Tribunal de Cuentas abre actuaciones sobre premios y pagos de Loterías

El Tribunal de Cuentas ha abierto actuaciones sobre Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras una denuncia que cuestiona la gestión de determinados premios y reclama aclaraciones sobre el destino de cantidades que no llegaron a cobrarse. La controversia incluye una cifra de 3.539 millones de euros, mencionada en una resolución parlamentaria de 2025, cuya composición y tratamiento contable siguen pendientes de aclaración.

El procedimiento, registrado con el número B161/2026, se ha activado mediante una diligencia del 11 de noviembre de 2026. Las actuaciones parten de una acción pública promovida por representantes de administraciones de lotería y afectan a cuestiones relacionadas con los premios no cobrados, los pagos realizados sin documentación completa y los mecanismos de control de la sociedad estatal. La apertura del expediente no supone que se haya demostrado una desaparición de dinero público ni que existan responsabilidades contables acreditadas.

El asunto adquiere relevancia por sus dimensiones económicas y por los antecedentes de fiscalización. Un informe aprobado el 29 de octubre de 2026 ya había señalado deficiencias documentales en 519 expedientes de premios mayores correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, con un importe conjunto de 14,79 millones de euros.

Las actuaciones afectan a ejercicios en los que Loterías dependía del Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero, aunque esa circunstancia no implica por sí sola responsabilidad personal de la antigua ministra. El Tribunal deberá determinar primero si los hechos denunciados justifican continuar el procedimiento y si existen elementos suficientes para examinar posibles perjuicios a los fondos públicos.

Los 3.539 millones de euros que Loterías debe aclarar

El origen de la controversia se remonta a una resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, aprobada el 8 de mayo de 2025 y publicada posteriormente en el Boletín Oficial del Estado.

En aquella resolución, Congreso y Senado solicitaron a SELAE que detallara el destino de 3.539 millones de euros en premios no repartidos, una cantidad vinculada por la propia petición parlamentaria al informe de fiscalización correspondiente a 2022.

Sin embargo, el informe de seguimiento aprobado en octubre de 2026 introduce una precisión importante: el Tribunal de Cuentas reconoce que aquella solicitud parlamentaria no se correspondía con ninguna de sus recomendaciones originales y que la cifra no se derivaba directamente del contenido de su fiscalización.

Loterías sostiene que desconoce la metodología utilizada para calcular los 3.539 millones y que no puede identificar qué operaciones o conceptos integran esa cantidad. También cuestiona la expresión utilizada por la Comisión Mixta.

No es una distinción menor. La cifra aparece en una solicitud institucional, pero eso no demuestra que existan 3.539 millones desaparecidos, desviados o pendientes de ingresar. De momento, lo acreditado es una petición de información que no ha recibido la respuesta exigida.

La explicación de SELAE sobre los premios que nadie cobra

La sociedad estatal distingue entre los premios que no llegan a adjudicarse, los que no son cobrados y aquellos cuyos titulares dejan transcurrir el plazo legal sin reclamarlos.

Según explicó al Tribunal, los derechos de cobro que caducan transcurridos tres meses revierten al Tesoro Público. SELAE señala, asimismo, que estas cantidades se contabilizan en su cuenta de pérdidas y ganancias dentro del apartado denominado Otros ingresos de explotación.

El problema es que esa explicación no ha bastado para dar por atendida la solicitud parlamentaria.

El Tribunal de Cuentas considera que Loterías tendría que haber trasladado formalmente su respuesta a la Comisión Mixta, incluso aunque fuera para explicar por qué no podía identificar la cifra solicitada y detallar los criterios aplicados a los premios no cobrados.

Por ese motivo, la petición figura como no cumplida en el informe de seguimiento. No se trata de una declaración de fraude, sino de una deficiencia en la rendición de cuentas ante el Parlamento.

Los 519 expedientes de Loterías con documentación incompleta

La segunda cuestión que examina el Tribunal afecta a los controles sobre el pago de premios mayores. El informe de fiscalización número 1.703, aprobado el 29 de octubre, identificó 519 expedientes con incidencias documentales entre 2023 y 2025.

De ellos, 341 carecían de documentación justificativa y otros 178 presentaban documentación incompleta, según los datos actualizados al 18 de junio de 2026.

El importe conjunto ascendía a 14.790.814,25 euros, repartidos entre los tres ejercicios examinados. En 2023 se contabilizaron incidencias por 8,40 millones; en 2024, por 2,55 millones, y en 2025, por 3,84 millones.

Estas cantidades deben interpretarse correctamente. No representan necesariamente premios fraudulentos ni dinero sustraído. Son importes asociados a expedientes en los que no constaba toda la documentación exigida para justificar los pagos.

El Tribunal analizó 168.449 expedientes de premios mayores, correspondientes a pagos por más de 6.860 millones de euros. Los 519 casos con incidencias representan el 0,31 % de los expedientes y el 0,22 % del importe total.

La existencia de fallos documentales resulta especialmente relevante porque las entidades financieras que abonan determinados premios tienen obligaciones de identificación de los beneficiarios y de conservación y remisión de justificantes.

No basta con transferir el dinero al supuesto ganador. El sistema debe permitir acreditar que el pago corresponde a un premio válido y que se han cumplido las exigencias de control, incluidas las relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales.

El desacuerdo sobre la recuperación de los pagos

El informe también refleja diferencias entre el Tribunal de Cuentas y SELAE sobre la aplicación de las cláusulas contractuales que permiten reclamar a los bancos la devolución de determinados cargos cuando falta documentación.

