millones de euros, que aportarían aproximadamente un tercio de lo recaudado mediante este impuesto.

Colau ha defendido que las grandes concentraciones de riqueza deben contribuir en mayor medida a financiar los servicios públicos. Durante su intervención, ha cuestionado que la acumulación patrimonial pueda prevalecer sobre derechos como la vivienda, la educación o unas condiciones de vida dignas.

La propuesta también tiene una dimensión política. Utilizar la expresión ultrarricos para incluir patrimonios superiores a un millón de euros amplía considerablemente el grupo al que habitualmente se aplica ese término. Ser millonario en patrimonio no equivale necesariamente a disponer de grandes ingresos anuales, especialmente cuando una parte importante de la riqueza está concentrada en inmuebles.

Esa diferencia será relevante para evaluar el alcance real del impuesto y su impacto sobre personas que poseen activos de elevado valor, pero cuentan con una liquidez reducida.

Frente Amplio también quiere elevar los impuestos a la banca

El nuevo gravamen patrimonial constituye una parte de una reforma fiscal más amplia. Colau ha propuesto revisar las deducciones y ventajas fiscales de las grandes empresas y las entidades financieras para aumentar la tributación efectiva de sus beneficios.

La candidata sostiene que los grandes grupos empresariales y la banca pagan actualmente unos tipos efectivos de entre el 7% y el 9%, frente al 19% o el 20% que atribuye a las pequeñas y medianas empresas.

Estas cifras forman parte del diagnóstico económico de Frente Amplio y su comparación depende de la metodología utilizada para calcular el tipo efectivo. No deben confundirse con los tipos nominales establecidos por el Impuesto sobre Sociedades.

Entre las medidas anunciadas figura la revisión de las desgravaciones fiscales que permiten a determinados grupos empresariales reducir sus cuotas, incluidas las relacionadas con pérdidas registradas en ejercicios anteriores.

Colau ha defendido que España mantiene una presión fiscal entre tres y cuatro puntos porcentuales inferior a la media europea. A su juicio, reforzar la financiación de los servicios públicos exige aumentar la aportación de quienes concentran una mayor capacidad económica.

Un impuesto del 10% sobre la acumulación de viviendas

La tercera medida recupera una iniciativa que Colau había adelantado durante la campaña: establecer un impuesto específico sobre la acumulación de viviendas para desincentivar la especulación inmobiliaria.

La propuesta contempla aplicar un gravamen del 10% sobre el valor de los inmuebles afectados cuando una persona física posea al menos cuatro viviendas y el valor conjunto de sus propiedades supere los 800.000 euros.

En el caso de las empresas, el gravamen se aplicaría desde la primera vivienda adquirida, conforme a las condiciones previstas por la coalición.

La iniciativa introduce una excepción importante: las viviendas destinadas a alquiler asequible y estable quedarían excluidas del gravamen. La finalidad declarada es incentivar que los propietarios incorporen sus inmuebles al mercado residencial en condiciones más accesibles.

Frente Amplio calcula que esta medida podría alcanzar a más de 500.000 viviendas, entre inmuebles vacíos, alojamientos destinados a otros usos y propiedades alquiladas a precios que la formación considera excesivos.

La coalición también estima que, en las viviendas alquiladas afectadas por la medida, los precios podrían reducirse un 31% de media. Se trata de una previsión del partido, no de un efecto demostrado ni garantizado.

La aplicación práctica dependería de cuestiones todavía pendientes, como la definición legal de alquiler asequible, la valoración de los inmuebles y los mecanismos de control.

Qué cambia respecto a los impuestos sobre el patrimonio actuales

España ya dispone de figuras tributarias que gravan la riqueza acumulada. El Impuesto sobre el Patrimonio se aplica conforme a una normativa estatal que convive con competencias autonómicas, lo que provoca diferencias entre territorios.

También existe el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que grava patrimonios netos superiores a tres millones de euros y cuya aplicación fue prorrogada mientras se aborda la revisión de la tributación patrimonial.

El principal cambio que plantea Colau sería reducir el umbral de entrada hasta el millón de euros y establecer un nuevo esquema de tipos para quienes superen esa cantidad.

No obstante, el anuncio no supone que todos los contribuyentes con bienes superiores al millón de euros deban comenzar a pagar inmediatamente un 2% adicional.

Primero sería necesario aprobar la correspondiente legislación. Después habría que determinar cómo se coordina el nuevo impuesto con los existentes, qué exenciones se mantienen y cuáles serían los límites efectivos de tributación.

Estas cuestiones no son menores. La aplicación de un impuesto recurrente sobre el patrimonio puede plantear problemas de valoración y liquidez, especialmente cuando buena parte de los activos está formada por propiedades inmobiliarias o participaciones empresariales.

Frente Amplio ha avanzado su intención de descontar los tributos patrimoniales ya satisfechos, pero la fórmula definitiva necesitaría concretarse en una norma.

Una reforma fiscal de 10.000 millones ante las elecciones del 29N

La propuesta presentada por Ada Colau llega en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, en las que Frente Amplio aspira a reforzar su representación parlamentaria.

La coalición calcula que el conjunto de sus tres iniciativas permitiría obtener unos 10.000 millones de euros adicionales cada año. Esa cifra no corresponde exclusivamente al impuesto sobre las grandes fortunas, sino al paquete de medidas patrimoniales, empresariales e inmobiliarias.

Los recursos se destinarían, según la formación, a reforzar los servicios públicos, mejorar las pensiones, ampliar las políticas de vivienda y financiar infraestructuras ferroviarias.

La estimación económica, sin embargo, todavía debe traducirse en previsiones fiscales detalladas. Su resultado dependería del comportamiento de los contribuyentes, de las deducciones finalmente permitidas y de la capacidad de recaudación de cada figura tributaria.

Colau ha situado la redistribución de la riqueza como uno de los ejes de su candidatura. El anuncio fija una posición clara: elevar la tributación de los grandes patrimonios y de las empresas con mayores beneficios para financiar políticas públicas.

Por el momento, es una propuesta electoral y no una reforma aprobada. Su posible entrada en vigor dependerá del resultado de las elecciones, de los acuerdos parlamentarios y de la concreción legislativa de unas medidas que ya han colocado el patrimonio de más de un millón de euros en el centro del debate fiscal español.