Las mutuas reclaman dar altas médicas en determinadas bajas comunes

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social quieren ampliar sus competencias sobre las bajas laborales y poder emitir directamente el alta médica en determinados procesos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral. Es una facultad que actualmente no tienen: pueden seguir al trabajador, citarlo, realizar determinadas pruebas y formular propuestas de alta, pero la decisión final sigue correspondiendo al sistema público o, según el caso, al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La reivindicación no es nueva, pero ha regresado con fuerza al debate laboral. La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) lleva años reclamando una gestión más amplia de las contingencias comunes, especialmente en patologías traumatológicas, y Alberto Núñez Feijóo ha asumido públicamente la idea de permitir que las mutuas puedan conceder altas en determinadas patologías. De momento, conviene subrayarlo: no existe una reforma aprobada que otorgue ese poder a las mutuas. Es una propuesta política y empresarial que exigiría cambiar el marco vigente.

Qué pueden hacer las mutuas con una baja laboral actualmente

El sistema distingue dos mundos que a menudo se mezclan en la conversación pública. Cuando la incapacidad temporal procede de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la mutua sí puede encargarse de la asistencia sanitaria y emitir los correspondientes partes de baja, confirmación y alta.

La situación cambia cuando hablamos de una gripe, una lesión sufrida fuera del trabajo, una dolencia de espalda de origen común o cualquier otra contingencia común. En estos casos, los servicios públicos de salud conservan la competencia para emitir los partes médicos, mientras que el INSS dispone también de facultades específicas de control y alta. La mutua puede intervenir, pero no tiene la última palabra.

Eso no significa que permanezca mirando desde la barrera. Las mutuas gestionan en muchos casos la prestación económica, realizan reconocimientos y pueden promover pruebas diagnósticas, tratamientos o rehabilitación dentro de las condiciones previstas por la normativa. También pueden presentar una propuesta motivada de alta cuando consideran que el trabajador está en condiciones de reincorporarse.

Si esa propuesta no se resuelve dentro de los plazos establecidos, la mutua puede trasladarla al INSS. Es decir, existe ya un mecanismo para discutir médicamente la continuidad de una baja; lo que las mutuas pretenden es acortar ese recorrido y asumir directamente la decisión en ciertos diagnósticos.

El cambio estaría en quién firma el alta

No es una diferencia burocrática menor. Firmar el alta significa determinar que una persona ha recuperado capacidad suficiente para volver a su empleo y, con carácter general, poner fin a la situación de incapacidad temporal.

AMAT ha defendido principalmente esa posibilidad en patologías traumatológicas y osteoarticulares, donde considera que dispone de especialistas, centros sanitarios, rehabilitación y medios diagnósticos capaces de acelerar tratamientos que pueden demorarse dentro del sistema público. Su planteamiento es que la misma entidad que diagnostica, trata y sigue al paciente pueda cerrar el proceso cuando entienda que la recuperación permite trabajar.

Ese diseño cambiaría el equilibrio actual. Y ahí, precisamente, comienza la disputa sobre quién debe tener capacidad para decidir el regreso al trabajo.

Por qué las mutuas reclaman más capacidad sobre las bajas

El argumento empresarial se apoya en el fuerte crecimiento de la incapacidad temporal. AMAT lleva varios ejercicios alertando del aumento de los procesos por enfermedad común y accidente no laboral, de su coste para la Seguridad Social y las empresas y, sobre todo, de la acumulación de bajas de larga duración.

La asociación ha estimado que el coste anual de las contingencias comunes puede superar los 32.000 millones de euros y ha defendido reforzar los recursos de la sanidad pública, del INSS y de las propias mutuas, además de otorgar a estas últimas mayores competencias para gestionar determinados procesos de principio a fin. Son cálculos y propuestas de la organización empresarial, no una estimación neutral del coste sanitario de estar enfermo, una distinción importante en un debate donde las cifras vuelan con facilidad.

También existe un problema sanitario menos vistoso que los grandes titulares sobre absentismo: las listas de espera. Una persona con una lesión musculoesquelética puede estar médicamente incapacitada para realizar su trabajo y, al mismo tiempo, permanecer semanas esperando una prueba, una consulta especializada o rehabilitación. La baja se prolonga no necesariamente porque persista una lesión que exija todo ese tiempo de reposo, sino porque el tratamiento avanza a trompicones.

Las mutuas sostienen que utilizar su capacidad asistencial permitiría retirar algunos de esos tapones. El sector no pide únicamente poder firmar el último papel; reclama una gestión más integral de ciertos procesos, desde las pruebas hasta el tratamiento y el eventual alta.

La propuesta de Feijóo devuelve el debate al centro político

Feijóo ha incorporado esa reivindicación a su agenda laboral y ha planteado reforzar el papel de las mutuas, facilitar que realicen pruebas diagnósticas y permitirles conceder el alta en determinadas patologías. El planteamiento conecta con una reclamación histórica de las organizaciones empresariales y ha abierto inmediatamente una discusión sobre hasta dónde debe llegar su capacidad de decisión.

