Economía
El PSOE promete reducir la deuda y gravar a cotizadas y tecnológicas
El programa electoral del PSOE contempla gravar a las empresas con mayores brechas salariales y a las tecnológicas, mientras la deuda marca un máximo.
Foto: Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España / Wikimedia Commons (licencia de atribución).
Resumen
- El PSOE promete rebajar la deuda, situada en el 100,3 % del PIB
- Propone más impuestos a cotizadas con grandes brechas salariales
- No concreta cuánto recaudará ni cuándo bajará la deuda del 100 %
El PSOE se compromete a reducir la deuda pública española y propone aumentar los impuestos a determinadas empresas del Ibex 35, grandes compañías tecnológicas y rentas del capital más elevadas. Las medidas aparecen en su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, en un momento en el que el endeudamiento de las administraciones públicas vuelve a superar el 100 % del producto interior bruto (PIB).
La formación de Pedro Sánchez plantea penalizar fiscalmente a las empresas cotizadas cuyos máximos ejecutivos cobren más de 100 veces el salario mediano de sus trabajadores, así como introducir nuevos gravámenes sobre las grandes tecnológicas y las actividades vinculadas a la inteligencia artificial. Sin embargo, el programa no establece una fecha concreta para situar la deuda por debajo del 100 % del PIB, ni cuantifica cuánto dinero permitirían recaudar estas medidas.
Los compromisos llegan después de que el Banco de España confirmara, el 17 de noviembre, que la deuda pública alcanzó en septiembre un máximo histórico de 1.767.154 millones de euros, equivalente al 100,3 % del PIB. La cifra refleja una situación aparentemente contradictoria: España reduce el peso relativo de su endeudamiento respecto al tamaño de la economía, pero continúa acumulando obligaciones financieras en términos absolutos.
La propuesta socialista combina disciplina presupuestaria, mayores ingresos fiscales y mantenimiento de la inversión pública. Eso sí, elevar los impuestos a las grandes empresas no significa trasladarles directamente la deuda del Estado. Se trata de obtener más recursos tributarios, cuyo efecto sobre las cuentas públicas dependerá también de la evolución del gasto y del crecimiento económico.
La deuda pública supera los 1,76 billones pese a reducirse respecto al PIB
Los últimos datos del Banco de España muestran que el endeudamiento público aumentó un 3,4 % interanual en septiembre de 2026. En comparación con agosto, creció en 17.569 millones de euros, aproximadamente un 1 %.
Pese a ese incremento, la relación entre deuda y PIB descendió 2,7 puntos porcentuales respecto a septiembre de 2025, cuando se situaba en el 103 %. La explicación está en el comportamiento del denominador: si la economía crece proporcionalmente más que la deuda, su peso relativo disminuye aunque el importe pendiente de devolución siga aumentando.
España había conseguido situarse ligeramente por debajo del umbral del 100 % durante dos meses consecutivos. En julio, la ratio fue del 99,9 % y en agosto bajó al 99,7 %. Septiembre interrumpió esa secuencia al devolver el indicador al 100,3 % del PIB.
El grueso del endeudamiento corresponde al Estado, con aproximadamente 1,617 billones de euros. Las comunidades autónomas acumulaban 346.618 millones, mientras que la Seguridad Social registraba 136.176 millones. Estas cantidades no pueden sumarse directamente para calcular el total consolidado, ya que existen deudas entre las propias administraciones.
La distinción importa. Reducir la ratio de deuda no equivale necesariamente a amortizar deuda en términos absolutos. Para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas también deben considerarse el déficit, los intereses y la capacidad futura de generar ingresos.
Más impuestos a las empresas con grandes diferencias salariales
Una de las novedades más concretas del programa socialista es la denominada Ley de Salarios Justos, que pretende utilizar la fiscalidad empresarial para reducir las desigualdades retributivas dentro de las compañías cotizadas.
El mecanismo previsto toma como referencia la relación entre la remuneración total del principal ejecutivo y el salario mediano de los trabajadores. Este último representa la retribución que divide a la plantilla en dos mitades: una cobra por encima de esa cantidad y la otra, por debajo.
El PSOE propone aumentar la tributación de las sociedades que superen una proporción de 100 a 1, con una penalización adicional cuando la diferencia exceda las 200 veces.
Por ejemplo, si el salario mediano de una plantilla fuese de 40.000 euros anuales y su primer ejecutivo percibiera cinco millones, la relación sería de 125 a 1. Esa empresa superaría el primer umbral previsto por los socialistas.
La iniciativa no establece un límite legal a los salarios de los directivos. Su intención es encarecer fiscalmente las diferencias retributivas más pronunciadas y favorecer que las compañías revisen sus políticas salariales.
Todavía faltan elementos esenciales para conocer su impacto. El programa no precisa los tipos impositivos adicionales, el procedimiento exacto de cálculo ni si las multinacionales deberían considerar a toda su plantilla internacional o únicamente a sus trabajadores en España.
Santander, Inditex y Telefónica, entre las empresas afectadas
El alcance potencial de la propuesta puede examinarse a partir del informe sobre desigualdad salarial publicado por Oxfam Intermón en diciembre de 2025, elaborado con información empresarial correspondiente a 2024.
Entre las compañías del Ibex 35 que superaban el primer umbral figuraban Banco Santander, Inditex, Ferrovial, BBVA y Telefónica.
Los datos situaban al Santander a la cabeza de ese grupo, con una remuneración de su principal ejecutivo equivalente a 367 veces el salario mediano de la plantilla. Le seguían Inditex, con 196 veces; Ferrovial, con 194; BBVA, con 143; y Telefónica, con 111.
