La huelga educativa de Madrid sigue sin acuerdo en su segunda semana

La huelga indefinida de profesores de la enseñanza pública madrileña continúa este martes 20 de octubre y entra en su segunda semana sin un acuerdo que permita cerrar el conflicto. El paro comenzó el día 14 y mantiene enfrentados al profesorado y al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por cuestiones que van desde las horas lectivas y las ratios por aula hasta los salarios, las plantillas, la atención al alumnado con necesidades específicas y las infraestructuras. Alrededor de 65.000 docentes de la enseñanza pública no universitaria están llamados a secundarlo.

La protesta ha perdido seguimiento respecto a su arranque, aunque continúa activa y acompañada de movilizaciones. Y ahí empieza una segunda huelga, la de las cifras: los sindicatos estimaron una participación superior al 70% en la primera jornada, frente al 44,6% calculado por la Comunidad de Madrid; el segundo día hablaron de un 60%, mientras el Ejecutivo autonómico la situó en el 32,2%. En la jornada del lunes, ya en la segunda semana, los convocantes cifraron el seguimiento en el 50% y la Consejería en el 15,4%. Dos termómetros para una misma fiebre.

Por qué siguen en huelga los profesores de Madrid

El conflicto no nació la semana pasada. Las organizaciones convocantes sostienen que las movilizaciones son el resultado de varios cursos de desencuentros con la Consejería de Educación y de un deterioro progresivo de las condiciones de trabajo en los centros públicos. La convocatoria reúne a CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto a colectivos como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. CSIF, por su parte, organizó inicialmente su propio calendario de paros.

Una de las exigencias que más fácilmente se entiende fuera de la jerga sindical es también una de las más difíciles de resolver presupuestariamente: los profesores reclaman una subida salarial de 600 euros mensuales para aproximar sus retribuciones a las de otros territorios y compensar, argumentan, el elevado coste de vida de Madrid.

Pero reducir toda la huelga al sueldo sería quedarse mirando el escaparate. Los convocantes reclaman también rebajar el número de alumnos por clase, contratar más profesionales especializados, mejorar edificios e instalaciones, reducir burocracia y modificar las cargas lectivas del profesorado. Sus demandas plantean un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Secundaria y FP y 22 en Primaria, contabilizando adecuadamente tareas como tutorías, coordinaciones o jefaturas de departamento.

Las ratios se han convertido en otro frente central

Una clase con unos pocos alumnos más puede parecer una diferencia administrativa vista desde un despacho. Desde dentro del aula cambia bastante la fotografía: más exámenes, más tutorías y menos minutos individuales, además de mayores dificultades cuando conviven distintos ritmos de aprendizaje.

Por eso la reducción de ratios ocupa uno de los primeros lugares en las reivindicaciones. Los sindicatos enlazan esa petición con otra especialmente sensible: reforzar el personal destinado al alumnado que necesita apoyos educativos específicos. No es una cuestión ornamental. En educación, cinco alumnos adicionales no caben simplemente apretando un poco las mesas.

La protesta incluye igualmente reclamaciones sobre Formación Profesional, infraestructuras y enseñanza bilingüe. El abanico es tan amplio que explica, en parte, la dificultad para sentar a las partes alrededor de una propuesta común: aquí no hay una única cifra que pueda negociarse y firmarse; hay salarios, organización escolar, personal y modelo educativo mezclados en la misma carpeta.

Ayuso endurece el discurso mientras continúa el paro

El conflicto ha adquirido durante las últimas jornadas un tono político mucho más áspero. El lunes hubo cortes de tráfico, protestas y concentraciones contra el Gobierno regional. Manifestantes acudieron también a un acto de Isabel Díaz Ayuso y la presidenta respondió acusando a parte de los participantes de comportamientos intimidatorios y violentos. Su Ejecutivo viene calificando la convocatoria de huelga política y cuestionando la proporcionalidad de algunas de sus reivindicaciones.

La calle, entretanto, se ha convertido en extensión del conflicto escolar. Durante la primera jornada se produjeron cargas policiales en la Universidad Complutense, con cinco detenidos y dos heridos. El delegado del Gobierno pidió investigar de urgencia la actuación policial y señaló que debía estudiarse si la respuesta había sido proporcionada. Aquella mañana dejó claro que el curso madrileño había salido definitivamente del perímetro del aula.

Conviene separar dos planos que en política suelen mezclarse con prodigiosa facilidad. Protestar, hacer huelga y manifestarse forman parte de los derechos democráticos; coaccionar o agredir, no. Del mismo modo, un incidente concreto no convierte automáticamente en violenta a toda una movilización formada por decenas de miles de trabajadores potencialmente afectados. Cuando cada parte utiliza al adversario más estridente para definir al conjunto, el debate educativo acaba convertido en tertulia. Y los problemas del instituto siguen esperando a primera hora del día siguiente.

