Suiza confirma 14 años a Erwin Sperisen por siete asesinatos en Pavón

La justicia suiza ha confirmado la condena de 14 años de prisión contra Erwin Sperisen, antiguo jefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala, por su complicidad en el asesinato de siete presos durante la operación que recuperó por la fuerza la cárcel de Pavón en septiembre de 2006. El Tribunal Federal ha rechazado el recurso presentado contra la sentencia dictada en Ginebra en 2024 y deja agotada la vía judicial ordinaria dentro de Suiza.

Sperisen no ha sido condenado como autor material de los disparos, una diferencia fundamental después de años de recursos, anulaciones y nuevos juicios. La justicia ginebrina estableció que, por su posición al frente de la policía y por su intervención en el operativo, fue cómplice de las ejecuciones. El máximo tribunal suizo mantiene esa conclusión. La defensa conserva el escenario europeo, donde el caso ya tuvo una consecuencia importante: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligó anteriormente a revisar una de las condenas por dudas sobre la imparcialidad judicial.

Detrás de esos 14 años hay una historia bastante más oscura que una sucesión de expedientes. Está Pavón, una prisión convertida durante años casi en un territorio autónomo; un gigantesco despliegue policial y militar presentado como una operación para recuperar el control del penal; siete internos muertos y, después, investigaciones que desmontaron la versión de un simple enfrentamiento armado. Y está Sperisen, que pasó de la política municipal y los servicios de seguridad a dirigir una policía de miles de agentes con apenas 34 años.

Qué hizo Erwin Sperisen y por qué ha sido condenado

El episodio central ocurrió el 25 de septiembre de 2006 en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, cerca de Ciudad de Guatemala. Las autoridades organizaron la llamada Operación Pavo Real para recuperar una cárcel donde los propios reclusos habían alcanzado durante años un grado extraordinario de control interno, con negocios, viviendas y una estructura de poder que desbordaba ampliamente el funcionamiento normal de un centro penitenciario.

La magnitud del despliegue da una idea del escenario. Participaron fuerzas policiales, militares y otras instituciones estatales. Miles de efectivos rodearon y penetraron en el complejo. Oficialmente, la misión perseguía un objetivo legítimo: devolver el penal al control del Estado. El problema llegó con lo que ocurrió una vez dentro.

Siete presos murieron. La versión inicial de las autoridades sostuvo que habían fallecido durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las investigaciones posteriores, los testimonios y las pruebas examinadas durante los distintos procedimientos judiciales condujeron a una conclusión mucho más grave: varios de aquellos internos habían sido reducidos antes de morir y las escenas habrían sido manipuladas para presentar las muertes como resultado de un combate.

Ahí aparece la responsabilidad penal de Sperisen. Los jueces ginebrinos concluyeron que el entonces director de la Policía Nacional Civil conocía la actuación del grupo responsable y que su posición y comportamiento fueron relevantes para la ejecución del operativo. La fórmula jurídica importa: complicidad, no autoría material. Esa es la calificación que ha sobrevivido a uno de los procesos penales más enrevesados de los últimos años en Suiza.

Pavón no fue considerado un simple motín con siete muertos

Durante años convivieron dos relatos difíciles de reconciliar. El primero describía una operación de seguridad complicada, con presos armados que habrían opuesto resistencia y muerto durante los choques. El segundo hablaba de internos seleccionados y ejecutados cuando las fuerzas estatales ya controlaban la situación.

Los tribunales suizos terminaron aceptando este segundo escenario respecto de las siete víctimas de Pavón. En las distintas fases del proceso se consideró probado que los presos se encontraban bajo el control de las fuerzas públicas cuando fueron asesinados. La diferencia no es retórica. Recuperar una prisión era una función del Estado; matar a detenidos ya sometidos estaba fuera de cualquier actuación policial legítima.

La condena impuesta en 2024 fijó la pena en 14 años de cárcel, muy lejos de la cadena perpetua que Sperisen había recibido en etapas anteriores. No ocurrió porque desaparecieran los siete asesinatos del expediente, sino porque la responsabilidad penal atribuida al antiguo jefe policial fue cambiando a medida que los tribunales superiores revisaban las sentencias y obligaban a repetir partes del procedimiento.

Quién es Erwin Sperisen, el antiguo jefe policial de Guatemala

Erwin Johann Sperisen Vernon, nacido en 1970, posee nacionalidad guatemalteca y suiza. Su llegada a la cúpula policial no siguió la trayectoria habitual de un mando que hubiera escalado durante décadas dentro del cuerpo. Había sido bombero, estuvo vinculado al Ayuntamiento de Ciudad de Guatemala y ejerció como concejal antes de acabar al frente de la Policía Nacional Civil durante el Gobierno de Óscar Berger.

Tenía apenas 34 años cuando asumió una de las instituciones más sensibles de Guatemala, un país que todavía arrastraba las heridas de décadas de guerra interna, violencia política, estructuras clandestinas e impunidad. Sperisen dirigió la Policía Nacional Civil entre 2004 y 2007.

Su etapa coincidió con investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros o estructuras relacionadas con las fuerzas de seguridad. La condena que acaba de confirmar Suiza, sin embargo, se refiere específicamente a los siete asesinatos de Pavón. Otros hechos investigados, incluidos los relacionados con presos fugados de la cárcel de El Infiernito, siguieron caminos judiciales diferentes y no forman parte de esta pena definitiva.

