El Supremo da 24 horas para alegar sobre el voto de la ley de nietos

El Tribunal Supremo ha dado 24 horas a las partes personadas para pronunciarse sobre la decisión adoptada por la Junta Electoral Central en torno al voto de los españoles que adquirieron la nacionalidad mediante la conocida como ley de nietos. La nueva providencia vuelve a colocar el conflicto electoral en primer plano, con las elecciones generales del 29 de noviembre cada vez más cerca.

La discusión afecta de forma directa al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La JEC acordó enviar la documentación electoral a todos los inscritos en el extranjero, aunque advirtiendo de que una parte de ellos podría finalmente no estar habilitada para votar por la suspensión cautelar decretada por el Supremo. En el centro del conflicto aparecen 163.020 personas cuya situación electoral continúa pendiente de cómo se ejecuten las resoluciones judiciales.

El Supremo abre un nuevo plazo antes de pronunciarse

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado traslado del acuerdo de la JEC a la Abogacía General del Estado, la Fiscalía, Vox e Iustitia Europa, las partes personadas en el procedimiento, para que formulen sus alegaciones dentro del plazo de 24 horas fijado por el tribunal.

No se trata todavía de una resolución definitiva sobre el derecho al voto. Es un movimiento procesal, aunque de enorme importancia por el calendario electoral. La Junta Electoral había pedido al Supremo indicaciones sobre cómo ejecutar las medidas cautelares dentro de unos plazos que empiezan a estrecharse: las papeletas, los consulados y el voto exterior no funcionan al ritmo pausado de una causa judicial.

En su acuerdo 321/670, la JEC decidió enviar la documentación electoral para el 29-N a todos los inscritos en el CERA. Su intención es evitar que quienes no estén afectados por la suspensión pierdan la posibilidad de votar por un retraso administrativo. Al mismo tiempo, trasladó al Supremo el problema de cómo aplicar sus autos con el proceso electoral ya en marcha.

Los 163.020 votos que siguen pendientes

La disputa gira alrededor de aproximadamente 163.020 personas inscritas en el CERA después de adquirir la nacionalidad española mediante la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos.

El Supremo decidió mantener la suspensión cautelar de sus efectos electorales, salvo en aquellos casos en los que las oficinas consulares acrediten que se cumplen los requisitos exigidos respecto a la descendencia de españoles exiliados. La Abogacía del Estado y la Fiscalía habían defendido levantar la medida ante la dificultad material de revisar decenas de miles de expedientes antes de las elecciones.

Ahí aparece el verdadero embudo. No basta con discutir quién tiene razón en términos jurídicos: existen expedientes repartidos por consulados de numerosos países, documentos de distintas épocas, certificaciones registrales y un calendario que no concede prórrogas sentimentales. La maquinaria electoral sigue andando mientras los tribunales intentan determinar quién queda dentro y quién fuera de la suspensión.

La documentación llegará aunque no todos puedan votar

La decisión de la Junta Electoral crea una situación poco habitual. La documentación necesaria para participar en las elecciones será remitida a los inscritos en el CERA, incluidos quienes puedan estar afectados por la controversia de la ley de nietos, pero recibir las papeletas no equivale automáticamente a poder ejercer el voto.

El acuerdo busca preservar a quienes sí tienen intacto su derecho de sufragio y evitar que el retraso en el envío de la documentación les perjudique. Al mismo tiempo, mantiene viva la suspensión fijada judicialmente para los casos afectados. Una especie de doble vía: la documentación viaja, pero la eficacia electoral dependerá de la situación jurídica concreta de cada elector.

Iustitia Europa ha reclamado al Supremo que extreme las cautelas y ha planteado incluso posibles consecuencias si se permitiera votar a personas incluidas en la suspensión. También solicita que se mantengan sin efectos electorales las inscripciones afectadas, salvo aquellas exceptuadas individualmente mediante certificación consular.

Qué dice realmente la llamada ley de nietos

La expresión ley de nietos resulta práctica para el lenguaje cotidiano, aunque jurídicamente no es el nombre de una norma independiente. Hace referencia, sobre todo, a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que abrió distintas vías para optar a la nacionalidad española.

