México obliga a renunciar a otra nacionalidad para presidir o gobernar

México ha dado un paso más allá en los requisitos para alcanzar sus principales cargos ejecutivos. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este 7 de octubre la reforma constitucional que obligará a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México a tener únicamente la nacionalidad mexicana. Quien posea otra deberá renunciar a ella antes de registrar su candidatura. La nueva regla comenzará a aplicarse en los procesos electorales de 2028.

La reforma no supone, conviene aclararlo desde el principio, que México prohíba la doble nacionalidad a sus ciudadanos. Un mexicano podrá seguir teniendo dos o incluso más nacionalidades. El límite aparece cuando quiera ocupar uno de esos cargos: entonces tendrá que elegir. Para el Gobierno, la cuestión es de lealtad institucional y soberanía; para sus críticos, se introduce una barrera que puede afectar especialmente a mexicanos vinculados durante años a otro país.

Qué cambia con la reforma sobre la doble nacionalidad

La modificación afecta a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución mexicana, que regulan los requisitos para ocupar la Presidencia, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.

El nuevo texto establece de manera expresa que quien tenga otra nacionalidad deberá abandonarla antes de solicitar formalmente su registro electoral. No bastará, por tanto, con declarar una preferencia por México o dejar de utilizar un segundo pasaporte: el aspirante tendrá que renunciar jurídicamente a la otra nacionalidad.

Ahí aparece uno de los detalles prácticos que deberá concretar la legislación. Las normas posteriores tendrán que fijar cómo se acredita esa renuncia, qué documentación será necesaria y cómo se comprobará que el aspirante ha dejado efectivamente de ser ciudadano de otro Estado. Cada país tiene sus propios procedimientos y, sobre el papel, lo que parece una frase sencilla puede convertirse en una carpeta bastante gruesa.

No afecta a todos los cargos políticos

El alcance de la modificación es más limitado de lo que puede sugerir la expresión «nacionalidad única». La medida se dirige a quienes pretendan encabezar los principales poderes ejecutivos: Presidencia de la República, gubernaturas estatales y Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.

La reforma no establece esa misma obligación para todos los diputados, senadores o responsables municipales. El argumento del Ejecutivo es que estos cargos ejecutivos representan de una forma especialmente directa al Estado y asumen responsabilidades sensibles en materias como seguridad, soberanía y ejercicio del poder público.

México no está creando, por tanto, una ciudadanía de una sola nacionalidad para toda su clase política. Está endureciendo los requisitos de acceso a un grupo concreto de puestos, precisamente los que concentran mayor capacidad ejecutiva.

La prohibición continúa una vez alcanzado el cargo

El cambio constitucional tampoco termina el día de las elecciones. Quien llegue a uno de estos puestos no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad mientras lo ejerza, ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana.

Las restricciones van más lejos: el nuevo marco incluye el uso de pasaportes o documentos de identidad extranjeros, el ejercicio de derechos políticos derivados de otra ciudadanía y la posibilidad de acogerse a la protección diplomática de otro país.

Parece un detalle burocrático, casi de sello y pasaporte, pero tiene carga política. Un documento de identidad extranjero no sirve únicamente para cruzar una frontera; acredita una relación jurídica entre una persona y otro Estado. Eso es precisamente lo que la reforma pretende excluir cuando alguien ocupa la máxima responsabilidad ejecutiva de México o de uno de sus estados.

Sheinbaum ha defendido el cambio bajo una idea sencilla: quien represente políticamente a México en esos cargos debe mantener una sola vinculación nacional. El Ejecutivo considera que así se elimina cualquier posible conflicto entre la responsabilidad institucional mexicana y los derechos u obligaciones derivados de otra ciudadanía.

Por qué la medida empezará a aplicarse en 2028

La reforma completó el recorrido constitucional después de lograr la mayoría necesaria en el Congreso y recibir el respaldo de 22 legislaturas estatales, suficiente para modificar la Constitución mexicana. La firma presidencial culminó esa fase antes de su publicación oficial.

Sin embargo, sus efectos electorales no son inmediatos. El nuevo requisito de nacionalidad única comenzará a aplicarse a partir de los procesos electorales de 2028, de modo que la reforma no altera retroactivamente las condiciones de candidaturas vinculadas a procesos anteriores.