Sperisen dejó Guatemala en 2007 y se instaló con su familia en Ginebra. Siempre ha negado haber participado en ejecuciones y ha sostenido su inocencia, denunciando motivaciones políticas e irregularidades procesales. Esa defensa ha logrado que varias sentencias fueran revisadas, aunque no ha conseguido deshacer la responsabilidad penal finalmente fijada por los tribunales suizos.

Por qué Suiza juzgó crímenes cometidos en Guatemala

El elemento que trasladó el caso desde Centroamérica hasta los tribunales de Ginebra fue la nacionalidad suiza de Sperisen. Suiza no entrega a sus propios nacionales sin su consentimiento, pero su legislación permite perseguir determinados delitos cometidos en el extranjero cuando concurren las condiciones previstas por el derecho penal.

Las autoridades guatemaltecas emitieron una orden de detención y Sperisen fue arrestado en Ginebra el 31 de agosto de 2012. Empezaba entonces un recorrido judicial que acabaría prolongándose durante más de una década entre juicios, recursos, prisión, medidas restrictivas y revisiones de sentencias. Un expediente casi geológico: capa sobre capa.

La dimensión internacional añade otra particularidad. Otros antiguos responsables vinculados a los acontecimientos de Pavón fueron juzgados en distintos países europeos. El exsubdirector policial Javier Figueroa, por ejemplo, fue absuelto en Austria. La defensa de Sperisen utilizó esa circunstancia para cuestionar durante años la coherencia de su condena, pero los tribunales suizos rechazaron que una absolución dictada en otro Estado obligara a alcanzar idéntico resultado.

De la cadena perpetua a 14 años tras cuatro juicios

La cronología procesal explica buena parte de la complejidad del caso. En 2014, un tribunal de Ginebra condenó a Sperisen a cadena perpetua por los asesinatos de Pavón. Una posterior sentencia de apelación mantuvo la máxima pena y amplió entonces su responsabilidad respecto de otros homicidios investigados.

El Tribunal Federal intervino después y anuló parcialmente aquella resolución. El expediente regresó a Ginebra. En 2018, Sperisen recibió una condena de 15 años como cómplice de los siete asesinatos de Pavón. El máximo tribunal suizo respaldó posteriormente aquella decisión y parecía que el caso había llegado a su estación final. Parecía.

La defensa acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En junio de 2023, Estrasburgo determinó que se había vulnerado el derecho de Sperisen a ser juzgado por un tribunal imparcial debido a la actuación de la magistrada que había presidido una instancia anterior. El tribunal europeo no declaró inocente al acusado ni negó las ejecuciones de Pavón; señaló un problema en las garantías del procedimiento. Es una diferencia jurídica esencial.

Como consecuencia de aquella decisión, la justicia suiza anuló la condena anterior y Sperisen salió de prisión en octubre de 2023. El proceso volvió a Ginebra. Otra vez. En septiembre de 2024 llegó el cuarto juicio, en el que la Cámara Penal de Apelación y Revisión volvió a declararlo culpable de complicidad en los siete asesinatos y estableció una pena de 14 años.

La defensa recurrió de nuevo. El Tribunal Federal ha rechazado ahora esa impugnación y respalda la condena. La resolución supone que las instancias ordinarias suizas quedan agotadas para este procedimiento, aunque la dimensión europea del caso sigue siendo jurídicamente relevante.

Estrasburgo continúa en el horizonte judicial

La defensa de Sperisen ha llevado nuevamente el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta vez con argumentos relacionados, entre otros aspectos, con la extraordinaria duración del procedimiento. El exjefe policial ha pasado más de una década sometido a distintas formas de privación o restricción de libertad entre prisión preventiva, cumplimiento de condena y medidas cautelares.

La anterior sentencia de Estrasburgo obliga a tratar estas reclamaciones con algo más que un encogimiento de hombros. El respeto de las garantías procesales no depende de la simpatía que despierte un acusado ni de la gravedad de los hechos que se le atribuyen. Precisamente ahí se mide un Estado de derecho: los derechos también protegen a quien está acusado de haberlos vulnerado.

Otra cuestión distinta es la responsabilidad por Pavón. Tras celebrarse un nuevo proceso destinado a corregir el problema de imparcialidad detectado por Estrasburgo, la justicia ginebrina volvió a declarar culpable a Sperisen. El Tribunal Federal considera ahora que esa condena por complicidad en siete asesinatos puede mantenerse.

Pavón, veinte años después

El caso ha necesitado dos décadas para atravesar policías, fiscales, tribunales, absoluciones de otros acusados, anulaciones, nuevos juicios y una sentencia europea. Tanto ruido procesal corre el riesgo de esconder lo esencial. El 25 de septiembre de 2006, el Estado guatemalteco entró en Pavón para recuperar una prisión que prácticamente había dejado de controlar y siete reclusos acabaron muertos.

La explicación de un enfrentamiento inevitable no resistió el examen posterior de las pruebas. La justicia suiza concluyó que se trató de asesinatos de presos sometidos y que Erwin Sperisen, máximo responsable de la Policía Nacional Civil en aquel momento, fue cómplice de aquellos crímenes.

Veinte años después, el Tribunal Federal mantiene una pena de 14 años de prisión. La resolución no borra las controversias de un proceso excepcionalmente accidentado ni impide nuevas reclamaciones ante Estrasburgo, pero sí fija con claridad la responsabilidad penal reconocida por la justicia suiza: quien estaba al frente de la policía cuando el Estado tomó Pavón ha sido condenado por contribuir a que siete personas bajo custodia estatal fueran asesinadas.