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Sánchez propone blindar la subida de las pensiones en la Constitución

Pedro Sánchez propone blindar las pensiones en la Constitución para garantizar su subida con el IPC. La reforma exige un amplio acuerdo político.

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blindar las pensiones en la Constitución

Resumen

  • Sánchez quiere garantizar constitucionalmente la subida de pensiones con el IPC
  • La reforma constitucional requeriría el respaldo de al menos 210 diputados
  • La propuesta no modifica la subida de las pensiones prevista para enero de 2027

Pedro Sánchez ha propuesto reformar la Constitución española para garantizar que las pensiones públicas se revaloricen cada año conforme al índice de precios de consumo (IPC). El presidente del Gobierno trasladó la iniciativa a Alberto Núñez Feijóo durante el debate electoral del jueves 19 de noviembre, a nueve días de las elecciones generales del 29N.

El objetivo es proteger constitucionalmente el poder adquisitivo de los pensionistas, dificultando que futuros gobiernos puedan congelar las prestaciones o aprobar incrementos inferiores a la inflación. La medida, sin embargo, necesitaría un amplio respaldo parlamentario y no supondría una subida adicional inmediata de las pensiones.

Sánchez recuperó así uno de los principales compromisos electorales del PSOE y ofreció al Partido Popular negociar su aprobación durante la próxima legislatura. Feijóo evitó comprometerse con la iniciativa y cuestionó la capacidad del presidente para reunir los apoyos necesarios.

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Sánchez ofrece al PP un pacto constitucional sobre las pensiones

El candidato socialista planteó durante el cara a cara un acuerdo para incorporar a la Carta Magna la garantía de revalorización de las prestaciones públicas conforme a la evolución de los precios.

Sánchez defendió también que, desde su llegada al Gobierno en 2018, la pensión media anual ha aumentado en unos 6.000 euros. Feijóo cuestionó su balance económico y recordó las dificultades del Ejecutivo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

La propuesta socialista persigue trasladar a la Constitución una protección que actualmente recoge la Ley General de la Seguridad Social. Una diferencia jurídica considerable, puesto que modificar la Carta Magna exige mayorías parlamentarias mucho más amplias.

Qué significa blindar las pensiones en la Constitución

La Constitución española contempla la protección económica de las personas mayores. Su artículo 50 establece la obligación de los poderes públicos de garantizar unas pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente.

No determina, sin embargo, que dicha actualización deba realizarse necesariamente conforme al IPC.

La reforma planteada por Sánchez pretende incorporar una garantía más específica que limite la capacidad de los gobiernos para modificar el sistema de revalorización anual de las pensiones mediante cambios legislativos.

Cómo se actualizarían las pensiones con la inflación

El mecanismo vigente establece que las pensiones contributivas deben aumentar al comienzo de cada año según la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre.

Por ejemplo, con una inflación media del 3 %, una pensión mensual de 1.500 euros pasaría a 1.545 euros brutos, aplicando exclusivamente la revalorización general.

Si la inflación media fuera negativa, la legislación vigente establece que las prestaciones no disminuirían.

La propuesta constitucional busca preservar esta protección frente a la inflación ante futuras decisiones políticas, aunque su alcance definitivo dependería de la redacción de la reforma.

Los 210 diputados necesarios para reformar la Constitución

Si la modificación se limitara al artículo 50, podría tramitarse mediante el procedimiento ordinario de reforma constitucional, regulado en el artículo 167 de la Carta Magna.

Este procedimiento exige, como regla general, una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En la Cámara Baja serían necesarios 210 de los 350 diputados.

La reforma podría someterse también a referéndum si lo solicitara una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras dentro del plazo de 15 días siguientes a su aprobación.

La composición de las Cortes que salga de las elecciones del 29 de noviembre será, por tanto, determinante para conocer las posibilidades reales de la iniciativa.

La financiación de las pensiones sigue siendo el gran desafío

La protección constitucional del poder adquisitivo no resolvería por sí sola los problemas financieros de la Seguridad Social.

En octubre de 2026, la nómina mensual de las pensiones contributivas alcanzó los 14.540 millones de euros, mientras que la pensión media de jubilación se situó en 1.577,60 euros mensuales.

El envejecimiento demográfico, la jubilación de las generaciones del baby boom y el aumento de la esperanza de vida obligarán a mantener un equilibrio entre cotizaciones sociales, transferencias del Estado y gasto público.

Una garantía constitucional limitaría determinadas decisiones sobre las prestaciones, pero no establecería automáticamente los recursos necesarios para financiarlas.

Las pensiones, pendientes del resultado del 29N

La propuesta de Sánchez no modifica, de momento, las cuantías que reciben los pensionistas ni el mecanismo previsto para la subida de las pensiones en enero de 2027.

Su principal consecuencia sería reforzar la seguridad jurídica de las prestaciones públicas a largo plazo, con independencia del partido que gobierne España.

Para materializar ese compromiso, el próximo Ejecutivo necesitará convertir la promesa electoral en una reforma concreta, negociar su contenido y conseguir una mayoría parlamentaria suficiente. Blindar las pensiones en la Constitución y garantizar los ingresos necesarios para pagarlas son dos objetivos estrechamente relacionados, pero distintos.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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