Eduardo Inda anuncia 20 querellas contra medios por el caso Koldo

El director de Okdiario, Eduardo Inda, ha anunciado que prepara alrededor de 20 querellas contra medios de comunicación por las informaciones que le relacionan con supuestos acuerdos económicos en el entorno de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos. El periodista rechaza las acusaciones, sostiene que está siendo víctima de una campaña de difamación y advierte de que llegará hasta el final por la vía judicial.

Inda realizó el anuncio durante su intervención del 9 de noviembre de 2026 en el programa Horizonte, de Cuatro, presentado por Iker Jiménez. Según explicó, su abogado, Juan Luis Ortega, tiene preparadas aproximadamente veinte querellas, algunas de las cuales ya habrían sido presentadas. Entre los medios señalados figuran El Plural, la Cadena SER, El País y elDiario.es. La ofensiva llega en plena controversia por los pagos de 242.000 euros efectuados por la empresa editora de Okdiario a un despacho relacionado con la defensa jurídica de Koldo García.

La disputa ha adquirido una nueva dimensión después de que el PSOE presentara, el viernes 13 de noviembre, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para solicitar que se investiguen los supuestos ofrecimientos económicos al antiguo asesor de Ábalos y la participación que se atribuye a distintas personas y entidades.

Inda anuncia una veintena de querellas y señala a varios medios

El director de Okdiario defendió públicamente su actuación y aseguró que las publicaciones sobre sus presuntas relaciones económicas con Koldo García contienen afirmaciones falsas que perjudican tanto a su reputación personal como a la del periódico que dirige.

Durante su intervención televisiva, Inda afirmó que su abogado había preparado «unas veinte querellas», algunas ya presentadas, contra quienes considera responsables de difundir esas acusaciones.

«No les va a salir gratis», advirtió, dejando clara su intención de recurrir a los tribunales.

El periodista mencionó expresamente a El Plural, al que dirigió críticas sobre su situación económica, y extendió sus reproches a otros medios que han publicado informaciones sobre los contactos y pagos relacionados con Koldo García.

Su posición es que existe una campaña de descrédito contra él y contra Okdiario. También sostiene que las acusaciones pretenden perjudicar a quienes investigan presuntos casos de corrupción vinculados al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Conviene distinguir, sin embargo, entre anunciar acciones judiciales y acreditar que todas ellas han sido formalmente presentadas. Inda asegura que algunas ya están registradas, pero no se ha difundido una relación completa de procedimientos, juzgados y destinatarios que permita comprobar el estado de las aproximadamente veinte iniciativas anunciadas.

Los 242.000 euros que han desencadenado la polémica

El principal origen del enfrentamiento está en dos pagos por un total de 242.000 euros, IVA incluido, realizados por Dos Mil Palabras, empresa editora de Okdiario, al despacho jurídico IDBO Consultants, relacionado con la defensa de Koldo García.

La documentación aportada a la Audiencia Nacional por la abogada Leticia de la Hoz recoge dos operaciones: una de 181.500 euros, fechada el 27 de noviembre de 2025, y otra de 60.500 euros, correspondiente al 23 de enero de 2026.

Las facturas incluyen conceptos relacionados con honorarios y gastos jurídicos derivados de procedimientos de Koldo García. La existencia de esos documentos ha alimentado las informaciones sobre quién asumió determinados costes de su defensa y por qué motivo.

La explicación de Okdiario sobre los derechos audiovisuales

Inda rechaza que los desembolsos respondieran a una operación irregular o a un intento de comprar declaraciones contra dirigentes socialistas.

Su explicación es que la empresa adquirió derechos de imagen y propiedad intelectual de Koldo García para desarrollar distintos proyectos, entre ellos una serie, una película y un libro.

Según esta versión, los pagos formaban parte de una operación comercial relacionada con esos derechos, no de una financiación encubierta de su defensa judicial.

La controversia reside precisamente en la diferencia entre esa explicación y los conceptos reflejados en las facturas. Los documentos describen servicios jurídicos, mientras que Okdiario sostiene que el fundamento económico de los pagos era una cesión de derechos.

Esa discrepancia no demuestra por sí misma la existencia de un delito. Tampoco permite resolver, sin examinar los contratos y el resto de la documentación, cuál fue la finalidad efectiva de la operación.

El supuesto ofrecimiento a Koldo y la respuesta del PP

El asunto se ha ampliado con las declaraciones de Koldo García sobre un presunto ofrecimiento económico para proporcionar información perjudicial para Pedro Sánchez y otros dirigentes socialistas.

Según las informaciones publicadas, el antiguo asesor de Ábalos sostiene que Alberto Durán, abogado del Partido Popular, habría participado en contactos destinados a conseguir su colaboración a cambio de dinero y posibles ventajas judiciales.

