Vivas cifra en 15.000 los migrantes que siguen en Ceuta desde julio

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calcula que alrededor de 15.000 migrantes continúan en la ciudad autónoma casi tres meses después de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. El dirigente del PP sostiene que Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad y acusa al Gobierno central de una «pasividad alarmante» ante una situación que mantiene bajo presión los servicios públicos, el puerto y buena parte de la vida cotidiana de la ciudad.

La cifra, eso sí, no procede de un recuento oficial. Vivas ha explicado este lunes 19 de octubre que se trata de una estimación elaborada a partir del consumo de agua, que durante septiembre aumentó un 20% respecto al mismo mes de 2025. Según su razonamiento, ese incremento sería compatible con una población temporalmente superior en aproximadamente 15.000 personas. El presidente ceutí lamenta que el Ejecutivo no facilite una cifra precisa de cuántos migrantes permanecen en Ceuta.

Los 15.000 migrantes son una estimación, no un censo oficial

Ese matiz resulta esencial porque no existe una cifra única aceptada por todas las administraciones. El Gobierno informó en agosto de que más de 70.000 personas habían cruzado desde Marruecos durante aquellos dos días extraordinarios de finales de julio y aseguró que entre el 90% y el 95% regresaron al país vecino durante las primeras 24 o 48 horas. Desde entonces se han producido retornos voluntarios, traslados de menores y la tramitación de solicitudes de protección internacional.

Los últimos datos comunicados por el Ejecutivo apuntan a que unas 12.000 personas habrían regresado voluntariamente a Marruecos desde mediados de agosto. También se habían registrado alrededor de 1.200 solicitudes de asilo, de las que unas 700 estaban resueltas, mientras 262 menores habían sido trasladados a la Península. Por su parte, representantes policiales calculaban recientemente que entre 7.000 y 8.000 migrantes podían seguir fuera de los dispositivos oficiales, repartidos entre asentamientos, alojamientos improvisados y distintos puntos de la ciudad.

Las cifras, por tanto, dibujan una fotografía borrosa. No es extraño: hablamos de una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados, con personas en movimiento, otras sin registrar y entradas y salidas que no siempre quedan reflejadas de inmediato en una estadística centralizada. El cálculo de Vivas pretende llenar precisamente ese vacío, aunque el consumo de agua es un indicador indirecto, no un padrón improvisado.

Vivas acusa al Gobierno de dejar que la crisis se desgaste sola

El presidente ceutí ha endurecido su discurso contra el Ejecutivo. Según Vivas, desde la crisis de julio no se habría completado ninguna devolución mediante una resolución administrativa ordinaria al amparo de la legislación de extranjería; las salidas producidas hasta el momento corresponderían, según su versión, a retornos voluntarios o expulsiones vinculadas a delitos.

A su juicio, esa situación transmite la impresión de que el Gobierno espera que el problema termine reduciéndose con el paso del tiempo. Vivas reclama acelerar la salida hacia Marruecos de quienes entraron irregularmente y no tengan derecho a permanecer en España. Ha vuelto a utilizar el término «invasión» para definir lo ocurrido a finales de julio, una expresión política que el presidente ceutí viene empleando desde la crisis y que no equivale a una categoría jurídica.

Ahí aparece uno de los nudos más incómodos del episodio. No todas las personas presentes en Ceuta pueden ser devueltas de manera automática. Las solicitudes de asilo y protección internacional deben examinarse individualmente, especialmente cuando existen menores, personas vulnerables o ciudadanos que alegan riesgo de persecución en su país de origen. El Gobierno sostiene que los retornos efectuados son voluntarios y ha negado que se estén realizando deportaciones encubiertas.

Las cifras con las que Vivas describe una ciudad bajo presión

Para defender que Ceuta todavía no ha recuperado su funcionamiento habitual, Vivas ha presentado una batería de datos especialmente contundente. Según las estadísticas expuestas por el presidente autonómico, las intervenciones relacionadas con agresiones, reyertas y otros incidentes comunicados al servicio de emergencias 112 habrían pasado de 986 a 2.791 al comparar los últimos 30 días con el mismo periodo de 2025. Es un incremento del 184%.

