España
El PP andaluz pide cesar a Ana Redondo por las pulseras antimaltrato
El Parlamento andaluz debatirá el cese de Ana Redondo por los fallos de las pulseras antimaltrato, mientras la Fiscalía Europea investiga contratos.
Resumen
- El PP andaluz pide el cese de Ana Redondo por las pulseras antimaltrato
- La Fiscalía Europea investiga un posible fraude con fondos comunitarios
- El Tribunal de Cuentas detectó fallos técnicos y de supervisión
El Partido Popular de Andalucía ha presentado una iniciativa parlamentaria para exigir el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos detectados en las pulseras telemáticas utilizadas para proteger a las víctimas de violencia machista. La propuesta se debatirá en el Parlamento andaluz durante el pleno del 25 y 26 de noviembre, a pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, y reclama responsabilidades políticas por las deficiencias del sistema Cometa.
La ofensiva del PP llega después de que la Fiscalía Europea anunciara una investigación por un posible fraude con fondos comunitarios destinados a la adquisición de estos dispositivos. El caso se suma a las irregularidades documentadas por el Tribunal de Cuentas, que identificó problemas en la contratación y supervisión del servicio, dificultades de geolocalización e incidencias que afectaron a la información utilizada en procedimientos judiciales.
La proposición no de ley, registrada por el Grupo Popular el 16 de noviembre, todavía no ha sido votada. El partido pretende que el Parlamento reclame al Gobierno central la destitución de Redondo y adopte medidas para garantizar la seguridad de las mujeres protegidas mediante órdenes judiciales de alejamiento. La iniciativa incluye la sustitución de equipos defectuosos, nuevas auditorías y mecanismos de reparación para las posibles perjudicadas.
El conflicto tiene dos dimensiones distintas, aunque relacionadas: la fiabilidad de las pulseras antimaltrato y la investigación sobre el dinero público empleado en su contratación. La primera afecta directamente a la protección de las víctimas. La segunda busca determinar si existieron irregularidades de carácter penal en la utilización de fondos europeos. Una investigación abierta no equivale, por sí misma, a la constatación de un delito.
El PP exige responsabilidades y una auditoría independiente
La iniciativa del PP andaluz contiene ocho propuestas dirigidas al Ejecutivo central. La principal es el cese inmediato de Ana Redondo, a quien responsabiliza políticamente de la gestión del sistema Cometa. El texto también pide que se publiquen los resultados de las auditorías, se atiendan las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y se garantice la colaboración con la Fiscalía Europea.
Los populares reclaman la sustitución de los dispositivos que hayan presentado fallos, controles técnicos independientes y asistencia jurídica y psicológica para las mujeres que pudieran haberse visto perjudicadas. También plantean que el Ministerio del Interior asuma el seguimiento de las pulseras, actualmente bajo responsabilidad de Igualdad.
La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, endureció las críticas el 18 de noviembre, cuando acusó a Redondo de conocer los problemas de funcionamiento y no haber informado adecuadamente de ellos. La ministra rechaza esas acusaciones y sostiene que los protocolos de protección han seguido funcionando.
El PP cuenta con una mayoría parlamentaria que, junto a Vox, permitiría sacar adelante la iniciativa. No obstante, una proposición no de ley no obliga jurídicamente al Gobierno a destituir a una ministra. Su aprobación supondría un pronunciamiento político del Parlamento andaluz, no una decisión ejecutiva sobre la composición del Consejo de Ministros.
Los fallos de las pulseras antimaltrato que originaron la crisis
El problema se hizo especialmente visible en septiembre de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado recogió en su memoria incidencias relacionadas con el funcionamiento de los dispositivos telemáticos y con la conservación de información necesaria para los procedimientos judiciales.
Una parte importante de las deficiencias estuvo relacionada con el cambio de empresa adjudicataria en noviembre de 2023, cuando el servicio pasó de Telefónica a una unión temporal de empresas integrada por Vodafone y Securitas.
La transición provocó dificultades para acceder a registros históricos de posicionamiento. Estos datos son especialmente relevantes porque permiten comprobar si una persona investigada o condenada incumplió una orden de alejamiento.
El Tribunal de Cuentas confirmó en septiembre de 2026 que existieron graves deficiencias en la contratación, ejecución y supervisión del servicio. Su fiscalización abarcó contratos correspondientes a 2018, 2021 y 2023, por un importe conjunto de 102,6 millones de euros.
Los 123 requerimientos judiciales que quedaron sin respuesta
Uno de los hallazgos más significativos fue la imposibilidad de atender 123 requerimientos judiciales pendientes debido a los problemas de acceso a información histórica. La situación se prolongó hasta octubre de 2024, cuando el Ministerio de Igualdad impulsó actuaciones para resolverla.
El informe también identificó interrupciones del servicio, errores de geolocalización, baterías de escasa autonomía y retrasos en las reparaciones. Algunas incidencias permitieron que agresores se aproximaran a las víctimas sin que el sistema ofreciera las garantías previstas.
El órgano fiscalizador señaló que determinadas deficiencias habían sido corregidas, pero consideró insuficiente el seguimiento realizado por Igualdad durante la ejecución contractual. También recordó que la calidad de un servicio destinado a proteger vidas debe prevalecer sobre el ahorro económico.
Los problemas no terminaron con el cambio de empresa. El 11 de noviembre de 2025 se produjo otra incidencia que afectó a comunicaciones y alertas de proximidad, obligando a activar medidas de protección alternativas. En marzo de 2026, Igualdad impuso a Vodafone una sanción de 25.285 euros por aquel episodio.
