España
Ana Redondo niega el audio sobre fallos en las pulseras antimaltrato
Una grabación de 2025 atribuye a Ana Redondo críticas a la geolocalización de las pulseras antimaltrato. La ministra niega reconocer ese audio.
Foto: Ministerio de la Presidencia, Gobierno de España / Wikimedia Commons / Atribución.
Resumen
- Redondo cuestiona un audio que le atribuye críticas a las pulseras
- La grabación apunta a graves problemas de geolocalización en 2025
- El PP exige explicaciones y la Fiscalía Europea investiga los contratos
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha negado este miércoles 18 de noviembre de 2026 reconocer una grabación publicada por ABC en la que supuestamente admitía graves deficiencias en las pulseras antimaltrato. El audio corresponde, según el periódico, a una reunión celebrada el 21 de mayo de 2025 con responsables del servicio de vigilancia electrónica. En ella, la ministra habría reconocido que la geolocalización fallaba en un aspecto esencial para proteger a las víctimas de violencia de género.
La publicación ha provocado una nueva controversia sobre el funcionamiento del sistema Cometa, encargado de supervisar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. Redondo sostiene que la grabación podría estar manipulada, mientras que el Partido Popular ha solicitado su comparecencia urgente en el Congreso. La polémica llega, además, apenas seis días después de que la Fiscalía Europea anunciara actuaciones relacionadas con una investigación por presunto fraude en la utilización de fondos comunitarios destinados a estos dispositivos.
El conflicto tiene una dimensión que va más allá de la discusión política. Las pulseras constituyen una herramienta de protección para miles de mujeres y permiten detectar posibles incumplimientos de las restricciones impuestas judicialmente a sus agresores. Su eficacia depende tanto de la precisión tecnológica como de la capacidad de respuesta de los operadores y las fuerzas de seguridad.
Una grabación de mayo de 2025 pone el foco en la geolocalización
Según la información publicada por ABC, la reunión tuvo lugar en las instalaciones de Securitas Seguridad España, en Madrid, con representantes de las empresas responsables del servicio y personal vinculado al Ministerio de Igualdad.
En los fragmentos difundidos, una voz atribuida a Ana Redondo afirma que el sistema de geolocalización «falla en la esencia». También sostiene que funcionaba mejor tres o cuatro años antes y expresa preocupación por las consecuencias que una localización deficiente puede tener para las mujeres protegidas.
La geolocalización es precisamente uno de los elementos centrales del dispositivo. Permite conocer la posición del agresor sometido a vigilancia y detectar si entra en una zona de exclusión o se aproxima a la víctima por debajo de la distancia establecida judicialmente.
La información publicada sitúa las supuestas declaraciones en mayo de 2025, meses antes de que las incidencias de las pulseras adquirieran especial protagonismo en el debate público.
De confirmarse la autenticidad y el contexto completo de la grabación, su relevancia estaría en el conocimiento que tenía el Ministerio de las deficiencias técnicas y en las medidas adoptadas posteriormente para corregirlas. La existencia de problemas en el servicio, por otra parte, estaba documentada por la Fiscalía.
Redondo asegura que los audios podrían estar manipulados
La respuesta de la ministra llegó durante un acto electoral celebrado en Valladolid, donde rechazó reconocer como propias las declaraciones difundidas.
Redondo afirmó que los audios «probablemente están manipulados» y cuestionó su procedencia. El Ministerio de Igualdad también expresó dudas sobre la autenticidad de la grabación y sobre la posibilidad de que las palabras atribuidas a su titular se hubieran presentado fuera de contexto.
El departamento llegó a plantearse la adopción de acciones legales por la difusión de una supuesta grabación privada sin que, según su versión, se hubiera solicitado previamente una comprobación de su contenido.
Estas afirmaciones no demuestran por sí mismas que el audio esté alterado. Tampoco la publicación de los fragmentos permite establecer, sin una verificación independiente y sin conocer la totalidad de la conversación, todas las circunstancias en las que se produjeron las declaraciones.
La ministra sí reconoció públicamente que pueden registrarse incidencias tecnológicas, especialmente relacionadas con la cobertura. Sin embargo, insistió en que existen procedimientos de seguridad para intervenir cuando se detecta algún problema.
Su argumento principal es que los protocolos de protección siguen funcionando y que ninguna mujer que llevara el dispositivo correctamente colocado y conectado ha sido asesinada, una afirmación que ha reiterado para defender la utilidad de las pulseras.
Igualdad sostiene que el sistema renovado es tecnológicamente superior al anterior y que protege a más de 4.700 víctimas. Redondo elevó la cifra a más de 5.000 mujeres durante sus declaraciones y aseguró que una amplia mayoría de las usuarias valora positivamente el servicio.
Los problemas de las pulseras antimaltrato afectan a la seguridad y a los juzgados
Las pulseras antimaltrato no funcionan como simples localizadores independientes. Forman parte de un sistema de vigilancia compuesto por dispositivos electrónicos, comunicaciones móviles, tecnología de posicionamiento y un centro de control permanente.
Cuando un juez establece una prohibición de aproximación sometida a vigilancia telemática, el agresor debe llevar los dispositivos correspondientes. La víctima dispone de otro equipo que permite recibir avisos y contactar con los servicios de protección.