Las cantidades mencionadas en este relato se sitúan alrededor de 1,2 millones de euros, incluyendo el supuesto ofrecimiento de un millón y los gastos relacionados con la defensa.

Inda ha negado haber actuado como intermediario de una operación destinada a comprar testimonios o informaciones comprometedoras sobre el Gobierno.

El Partido Popular también rechaza haber ofrecido dinero a Koldo García. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha negado esos supuestos pagos.

Existe, además, una controversia relacionada con unas anotaciones atribuidas a Leire Díez, en las que aparece el nombre de Miguel Durán, antiguo presidente de la ONCE, en lugar de Alberto Durán, abogado del PP. Inda ha utilizado esa confusión para cuestionar las informaciones publicadas.

La explicación recogida sobre esas anotaciones es que Leire Díez habría confundido ambos nombres. La existencia de ese error, por sí sola, no permite establecer si los contactos investigados tuvieron lugar.

El PSOE lleva los hechos ante la Fiscalía

La controversia ha pasado del enfrentamiento público a una nueva iniciativa judicial impulsada por el PSOE.

El 13 de noviembre de 2026, los socialistas presentaron ante la Fiscalía General del Estado una denuncia de 43 páginas en la que solicitan investigar los presuntos ofrecimientos económicos a Koldo García.

El escrito señala al Partido Popular, al abogado Alberto Durán, a Eduardo Inda y a la empresa editora de Okdiario.

El PSOE considera que los hechos denunciados podrían presentar indicios de distintos delitos, entre ellos obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación y financiación ilegal.

Se trata de una calificación propuesta por los denunciantes, no de una conclusión judicial.

La Fiscalía deberá valorar la documentación y determinar si procede abrir diligencias de investigación. La presentación de una denuncia no equivale a la imputación automática de sus destinatarios ni acredita que los hechos relatados sean ciertos.

Por otra parte, Okdiario ya había requerido a elDiario.es que rectificara sus informaciones sobre los pagos al despacho jurídico, con la advertencia de acudir a los tribunales si no lo hacía.

Esta actuación anterior permite entender que el anuncio de las veinte querellas no surge de manera aislada, sino dentro de una controversia que lleva varios días enfrentando al director del periódico con otras cabeceras.

Qué consecuencias pueden tener las querellas contra los medios

El anuncio de Inda plantea un conflicto entre dos derechos fundamentales: la protección del honor y la libertad de información.

En España, cualquier persona puede acudir a los tribunales cuando considera que determinadas publicaciones lesionan ilegítimamente su reputación. Los medios, por su parte, tienen derecho a investigar y publicar asuntos de interés general, siempre dentro de las garantías previstas por el ordenamiento jurídico.

No todas las acciones judiciales son equivalentes.

Una querella penal puede dirigirse contra conductas que se consideran constitutivas de delito, como determinadas calumnias o injurias. Una demanda civil por vulneración del derecho al honor persigue, entre otras posibles medidas, una reparación del perjuicio causado.

Para resolver estos conflictos, los tribunales deben examinar el contenido concreto de las publicaciones, su contexto, el interés público y las garantías con las que se elaboró la información.

La publicación de hechos relacionados con posibles irregularidades de relevancia política goza de una especial protección constitucional cuando concurren los requisitos exigidos. Eso no significa que cualquier afirmación esté amparada ni que una información sea automáticamente difamatoria porque resulte perjudicial para una persona.

Tampoco el anuncio de una querella implica que exista una infracción. Corresponde a los órganos judiciales determinar si se ha vulnerado algún derecho y, en su caso, establecer las consecuencias.

Las querellas y los pagos, pendientes de aclaración judicial

El enfrentamiento entre Eduardo Inda y varios medios de comunicación tiene dos dimensiones que conviene no confundir.

Por un lado, está la ofensiva judicial anunciada por el director de Okdiario, que sostiene que se han difundido acusaciones falsas contra él y su empresa. Por otro, la investigación que solicita el PSOE sobre unos pagos documentados y unos presuntos ofrecimientos económicos cuya naturaleza y alcance siguen siendo objeto de controversia.

Las informaciones publicadas han puesto sobre la mesa documentos, declaraciones y versiones contradictorias. Pero la existencia de pagos acreditados no demuestra automáticamente un acuerdo ilícito, del mismo modo que negar las acusaciones tampoco despeja por sí solo las dudas sobre las operaciones.

Lo decisivo será comprobar qué acciones judiciales llegan efectivamente a presentarse, qué documentación se incorpora a los procedimientos y si la Fiscalía encuentra motivos para investigar los hechos denunciados.

Mientras tanto, las aproximadamente veinte querellas anunciadas por Inda abren un nuevo frente entre el director de Okdiario y parte de la prensa española, con el caso Koldo como origen de una controversia que combina dinero, política y derechos fundamentales.