Cómo funcionan las pulseras telemáticas del sistema Cometa
Las llamadas pulseras antimaltrato forman parte de un mecanismo judicial de vigilancia de las prohibiciones de aproximación. Su utilización depende de una resolución judicial y está destinada a controlar determinados casos de violencia de género y violencia sexual.
Aunque habitualmente se habla de las pulseras que protegen a las mujeres, el dispositivo sujeto al cuerpo se coloca al investigado o condenado, generalmente en la muñeca o el tobillo. La víctima dispone de un terminal que permite recibir advertencias y comunicarse con el centro de control.
El sistema combina tecnologías de localización por satélite, comunicaciones móviles y detección de proximidad. Cuando identifica que el portador se aproxima a una zona prohibida o a la víctima, genera un aviso que puede activar la intervención del centro Cometa y de las fuerzas de seguridad.
Su funcionamiento resulta especialmente importante cuando existe una orden de alejamiento. La tecnología no impide físicamente que se produzca una agresión, pero permite detectar aproximaciones indebidas, advertir del peligro y facilitar una respuesta policial.
Por eso los fallos de localización tienen consecuencias que van más allá de una avería informática. Una alerta tardía puede reducir el tiempo disponible para intervenir. Y la pérdida de registros históricos puede dificultar la acreditación judicial de un quebrantamiento.
La Fiscalía Europea investiga el posible fraude con fondos públicos
El 12 de noviembre de 2026, la Fiscalía Europea confirmó actuaciones de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Las diligencias forman parte de una investigación iniciada en 2025 sobre un posible fraude relacionado con fondos de la Unión Europea destinados a financiar pulseras telemáticas de vigilancia de las órdenes de alejamiento.
La Fiscalía Europea no ha comunicado conclusiones definitivas ni ha detallado públicamente las posibles responsabilidades penales. Su intervención pretende determinar si existieron conductas delictivas que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea.
Este procedimiento es diferente de la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Mientras este último examina la regularidad y eficacia de la contratación y el gasto público, la Fiscalía Europea puede investigar posibles delitos vinculados a los fondos comunitarios.
La distinción es importante. La existencia de incumplimientos contractuales o deficiencias administrativas no demuestra automáticamente que se haya cometido un fraude penal.
Ana Redondo defiende el sistema y el PP plantea trasladarlo a Interior
La ministra de Igualdad ha defendido reiteradamente que las pulseras siguen siendo una herramienta eficaz para proteger a las mujeres. El 18 de noviembre aseguró que más de 5.000 mujeres utilizan estos dispositivos y afirmó que aproximadamente el 90 % de las usuarias los valora positivamente.
Redondo también sostuvo que ninguna mujer con el dispositivo correctamente colocado y conectado había sido asesinada y destacó que, cuando se producen incidencias técnicas, se activan protocolos adicionales de protección.
Ese mismo día rechazó reconocer como propias unas grabaciones difundidas por ABC sobre una reunión relativa al funcionamiento de las pulseras. La ministra planteó que podrían estar manipuladas, mientras que el PP y el Gobierno andaluz utilizaron las informaciones publicadas para reclamar explicaciones.
Desde el Partido Popular, Jaime de los Santos acusó al Ejecutivo de haber dejado desprotegidas a más de 5.000 mujeres. Se trata de una acusación política que no equivale a una cifra acreditada de mujeres que hayan sufrido fallos individuales. El número de usuarias del sistema tampoco permite establecer por sí solo cuántas estuvieron expuestas a una incidencia.
El partido de Alberto Núñez Feijóo propone que la gestión pase al Ministerio del Interior, con el argumento de mejorar la coordinación con las fuerzas de seguridad y el sistema VioGén. La propuesta aparece en su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre y contempla una auditoría exhaustiva de las pulseras.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la renovación tecnológica del servicio. En enero de 2026 autorizó una nueva contratación con un presupuesto inicial de 71,37 millones de euros y un valor estimado máximo de 111,1 millones si se incluyen las posibles prórrogas.
Las mejoras previstas incluyen dispositivos más resistentes a la manipulación, mayor autonomía de las baterías, localización independiente desde las tobilleras, mecanismos adicionales de alerta y procedimientos de respuesta ante interrupciones del servicio.
El nuevo modelo también contempla la disponibilidad de equipos de sustitución y controles de calidad más exigentes. Sin embargo, el PP cuestiona que los dispositivos anteriores no vayan a ser reemplazados de manera generalizada y exige comprobar individualmente su fiabilidad.
La seguridad de las víctimas sigue siendo el asunto decisivo
El próximo debate en el Parlamento de Andalucía trasladará nuevamente al terreno institucional una controversia que lleva más de un año abierta. La oposición reclama responsabilidades políticas, mientras el Ministerio de Igualdad defiende las mejoras introducidas y la utilidad del sistema de seguimiento telemático.
Pero las decisiones pendientes no se limitan al futuro de Ana Redondo ni al reparto de competencias entre ministerios. El informe del Tribunal de Cuentas ha identificado problemas concretos que obligan a reforzar la supervisión técnica, la conservación de datos y la respuesta ante incidencias.
La investigación europea deberá esclarecer, por otra vía, si existieron irregularidades penales en el empleo de los fondos públicos. Y el Gobierno tendrá que garantizar que los nuevos contratos y dispositivos corrigen las deficiencias detectadas.
Para las mujeres protegidas mediante órdenes de alejamiento, la cuestión fundamental es bastante más inmediata: que las alertas funcionen, que las incidencias se atiendan y que la protección judicial no dependa de un dispositivo cuya fiabilidad esté en duda.
La votación parlamentaria podrá exigir responsabilidades. La seguridad efectiva del sistema Cometa tendrá que demostrarse con resultados verificables.
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