El PP defiende sus vídeos con IA mientras el PSOE estudia denunciarlos

El Partido Popular ha defendido el uso de inteligencia artificial en sus vídeos políticos después de publicar un montaje que recrea la imagen y la voz de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y otros nombres vinculados al PSOE. Las declaraciones que aparecen en la grabación no son reales: han sido generadas artificialmente para atribuir a esas figuras frases satíricas relacionadas con distintas polémicas y procedimientos judiciales. El PSOE estudia emprender acciones legales.

La polémica ha convertido un vídeo de apenas un minuto en algo bastante más grande: un ensayo sobre hasta dónde puede llegar la IA en una campaña electoral. El PP sostiene que la naturaleza ficticia del contenido resulta evidente y que se trata de crítica política; Ferraz considera que se ha cruzado una línea al suplantar voces y rostros para poner en boca de personas reales afirmaciones que jamás hicieron. En medio queda una legislación europea que obliga a identificar los deepfakes, aunque contempla un tratamiento específico para la sátira y la ficción.

La inteligencia artificial entra de lleno en la campaña

El origen inmediato de la batalla está en la campaña socialista «Zurdos y orgullosos», lanzada después de que el presidente argentino, Javier Milei, haya utilizado reiteradamente el término «zurdo» como descalificación política. Pedro Sánchez participó en esa estrategia con un vídeo real en el que reivindicaba la palabra. Horas después llegó la réplica del PP, esta vez fabricada con inteligencia artificial.

El montaje reproduce el formato del vídeo socialista, pero cambia a sus protagonistas. Aparecen versiones sintéticas de Begoña Gómez, Ábalos, Zapatero, Santos Cerdán, Leire Díez y Montse Mínguez, entre otros. El efecto es el habitual en los deepfakes de última generación: rostro conocido, movimiento convincente, voz reconocible y una frase que nunca existió fuera de la pantalla.

No es un detalle menor. La vieja caricatura política exageraba una nariz, una corbata o un gesto; la nueva puede hacer hablar al caricaturizado. Ahí está el salto tecnológico y, también, el problema democrático.

Un montaje que atribuye confesiones ficticias

El vídeo hace pronunciar a sus protagonistas supuestas confesiones sobre asuntos que han ocupado la actualidad política y judicial. Una recreación de Zapatero habla de esconder joyas; la de Begoña Gómez, de su cátedra universitaria; otras escenas ponen en boca de Ábalos o Cerdán referencias a comisiones y conductas presuntamente delictivas. Son frases fabricadas para el montaje, no declaraciones pronunciadas por esas personas.

Ese matiz resulta esencial porque varias de las afirmaciones aluden a hechos controvertidos, investigados o directamente formulados como acusaciones. En información política no es lo mismo contar que alguien hizo una confesión que explicar que un partido creó con IA una falsa confesión con intención satírica. El vídeo pertenece claramente al segundo terreno.

El PP incluyó una indicación de que las imágenes habían sido generadas mediante inteligencia artificial. La controversia está en cómo lo hizo: el aviso aparece con tipografía pequeña y poco visible, mientras las caras y las voces ocupan toda la pantalla. Para Génova basta con el contexto general de la pieza; para sus críticos, precisamente ahí comienza el problema.

El PP reivindica la sátira y dice que nadie puede confundirlo

Ester Muñoz, portavoz de campaña del PP, ha defendido el contenido y sostiene que resulta evidente que se trata de inteligencia artificial. Su argumento es político antes que tecnológico: el partido considera que está utilizando las mismas herramientas y códigos digitales que sus adversarios y que la reacción socialista demuestra, a ojos de los populares, que la pieza ha cumplido su objetivo.

Borja Sémper ha seguido una línea similar. El portavoz popular sostiene que el propósito no era hacer pasar las escenas por declaraciones auténticas, sino utilizar las posibilidades digitales para denunciar lo que el PP considera «hipocresía» del PSOE. El partido encuadra así el vídeo dentro de la sátira política, un terreno al que los tribunales suelen conceder una protección amplia por su relación con la libertad de expresión.

Hay, no obstante, una novedad que va más allá de la bronca habitual entre Génova y Ferraz. La sátira política lleva siglos existiendo; la clonación verosímil de una voz, no. Un dibujo de un ministro con orejas de burro difícilmente engaña a nadie. Una reproducción audiovisual cada vez más perfecta puede circular fuera de contexto, fragmentarse, descargarse y reaparecer días después sin la etiqueta original. La broma viaja; el aviso, no siempre.

El PSOE estudia acudir a los tribunales o a organismos de control

El PSOE ha confirmado que sus servicios jurídicos analizan posibles acciones legales contra el PP, aunque hasta este 23 de octubre no se ha anunciado públicamente la presentación de una denuncia. Ferraz estudia distintas posibilidades, desde la vía judicial hasta organismos administrativos relacionados con protección de datos y supervisión de la inteligencia artificial.

Rebeca Torró, secretaria de Organización socialista, ha calificado el vídeo de «lamentable» y acusa al PP de trasladar a la inteligencia artificial una estrategia basada, a su juicio, en el insulto y la mentira. La disputa política es evidente. La jurídica, bastante menos.

No existe una regla según la cual utilizar la cara de un político mediante IA implique automáticamente una infracción. Entran en juego la libertad de expresión, el derecho al honor, la propia imagen, la intención de engañar y el contexto electoral, además de la claridad con la que se informa de la manipulación. Y cada elemento pesa.