El Centro Cometa supervisa el sistema durante las 24 horas y coordina las actuaciones previstas ante las alarmas.
Una pérdida de cobertura, una posición incorrecta o una incidencia técnica pueden dificultar la detección de una aproximación indebida. También pueden producirse falsas alarmas que obligan a realizar comprobaciones.
Por eso conviene distinguir entre la existencia de una incidencia y el resultado efectivo de los mecanismos de protección. Un error técnico no implica automáticamente que una víctima quede sin asistencia, pero tampoco permite descartar un riesgo sin analizar qué sucedió y cómo reaccionaron los responsables.
La Fiscalía ya había advertido de fallos y consecuencias judiciales
La memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2024, publicada en 2025, recogió problemas relevantes asociados al cambio de empresa adjudicataria y a la transferencia de información entre sistemas.
El servicio pasó de Telefónica a una adjudicación gestionada por Vodafone y Securitas. Durante la transición aparecieron dificultades para recuperar determinados registros históricos de localización.
La Fiscalía explicó que el Centro Cometa había comunicado reiteradamente a los juzgados su imposibilidad de facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en la que había finalizado la migración a los nuevos dispositivos.
Aquella situación tuvo consecuencias procesales. La falta de registros impidió en determinados procedimientos acreditar posibles quebrantamientos de órdenes de alejamiento y contribuyó a que se produjeran sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias.
La misma memoria recogía quejas por incidencias repetidas, retrasos en la sustitución de aparatos y problemas de cobertura, especialmente en zonas rurales.
Son problemas diferentes, aunque relacionados con un mismo servicio. Una cosa es la precisión de la localización en tiempo real y otra la disponibilidad posterior de los datos como prueba judicial. Ambas afectan a la capacidad de las instituciones para controlar el cumplimiento de las medidas de protección.
La Fiscalía Europea investiga los contratos de las pulseras
La controversia coincide con otra investigación que afecta al sistema de vigilancia electrónica.
El 12 de noviembre de 2026, la Fiscalía Europea comunicó actuaciones en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas dentro de unas diligencias por un posible fraude relacionado con fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de pulseras telemáticas.
La investigación, iniciada en 2025, cuenta con la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La institución europea no ha facilitado más detalles sobre su desarrollo.
Es importante separar los dos asuntos: las supuestas declaraciones de Redondo se refieren al funcionamiento técnico de las pulseras, mientras que la investigación europea examina un posible uso fraudulento de financiación comunitaria.
La apertura de diligencias no acredita la existencia de un delito, ni permite atribuir responsabilidades penales a personas concretas sin conocer las conclusiones de la investigación.
Redondo ha defendido la transparencia de su departamento y ha expresado su disposición a colaborar con las actuaciones de control.
El PP exige explicaciones en el Congreso
La publicación de la grabación ha reactivado la disputa parlamentaria sobre la gestión de las pulseras antimaltrato.
El Partido Popular ha solicitado la comparecencia urgente de Ana Redondo ante la Diputación Permanente del Congreso para explicar el contenido del audio y el conocimiento que tenía el Gobierno de las incidencias.
La portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, considera especialmente grave que la ministra pudiera conocer deficiencias relevantes mientras defendía públicamente la eficacia del sistema.
El PP vincula el episodio a la necesidad de esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas en la contratación y supervisión de los dispositivos.
El Ministerio mantiene una interpretación distinta. Defiende que las incidencias se han abordado mediante los protocolos establecidos y rechaza que las informaciones publicadas permitan concluir que las mujeres protegidas estuvieran desatendidas de forma generalizada.
El enfrentamiento se produce en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, lo que ha intensificado su repercusión política. Sin embargo, las cuestiones fundamentales sobre la eficacia del servicio no dependen del calendario electoral.
La protección de miles de mujeres exige aclarar los fallos
La controversia abierta por los audios publicados el 18 de noviembre deja varios aspectos pendientes de esclarecimiento: la autenticidad de la grabación, el alcance exacto de las incidencias conocidas en mayo de 2025 y las actuaciones que se emprendieron para solucionarlas.
También resulta necesario distinguir los problemas detectados en contratos anteriores de las prestaciones del sistema renovado y comprobar si las mejoras anunciadas han corregido las deficiencias documentadas.
La Fiscalía reconoce la utilidad de estos dispositivos para prevenir nuevos episodios de violencia, pero también ha registrado fallos que afectaron tanto a las víctimas como a procedimientos judiciales. Ambas realidades forman parte del balance del sistema.
El verdadero alcance de una protección electrónica no se mide únicamente por el número de pulseras instaladas. Importa saber si detectan correctamente las aproximaciones prohibidas, si las alertas llegan a tiempo, cómo se responde ante una incidencia y si los registros permiten acreditar un eventual incumplimiento ante la Justicia.
La grabación publicada por ABC introduce un nuevo elemento en la controversia sobre lo que sabía el Ministerio de Igualdad. La respuesta de Redondo cuestiona su autenticidad. Entre ambas posiciones permanecen los problemas técnicos documentados y una responsabilidad institucional que no cambia: garantizar que las medidas judiciales de protección se cumplan con la mayor seguridad posible.
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