Entre sus supuestos se encuentran personas nacidas fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido originariamente español y hubiese perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencias o vinculadas a la orientación e identidad sexual.

La normativa también incluye otros casos, como determinados hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978 y los hijos mayores de edad de personas que obtuvieron la nacionalidad española de origen mediante los mecanismos previstos en la legislación.

La controversia electoral no significa que esas personas hayan dejado de tener nacionalidad española. Ese matiz importa. Lo que está sometido a discusión judicial son los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA y los requisitos necesarios para poder participar en los comicios del 29 de noviembre.

El problema de acreditar el exilio

Parte del conflicto nace de la interpretación administrativa utilizada durante el procedimiento de nacionalización y de la exigencia posterior de acreditar determinadas circunstancias relacionadas con el exilio del ascendiente español. Ahí está uno de los nudos que el Supremo pretende separar antes de decidir definitivamente.

Numerosos expedientes fueron tramitados durante los últimos años conforme a unos criterios administrativos que ahora deben examinarse desde una perspectiva electoral. La revisión puede requerir certificados de nacimiento, antecedentes registrales, documentos consulares y acreditaciones sobre el ascendiente. Multiplicado por decenas de miles de personas, aquello deja de ser una carpeta y se parece bastante más a un archivo entero puesto contra el reloj.

El Constitucional también tiene el conflicto sobre la mesa

La controversia ha llegado igualmente al Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo presentó un recurso de amparo contra la suspensión acordada por el Supremo, al considerar que pueden estar afectados derechos fundamentales como la participación política, la igualdad y la tutela judicial efectiva.

El recorrido, sin embargo, tampoco es sencillo allí. Un informe elaborado por letrados del Constitucional ha considerado prematura la admisión del recurso porque todavía permanece abierta la vía judicial ordinaria y los afectados disponen de mecanismos para formular alegaciones ante el Supremo.

El factor temporal vuelve a imponerse. Una resolución favorable pronunciada cuando las urnas ya estuvieran cerradas tendría una capacidad limitada para reparar la pérdida del sufragio. Un voto que no pudo emitirse el 29-N no puede introducirse después en la urna, y precisamente esa irreversibilidad explica buena parte de la presión jurídica que acompaña al procedimiento.

La JEC intenta evitar que el bloqueo alcance a todo el voto exterior

El acuerdo de la Junta Electoral responde también a un problema práctico: el CERA agrupa a millones de españoles residentes fuera del país y la controversia sobre la ley de nietos no puede paralizar la preparación del voto exterior de quienes no están afectados por las cautelares.

Por eso la JEC ha optado por continuar con el envío de la documentación. El planteamiento pretende separar dos planos: el derecho de los electores no afectados a recibir sus papeletas dentro de plazo y la situación particular de quienes están incluidos en la suspensión del Supremo.

El resultado es jurídicamente incómodo, aunque electoralmente comprensible. Se prepara el voto mientras sigue pendiente la respuesta definitiva sobre una parte del censo. Nada especialmente elegante, desde luego, pero las elecciones suelen tener la mala costumbre de llegar en la fecha prevista.

El calendario del 29-N aprieta al Supremo

Las partes deberán fijar su posición sobre la decisión de la Junta Electoral y el Supremo tendrá que determinar cómo se ejecutan unas medidas cautelares que afectan a 163.020 electores residentes en el extranjero. La cuestión ya no consiste únicamente en interpretar la ley, sino en hacer posible su aplicación dentro de un calendario electoral cerrado.

Mientras tanto, la maquinaria del voto exterior continúa. La JEC quiere que la documentación llegue a tiempo y que la controversia no bloquee a quienes conservan plenamente su derecho de sufragio. Después corresponderá determinar qué electores quedan sujetos a las cautelares y cuáles pueden ejercer el voto conforme a las certificaciones previstas.

La llamada ley de nietos ha dejado así de ser únicamente una controversia sobre nacionalidad, memoria democrática y criterios administrativos. A pocas semanas de las generales se ha convertido en una cuestión inmediata sobre quién podrá votar el 29-N, con qué garantías y bajo qué condiciones. El Supremo ha abierto otras 24 horas de alegaciones; detrás, el calendario sigue corriendo.