Tres detenidos en Valencia por explotar a 83 trabajadores en obras

La Policía Nacional ha desarticulado en Valencia una trama de explotación laboral y suplantación de identidad que habría afectado, como mínimo, a 83 trabajadores extranjeros en situación irregular. La operación se ha saldado con tres detenidos: los dos propietarios de una empresa de construcción y la mujer de uno de ellos, investigados por presuntos delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.

El entramado utilizaba documentación de empleados con permiso de trabajo para permitir que otros extranjeros, sin autorización para trabajar en España, prestaran servicios en distintas obras. Según la investigación, los afectados cobraban en negro, soportaban condiciones laborales precarias y carecían de derechos reconocidos al resto de la plantilla. El sistema llevaba funcionando, al menos, desde enero de 2024.

La actuación policial, conocida este sábado 14 de noviembre de 2026, ha permitido sacar a la luz un mecanismo organizado que aprovechaba la vulnerabilidad de personas necesitadas de empleo. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Una denuncia por cobrar 6,50 euros la hora destapó la trama

La investigación comenzó en agosto de 2025, cuando un ciudadano extranjero acudió a la Comisaría de Distrito de Abastos, en Valencia, para denunciar las condiciones en las que había trabajado para una empresa del sector de la construcción.

El hombre explicó que había estado prestando servicios sin contrato y sin estar dado de alta en la Seguridad Social, pese a que la empresa conocía su situación administrativa y sabía que carecía de autorización para trabajar en España.

Por aquellas jornadas recibía 6,50 euros por hora, una cantidad que, según su denuncia, se le entregaba en efectivo y sin declarar.

La denuncia permitió a los investigadores comenzar a examinar el funcionamiento de la compañía. Lo que inicialmente parecía un caso individual terminó revelando una práctica mucho más extensa.

La Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), perteneciente a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, asumió las pesquisas.

Los agentes comprobaron que la empresa investigada se dedicaba a facilitar mano de obra a otras compañías para ejecutar trabajos de construcción. Esa actividad constituía el punto de partida del presunto fraude.

Así funcionaba la suplantación de identidad en las obras

La investigación ha permitido reconstruir un sistema basado en utilizar los documentos de trabajadores que tenían regularizada su situación laboral para encubrir la presencia de otros empleados sin permiso de trabajo.

Documentos de trabajadores legales para identificar a otros empleados

Según las pesquisas policiales, la compañía contrataba a personas que disponían de autorización para trabajar en España. Después, sus datos y documentos eran facilitados a otros extranjeros que carecían de los permisos correspondientes.

De esta forma, cuando las empresas contratistas solicitaban la documentación de los trabajadores destinados a una obra, recibían los datos de una persona que sí figuraba dada de alta, aunque quien realmente desempeñaba el trabajo era otra.

La operación permitía aparentar una situación de regularidad laboral y dificultaba la detección de los empleados que trabajaban sin autorización.

No se trataba, según los investigadores, de una irregularidad aislada. La utilización de identidades ajenas se repetía entre distintos trabajadores y centros de trabajo, formando parte de un procedimiento organizado.

El objetivo era eludir los controles laborales, de Seguridad Social y de extranjería mientras la empresa continuaba suministrando personal a diferentes obras.

Trabajadores sin los mismos derechos que sus compañeros

La documentación no era la única irregularidad detectada.

Los investigadores sostienen que las personas afectadas trabajaban en condiciones de precariedad, recibían remuneraciones sin declarar y no disfrutaban de los mismos derechos laborales que otros empleados de la plantilla.

La situación administrativa de los extranjeros se convertía, precisamente, en el principal instrumento para mantener ese sistema.

Su necesidad de encontrar o conservar un empleo facilitaba que aceptaran condiciones que difícilmente habrían sido toleradas en una relación laboral regular.

La Policía Nacional consiguió contactar telefónicamente con varios trabajadores durante la investigación. Sin embargo, muchos mostraron reticencias a denunciar.

Temían perder su empleo o sufrir represalias si colaboraban con los agentes. Ese miedo complicaba la obtención de testimonios y contribuía a mantener ocultas las prácticas investigadas.