Qué exige la norma europea y dónde entra la Junta Electoral

El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial ofrece una referencia bastante concreta. Su artículo 50, aplicable desde el 2 de agosto de 2026, establece obligaciones de transparencia para quienes utilizan sistemas de IA que generan o manipulan imágenes, audio o vídeo constitutivos de un deepfake. El contenido artificial debe poder ser reconocido como tal.

La obligación no desaparece porque el protagonista sea famoso ni porque la pieza tenga intención política. La norma europea parte de una idea sencilla: quien ve una recreación sintética debe poder saber que está ante contenido manipulado mediante IA.

El propio reglamento introduce, sin embargo, un matiz importante para obras evidentemente artísticas, creativas, satíricas o ficticias. En esos casos, la obligación de transparencia puede cumplirse de una forma que no estropee la obra ni interfiera excesivamente en su disfrute. Es decir, Bruselas no pretende colocar un enorme cartel rojo encima de cada meme. Sí pretende que el artificio sea reconocible.

Ahí se encuentra una de las zonas grises del caso. El PP sí avisa del uso de IA, pero juristas consultados por distintos medios discrepan sobre si la forma de hacerlo es suficiente. Otros consideran que el tono, la cuenta oficial desde la que se publica y lo inverosímil de algunas supuestas confesiones permiten entender sin dificultad que se está ante una parodia.

Otra cuestión distinta sería que una pieza sintética se presentara deliberadamente como auténtica o buscase inducir al electorado a creer que una persona realmente dijo algo que nunca pronunció. Ahí el terreno legal cambia de aspecto con rapidez.

La controversia tampoco queda limitada al Reglamento de IA. Fuentes de la Junta Electoral Central consideran que una eventual denuncia relacionada con el vídeo podría tener encaje para ser examinada por el organismo, especialmente por haberse difundido desde canales oficiales de un partido en un contexto electoral. Eso no significa que la Junta haya declarado ilegal el vídeo ni que exista una resolución sobre esta pieza: significa que la discusión puede acabar también en ese terreno.

La legislación electoral española ya establece obligaciones específicas para la propaganda difundida mediante medios tecnológicos. Y la Junta ha tenido que pronunciarse otras veces sobre contenidos satíricos que reproducen símbolos, colores o elementos identificativos de adversarios políticos. Su doctrina busca un equilibrio incómodo pero necesario: la ironía está protegida, pero no debería utilizarse de manera que confunda de forma relevante al elector sobre quién firma realmente un mensaje.

El caso del PP eleva la dificultad varios peldaños. Aquí no se imita un logotipo. Se imitan seres humanos con rostro y voz.

De la caricatura al político sintético

La controversia llega cuando los partidos españoles están incorporando la inteligencia artificial con bastante rapidez a sus campañas. No solo para fabricar vídeos. También para analizar encuestas, segmentar información, estudiar tendencias digitales y producir contenido a una velocidad que hace pocos años habría exigido equipos enteros de diseñadores y analistas. El PP reconoce que ya emplea estas herramientas tanto en creatividad como en análisis de datos electorales.

La tecnología abarata el ataque político. Antes hacían falta cámaras, actores, estudios de edición y varias jornadas para fabricar una parodia audiovisual razonablemente convincente. Ahora basta un ordenador, material público del adversario y unas herramientas generativas cada vez mejores. El coste cae y la capacidad de difusión se dispara.

Eso no convierte cualquier vídeo generado con IA en desinformación. Un meme evidente sigue siendo un meme. Una caricatura sigue siendo legítima aunque haya píxeles en lugar de tinta. Pero la frontera comienza a embarrarse cuando la reconstrucción es tan buena que la falsedad puede sobrevivir separada de su contexto.

Ese es quizá el riesgo más serio. El vídeo original puede llevar un aviso, una cuenta oficial y una intención satírica comprensible. Cinco segundos recortados y reenviados por WhatsApp pueden perder las tres cosas. La IA no solo fabrica imágenes: permite fabricar pequeñas pruebas audiovisuales de acontecimientos que nunca sucedieron.

Una campaña en la que también habrá que desconfiar de los ojos

La batalla entre PP y PSOE terminará probablemente discutiéndose en varios planos a la vez: electoral, jurídico y político. Génova defiende que ha hecho sátira reconocible con una herramienta nueva. Ferraz estudia hasta qué punto esa herramienta vulnera derechos o normas de transparencia. Los juristas, mientras tanto, no ofrecen una respuesta única porque el derecho protege con especial intensidad la crítica política, pero también comienza a exigir reglas específicas cuando una máquina puede prestar rostro y voz a una mentira.

Lo verdaderamente nuevo no es que un partido ridiculice al contrario. Eso empezó bastante antes de internet y, seguramente, antes de la imprenta. La novedad es que un adversario pueda aparecer en una pantalla diciendo exactamente lo que más conviene a quien lo ataca, con su cara, su tono y sus gestos.

La campaña española acaba de entrar un poco más en esa época. El votante seguirá teniendo que escuchar discursos, comparar programas y soportar propaganda, como siempre. Solo se añade una pequeña incomodidad contemporánea: incluso cuando vea hablar a un político, tendrá que comprobar primero que el político estuvo realmente allí.