Las elecciones de 2027 quedan fuera

La consecuencia práctica es relevante: los aspirantes que concurran a las gubernaturas en juego durante 2027 no quedarán sometidos a esta nueva obligación por esas elecciones. El salto se produce un año después.

A partir de 2028, en cambio, una persona que posea la nacionalidad mexicana y también la estadounidense, española, canadiense o la de cualquier otro Estado deberá renunciar a la segunda ciudadanía antes de formalizar su candidatura para alguno de los cargos afectados.

No se trata simplemente de guardar el segundo pasaporte en un cajón. La renuncia tendrá que ser efectiva, y precisamente ahí estará una de las cuestiones que deberá desarrollar la legislación secundaria durante los próximos meses.

Soberanía frente a derechos políticos: el choque de fondo

La reforma ha abierto una discusión que va bastante más allá del papeleo electoral. Morena y sus aliados la presentan como una garantía de independencia del Estado: quien ocupa las máximas responsabilidades ejecutivas debe responder únicamente ante México y no mantener vínculos políticos formales con otro país.

Sheinbaum ha insistido en que la doble nacionalidad continuará siendo plenamente legítima para cualquier ciudadano y que la incompatibilidad surge exclusivamente al aspirar a determinados cargos. El razonamiento oficial es claro: quien pretenda representar al Estado mexicano desde su cúspide ejecutiva no debería conservar simultáneamente derechos políticos o mecanismos de protección derivados de otra ciudadanía.

La oposición ha defendido una lectura diferente. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se opusieron a la reforma en el Senado, donde fue aprobada por 86 votos frente a 42. Entre sus críticas figura que la modificación restringe derechos políticos y puede afectar especialmente a una comunidad mexicana en el exterior acostumbrada, por motivos familiares y laborales, a convivir con dos nacionalidades.

La discusión toca una fibra especialmente delicada en México. Millones de mexicanos y sus descendientes viven fuera del país, especialmente en Estados Unidos, y muchas familias han construido su vida a ambos lados de la frontera. Pedir que alguien elija una sola ciudadanía para gobernar puede entenderse como una salvaguarda institucional; también como un precio considerable para entrar en la primera línea política. Esa es, en realidad, la grieta de fondo.

Una reforma atravesada por la política mexicana

La iniciativa ha avanzado en un periodo marcado por un discurso cada vez más intenso sobre la soberanía mexicana y la injerencia extranjera. El Gobierno ha situado esa cuestión en el centro de su argumentación, particularmente en un contexto en el que la relación con Estados Unidos pesa de forma inevitable en cualquier conversación sobre ciudadanía, seguridad o política exterior.

El debate adquirió también nombres propios. Durante la discusión política se mencionó a dirigentes con doble nacionalidad, entre ellos el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, aunque la reforma no distingue entre partidos: cualquier aspirante que conserve otra ciudadanía tendrá que desprenderse de ella si pretende competir por uno de los cargos incluidos.

Ese carácter general evita que la norma quede limitada a un enfrentamiento concreto entre oficialismo y oposición. La regla se aplicará a todos los partidos y seguirá vigente más allá de sus actuales protagonistas salvo que una futura mayoría vuelva a modificar la Constitución.

México dibuja una nueva frontera entre ciudadanía y poder

El cambio introduce una distinción bastante nítida. La doble nacionalidad seguirá siendo compatible con la ciudadanía mexicana, con sus derechos ordinarios y con buena parte de la participación política. Lo que dejará de ser compatible, desde 2028, es conservarla mientras se aspira a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.

La reforma convierte así una cuestión que podía abrir debates de interpretación en un requisito constitucional expreso. Quien quiera uno de esos cargos y posea dos nacionalidades deberá escoger antes de entrar formalmente en la carrera electoral.

Queda por resolver la parte menos vistosa y quizá más compleja: cómo acreditar legalmente una renuncia real cuando cada país dispone de procedimientos diferentes para abandonar su nacionalidad. La Constitución mexicana ha marcado la nueva frontera política; las normas que desarrollen la reforma tendrán que convertirla en un procedimiento que pueda aplicarse sin zonas grises.