La acampada de Sol pierde tiendas y prepara su traslado a los barrios

La acampada de la Puerta del Sol de Madrid ha amanecido este lunes, 2 de noviembre, con menos tiendas de campaña y una retirada progresiva de sus organizadores. Después de más de un mes de protestas por el derecho a la vivienda, la mayoría de las comisiones de Acampada 26S ha decidido abandonar la plaza y trasladar su actividad a los barrios madrileños, con la vista puesta en la huelga general del 11 de noviembre.

El desmontaje de la acampada ya se aprecia en distintos puntos de Sol. Han desaparecido numerosas tiendas de los alrededores del pabellón de cristal que da acceso a la estación de Cercanías y de la calle Arenal. Sin embargo, la retirada no es completa: algunos participantes mantienen su intención de permanecer en la plaza, mientras las principales estructuras organizativas dan por terminada esta etapa de la movilización.

El cambio llega después de que la Delegación del Gobierno en Madrid advirtiera a los responsables de la concentración de que podría resultar legítimo ponerle fin. La comunicación, seguida de una petición más explícita para desmontar las instalaciones, ha acelerado una decisión que llevaba días debatiéndose entre los acampados.

Para este lunes estaba prevista, a las 12:00 horas, la lectura de un manifiesto reivindicativo político-social en la Puerta del Sol. El Movimiento 26S pretende exigir responsabilidades a las autoridades por las circunstancias que desencadenaron la protesta y explicar sus próximos pasos. El objetivo declarado no es abandonar las reivindicaciones, sino mantenerlas fuera del campamento.

La retirada de Sol avanza, pero no todos quieren marcharse

La decisión de abandonar la acampada se hizo pública durante el fin de semana, cuando la mayoría de las comisiones anunció su disolución progresiva y la transformación del colectivo en el denominado Movimiento 26S.

Los organizadores reconocen que el mantenimiento del campamento ha provocado un desgaste considerable después de más de cinco semanas de actividad. La permanencia en Sol exigía una organización cotidiana de voluntarios, materiales, turnos y espacios comunes que parte del movimiento considera difícil de sostener.

La retirada, no obstante, ha resultado más complicada de lo previsto. Aunque se había diseñado un protocolo de desmontaje por etapas, las discrepancias internas han impedido ejecutar una salida conjunta y ordenada.

Una portavoz de los organizadores cifró en unas 600 personas las que habían abandonado el asentamiento desde las advertencias de la Delegación del Gobierno. Esa estimación no equivale a un recuento actualizado de quienes continúan en la plaza ni permite establecer cuántas tiendas quedan instaladas.

Las discrepancias entre quienes se van y quienes permanecen

El principal desacuerdo afecta a la continuidad de la ocupación. Mientras una parte de los activistas considera que la acampada ya ha cumplido su función y debe transformarse en otra forma de movilización, otros participantes rechazan abandonar Sol.

Entre quienes han expresado su intención de permanecer figuran integrantes vinculados a distintas áreas de la organización, personas sin adscripción a las comisiones y miembros de una asociación de personas sin hogar.

Su situación introduce un problema añadido: la salida de los organizadores no implica necesariamente la desaparición del campamento. Tampoco existe, por el momento, una fecha confirmada para su completo desmontaje.

Las diferencias reflejan dos maneras de entender la continuidad de la protesta. Unos consideran prioritario trasladar los esfuerzos a la organización territorial; otros defienden mantener la presencia física en uno de los espacios públicos más visibles de España.

La Delegación del Gobierno presiona para desmontar la acampada

La situación cambió durante la última semana de octubre, cuando la Delegación del Gobierno remitió dos comunicaciones a los interlocutores de la concentración.

En la primera, enviada el lunes 26 de octubre, la institución sostuvo que «podría resultar legítimo ponerle fin» a la acampada, al entender que su finalidad reivindicativa ya se había desarrollado y que la concentración estaba adquiriendo un carácter permanente.

El segundo escrito, trasladado el jueves 29, fue más contundente. La Delegación instó a adoptar las medidas necesarias para desmontar las instalaciones a la mayor brevedad.

La cuestión tiene una dimensión jurídica relevante. El derecho de reunión protege las concentraciones pacíficas, pero esa protección no significa que toda instalación indefinida en el espacio público deba mantenerse sin limitaciones. Cualquier intervención administrativa, en todo caso, debe respetar los requisitos legales y el principio de proporcionalidad.

No se trata, por tanto, de confundir la advertencia de una posible intervención con un desalojo ya ejecutado. La reducción de tiendas observada este lunes responde al proceso de retirada anunciado por los propios organizadores, aunque se produce bajo una presión administrativa creciente.