El órgano fiscalizador considera que Loterías no ha ejercido suficientemente su derecho a reclamar esas cantidades a las entidades financieras y entiende que esa falta de actuación puede perjudicar los fondos públicos.

La sociedad estatal discrepa. Defiende que la devolución solo procede cuando existen motivos para considerar indebido el pago y sostiene que no sería jurídicamente proporcionado reclamar la totalidad de un premio legítimamente abonado por una deficiencia documental.

SELAE argumenta que ejerció esa facultad en cuatro casos en los que consideró que podía existir un pago indebido. También señala que contó con asesoramiento jurídico y que no se han acreditado perjuicios patrimoniales en los restantes supuestos.

El Tribunal mantiene una interpretación distinta sobre el alcance de las obligaciones contractuales de los bancos y considera incumplida la recomendación relativa a la reclamación sistemática de los cargos afectados.

Esta discrepancia es relevante porque no se limita a comprobar si faltan documentos. Afecta también a las consecuencias económicas que pueden derivarse de esa ausencia y a las responsabilidades de cada entidad.

El Tribunal también reconoce mejoras en los controles de Loterías

La fiscalización no ofrece únicamente resultados negativos. El propio Tribunal de Cuentas destacó el 30 de octubre de 2026 que SELAE había alcanzado un alto grado de cumplimiento de las medidas recomendadas para mejorar la gestión de premios.

De las 30 valoraciones efectuadas, 28 estaban cumplidas total o sustancialmente, una parcialmente y otra permanecía sin cumplir. Eso equivale a un cumplimiento total o sustancial del 93 %.

La mejora también aparece en los expedientes con documentación pendiente. En la fiscalización anterior, referida a pagos de 2019 a 2022, las incidencias representaban el 7,84 % de los expedientes examinados, con datos actualizados a abril de 2024.

Para los ejercicios 2023-2025, esa proporción se había reducido al 0,31 %, según la información disponible en junio de 2026.

El Tribunal atribuye esta evolución favorable a las medidas organizativas, tecnológicas y de refuerzo del control documental adoptadas por la compañía.

La mejora es considerable, aunque no resuelve todas las cuestiones. Una cosa es haber reducido los errores administrativos y otra acreditar correctamente cada operación económica sobre la que existe una petición formal de información.

La denuncia que ha provocado las nuevas actuaciones

Las actuaciones iniciadas en noviembre tienen su origen en una acción pública presentada el 14 de julio de 2026 por representantes de administraciones de lotería, bajo la dirección jurídica de la abogada María Dolores Abad Rodríguez.

La iniciativa fue ampliada posteriormente, con escritos presentados el 26 de agosto y los días 2 y 5 de noviembre, para incorporar nuevas cuestiones sobre la gestión económica de SELAE.

Entre los aspectos planteados figuran el destino de los premios que no llegan a cobrarse, la documentación de determinados pagos y los procedimientos utilizados para validar, anular y liquidar apuestas.

Los denunciantes también solicitan comprobar si ciertas operaciones anuladas pudieron conservar efectos económicos dentro de los sistemas de escrutinio. Se trata de una hipótesis pendiente de verificación, no de una irregularidad demostrada.

El 11 de noviembre, el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas dictó una diligencia en el expediente B161/2026.

Según la información conocida sobre esa resolución, el órgano ha concedido diez días para subsanar defectos procesales y precisar los hechos que podrían dar lugar a responsabilidades contables.

El 12 de noviembre, once comparecientes vinculados a las administraciones de lotería ratificaron sus escritos y aportaron documentación de representación. También solicitaron acceder a otro expediente, el B101/2024, para examinar posibles antecedentes.

El procedimiento se encuentra, por tanto, en una fase inicial. Si no se subsanan las deficiencias señaladas, la acción podría ser inadmitida y archivada, sin perjuicio del traslado de la información al Ministerio Fiscal y a SELAE.

Si se completan los requisitos exigidos, corresponderá al Tribunal decidir si procede continuar las actuaciones y examinar eventuales responsabilidades contables.

El destino de los premios y la obligación de rendir cuentas

La controversia sobre Loterías reúne dos cuestiones diferentes que conviene mantener separadas.

La primera es la falta de respuesta a una petición parlamentaria sobre los 3.539 millones de euros mencionados como premios no repartidos. La cifra figura en una resolución oficial, pero su composición no ha quedado establecida y SELAE cuestiona el concepto utilizado para calcularla.

La segunda afecta a 519 expedientes de premios mayores, por un importe de 14,79 millones de euros, en los que la documentación justificativa estaba ausente o incompleta. Son incidencias concretas identificadas en una fiscalización, aunque su existencia no demuestra automáticamente que los pagos fueran fraudulentos.

Las nuevas actuaciones deberán aclarar si alguna de las prácticas denunciadas ha provocado un perjuicio económico susceptible de generar responsabilidad contable. También está pendiente determinar si la acción pública reúne los requisitos necesarios para continuar.

Mientras tanto, el balance de la fiscalización ofrece una realidad más compleja que una cifra aislada: Loterías ha mejorado notablemente sus controles, pero mantiene discrepancias con el órgano fiscalizador sobre determinadas obligaciones y sobre la información que debe facilitar a las instituciones.

El dinero público exige una trazabilidad verificable, tanto cuando se entrega a un ganador como cuando un premio queda sin cobrar. La cuestión pendiente no es solo establecer qué ocurrió con determinadas cantidades, sino acreditar que los procedimientos empleados permiten seguir su recorrido y justificar su tratamiento económico.