El Consejo de Informativos de TVE denuncia trabas y falta de rigor

El Consejo de Informativos de TVE ha trazado una radiografía especialmente crítica sobre el funcionamiento de la televisión pública durante 2025. Su informe anual denuncia una degradación de las relaciones con la dirección de RTVE, obstáculos para desarrollar su labor de control y problemas relacionados con el rigor, la independencia, el pluralismo y la neutralidad de determinados contenidos. En el centro de las críticas aparecen, una vez más, los programas de actualidad Mañaneros 360 y Malas Lenguas.

El documento contabiliza 121 actuaciones abiertas durante el año, de las cuales 25 quedaron iniciadas pero sin resolver. El principio profesional cuestionado en más ocasiones es el rigor, con 87 casos, seguido de la independencia, con 76; el pluralismo aparece en 66, la neutralidad en 59 y la imparcialidad en 58. Son cifras internas del propio Consejo y, por tanto, no equivalen automáticamente a otras tantas infracciones acreditadas, pero ofrecen una fotografía poco cómoda para una corporación cuya razón de ser incluye precisamente garantizar una información pública independiente y fiable.

121 actuaciones y un problema que va más allá de un programa

El Consejo de Informativos no es un comité externo ni una asociación profesional situada fuera de RTVE. Es un órgano interno previsto por la legislación e integrado en el caso de TVE por 13 miembros elegidos por los profesionales de la información. Entre sus funciones está velar por la independencia profesional, la objetividad y la veracidad de los contenidos, además de pronunciarse sobre la línea editorial y la programación informativa. Dicho de otro modo: la discusión se está produciendo dentro de la propia casa.

El informe anual de 2025, elaborado a petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, recoge dos investigaciones especialmente relevantes. Una afecta al tratamiento televisivo del quinto aniversario de la pandemia y al documental 7291; la otra, bastante más explosiva, analiza Mañaneros 360 y Malas Lenguas.

En el primer caso, el Consejo cuestiona que un documental adquirido a una productora externa se convirtiera en el eje de un especial sobre un acontecimiento de semejante importancia y reclama que este tipo de coberturas descansen fundamentalmente en el criterio y los medios de los profesionales de RTVE. La cuestión de fondo aparece varias veces en el documento: hasta dónde llega la externalización y quién conserva el mando editorial cuando un programa mezcla entretenimiento, tertulia e información.

Mañaneros 360 y Malas Lenguas, en el centro del informe

La parte más delicada afecta a los espacios de actualidad vinculados a Javier Ruiz y Jesús Cintora. El Consejo sostiene que ha detectado numerosos incumplimientos normativos relacionados con las reglas que rigen RTVE, el Estatuto de la Información y el Manual de Estilo de la corporación. También asegura que la Defensora de la Audiencia le trasladó la existencia de centenares de quejas relacionadas con ambos programas.

Las objeciones abarcan cuestiones de rigor, separación entre información y opinión, pluralidad y responsabilidad editorial. No es precisamente una discusión sobre si una mesa de tertulia tiene demasiados invitados. El conflicto afecta al territorio más sensible de una radiotelevisión pública: quién decide qué se cuenta, bajo qué criterios y quién responde cuando una información resulta incorrecta o insuficientemente contrastada.

Un enfrentamiento que viene de meses atrás

El informe anual recupera una polémica que comenzó mucho antes de octubre. A comienzos de 2026, el Consejo había difundido una investigación específica de más de 140 páginas sobre los dos programas. Aquella investigación sostenía que determinadas prácticas chocaban con las normas informativas de RTVE y cuestionaba, entre otros elementos, el control editorial sobre espacios realizados mediante coproducción externa.

La dirección de RTVE rechaza buena parte de las acusaciones

La versión de la dirección es muy distinta y resulta imprescindible para entender el alcance real del choque. El presidente de RTVE, José Pablo López, cargó contra aquel informe específico y sostuvo ante el Congreso que se habían analizado únicamente 13 emisiones de unas 400, aproximadamente un 3% del total. A su juicio, extraer conclusiones generales de esa muestra constituía una mala praxis metodológica.

El Consejo de Administración aprobó después un contrainforme de 19 páginas que rechazaba varias de las conclusiones y reclamaba rectificaciones. Meses más tarde, el Consejo de Informativos aceptó matizar una de sus expresiones más controvertidas, la referencia a RTVE como “altavoz de mensajes de odio”, aunque mantuvo el grueso de sus reparos y defendió la legitimidad de la investigación.

Este antecedente importa porque evita una lectura demasiado sencilla del nuevo documento. El Consejo formula acusaciones graves, pero la dirección discute su metodología y sus conclusiones. Lo novedoso del informe anual es que la controversia ya no se limita al contenido de dos programas: se extiende a la propia relación entre quienes administran RTVE y el órgano que debe fiscalizar internamente la calidad de su información.