La Inspección de Trabajo confirma al menos 83 afectados

La intervención de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia resultó fundamental para determinar el alcance de las irregularidades.

Sus actuaciones, desarrolladas en colaboración con la investigación policial, permitieron identificar un procedimiento continuado de contratación irregular y utilización de documentación ajena.

El informe de la autoridad inspectora establece que al menos 83 trabajadores habrían resultado afectados por estas prácticas.

La cifra constituye el mínimo identificado hasta el momento, no necesariamente el número definitivo de perjudicados.

Los investigadores han podido establecer que la actividad presuntamente ilícita se desarrollaba, como mínimo, desde enero de 2024, por lo que el mecanismo habría permanecido activo durante un periodo prolongado.

La reiteración de las prácticas en diferentes obras refuerza la hipótesis policial de que existía un sistema estructurado para incumplir la normativa, y no una sucesión de contrataciones irregulares independientes.

Tres detenidos por falsedad documental y explotación laboral

La operación ha culminado con la detención de tres personas relacionadas con la empresa investigada.

Dos de los arrestados son los propietarios de la constructora, mientras que la tercera persona es la mujer de uno de ellos.

A los tres se les atribuye presuntamente la comisión de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.

La falsedad documental está relacionada con la utilización de identidades ajenas para justificar la presencia de determinados empleados en las obras. Los posibles delitos laborales se vinculan a las condiciones impuestas a los trabajadores y al aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad.

La investigación deberá determinar el grado de responsabilidad individual de cada detenido y el alcance concreto de las conductas investigadas.

Por el momento, no se han comunicado públicamente las identidades de los arrestados, el nombre de la compañía ni las empresas contratistas en cuyas obras se habrían producido las irregularidades.

Tampoco se ha informado de medidas judiciales concretas contra los detenidos.

La situación irregular no elimina los derechos laborales

Uno de los aspectos más importantes del caso es la posición de los trabajadores afectados.

La legislación española reconoce derechos laborales a los extranjeros incluso cuando carecen de autorización administrativa para trabajar. La ausencia de ese permiso no permite al empresario dejar de pagar las cantidades debidas ni desentenderse de las obligaciones que puedan derivarse del trabajo realizado.

La Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España establece que la falta de autorización de residencia y trabajo no invalida el contrato respecto a los derechos del trabajador extranjero, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan al empleador y de las limitaciones legales aplicables a determinadas prestaciones.

Es una distinción esencial: encontrarse en situación administrativa irregular no convierte al trabajador en alguien sin derechos.

En este caso, la utilización de documentación ajena añadía un problema especialmente delicado. Los afectados no solo desempeñaban su actividad fuera de los cauces legales, sino que lo hacían bajo identidades que no les correspondían.

Esto podía dificultar la acreditación de la relación laboral, las cantidades efectivamente cobradas y las condiciones en las que se habían desarrollado los trabajos.

La investigación deberá concretar las consecuencias de estas prácticas para las personas perjudicadas y las posibles responsabilidades de quienes participaron en el sistema.

Una investigación abierta que puede ampliar el número de víctimas

La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias para esclarecer todos los hechos y determinar si existen más personas implicadas en el entramado.

No se descartan nuevas detenciones, mientras los investigadores continúan analizando el alcance de las irregularidades detectadas.

La cifra de 83 trabajadores afectados refleja la dimensión que ha podido documentar hasta el momento la Inspección de Trabajo. Queda por determinar si el sistema alcanzó a más empleados o a otros centros de trabajo.

El caso también deja al descubierto la dificultad de detectar determinadas formas de explotación laboral. En una obra podía existir documentación aparentemente correcta, mientras la persona que realizaba el trabajo carecía de contrato, cobraba sin declarar y utilizaba una identidad distinta de la suya.

La denuncia presentada en agosto de 2025 permitió empezar a deshacer ese mecanismo. Más de un año después, la investigación ha desembocado en tres detenciones y ha sacado a la luz una presunta trama que habría mantenido a decenas de trabajadores extranjeros en condiciones de precariedad laboral.