La negociación existe, pero las partes ni siquiera coinciden sobre ella

Aquí aparece una de las contradicciones más importantes del conflicto. La Consejería sostiene que mantiene reuniones periódicas con los representantes sindicales y recuerda que existe un acuerdo sectorial vigente hasta 2028. Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación, ha considerado que algunas de las demandas formuladas durante la huelga son inalcanzables y ha defendido que el Gobierno regional ya trabaja en cuestiones como la carrera profesional docente.

Los convocantes ofrecen una versión bastante distinta. Reclaman una negociación específica sobre las reivindicaciones del comité de huelga y consideran insuficientes los cauces que invoca la Comunidad. Dicho de otro modo: unos dicen que la mesa está abierta y los otros contestan que en esa mesa no se está sirviendo el menú que ha provocado el paro.

Ese desacuerdo previo sobre qué significa realmente negociar ayuda a comprender por qué la huelga continúa. No basta con que existan reuniones administrativas si las organizaciones que mantienen los paros consideran que los asuntos centrales están fuera de la conversación; tampoco basta con acumular reivindicaciones si no se establece alguna jerarquía que permita acercar posiciones. Entre ambos extremos está la política, ese viejo oficio que consiste precisamente en convertir desacuerdos grandes en acuerdos imperfectos.

Cómo afecta la huelga a colegios e institutos

El paro está convocado en la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid, por lo que afecta fundamentalmente a colegios, institutos, centros de Formación Profesional y otros centros públicos dependientes de la Administración autonómica. Las universidades no forman parte de esta huelga indefinida, aunque profesores y estudiantes universitarios participaron en movilizaciones de apoyo durante su comienzo y existe un calendario propio de protestas universitarias.

La Comunidad estableció servicios mínimos para garantizar la apertura y atención básica de los centros. Entre otras medidas, fijó un maestro por cada 50 alumnos en segundo ciclo de Infantil y Primaria y un profesor por cada 90 estudiantes en ESO y Formación Profesional Básica, además de proporciones específicas para Educación Especial y alumnado con necesidades educativas.

Eso significa que el efecto práctico cambia considerablemente de un colegio a otro. La palabra huelga no equivale necesariamente a puertas cerradas: un centro puede permanecer abierto y, al mismo tiempo, funcionar con una actividad académica reducida porque buena parte de su plantilla haya secundado el paro. Esa diferencia explica también por qué las cifras generales cuentan solo media historia. Para una familia, el porcentaje regional es estadística; importa bastante más qué ocurre en la clase concreta de su hijo.

Una protesta que mantiene movilizaciones durante la semana

La segunda semana no supone, por ahora, una desconvocatoria silenciosa. Tras la concentración del lunes ante la Consejería de Educación, el calendario contempla asambleas y acciones descentralizadas durante martes y miércoles, mientras que para el jueves está prevista una protesta ante la Asamblea de Madrid y una nueva manifestación en la capital.

El descenso del seguimiento puede jugar a favor del Gobierno regional, que confía en el desgaste natural de una huelga indefinida: cada jornada supone una pérdida salarial para quien la secunda y reorganizar la vida familiar tampoco es precisamente gratis. Pero una movilización de estas características no depende únicamente del porcentaje diario. También importa su capacidad para conservar presencia pública, sumar a familias y estudiantes y convertir determinadas reivindicaciones laborales en un debate sobre el funcionamiento de la educación pública.

Ahí está, probablemente, el terreno decisivo. Un aumento de sueldo interesa sobre todo a quien lo cobra; menos alumnos por aula, sustituciones más rápidas o más especialistas pueden resultar comprensibles también para quien simplemente deja cada mañana a sus hijos en un colegio público. Los convocantes lo saben. El Ejecutivo madrileño también.

El conflicto educativo se enquista entre las aulas y la política

La huelga llega así a su segunda semana sin una salida inmediata. Ha bajado el número de profesores que la secundan según todas las mediciones disponibles, aunque la distancia entre los datos oficiales y los sindicales sigue siendo enorme. Las movilizaciones continúan y las posiciones públicas, lejos de suavizarse, se han endurecido.

Ayuso presenta buena parte de las protestas como un movimiento politizado contra su Gobierno; los docentes movilizados responden que detrás de las pancartas hay problemas cotidianos de ratios, salarios, horas lectivas, plantillas e infraestructuras. Las dos cosas pueden convivir: una huelga de esta magnitud tiene inevitablemente dimensión política y, al mismo tiempo, las condiciones materiales que denuncia pueden ser perfectamente reales. Negar cualquiera de esos dos planos simplifica demasiado un conflicto bastante menos cómodo.

La cuestión relevante, después del ruido de estos días, sigue dentro de los centros. Madrid ha entrado en un curso con decenas de miles de profesores llamados a una huelga sin fecha de finalización y con dos partes que ni siquiera comparten el diagnóstico sobre la negociación. Entre tanto, las clases siguen, a veces a medio gas, y el desacuerdo también. Esa es la noticia menos espectacular, pero probablemente la que más pesa.