Alberta vota seguir en Canadá y frena el camino hacia la independencia

Alberta seguirá formando parte de Canadá y, salvo un vuelco extraordinario en el escrutinio pendiente, tampoco pondrá en marcha el camino hacia un segundo referéndum vinculante de independencia. Los resultados provisionales difundidos tras una noche marcada por retrasos muestran que alrededor del 76% de los votantes eligió permanecer en el país, frente a cerca de un 23% favorable a iniciar el proceso que podría conducir a otra consulta sobre la separación. El resultado oficial será certificado el 29 de octubre.

Hay una precisión importante, porque en estas historias constitucionales una palabra puede pesar varias toneladas: Alberta no estaba votando su independencia inmediata. La consulta preguntaba si la provincia debía continuar formando parte de Canadá o si su Gobierno debía comenzar el procedimiento legal necesario para celebrar en el futuro un referéndum vinculante sobre la separación. Incluso una victoria de esa segunda opción no habría convertido Alberta en un país independiente al día siguiente. Ni mucho menos.

La noche electoral había empezado, sin embargo, con bastante menos claridad. Elections Alberta tuvo que aplazar la publicación de los primeros resultados porque 106 centros de votación abrieron tarde, lo que obligó a prolongar sus horarios para garantizar a los electores el mismo tiempo efectivo para votar. Algunos colegios permanecieron abiertos hasta dos horas más de lo previsto. Solo después del cierre del último centro pudo arrancar la difusión del escrutinio.

El retraso que alargó una noche política histórica

La jornada del 19 de octubre tenía previsto concluir a las 20.00, hora de Alberta. La apertura tardía de numerosos colegios alteró ese calendario y uno de ellos, situado en la escuela Westminster de Edmonton, mantuvo las urnas abiertas hasta las 22.00. La autoridad electoral había advertido de que no publicaría resultados mientras siguiera votándose en algún punto de la provincia.

No fue un detalle menor. Había una participación anticipada extraordinariamente elevada: 837.791 votos presenciales anticipados y otros 519.082 sufragios especiales, más de 1,35 millones en conjunto. Elections Alberta cifró esa participación previa en el 43,1% del electorado. Y todo debía contarse a mano, una imagen bastante menos futurista de lo que solemos imaginar cuando hablamos de Canadá: mesas, papeletas, ojos cansados y números que avanzan despacio.

La pregunta sobre la separación recibió prioridad en el recuento. Era la décima de una papeleta que incluía otros nueve asuntos, desde inmigración y acceso a servicios públicos hasta reformas constitucionales destinadas a reforzar las competencias provinciales frente a Ottawa. Una pequeña novela federal impresa en una papeleta electoral, con la relación entre Alberta y el poder central atravesando buena parte de sus páginas.

Alberta no votaba directamente su independencia

La formulación elegida resulta esencial para entender qué estaba realmente en juego. Los ciudadanos podían optar por que Alberta siguiera siendo provincia de Canadá o por ordenar al Gobierno provincial que comenzase el proceso constitucional necesario para organizar posteriormente un referéndum vinculante sobre la separación. La consulta del lunes era expresamente no vinculante.

Es decir, no había una casilla capaz de levantar una frontera internacional entre Alberta y Saskatchewan antes del desayuno. Una victoria separatista habría abierto una nueva fase política y jurídica, probablemente larga, conflictiva y extraordinariamente compleja.

Eso ayuda también a interpretar correctamente el resultado provisional. Los albertanos no solo han rechazado una ruptura inmediata —que ni siquiera estaba jurídicamente sobre la mesa—, sino que han rechazado mayoritariamente dar el siguiente paso hacia una consulta de independencia propiamente dicha. El escrutinio provisional situaba el voto favorable a permanecer en Canadá alrededor del 76%.

Separarse de Canadá es posible, pero no unilateralmente

Alberta puede aspirar políticamente a convertirse en un Estado independiente. Lo que no puede hacer es separarse de Canadá por decisión unilateral de su Parlamento, de su Gobierno provincial o incluso por el mero resultado de un referéndum.

El marco jurídico quedó establecido en 1998 por el Tribunal Supremo de Canadá, cuando examinó la posible secesión de Quebec. Su doctrina fue bastante clara: una mayoría clara ante una pregunta clara favorable a abandonar Canadá generaría una obligación constitucional de negociar, pero no produciría automáticamente la independencia. El voto democrático abre una puerta; no entrega las llaves de un Estado nuevo.

La llamada Ley de Claridad, aprobada posteriormente por el Parlamento canadiense, convirtió buena parte de aquella doctrina en legislación federal. La Cámara de los Comunes debe valorar tanto la claridad de la pregunta como la existencia de una mayoría suficientemente clara. Para hacerlo puede considerar el tamaño de esa mayoría, la participación y otras circunstancias políticas relevantes.