La permanencia de participantes contrarios al desmontaje mantiene abierta la posibilidad de nuevos desacuerdos sobre el uso de la plaza.

El Movimiento 26S prepara la huelga general del 11 de noviembre

El traslado a los barrios tiene un propósito inmediato: apoyar la huelga general del miércoles 11 de noviembre de 2026, convocada por organizaciones sindicales, entre ellas CCOO, UGT, CGT y CNT.

La convocatoria, registrada oficialmente en el Ministerio de Trabajo el 19 de octubre, plantea un paro de 24 horas para reclamar mejoras salariales, una vivienda asequible y medidas frente al encarecimiento de la vida.

No se trata únicamente de una movilización de inquilinos. Los sindicatos pretenden vincular las dificultades para acceder a una vivienda con la evolución de los salarios, la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

La convocatoria también ha provocado discrepancias con las organizaciones empresariales. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, anunció inicialmente su intención de impugnarla por considerar que incorporaba reivindicaciones políticas que cuestionaban su encaje legal. Sin embargo, la patronal descartó el 22 de octubre recurrir la huelga antes de su celebración, aunque dejó abierta la posibilidad de estudiar medidas posteriores en función de cómo se desarrolle la jornada. Los sindicatos defienden que sus demandas tienen una dimensión laboral evidente.

Para los integrantes del Movimiento 26S, el cambio de escenario pretende mantener activas las redes de apoyo creadas durante la acampada y llevar la organización a los barrios, donde se desarrollan buena parte de los conflictos relacionados con los alquileres y los desahucios.

Queda por comprobar cómo se concretará esa nueva estructura territorial, qué capacidad de convocatoria conservará y hasta dónde llegará su coordinación con las organizaciones sindicales.

Del desahucio de Maricarmen a la convocatoria electoral

La protesta comenzó el 26 de septiembre, después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue obligada a abandonar su vivienda de alquiler en Madrid el día 23 de ese mes.

Su caso desencadenó una oleada de movilizaciones por el derecho a la vivienda y convirtió la Puerta del Sol en uno de los principales símbolos de las protestas. Maricarmen falleció el 7 de octubre, sin haber podido regresar a su domicilio.

La presión social coincidió con una respuesta legislativa del Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó el 29 de septiembre dos reales decretos-ley sobre vivienda que incorporaban medidas para reforzar la protección ante los desahucios, limitar determinadas operaciones inmobiliarias y mejorar la estabilidad de los contratos de alquiler.

Conviene distinguir entre su aprobación gubernamental y su resultado parlamentario. El Congreso rechazó la convalidación de ambos decretos el 2 de octubre, por lo que las medidas no consiguieron consolidarse como legislación vigente.

El fracaso parlamentario precipitó el adelanto de las elecciones generales, convocadas para el 29 de noviembre de 2026.

En su balance, Acampada 26S reivindica haber contribuido a situar la vivienda en el centro del debate político y considera un logro que el Gobierno impulsara aquellas iniciativas legislativas. Otra cosa es atribuirse en exclusiva decisiones que también responden a negociaciones parlamentarias y a una crisis política de mayor alcance.

La organización sostiene que continuará movilizándose con independencia del resultado electoral. Su planteamiento es que los problemas de acceso a la vivienda no se resolverán automáticamente con un cambio de Gobierno o con la celebración de unas elecciones.

Sol pierde tiendas, pero el conflicto por la vivienda continúa

La Puerta del Sol recupera progresivamente parte del espacio ocupado durante las últimas semanas, aunque la desaparición completa de la acampada sigue sin estar garantizada.

La decisión de las principales comisiones supone un cambio significativo: la protesta deja de depender de un campamento permanente y trata de convertirse en una organización capaz de actuar en diferentes barrios de Madrid.

Ese tránsito también entraña dificultades. Mantener la atención pública durante más de un mes en una plaza emblemática no es lo mismo que construir una red estable de movilización, capaz de coordinar participantes y sostener reivindicaciones concretas.

La próxima referencia será el 11 de noviembre, cuando la huelga general permita medir la capacidad de convocatoria de las organizaciones que reclaman una respuesta al problema de la vivienda y al coste de la vida.

Por ahora, el hecho más visible está en Sol: hay menos tiendas, los principales organizadores se marchan y algunos participantes siguen resistiéndose a abandonar la plaza. La acampada entra en su fase de desmontaje, pero las reivindicaciones que la originaron continúan abiertas.