Con esas cifras, el Santander también superaría el segundo umbral previsto por el PSOE, situado en una diferencia de 200 a 1.
No obstante, se trata de datos de 2024, no de una relación definitiva de empresas sujetas al futuro impuesto. Su aplicación dependería de la aprobación de la ley, de las reglas de cálculo y de las remuneraciones correspondientes al ejercicio que se tomase como referencia.
El caso de Iberdrola ilustra las particularidades del sistema propuesto. Aunque su primer ejecutivo figuraba entre los mejor remunerados de las grandes empresas españolas, con aproximadamente 14,1 millones de euros en 2024, la diferencia respecto al salario mediano de su plantilla era de 56 veces. Por ese criterio, quedaría por debajo del límite de penalización.
No todas las compañías del Ibex pagarían más impuestos, ni necesariamente serían las empresas con los directivos mejor remunerados las que soportarían el mayor recargo.
Nuevos gravámenes para las tecnológicas y la inteligencia artificial
El programa electoral también contempla aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas digitales, a las que el PSOE vincula con el creciente poder económico de los gigantes tecnológicos.
La propuesta pretende ampliar la tributación existente mediante medidas adicionales dirigidas a las grandes tecnológicas y al sector de la inteligencia artificial.
España cuenta desde 2021 con el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido popularmente como tasa Google, que grava determinados ingresos obtenidos por grandes compañías a través de actividades digitales.
El PSOE considera necesario complementar ese instrumento para adaptar el sistema tributario a los nuevos modelos de negocio tecnológicos y aumentar la recaudación.
Por ahora, no se han concretado los nuevos tipos impositivos, las actividades relacionadas con la inteligencia artificial que quedarían gravadas ni los ingresos adicionales que podría obtener Hacienda.
La ausencia de esos detalles impide determinar qué compañías resultarían más afectadas y cuál sería la capacidad recaudatoria real del futuro impuesto.
El PSOE también plantea subir los impuestos al capital
La reforma fiscal que propone Pedro Sánchez no se limita a las empresas cotizadas y las grandes tecnológicas. También incluye cambios en la tributación de las rentas del capital y las operaciones financieras.
Los socialistas quieren mantener los dos primeros tramos de tributación del ahorro, situados en el 19 % para los primeros 6.000 euros y el 21 % hasta los 50.000 euros, y aumentar progresivamente los tipos aplicables a las rentas superiores.
Su objetivo es alcanzar un tipo máximo del 35 % para las rentas del capital que superen los 300.000 euros, elevando la contribución fiscal de los contribuyentes con mayores ingresos procedentes de inversiones.
Otra medida consiste en duplicar el tipo del impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, del 0,2 % al 0,4 %.
Este gravamen afecta a determinadas adquisiciones de acciones de grandes sociedades españolas cotizadas, por lo que su modificación incrementaría el coste fiscal de las operaciones sujetas al impuesto.
El programa incluye igualmente una tributación complementaria sobre los grandes patrimonios y nuevos gravámenes para determinados viajes de lujo de elevada huella de carbono, incluidos los desplazamientos en aeronaves privadas y grandes embarcaciones recreativas.
Parte de los ingresos adicionales procedentes de los grandes patrimonios y de las rentas del capital se destinaría, según el compromiso socialista, a financiar nuevas prestaciones por crianza y medidas contra la pobreza infantil.
Esta última precisión resulta importante: no toda la recaudación adicional se plantea específicamente para reducir deuda pública. El propio programa vincula algunos de esos recursos a nuevas políticas de gasto.
Reducir la deuda sin concretar todavía cuánto ni cuándo
El compromiso presupuestario del PSOE figura expresamente en su programa para el 29 de noviembre. La formación plantea mantener una trayectoria descendente tanto de la deuda como del déficit en relación con el PIB.
Para desarrollar ese objetivo, propone presentar a la Comisión Europea, durante la primavera de 2027, un nuevo Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo que abarque la próxima legislatura y establezca una senda de gasto compatible con las reglas comunitarias.
Las previsiones económicas utilizadas para elaborar el documento contarían con el respaldo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), según el programa socialista.
La iniciativa se enmarca en las reglas presupuestarias europeas, que obligan a los Estados miembros con elevados niveles de endeudamiento a seguir trayectorias de ajuste fiscal. El marco comunitario contempla, con las condiciones previstas en su normativa, una reducción media anual mínima de un punto porcentual del PIB cuando la deuda supera el 90 %.
España permanece muy por encima del valor de referencia europeo del 60 % del PIB. Por ello, recuperar una trayectoria descendente y mantenerla durante varios ejercicios constituye un objetivo relevante para las cuentas públicas, independientemente del resultado electoral.
El crecimiento económico puede contribuir a reducir el peso relativo del endeudamiento, pero no sustituye la necesidad de controlar el déficit y atender los vencimientos e intereses de la deuda existente.
La gran incógnita del programa socialista está precisamente en las cifras. No se ofrece una estimación global de la recaudación adicional de los nuevos impuestos ni se presenta todavía una trayectoria anual cuantificada que permita comprobar cómo se alcanzaría la reducción comprometida.
El PSOE llega así a las elecciones del 29 de noviembre con una propuesta que combina mayores gravámenes a determinados grupos empresariales y grandes patrimonios con el compromiso de reducir el peso de la deuda pública. Los objetivos están definidos; sus efectos presupuestarios, todavía no. Con una deuda de 1,77 billones de euros, la diferencia entre anunciar una reducción y demostrar cómo financiarla será decisiva para valorar la viabilidad económica del programa.
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