El PSPV pierde su enmienda a la ley del suelo al abandonar Les Corts

La huelga general del 11 de noviembre ha tenido una consecuencia inesperada en Les Corts Valencianes. El PSPV-PSOE ha perdido su enmienda a la totalidad contra la nueva ley del suelo después de que sus diputados abandonaran el hemiciclo para secundar la protesta. La iniciativa ha decaído al no encontrarse presente ningún representante socialista para defenderla, según ha confirmado la presidenta de la Cámara, Llanos Massó.

El episodio beneficia políticamente al PP y Vox, que habían impulsado un cambio en el orden del día para debatir las enmiendas precisamente durante la jornada de huelga. Compromís, que había anunciado su ausencia, logró mantener viva su propuesta gracias a la intervención puntual de la diputada Paula Espinosa. Su enmienda se votará este jueves 12 de noviembre, mientras que la socialista ha quedado fuera.

La controversia va más allá de una disputa parlamentaria. La nueva legislación urbanística pretende sustituir el actual marco valenciano y modificar las condiciones para construir viviendas, desarrollar terrenos y autorizar actividades en suelo rústico. Un asunto especialmente sensible en una comunidad donde el acceso a la vivienda, la presión inmobiliaria y la protección frente a las inundaciones forman parte del debate público.

El PSPV abandona Les Corts y pierde su enmienda a la totalidad

La decisión socialista se produjo durante la sesión del miércoles, cuando el portavoz del PSPV, José Muñoz, intervino para denunciar lo que considera un «atropello democrático» del PP y Vox.

Muñoz acusó a ambas formaciones de aprovechar la huelga general para acelerar una normativa urbanística que, a su juicio, favorece la especulación inmobiliaria. Después anunció que su grupo secundaría el paro y los diputados socialistas abandonaron el hemiciclo poco después de las 11.10 horas.

El movimiento supuso un cambio respecto a la posición inicial del PSPV, que había previsto asistir al pleno para defender sus iniciativas parlamentarias pese a respaldar las reivindicaciones de la huelga.

La consecuencia llegó cuando debía debatirse su enmienda a la totalidad de la ley del suelo. La diputada María José Salvador, encargada de defenderla, no estaba presente. Al no formalizarse su defensa, la iniciativa decayó y no podrá someterse a votación el jueves.

La presidenta de Les Corts confirmó posteriormente que también habían decaído otras iniciativas socialistas incluidas en el orden del día.

Compromís consigue mantener su enmienda con una intervención puntual

Compromís había anunciado con antelación que sus representantes no acudirían al pleno para participar en la huelga. Sin embargo, la coalición adoptó una fórmula parlamentaria que le permitió conservar su iniciativa legislativa.

Cuando llegó el turno de su enmienda, la diputada Paula Espinosa entró en el hemiciclo, intervino brevemente para dar por defendido el contenido del texto y volvió a abandonar la Cámara.

Espinosa criticó la utilización del calendario parlamentario por parte del PP y Vox y sostuvo que la nueva normativa no resolverá los problemas de acceso a la vivienda.

Su intervención permitió que la propuesta de Compromís continúe adelante y pueda votarse este jueves. La coalición también comunicó su renuncia a la retribución correspondiente a la jornada de huelga.

El contraste resulta llamativo: los dos grupos de izquierda secundaron la protesta, pero solo Compromís consiguió preservar su enmienda a la totalidad.

Por qué PP y Vox llevaron la ley del suelo al pleno del 11N

El calendario parlamentario estaba fijado para los días 11 y 12 de noviembre antes de la convocatoria de huelga. Posteriormente, Compromís solicitó modificar las fechas para evitar la coincidencia, una petición respaldada por el PSPV y rechazada por PP y Vox.

La controversia aumentó el 5 de noviembre, cuando populares y Vox acordaron en la Junta de Síndics modificar el orden del día e incorporar el debate de las enmiendas a la totalidad de la ley del suelo.

La decisión se tomó cuando ya se conocía que Compromís pretendía ausentarse de la sesión del miércoles.

Los partidos de la oposición interpretaron el cambio como una maniobra para acelerar la tramitación de una norma especialmente controvertida. El PP rechazó esas acusaciones y defendió la necesidad de avanzar en una legislación que considera fundamental para facilitar la construcción de viviendas.

El portavoz popular, Nando Pastor, criticó duramente la actuación del PSPV, a la que calificó de «auténtica mamarrachada». También cuestionó el carácter sindical de la huelga y reprochó a los socialistas su cambio de posición.

El enfrentamiento refleja dos interpretaciones opuestas del mismo episodio: para la izquierda, la mayoría parlamentaria ha utilizado el calendario en su beneficio; para el PP y Vox, la oposición ha decidido ausentarse de un debate que conocía con antelación.

Qué cambia con la nueva ley del suelo de la Comunitat Valenciana

El proyecto aprobado por el Consell el 25 de septiembre pretende sustituir íntegramente el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 2021, conocido como TRLOTUP.

La Generalitat sostiene que el objetivo es reducir la burocracia, simplificar el planeamiento y ofrecer mayor seguridad jurídica a propietarios, ayuntamientos y promotores.