El Consejo denuncia una relación degradada con la dirección

Según el documento, la relación comenzó 2025 en términos cordiales y fue deteriorándose conforme avanzaron las investigaciones. El punto de mayor tensión habría llegado en septiembre, cuando el Consejo planteó realizar una encuesta telemática entre los profesionales de la información para conocer su percepción sobre distintos problemas internos.

El Consejo afirma que se encontró con numerosas trabas, problemas legales planteados por la dirección, presiones y advertencias. La consulta terminó celebrándose mediante urnas físicas, después de meses de enfrentamiento sobre el procedimiento y sobre el censo de trabajadores que podían participar. El órgano sostiene además que las reuniones con la dirección se redujeron, recibió menos información sobre cambios organizativos y algunas de sus preguntas quedaron sin respuesta.

El conflicto también salta a las redes sociales

La batalla institucional adquirió incluso una dimensión personal. El Consejo acusa a Roberto Lakidáin, director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE, de ataques y acoso en redes sociales durante este periodo. Asegura que solicitó la intervención de José Pablo López y pidió a la asesoría jurídica que estudiara el asunto, pero sostiene que no obtuvo respuesta.

Las discrepancias públicas han continuado durante 2026. Lakidáin ha publicado mensajes muy críticos con el Consejo, mientras este órgano ha denunciado en diferentes momentos lo que considera intentos de desacreditar su trabajo. La disputa, por tanto, hace tiempo que dejó los despachos discretos de Torrespaña.

El Consejo pide a la CNMC más vigilancia sobre la actualidad

Una de las peticiones con mayor recorrido del nuevo informe es que la CNMC amplíe su vigilancia sobre la información difundida dentro de los programas de actualidad. Buena parte de la discusión interna gira precisamente alrededor de una frontera que la televisión moderna ha vuelto bastante porosa: dónde termina el magacín y dónde empieza un contenido que, aunque tenga otro formato, cumple funciones inequívocamente informativas.

El debate tiene consecuencias prácticas. Los telediarios están sometidos a estructuras editoriales muy definidas, mientras que los grandes magacines pueden alternar entrevistas políticas, conexiones en directo, opinión, sucesos y tertulia durante horas. Cuando esos espacios ocupan una parte sustancial de la conversación pública de TVE, el Consejo considera que las obligaciones de rigor y pluralismo no desaparecen simplemente porque el rótulo del programa no diga “informativo”.

La petición a la CNMC desplaza así parte del conflicto fuera de RTVE. Ya no se trata únicamente de que un órgano interno discrepe con sus directivos, sino de reclamar que el regulador examine con mayor atención la información distribuida en formatos híbridos de actualidad.

Una televisión pública se juega mucho más que la audiencia

El documento entra también en la arquitectura institucional de la corporación. El Consejo vuelve a rechazar el sistema aprobado a finales de 2024 que modificó las mayorías parlamentarias necesarias para elegir al presidente y renovar el Consejo de Administración de RTVE. Frente a ese modelo, reclama recuperar un procedimiento basado en el concurso de méritos y reforzar las garantías de independencia de la radiotelevisión pública.

Su propuesta enlaza con el marco europeo destinado a reforzar la independencia editorial y las garantías de los medios públicos dentro de la Unión Europea. El Consejo reclama que ese proceso sirva también para consolidar legalmente órganos de representación profesional como los consejos de informativos y garantizarles medios suficientes para desarrollar su trabajo.

Aquí aparece el trasfondo de toda la discusión. Una televisión pública puede ganar audiencia, mejorar sus cuentas o renovar sus formatos, pero su examen no termina en el share. La credibilidad institucional se mide también en la distancia real entre la dirección política o corporativa y quienes elaboran la información.

El Informe Anual 2025 del Consejo de Informativos dibuja, en definitiva, una fractura interna considerable: 121 actuaciones registradas, quejas sobre rigor e independencia, un enfrentamiento abierto alrededor de Mañaneros 360 y Malas Lenguas, discrepancias sobre la externalización de contenidos y una relación con la dirección que el órgano de control considera deteriorada.

También existe la otra mitad de la historia: la dirección de RTVE ha rechazado acusaciones del Consejo, cuestionó la metodología de su investigación más polémica y consiguió que algunas formulaciones fueran revisadas. No estamos ante una sentencia ni ante la certificación administrativa de 121 irregularidades, sino ante el diagnóstico de un órgano profesional interno al que corresponde precisamente vigilar la independencia y la calidad de la información.

Y ahí reside la gravedad del asunto. Cuando quienes deben vigilar el rigor aseguran encontrar obstáculos para hacerlo y quienes dirigen la corporación consideran que esos vigilantes se exceden o trabajan con una metodología defectuosa, la discusión deja de ser una simple guerra de despachos. Afecta al mecanismo que debería garantizar algo bastante más elemental: que TVE pueda ser una televisión pública sin convertirse en la televisión de nadie.