Un referéndum favorable sería el comienzo, no el final

Si una futura consulta cumpliese esos requisitos, comenzaría una negociación constitucional con Ottawa y las demás provincias. Y ahí aparecerían cuestiones bastante menos románticas que ondear una nueva bandera: deuda pública, fronteras, ciudadanía, pensiones, competencias y relaciones económicas, junto con el reparto de activos del Estado.

Hay otro asunto especialmente delicado. La legislación federal exige abordar los derechos e intereses de los pueblos indígenas. Las Primeras Naciones de Alberta han tenido un papel central en la discusión precisamente porque sus tratados históricos fueron establecidos con la Corona y no pueden evaporarse por una decisión unilateral del Gobierno provincial.

Finalmente haría falta una reforma de la Constitución canadiense. El Tribunal Supremo dejó establecido que ninguna provincia posee un derecho constitucional a consumar unilateralmente su secesión. La negociación, por tanto, sería obligatoria; su resultado, no. Canadá tendría que sentarse a hablar ante una voluntad separatista inequívoca, pero de ahí no se desprende que estuviera jurídicamente obligado a aceptar cualquier condición planteada por Alberta.

Petróleo, Ottawa y un malestar que viene de lejos

La pulsión separatista albertense no apareció esta semana. Alberta, corazón de buena parte de la industria canadiense del petróleo y el gas, mantiene desde hace décadas una relación áspera con el poder federal. Entre muchos conservadores del oeste canadiense existe la percepción de que la provincia aporta demasiado a la economía nacional y recibe demasiado poco a cambio, mientras Ottawa impone políticas energéticas, ambientales y fiscales perjudiciales para sus intereses.

Ese malestar, conocido en Canadá como western alienation, ha encontrado distintos vehículos políticos a lo largo de los años. El Programa Nacional de Energía impulsado por Pierre Trudeau en los años ochenta dejó una cicatriz especialmente profunda; décadas después llegaron las disputas por oleoductos, regulación ambiental, transferencias fiscales y las restricciones durante la pandemia. El decorado cambia, el resentimiento hacia Ottawa permanece.

La primera ministra de Alberta, la conservadora Danielle Smith, terminó convocando la consulta bajo la presión de un independentismo cada vez más visible dentro y alrededor de su espacio político, aunque ella misma defendió la permanencia en Canadá. El primer ministro federal, Mark Carney, nacido en Alberta, hizo campaña abierta contra la opción separatista. También el dirigente conservador federal Pierre Poilievre defendió la unidad del país.

Ahí residía una de las curiosidades de esta votación: los principales dirigentes conservadores y liberales podían pelearse con entusiasmo casi profesional sobre impuestos, energía o competencias provinciales y, al mismo tiempo, coincidir en algo bastante elemental: Alberta debía seguir siendo Canadá.

Una derrota contundente no hace desaparecer el separatismo

El resultado provisional supone una derrota inequívoca para quienes pretendían acelerar el camino hacia la independencia. Pero ese aproximadamente 23% favorable a continuar el proceso separatista tampoco es irrelevante. En una de las provincias económicamente más poderosas del país, cerca de uno de cada cuatro votos a favor de abrir una vía de ruptura constituye una base política que difícilmente desaparecerá porque termine el recuento.

Los movimientos independentistas ya han dejado claro que pretenden continuar. La experiencia canadiense aconseja, además, cierta prudencia antes de declarar enterrados estos debates. Quebec celebró dos referendos soberanistas y sigue conservando una identidad política y constitucional singular aunque permaneciera en la federación.

Alberta tampoco ha resuelto con este voto sus conflictos con Ottawa. Las otras nueve preguntas sometidas a consulta buscaban precisamente reforzar la autonomía provincial en materias como inmigración, servicios públicos, nombramientos judiciales o relación entre las leyes federales y provinciales. El independentismo pierde esta batalla; el pulso por el reparto del poder continúa.

Canadá conserva Alberta, pero el problema político sigue ahí

La noche que empezó con colegios electorales abiertos más tarde de la cuenta ha terminado ofreciendo una respuesta bastante contundente: Alberta no quiere iniciar el camino formal hacia la independencia. Los datos provisionales dejan la opción separatista muy lejos de una mayoría y mantienen a la provincia dentro de Canadá sin activar el proceso hacia una segunda consulta.

Y aun si el resultado hubiese sido el contrario, Alberta no habría podido marcharse unilateralmente. El derecho canadiense exige una pregunta clara, una mayoría clara, negociación constitucional, participación del Gobierno federal y de las provincias, protección de las minorías y de los pueblos indígenas y, finalmente, una reforma constitucional. Una independencia legal es imaginable; una independencia instantánea, no.

Las urnas han evitado por ahora comprobar cómo funcionaría semejante engranaje. Canadá se ahorra una crisis constitucional de dimensiones históricas. Alberta, en cambio, conserva intacta la discusión que alimentó el referéndum: cuánto poder debe tener Ottawa sobre una provincia que posee petróleo, riqueza, identidad propia y una alergia bastante antigua a que le expliquen desde el este cómo debe administrarlos.