Entre sus principales medidas figura la posibilidad de utilizar procedimientos urbanísticos simplificados en municipios de menos de 1.000 habitantes y en determinadas localidades afectadas por la despoblación.

También introduce instrumentos públicos destinados a facilitar la construcción de viviendas protegidas.

En los ámbitos residenciales ordenados mediante esos nuevos instrumentos se establece una reserva mínima del 50 % de la edificabilidad residencial para vivienda protegida. Esto no significa que la mitad de todas las nuevas viviendas que se construyan en la Comunitat deban ser protegidas: la obligación se refiere a los supuestos específicos contemplados en el proyecto.

Suelo rústico, licencias y actividades económicas

Uno de los aspectos más controvertidos es la ampliación de las posibilidades de aprovechamiento del suelo no urbanizable.

El proyecto contempla que determinados terrenos rústicos puedan albergar actividades agrícolas, industriales, turísticas, de restauración o de servicios cuando se cumplan las condiciones urbanísticas y sectoriales correspondientes.

En suelo no urbanizable común también se prevé la posibilidad excepcional de construir viviendas aisladas en parcelas de al menos 10.000 metros cuadrados, sujetas a límites de ocupación y otros requisitos.

Para los terrenos especialmente protegidos siguen existiendo restricciones adicionales. Las actividades deberán estar permitidas por la normativa que justifica su protección o por el planeamiento aplicable. No se trata, por tanto, de una autorización general para edificar en cualquier terreno rústico.

La reforma también plantea cambios en las licencias urbanísticas y el papel de las entidades colaboradoras, que pueden intervenir en la comprobación técnica de proyectos.

Vox ha presentado 24 enmiendas parciales destinadas, entre otras cuestiones, a reducir duplicidades administrativas, agilizar autorizaciones y reforzar las garantías de propietarios y promotores.

Sus propuestas incluyen modificaciones en los procedimientos de control municipal y declaraciones responsables, mecanismos que permiten tramitar determinadas actuaciones sin esperar a una licencia convencional, siempre que se cumplan los requisitos legales.

La vivienda y las zonas inundables enfrentan a los partidos

El Gobierno valenciano defiende que la nueva ley permitirá movilizar suelo, acelerar proyectos residenciales y combatir las dificultades de acceso a la vivienda.

Su argumento principal es que los largos procedimientos administrativos dificultan la construcción y encarecen los proyectos. La simplificación urbanística sería, desde esa perspectiva, una herramienta para aumentar la oferta.

PSPV y Compromís cuestionan ese planteamiento. Ambas formaciones consideran que la reforma favorece los intereses inmobiliarios y debilita las garantías de protección territorial.

Entre sus principales críticas figuran el tratamiento del suelo no urbanizable, las reservas destinadas a vivienda protegida y la ausencia, a su juicio, de suficientes medidas frente al cambio climático y el riesgo de inundaciones.

Este último asunto tiene especial relevancia en la Comunitat Valenciana después de las devastadoras inundaciones de octubre de 2024.

La oposición reclama una regulación más restrictiva sobre la ocupación de zonas inundables y mayores garantías ambientales antes de autorizar nuevos desarrollos.

El Consell rechaza que simplificar los procedimientos implique reducir la protección del territorio. Defiende que la reforma debe permitir compatibilizar la actividad económica y la construcción de viviendas con las exigencias medioambientales.

La discrepancia es sustancial: facilitar la urbanización no equivale necesariamente a mejorar el acceso a la vivienda, del mismo modo que acelerar una licencia no determina por sí solo si un proyecto resulta adecuado para el territorio. Esas consecuencias dependerán del contenido definitivo de la ley y de su aplicación.

La votación del jueves decidirá el siguiente paso de la ley

La sesión del 12 de noviembre será determinante para la continuidad de la tramitación parlamentaria.

La enmienda a la totalidad de Compromís podrá someterse a votación, mientras que la del PSPV ha quedado descartada al no haberse defendido durante el pleno.

Si la propuesta de devolución de Compromís obtiene los apoyos necesarios, el proyecto tendría que regresar al Consell. Si es rechazada, la ley continuará su recorrido parlamentario y todavía deberán abordarse las modificaciones parciales antes de su eventual aprobación definitiva.

Conviene distinguir ambos procedimientos: la nueva ley del suelo todavía no está aprobada. Lo ocurrido este miércoles afecta a las iniciativas presentadas para intentar detener su tramitación, no a la entrada en vigor de la normativa.

PP y Vox mantienen la mayoría necesaria para impulsar el proyecto, aunque el texto aún puede experimentar modificaciones durante las siguientes fases.

La huelga del 11N ha terminado así con un resultado parlamentario que probablemente no figuraba entre los objetivos de sus participantes: el PSPV ha perdido la oportunidad de someter a votación su rechazo global a una de las principales reformas del Gobierno valenciano.

Y mientras continúa la disputa sobre el calendario, el fondo del debate permanece intacto: qué suelo podrá utilizarse, qué viviendas se construirán y qué garantías tendrá el territorio valenciano bajo la futura legislación urbanística.