Las incidencias relacionadas con el puerto, siempre según los datos aportados en su comparecencia, habrían pasado de 65 a 392, un 503% más. Vivas también atribuye al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un incremento del 60% de la delincuencia en Ceuta respecto al año anterior. Son números que el Gobierno de la ciudad utiliza para sostener que la crisis migratoria continúa teniendo consecuencias directas más allá de los centros de acogida.

La presión alcanza igualmente al sistema sanitario. Vivas asegura que durante septiembre las atenciones en urgencias aumentaron un 400% interanual, mientras que las actuaciones relacionadas con obras ilegales crecieron un 669%. A ello suma un deterioro económico que sitúa entre el 4% y el 5% del PIB ceutí desde finales de julio.

Conviene leer esas cifras con su apellido: son los datos presentados por el Gobierno de Ceuta para defender su diagnóstico de la situación. Pero la presión sobre determinados servicios sí aparece reflejada en otros indicadores. El Ejecutivo central tuvo que habilitar más de 3.400 plazas adicionales de acogida después de la entrada masiva, cuando el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes contaba con unas 500 o 600 plazas.

El puerto se ha convertido en otro punto sensible

El puerto de Ceuta resume bien el atasco. La Policía Nacional mantiene allí un dispositivo reforzado para impedir salidas irregulares hacia Algeciras. El 15 de octubre se conoció la detención de 45 personas en una investigación relacionada con el uso fraudulento de documentos de identidad: 40 pretendían embarcar utilizando documentación ajena y otras cinco fueron detenidas por facilitarla. En algunos casos se llegaron a pagar hasta 6.000 euros por esos documentos.

También se han detectado intentos de ocultar a migrantes dentro de vehículos o viviendas. Son episodios que retratan una segunda fase de la crisis, bastante menos espectacular que las imágenes de miles de personas atravesando la frontera, pero mucho más lenta: gente tratando de abandonar una ciudad de la que, administrativamente, no puede simplemente embarcar hacia la Península sin cumplir los requisitos correspondientes.

De más de 70.000 entradas a una crisis que dura meses

La magnitud inicial explica buena parte del problema. El propio Gobierno español reconoce que más de 70.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, un volumen sin precedentes recientes en Ceuta. Durante las primeras horas se concentraron los esfuerzos en devolver al mayor número posible y reforzar el perímetro fronterizo. Posteriormente comenzó una fase mucho menos rápida: identificar personas, habilitar alojamientos, estudiar expedientes y gestionar los retornos conforme a la legislación.

El tamaño de Ceuta convierte cualquier cifra de varios miles en un asunto enorme. La ciudad ronda los 84.000 habitantes, de modo que la estimación de Vivas equivaldría a añadir temporalmente una población cercana a una quinta parte de la residente. De ahí que un aumento aparentemente abstracto del 20% en el consumo de agua se convierta allí en algo tangible: más presión sobre urgencias, saneamiento, limpieza, seguridad, alimentación o espacios públicos.

Lo ocurrido también ha desbordado el terreno estrictamente migratorio. La crisis abrió una disputa política sobre la capacidad de respuesta del Estado, la actuación de Marruecos, la seguridad fronteriza y el tratamiento que debe darse cuando una entrada masiva incluye, mezcladas en cuestión de horas, situaciones administrativas y humanas completamente distintas.

Ceuta continúa atrapada entre los números y los expedientes

Casi tres meses después, la frontera ya no ofrece aquellas imágenes caóticas de finales de julio, pero la crisis no ha desaparecido. Se ha transformado. El problema está ahora en saber con precisión quién permanece en Ceuta, cuál es la situación jurídica de cada persona, cuántos expedientes quedan pendientes y cuánto puede prolongarse una excepcionalidad que comenzó como una avalancha fronteriza y ha terminado convertida en un enorme atasco administrativo.

Vivas coloca la cifra en 15.000 personas y exige una actuación más rápida del Gobierno. Otros cálculos sitúan por debajo el número de migrantes que continúan fuera de los dispositivos oficiales. El Ejecutivo mantiene que miles han regresado voluntariamente y que las solicitudes de protección deben tramitarse respetando la ley. Entre una cifra y otra está Ceuta, pequeña, comprimida entre el mar y la frontera, intentando recuperar una normalidad que, por ahora, todavía no ha vuelto.