La cuestión tiene una peculiaridad. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social no son compañías aseguradoras corrientes: son asociaciones privadas de empresarios, sin ánimo de lucro y sometidas a regulación y tutela pública, que gestionan recursos y prestaciones del sistema de Seguridad Social. Precisamente esa naturaleza híbrida explica buena parte del choque. No son una empresa cualquiera, pero tampoco son el médico de cabecera del paciente.

Médicos y sindicatos cuestionan quién debe decidir la vuelta al trabajo

Las críticas se concentran en el posible conflicto de intereses. Una mutua participa en la gestión económica de la incapacidad y está vinculada a las empresas asociadas; darle además la capacidad de determinar cuándo termina una baja por enfermedad común despierta recelos entre organizaciones sindicales y profesionales sanitarios.

Organizaciones sindicales han rechazado la ampliación de competencias y sostienen que el control de la enfermedad común debe permanecer en manos del sistema sanitario público. También profesionales de Atención Primaria han advertido de que el médico habitual dispone de una visión clínica del paciente que una revisión aislada de la mutua puede no tener, especialmente ante patologías complejas, crónicas o relacionadas con la salud mental.

Aquí aparece una de las zonas grises del debate. No es igual valorar la recuperación de una fractura de muñeca que decidir si una persona con ansiedad grave, dolor crónico o una combinación de patologías puede regresar a un puesto con turnos nocturnos, carga física o alta presión. Estar mejor no siempre significa estar en condiciones de trabajar en un empleo concreto.

Por eso la discusión no se limita a quién dispone de una resonancia antes. También afecta a los criterios médicos, a la información clínica disponible y a las garantías que tendría un empleado que considere prematura su reincorporación.

Qué ocurre si un trabajador no está de acuerdo con el alta

El sistema ya contempla mecanismos de revisión para las altas que las mutuas emiten en las contingencias profesionales, es decir, cuando se trata de accidentes laborales o enfermedades profesionales. El trabajador puede solicitar al INSS la revisión de esa decisión y existen procedimientos específicos para resolver la discrepancia.

Si finalmente se ampliase la competencia de las mutuas a determinadas enfermedades comunes, una de las cuestiones esenciales de cualquier reforma sería precisamente el sistema de garantías. La propia AMAT ha defendido que un modelo de mayor capacidad para las mutuas debería incorporar un mecanismo de recurso para el trabajador cuando exista desacuerdo con el alta.

No hay todavía un procedimiento nuevo que el empleado deba conocer porque, sencillamente, la reforma no está vigente. Quien esté actualmente de baja por una contingencia común continúa sujeto al sistema actual: la mutua puede realizar actuaciones de seguimiento y promover el alta, pero no convertir por sí sola esa propuesta en el parte que obliga a reincorporarse al trabajo.

El problema de fondo no cabe entero en la palabra absentismo

El debate se ha contaminado con rapidez por las acusaciones de fraude. Hay bajas indebidas, como puede haber fraude en prácticamente cualquier prestación pública, y existen mecanismos de inspección para perseguirlas. Otra cosa bastante distinta es deducir que el crecimiento de la incapacidad temporal responde básicamente a trabajadores que fingen estar enfermos.

Los estudios disponibles dibujan un paisaje bastante menos cómodo. El aumento de los procesos de larga duración, el envejecimiento de la población ocupada, las dolencias musculoesqueléticas, el crecimiento de los problemas de salud mental, la repetición de episodios y las diferencias entre territorios y sectores forman parte del fenómeno.

Reducir todo eso a la imagen del empleado que se toma un lunes libre con certificado médico resulta bastante tentador para una tertulia y bastante pobre para diseñar una política pública. Del otro lado, fingir que el coste y la duración de las bajas no plantean ningún problema de gestión tampoco ayuda demasiado. Entre ambos extremos queda el asunto difícil: curar antes sin obligar a volver antes de tiempo.

Una decisión médica que puede cambiar de manos

La reclamación de las mutuas apunta, en definitiva, a una pieza muy concreta del sistema de bajas laborales: quién tiene autoridad para decidir que una incapacidad temporal por enfermedad común ha terminado. Actualmente, la respuesta está en el Servicio Público de Salud y el INSS, no en la mutua que realiza el seguimiento.

El cambio defendido por AMAT y respaldado políticamente por Feijóo permitiría que las mutuas diesen altas en determinados diagnósticos, previsiblemente empezando por patologías traumatológicas. Sus partidarios sostienen que reduciría esperas y bajas innecesariamente largas; sus detractores temen que mezcle la evaluación clínica con los incentivos económicos ligados a la reincorporación.

No es, por tanto, que las mutuas hayan empezado a dar altas por enfermedad común ni que un trabajador pueda encontrarse de repente con una norma nueva. La potestad sigue donde estaba. Lo que ha cambiado es que una reivindicación empresarial mantenida durante años ha saltado de nuevo al centro de la discusión política y laboral. Y esta vez no se habla únicamente de vigilar las bajas: se discute quién tendrá la pluma para terminarlas.